Resumen: Al tratarse de un auto, rige el art. 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción anterior a la Ley 41/2015, que permitía el recurso de casación contra los Autos definitivos dictados por las Audiencias, exclusivamente por infracción de ley, y únicamente en los casos en que la ley autorizase de modo expreso tal recurso, o se tratase de un auto de sobreseimiento libre, en las condiciones exigidas en tal precepto. En nuestro caso, no se produce ni uno ni otro caso. Ni a la resolución judicial dictada le añade la ley procesal el carácter de expresamente recurrible, ni se trata de un Auto de sobreseimiento libre. El juez abrió el juicio oral sin acusación particular legitimada para presentar escrito de acusación, es claro que el auto recurrido decretó correctamente la nulidad del auto de apertura del juicio oral. Y el auto que declara la nulidad del auto de apertura del juicio oral no admite recurso de casación. Y desde luego tampoco es un auto de sobreseimiento libre. Por lo demás, al declarar esta Sala que la resolución judicial recurrida carece de recurso de casación, no podemos analizar ninguna cuestión relativa a su dictado, como es la procedencia, o no, de activar las previsiones del art. 782.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, por lo demás, es facultativa.
Resumen: El control casacional a la presunción de inocencia en casación se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, y el proceso de formación y obtención de la prueba. La estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación. Deben censurarse las fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o arbitrarias así como aquellas que sean contradictorias con los principios constitucionales.
Resumen: Se analiza la simulación en favor de una empresa privada de trabajos para la administración que no llegaron a realizarse y que trataban de encubrir el pago de una deuda del partido político por la campaña electoral de 2003. Prueba nula: no hay vulneración de derechos fundamentales, diferencias con prueba irregular. Presunción de inocencia: declaración de coacusados (que, además, se conformaron en el proceso). Necesidad de que dichas declaraciones aparezcan corroboradas por otros elementos en relación con la participación concreta en los hechos del concernido por ellas. Regla penológica del concurso ideal impropio o medial (artículo 77.3 del Código Penal). Dilaciones indebidas: carácter excepcional de la consideración de aquellas demoras que se hubieran producido con posterioridad al acto del juicio (y a la sentencia). Es necesario que se justifique la existencia de una específica aflictividad. Aforamiento, competencia: no se advierte pues el acusado no era ya Consejero de Interior cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral, con independencia de que sí ostentara ese cargo cuando se cometieron los hechos.
Resumen: Excusa absolutoria: no puede ser reconocida, aunque el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia recurrida aluda a situaciones antecedentes, los hechos enjuiciados (discrepancias a propósito de la gestión de la comunidad de bienes, su despatrimonialización, etc.) se cometieron cesada ya la relación sentimental de pareja que ambos mantuvieron. Alteración psíquica: un mismo padecimiento, anomalía o alteración psíquica, puede atenuar la responsabilidad respecto de un hecho, pero ese mismo padecimiento, concurriendo en la misma persona, en un momento distinto y/o con relación a un ilícito penal diferente, no resulta obstativo ni a la comprensión ni a la volición adecuadas de ese mismo individuo. La ideas delirantes de tipo celotípico en absoluto atenúan su responsabilidad respecto de los actos apropiatorios realizados durante años. Error invencible: No se advierte la existencia de error alguno, ni vencible ni invencible, ni de tipo ni de prohibición, en la actuación del acusado, que desplegó toda una operativa para aprovechar en su beneficio el trabajo de los propios empleados de la comunidad de bienes y hacer propios los depósitos de los que ésta era titular. Circunstancia mixta de parentesco: como en el caso, existen infracciones en que el vínculo familiar resulta indiferente, esto es que, aun dándose la relación familiar, no representa una mayor o menor reprochabilidad del hecho cometido.
Resumen: La Jurisprudencia ha ido concretando los títulos que permiten la comisión del delito de apropiación indebida, aparte de los recogidos en el artículo 252 CP. Y se han recogido, el mandato, la aparcería, el transporte, la prenda, el comodato, la compraventa con pacto de reserva de dominio, la sociedad, el arrendamiento de cosas, de obras o de servicios. El contrato de leasing es título apto para generar un delito de apropiación indebida en caso de incumplimiento del deber del arrendatario de devolución de los bienes, incorporándolos a su patrimonio. El art. 849.2 LECrim recoge los motivos basados en error en la apreciación de la prueba, respecto de los que exige que dicho error se encuentre basado en "documentos que obren en autos", que tales documentos demuestren la equivocación del Juzgador, y que tales documentos no resulten "contradichos por otros elementos probatorios". Así pues, en el recurso debe designarse el documento que acredite el error en la apreciación de la prueba que se alega . El artículo 849.2 LECrim exige: a) ha de fundarse en una verdadera prueba documental; b) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia por su poder demostrativo directo; c) el dato que el documento acredite no puede estar en contradicción con otros elementos de prueba; d) el dato contradictorio así acreditado ha de ser importante.
