Resumen: Los querellados se limitaron a solicitar la reanudación del proceso hipotecario y la querellante tampoco alegó, ni acreditó la reducción de la deuda hipotecaria, sino tras la adjudicación de la finca. Se estima el recurso de casación: Los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial no permiten en modo alguno identificar los elementos reclamados por el tipo de estafa procesal. Este no protege al tercero frente a la demanda con causa material injusta o ficticia sino contra el uso fraudulento de los resortes instrumentales que acompañan a la acción provocando que la decisión judicial sea consecuencia de aquella. La no aportación del documento de novación objetiva del contrato de préstamo a la solicitud de continuación del procedimiento hipotecario suspendido no equivale normativamente a manipulación de pruebas que explique causalmente la decisión adoptada por el tribunal. Expulsada de la tipicidad por la reforma del Código Penal de 2010 la simulación de pleito, la inconsistencia material de lo que se pretende o la no aportación de medios de prueba relevantes podrá suponer, en su caso, la desestimación de la demanda, la condena en costas o, incluso, la sanción procesal por mala fe que previene el artículo 247 LEC. Por otro lado, no hay trazo alguno de que, por los ejecutantes, mediante maniobras fraudulentas, se procurara eludir la intervención defensiva del ejecutado que dispuso, por ello, de efectivas posibilidades para alegar el pago parcial de la deuda garantizada.
Resumen: Presunción de inocencia: cuando se alega infracción a la presunción de inocencia la función de la Sala II no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. El motivo de casación por error de hecho no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente.
Resumen: El objeto del recurso de casación no está integrado por la sentencia dictada en la instancia, en la que se han valorado las pruebas con inmediación, sino por la sentencia dictada por la Sala de Apelación No parece correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso, ya desestimado, contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación. El Tribunal de instancia constata en primer lugar que el testimonio de la denunciante ha sido fiable y sólido con detalles espontáneos, coherentes en todo momento, sin contradicciones inexplicables en lo esencial, la declaración en comisaría detallada y no se contradice con la declaración del juzgado de instrucción y con la del plenario. El órgano de apelación ha confirmado la sentencia de instancia, reafirmando la existencia de pruebas válidas, sometidas a contradicción y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos que se reflejan en el apartado de hechos probados. Tales pruebas, además, han sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a criterios lógicos y razonables, constando en la sentencia el razonamiento lógico de la convicción alcanzada por el Tribunal. Más allá de lo ya expresado a lo largo de la exposición realizada, no procede realizar en este momento un nuevo análisis de la prueba que ha sido practicada, y que esta Sala no ha presenciado, con la finalidad de efectuar una nueva valoración de la misma.
Resumen: La agravación opera cuando los actos de tráfico de drogas realizados en el establecimiento abierto al público por el regente o empleado del mismo revelen una cierta dedicación y pluralidad, por lo que no deberá apreciarse la agravante específica cuando solo conste un acto aislado de tráfico de poco entidad, en cuanto en tal supuesto no concurre la razón justificativa de la agravante, consistente en el aumento de peligro contra la salud pública, por el incremento de las transmisiones que facilita la apertura al público del bar. Se aplica el subtipo atenuado, a tenor de que de la totalidad de las sustancias halladas en el establecimiento que el acusado regentaba, persiste la consideración de que las mismas no superaban apenas la magnitud que venimos equiparando al acopio ordinario para una semana de un consumidor medio. Ello no aboga por la idea de que la distribución de dichas sustancias en establecimiento abierto al público se realizara de un modo en particular significativo o con rápida y fluida circulación de la sustancia entre consumidores potenciales. Las penas habrán de ser las del subtipo atenuado de las que se parta, para, desde ellas, llegar a sus superiores de la agravación, porque el resultado penológico puede ser distinto. Al apreciarse el subtipo atenuado, se reduce en un grado la pena del 368.1, que, a su vez, concurriendo el subtipo agravado del art. 369.1.3ª, nos sitúa en un marco punitivo abstracto de entre tres a cuatro años y seis meses de prisión y multa.
Resumen: La cuestión de la legitimación para el ejercicio de la acción civil tiene naturaleza procesal y no puede ser objeto del recurso de casación previsto contra sentencias de las Audiencias Provinciales que resuelven recursos contra sentencias de los Juzgados de lo Penal.
