Resumen: El Tribunal valora que un enjuiciamiento separado de los recurrentes no modificaba en lo esencial su esquema defensivo. El material probatorio existente se componía de la versión enfrentada de los acusados y de las denunciantes. Una vez practicada la prueba que podía corroborar cada una de estas dos versiones, las posibilidades de la defensa no se modificaban por el interrogatorio de un mayor número de sospechosos, menos aun cuando había otros dos encausados declarados rebeldes y eso ya impedía obtener la versión de todos los supuestamente implicados. Si bien los análisis ofrecieron resultados dispares, la sentencia recoge las razones que permiten sustentar la corrección de ambos, pues los peritos aclararon que la metoxetamina es una sustancia tóxica -anestésica- que en sangre sólo se detecta de manera inmediata al consumo y que permanece en orina unas horas, lo que explica que se detectara en el análisis de orina que realizó el hospital Clínico de inmediato, sin que se reflejara en el análisis de sangre abordado después por el Instituto de Medicina Legal. La demora en la instrucción deriva de determinadas circunstancias, como la de haberse realizado una pluralidad de informes periciales, incluso genéticos, o ciertas dificultades para localizar a alguno de los acusados. Y en la fase intermedia, se abordaron actuaciones procesales como la presentación de los escritos de defensa o una dificultosa citación a juicio de algunos de los acusados.
Resumen: El tribunal sentenciador no dejó de incluir en el relato fáctico ningún hecho o dato relevante derivado de los documentos citados por la recurrente, aunque no valorara que la recomendación del informe médico de que la afectada no se desplazara por sus propios medios constituyera justificación de la ausencia del lugar de residencia autorizado durante su baja laboral. Las consecuencias jurídicas justificativas de la ausencia que pretende la recurrente no son propias de una denuncia por error facti sino por error iuris. El relato fáctico -consistente, en síntesis, en la ausencia de la recurrente durante 7 días del lugar de residencia expresamente fijado en la resolución por la que se había modificado dicho lugar para que continuara una baja temporal para el servicio- se integra adecuadamente en el tipo aplicado. La recurrente, de forma consciente y voluntaria y con conocimiento de que estaba incumpliendo la normativa vigente en la materia, abandonó su lugar de residencia para marcharse a otra localidad durante 7 días. En las ausencias de residencia de quienes se encuentran de baja por enfermedad no se excluyen los sábados y domingos -como en el delito de abandono de destino-, porque no concurre el presupuesto de estar libres de servicio, lo que, en el caso, además, sería indiferente, pues, aunque así fuera, restarían 4 días de ausencia.
Resumen: La contabilidad llevada a cabo por el acusado ha sido más que deficitaria, llena de lagunas y carente por completo de las más elementales normas contables. Cualquier administrador ha de ser consciente de que siquiera los estadillos que él mismo se había comprometido a confeccionar mensual y anualmente, tenían que tener un mínimo soporte documental, Ante la existencia de varias pruebas periciales el tribunal puede optar por aquella que le resulte más convincente, bien entendido que no cabe centrar su juicio valorativo en una de ellas sin emitir un juicio de ponderación valorativo o desvalorativo sobre las restantes que la contradicen, pues la mayor credibilidad de una u otra otorgada en su libre valoración, requiere un juicio motivado. La línea diferencial entre un incumplimiento contractual (que pretende el recurrente) y el delito de apropiación indebida, radica en que, en el primer supuesto, no existe voluntad apropiativa sino solamente un retraso o imposibilidad transitoria de cumplimiento de la obligación de devolver, o una mala gestión empresarial, mientras que en el segundo existe un propósito de hacer la cosa como propia incorporándola al patrimonio del infractor. De los hechos probados, resulta la existencia de ánimo de lucro en la conducta del acusado, pues quien se apropia de lo que no es suyo, a falta de cualquier otra explicación, actúa con intención de hacerse con tal numerario, sin que sobre esto haya que hacer complejas conjeturas jurídicas.
