Resumen: El tribunal de instancia realizó una acertada y completa valoración de todos los elementos de juicio que tuvo a su disposición, empleando razonamientos adecuadamente expuestos en la sentencia recurrida, de la que se desprende la suficiencia del elenco probatorio -testificales de superior y subordinados del acusado- y su apreciación en pura lógica, hasta alcanzar una decisión acomodada al ordenamiento, por lo que resultó enervada la presunción de inocencia. El recurrente no encauza el motivo de error de hecho en la valoración de la prueba conforme a las pautas jurisprudencialmente exigidas para su viabilidad, ya que no acude a una prueba documental relevante a efectos casacionales, sino a meras e hipotéticas desavenencias entre los testigos y el recurrente, desavenencias que supuestamente avalarían su versión del decurso fáctico. También debe decaer el motivo casacional por error iuris, a través del cual no puede alterarse el relato fáctico de la sentencia impugnada ni cuestionar la prueba o prescindir de consideraciones jurídicas relativas a la subsunción de los hechos probados en los preceptos penales de carácter sustantivo cuya infracción se denuncia. Además, la sentencia impugnada expone con detalle los elementos objetivo -alteración documental en asunto del servicio idónea para afectarlo- y subjetivo -dolo falsario- del delito de deslealtad, así como su naturaleza pluriofensiva, lo que permite concluir que los hechos probados colman la previsión típica.
Resumen: Error de prohibición por desconocimiento de la antijuridicidad de la acción. El error ha de quedar suficientemente acreditado, empleándose para ello criterios que se refieren básicamente a la posibilidad del autor de informarse sobre el derecho. Cuando esta información se presenta como de fácil acceso, no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o invencible sino de cuestionar su propia existencia. Ello no supone un desplazamiento de la carga de la prueba sobre el imputado. Éste, en la medida que ya forma parte de la sociedad, deberá acreditar su auto exclusión, que desconoce de forma errónea e invencible aquello que es de común conocimiento por todos. Además, su apreciación no puede basarse solamente en las declaraciones del propio sujeto, sino que precisa de otros elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener desde un punto de vista objetivo, la existencia del error. El consentimiento al mantenimiento de relaciones sexuales de un menor de esa edad es irrelevante al integrarse en la tipicidad como un mecanismo de protección de los menores de edad a fin de preservar el libre desarrollo de su personalidad. El consentimiento es igualmente irrelevante cuando es expresado por un familiar. La esencia del art. 183 quáter CP radica en saber si, en el caso concreto y dentro de las amplias franjas de edad orientadoras (menor edad y juventud), las diferencias entre autor y víctima entrañan una explotación de la vulnerabilidad de ésta que implique un abuso.
Resumen: El tribunal de instancia valoró las diversas pruebas, todas ellas lícitamente obtenidas, conforme a una estructura racional y lógica, por lo que no se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No hay base ninguna en las actuaciones para sostener, como hace el recurrente, que se rompió la cadena de custodia de las muestras de orina que le habían sido tomadas, sin que tengan relación alguna con los hechos imputados las alegaciones del recurrente relativas al número de personas que se sometieron a la prueba de orina el mismo día o al no envío del contenedor que alojaba el resto de pruebas de orina realizadas aquel día. En los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida no se introduce ningún elemento fáctico que no estuviera contenido en los hechos probados ni en estos se aprecia la existencia de ningún concepto jurídico predeterminante del fallo.
Resumen: El motivo de casación de error de hecho en la valoración de la prueba debe ser desestimado, pues de los informes médicos a los que, de manera genérica, se refiere la recurrente, no se deduce error alguno en la apreciación de la prueba llevada a efecto por el tribunal de instancia, ya que a tales documentos se refirió este cuando, a pesar de entender acreditado el padecimiento de una determinada dolencia por la recurrente y la recomendación de no trasladarse de localidad, razonó que aquella no había estado disponible para el mando ni sometida al control militar a pesar de los insistentes requerimientos efectuados desde su unidad para que presentase solicitud de incapacidad temporal para el servicio y para que se personase para efectuar desde el primer momento la verificación, control y seguimiento de su situación. Ese acertado razonamiento del tribunal sentenciador sobre la falta de disponibilidad y sometimiento al control militar por parte de la recurrente determina la tipicidad de su conducta. En cuanto a la alegación relativa a la falta de intención de abandonar el destino y de permanecer ajena al control de los mandos, debe recordarse que para la perfección del elemento subjetivo basta el dolo natural, genérico o neutro, conforme al cual, no se requiere ninguna intención o motivación específica, sino que basta con que el actor tenga conocimiento de los elementos objetivos del tipo, de la obligación de presencia y disponibilidad permanente que corresponde a los militares.