Resumen: El hecho mismo de propinar varios golpes (hasta seis se concretan en la fundamentación), con un instrumento tan peligroso y lesivo como es el cristal de una botella rota, dirigidos a una zona vital del cuerpo humano, como es el cuello, donde, si no se golpea más, es porque la víctima para los golpes con el brazo, evidencia una persistencia en la agresión propia de quien quiere acabar con la vida de aquél a quien agrede, de manera que, a la vista de estos datos, es razonable que se diera por probado el animus necandi. Expulsión de territorio nacional: resulta adecuada y proporcionada la medida, incluso a la luz del art. 8 de la Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre de 2003. El recurrente ha sido condenado por un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de seis años de prisión -lo que es ya un delito grave-, a lo los que habría que sumar las otras cuatro condenas producto de sus antecedentes penales, y todo ello en conjunto es revelador de que constituye una seria amenaza para el orden o la seguridad pública, por lo que difícilmente podría gozar de ese estatuto de residente de larga duración. El condenado ni acredita arraigo personal ni laboral en nuestro país y es un individuo potencialmente peligroso. La sola estancia en nuestro país, sin constancia de arraigo, es un factor más en orden a valorar su peligrosidad, por cuanto que, al ser así, siempre le ofrece mayores garantías de impunidad, por las dificultades para su localización.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación. Agresión sexual: la intimidación típica del delito de agresión sexual no ha de ser poco menos que invencible, es suficiente con que el anuncio de un mal inminente sea susceptible de inspirar en el receptor un sentimiento de temor o angustia ante la contingencia de un daño real o imaginario. Hay agresión sexual en el caso de la intimidación ambiental. Surge allí donde, aun en ausencia de una admonición concreta... el sujeto activo aprovecha con este fin, el temor, el sojuzgamiento de su víctima, resultante de actos previos concluyentes y del conjunto de circunstancias que en el caso concurran. Agresión sexual, agravación por la comisión en grupo. La circunstancia no encuentra su razón de ser en el acuerdo previo, sino en la contribución eficaz para lograr el objetivo antijurídico. El derecho de defensa incorpora el derecho a la libre designación que, a su vez, implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses. Ahora bien, no es un derecho ilimitado.
Resumen: El recurso de casación, cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. No hay ninguna incompatibilidad, ni conceptual ni ontológica, en que el agente trate de asegurar la ejecución evitando la reacción de la víctima --aseguramiento de la ejecución-- y que al mismo tiempo continúe con la acción que puede tener como resultado de alta probabilidad la muerte de la víctima, la que acepta en la medida que no renuncia a los actos efectuados.
Resumen: En el caso, se contó con prueba de cargo bastante, integrada por el testimonio de la víctima, que cuenta con un elemento corroborador de primer orden como son las declaraciones de las hermanas. El momento en que se produce la denuncia disipa el, ya poco probable, peligro de una malévola actuación concertada. Además, una de ellas, fue, a la vez, testigo y víctima en uno de los episodios por los que el acusado ha sido condenado. No es función de un Tribunal de casación revalorar íntegramente una prueba personal, no directamente presenciada, para preguntarnos si personalmente participamos de la convicción reflejada en la sentencia, o, por el contrario, subsiste alguna duda en nuestro ánimo. Tampoco se ha producido la infracción de ley que se denuncia; el hecho probado habla de felaciones lo que atrae la aplicación del art. 179 CP, que incluye tres vías diferentes de acceso. Finalmente, se denuncia el error en la valoración de la prueba del art. 849.2 LECrim. El argumento desplegado nada tiene que ver con ese rígido esquema revisor. Solo tratan de cernirse dudas con base en pruebas personales (como son las testificales) que apuntan en dirección justamente contraria a la propugnada por el recurrente. Cuando se busca el apoyo de una elemento que sí puede ser tratado por esta vía según la jurisprudencia (pericial psicológica) tampoco se apuntan particulares literosuficientes, sino que se tacha de poco concluyente el informe.
Resumen: Vulneración de derechos fundamentales. La recurrente alega que no se le dio traslado de la denuncia que contra ella interpuso una testigo protegida, la cual, además de incorporarse a las actuaciones, fue utilizada por el Ministerio Fiscal en el juicio. La sentencia concluye que nos encontramos ante una irregularidad procesal que no produce indefensión, porque la defensa conocía el contenido de la denuncia. Revelaciones inesperadas. La Sala refiere que solo es procesalmente admisible la retroacción de las actuaciones y la demora en la celebración del juicio cuando se descubren aspectos que no eran conocidos y que resultan relevantes para el objeto de proceso. La sentencia avala que se otorgara credibilidad a la menor, aunque la versión inculpatoria que ofreció en el acto del juicio difiera de la prestada previamente en fase sumarial. Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos. Se desestima porque no se aporta ningún documento que evidencie una omisión o error en el factum. Infracción de ley. Estudio del artículo 177 bis, 4, b) . Puede darse, en este delito, una triple fase: i) de captación, ii) de traslado, y iii) de explotación. No obstante, es suficiente, para la consumación, que se proyecte una intención sobre cualquier de las tres finalidades señaladas. Debe concurrir violencia, intimidación o engaño. Para la aplicación del subtipo agravado, debe probarse un plus de antijuricidad.