Resumen: No cabe interponer recurso de casación contra autos dictados por las Audiencias Provinciales en el marco del procedimiento penal abreviado resolviendo una cuestión (negativa) de competencia entre instructores de dicha provincia.
Resumen: Encontrándonos ante un auto dictado por una Audiencia Provincial, que incidía sobre el abono de la prisión preventiva, el recurso de casación era procedente. De haberse dictado por órgano inferior, lo procedente sería el recurso de apelación. Órgano competente: Si se trata de abonar el tiempo de prisión provisional sufrida en la misma causa en la que ha recaído sentencia condenatoria, el competente será el órgano judicial que ha dictado la condena. Si por el contrario se trata de abonar la prisión provisional sufrida en causa distinta, la competencia corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado. En el caso, sin embargo, al tiempo de practicarse las liquidaciones de condena, el recurrente se encontraba preso preventivo a disposición de un Juzgado de Instrucción, que era el competente. Al dictarse el auto de prisión, se encontraba en busca y captura, por lo que el Centro Penitenciario desconocía que pesaba sobre el mismo, responsabilidad por la causa seguida ante la Audiencia. Es a raíz de la puesta en conocimiento de esta circunstancia al C.P. en que éste quedó a disposición de la Audiencia, sólo pesaba sobre el mismo esta condena y la prisión preventiva no era abonable. Ningún periodo de prisión provisional fue abonado por la Audiencia en aquel momento, limitándose a ejecutar su sentencia conforme a lo dispuesto en la Ley.
Resumen: No se informó a la perjudicada del derecho a excusarse del deber de declarar. No se aplica la excusa a aquellos testigos-parientes que hayan estado personados como acusación particular en cualquier momento, aun cuando ya no ejerciten la acción penal. Quebrantamiento del derecho a un proceso con todas las garantías por haber errado el intérprete en la traducción. El motivo se desestima porque el recurrente no cuestionó la capacidad del intérprete durante el juicio, porque este fue designado conforme a la ley y porque no se designa un pasaje de la traducción donde se haya producido una desviación de contenido sustancial. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo. La sentencia hace un estudio de los requisitos que deben reunir prueba indiciaria y la declaración de la víctima, para poder actuar como prueba de cargo. La sentencia concluye la suficiencia de la prueba y la racionalidad de su valoración. Denegación de prueba. La proposición de la prueba personal, como el examen de los testigos, debe realizarse con las exigencias legalmente previstas en los art. 701 y ss. LECRIM, no siendo admisible la introducción de declaración mediante actas notariales. Error en la valoración de la prueba derivada de documentos que obran en autos. Se desestima porque los informes médicos no tienen la consideración legal de prueba documental, porque reflejan una prueba personal.
Resumen: Delito de falsedad documental en concurso medial con estafa impropia por simulación contractual en perjuicio de tercero. Distinción ente el número primero y el número tercero del art. 251. Consumación de la simulación. Se estima el recurso y se aplica el art. 77.3 tras la reforma operada por la LO 1/2015, por ser más favorable.
Resumen: El Tribunal valora que un enjuiciamiento separado de los recurrentes no modificaba en lo esencial su esquema defensivo. El material probatorio existente se componía de la versión enfrentada de los acusados y de las denunciantes. Una vez practicada la prueba que podía corroborar cada una de estas dos versiones, las posibilidades de la defensa no se modificaban por el interrogatorio de un mayor número de sospechosos, menos aun cuando había otros dos encausados declarados rebeldes y eso ya impedía obtener la versión de todos los supuestamente implicados. Si bien los análisis ofrecieron resultados dispares, la sentencia recoge las razones que permiten sustentar la corrección de ambos, pues los peritos aclararon que la metoxetamina es una sustancia tóxica -anestésica- que en sangre sólo se detecta de manera inmediata al consumo y que permanece en orina unas horas, lo que explica que se detectara en el análisis de orina que realizó el hospital Clínico de inmediato, sin que se reflejara en el análisis de sangre abordado después por el Instituto de Medicina Legal. La demora en la instrucción deriva de determinadas circunstancias, como la de haberse realizado una pluralidad de informes periciales, incluso genéticos, o ciertas dificultades para localizar a alguno de los acusados. Y en la fase intermedia, se abordaron actuaciones procesales como la presentación de los escritos de defensa o una dificultosa citación a juicio de algunos de los acusados.