Resumen: Denegación de pregunta: La pregunta era pertinente y la exhibición de la fotografía como instrumento de su propia formulación, también. Se impidió indebidamente que la defensa, mediante la exhibición documental, obtuviera la concreta información que pretendía con la formulación de la pregunta. No obstante, no procede rescindir la sentencia, pues la no exhibición del documento a la testigo no le impidió obtener la información pretendida mediante las otras preguntas. Presunción de inocencia: la decisión del TSJ resulta acertada, pese a que la segunda instancia cuenta con un contenido revisor plenamente devolutivo, no opera con esta intensidad en el juicio con jurados, siendo clara la apuesta del legislador de impedir que se pueda dejar sin efecto una decisión racional y suficientemente justificada. Tutela judicial efectiva: existen déficits sustanciales de justificación en el acta del veredicto con relación a la valoración del dictamen pericial. La ausencia de razones para descartar el mismo comprometió el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. Se estima en este punto el recurso, por error en la valoración de la prueba pericial al descartarse de manera inconsistente las conclusiones que apuntaban a la existencia de patologías mentales con un potencial reductor de las bases de la imputabilidad.
Resumen: La exigencia de que el servicio policial español que interesa la entrega controlada proporcione sus fuentes de conocimiento, no implica necesariamente que también deba proporcionar las fuentes de conocimiento de sus fuentes de conocimiento, que es lo que la parte pretendía con la declaración de los agentes de la DEA. No existe indicio de que se haya quebrantado la cadena de custodia, ya que existe una correlación entre las sustancias entregadas y las analizadas. La decisión del sujeto activo aparece de forma libre y anterior a la intervención puntual de los agentes encubiertos, y estos actuaron siempre por iniciativa de los autores de la infracción criminal, además no hay provocación delictiva. En los envíos de droga el delito se consuma siempre que existe un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación. La entrega no sirvió para la consumación del delito que ya lo estaba desde su encargo, sino sólo para identificar a los que formaba parte del grupo aquí en España, quienes ya habían manifestado su acuerdo con la remisión de la cocaína. Se han descrito las reuniones entre los miembros de la organización para preparar la operación, por lo que es aplicable subtipo agravado de organización criminal que se encuentra arraigada tanto en Colombia como en España que planifica sus actividades, llevando a cabo las distintas fases en los dos Estados, por lo que existe una red internacional del artículo 370.3 del Código Penal.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente como autor de un delito contra la Seguridad Social, así como de la entidad que administraba como partícipe a título lucrativo. En el presente supuesto, el relato de hechos probados describe una serie de actuaciones del acusado que desbordan la mera omisión de abonar el importe de las cuotas o el simple impago del ingreso debido, habiéndose realizado actuaciones de ocultación o de alteración de datos de comunicación obligatoria que están directamente orientados a desdibujar y a ocultar su obligación de abono, configurándose de este modo la realidad defraudatoria que niega el recurso. Este realizó una serie de maniobras para eludir o dificultar la liquidación de la deuda que impagaba, lo que se refuerza con otros comportamientos complementarios: registró un domicilio fiscal falso; pese a afirmar que su nuevo objeto social era la actividad agraria, en el trámite de inspección solo presentó algunos contratos con explotaciones agrarias; los datos de algunos trabajadores contenían domicilios desconocidos o incorrectos; no presentaba tampoco la correspondiente documentación fiscal a la Administración Tributaria, impidiendo así el cruce de datos sobre su actividad. Todo lo expuesto configura una dinámica de ocultación que dificultó su persecución y la liquidación de las cuotas verdaderamente debidas e impagadas.
Resumen: Condena por delito continuado de estafa agravada por el valor de la defraudación. Expansión de un grupo empresarial de supermercados a través de un entramado societario generado para eludir las eventuales obligaciones con la Hacienda Pública o las responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir, si el negocio no lograba los fines perseguidos; contratando a través de dichas sociedades instrumentales que otorgaban la seguridad y confianza que ofrecía el grupo. Presunción de inocencia. El principio "in dubio pro reo" solamente puede invocarse en casación en su vertiente normativa. Es decir, cuando el propio Tribunal admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción. Error en la valoración de la prueba derivado de documentos. Estudio de la literosuficiencia en los documentos. Existencia de engaño. Estudio del delito de estafa cuando se han utilizado fórmulas negociales. Dilaciones indebidas. Reparación del daño. Se permiten pagos parciales siempre que sean relevantes. Se excluye la comunicación entre partícipes de la atenuante de reparación del daño. No cabe beneficiarse de los esfuerzos reparadores de los restantes acusados. Alcance de la responsabilidad civil. Incongruencia omisiva. Conclusiones alternativas. Dificultad de revisión peyorativa para el acusado.
Resumen: La inadmisibilidad reclamada se basa en una desviación o asimetría entre el escrito de preparación y el de formalización (con infracción del tradicional principio de unidad de alegaciones), lo que no es admisible. El escrito de preparación solo exige en este supuesto explicitar la clase de recurso. Una inadmisión por la falta de correspondencia entre los derechos, enunciados de forma innecesaria en el escrito de preparación, y en el de formalización no sería ajustada ni a la legalidad, ni al derecho al recurso de relieve constitucional. Hay congruencia plena entre la clase de recurso anunciado y el formalizado (art. 852). El Mº Fiscal defiende que la decisión de la Audiencia declarando inutilizables las pruebas derivadas de la entrada y registro anulada fue errónea y gravosa para la acusación. Se impidió usar la totalidad de los medios de prueba ofrecidos materialmente para mostrar cómo existían fuentes independientes que permitían sostener la validez de esas pruebas. La decisión anticipada del cuestionamiento de la licitud de un medio probatorio es opción ajustada a la legalidad, pero no caben soluciones apriorísticas. La declaración de nulidad de un medio probatorio con frecuencia no puede resolverse sin aclarar antes cuestiones fácticas que pueden estar precisadas de prueba específica. En el caso, la decisión de la Audiencia no admitiendo algunas de las pruebas documentales ofrecidas por el MF no fue prudente ni razonable. Se produjo una restricción que no estaba justifica
Resumen: Se revoca la aplicación del art. 148 CP. Nada se argumentó en la sentencia, donde era necesaria la motivación sobre la calificación jurídica. La rectificación de la pena efectuada en el auto de aclaración no puede valorarse como la corrección de un error material, sino como una alteración de la valoración jurídica efectuada en la sentencia y de la decisión en la que se concretó. Por el contrario, aunque nada se razona acerca de la pertinencia de apreciar las agravantes de abuso de superioridad y de disfraz, sus presupuestos aparecen con tal claridad en el factum, que hace prácticamente innecesaria una motivación extensa. Concurre una coautoría que excluye la necesidad de individualizar la acción realizada por cada uno de ellos, por la doctrina de la imputación recíproca. Que el testimonio del coacusado no se haya considerado creíble en algunos aspectos, no excluye su valoración respecto de otros que aparecen avalados por otras pruebas. Se estima el recurso de la acusación, acordando la condena por los delitos de detención ilegal cometidos. Es claro que durante el tiempo empleado para cometer el robo, la detención queda absorbida en éste; pero, tras finalizarla actuación depredatoria, dejaron a las víctimas inmovilizadas. Esa privación de libertad, inicialmente por tiempo indefinido y presumiblemente largo, ya no puede considerarse absorbida por la acción violenta e intimidatoria ejercida sobre las víctimas con la finalidad depredatoria, y teniendo sustancialidad propia.