Resumen: Marco del recurso de casación tras la generalización de la apelación por la Ley 41/2015. Presunción de inocencia. El control autoriza a comprobar, de una parte, la existencia de prueba de cargo -lo que incluye su licitud- y, de otra, su suficiencia. También la racionalidad de los juicios de inferencia, lo que no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador. El juicio de inferencia sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. Principio de igualdad. El principio de igualdad protege frente a divergencias arbitrarias de trato en resoluciones judiciales, evitando el capricho, el favoritismo o la arbitrariedad del órgano judicial, e impidiendo que no se trate a los justiciables por igual y se discrimine entre ellos. Las pruebas practicadas en el plenario pueden conducir a tener por probadas solo algunas de las infracciones criminales denunciadas, sin quiebra del principio de igualdad, con tal que tal que el patrimonio probatorio haya sido valorado con racionalidad. Principio acusatorio. Legitimación de la madre para continuar como acusación particular, una vez la hija alcanza la mayoría de edad. No se puede retirar la legitimación activa para conducir el proceso penal a quien siempre la tuvo, máxime cuando, en el presente caso, la hija compareció en el juicio oral y mantuvo su acusación. En todo caso, los jueces de instancia debieron preguntar a la ya entonces mayor si ratificaba este extremo.
Resumen: Expulsión del territorio nacional como medida sustitutiva de la pena de prisión. Ciudadano extranjero (marroquí) con residencia irregular en España. Juicio celebrado legítimamente en su ausencia. La Audiencia Provincial entendió que procedía dejar sin efecto la expulsión acordada en sentencia y posponer la decisión, hasta conseguir una audiencia efectiva del penado en la que poder valorar su situación de arraigo. La sentencia analiza, en primer lugar, la admisibilidad del recurso. Se concluye que nos encontramos ante un precepto penal sustantivo que permite la interposición del recurso de casación por infracción de ley. En segundo lugar, la sentencia concluye que se dieron, en el presente caso, condiciones efectivas de contradicción que permitían adoptar la decisión de expulsión, aún cuando ni el acusado ni su defensa adujeran nada respecto del arraigo, ni en el escrito de defensa, ni en el acto del juicio oral. Se estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. Sentencia con voto particular.
Resumen: Para la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, los retrasos en la tramitación de la causa han de ser de intensidad extraordinaria, casos excepcionales y graves; es decir deben ser manifiestamente desmesurados, atendiendo a las condiciones y circunstancias específicas de cada caso en particular.
Resumen: En el artículo 320 del Código Penal se tipifican determinadas intervenciones en el procedimiento administrativo sobre actuaciones con respecto a la ordenación del territorio, cuando son realizadas en contra de las leyes y a sabiendas de la ilegalidad. El dolo consiste en el conocimiento de la ilegalidad de la decisión que adoptó y en la voluntad de acordarla. No lo elimina que el condenado pensara que la licencia podía dejarse sin efecto, ya que actuar conforme a esa idea contribuye a la banalización de la normativa urbanística. Tanto el Secretario municipal, como los servicios de asistencia jurídica de la Diputación provincial advirtieron al Alcalde de la ilegalidad de la concesión de la licencia, por ir contra la ordenación territorial y urbanística de la zona en donde se hallaban enclavadas las parcelas cuya construcción se pretendía llevar a cabo. Y a pesar de ello, se dictó resolución concediendo la licencia. El Código Penal de 1995 ha clarificado el tipo objetivo del delito, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, al calificar como "arbitrarias" las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir aquellos actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho Conforma, por tanto, el elemento objetivo de cualquier tipo de prevaricación, el dictado de resoluciones arbitrarias entendidas como los actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho.
Resumen: Estudio de los requisitos exigidos para una eventual estimación del recurso. Se requiere que sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. El recurso de revisión es un remedio excepcional, al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada. Implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. Se estima el recurso, al incorporarse documentos que acreditan dolencias psíquicas del condenado en la época de la comisión delictiva objeto de condena y una dificultad, derivada de esa dolencia, para tener conciencia crítica de su comportamiento. El recurso de revisión se limita a declarar la nulidad parcial de la sentencia revisada y acuerda la remisión de las actuaciones al tribunal de instancia a fin de practicar prueba (la que puedan proponer defensa y acusación, incluida la declaración del acusado), pero exclusivamente en relación con la posible concurrencia de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado.
Resumen: El recurso de casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal, solo cabe invocar el art. 849.1º LECrim. Otras discrepancias en cuanto a la valoración probatoria, defectos procesales, o violación de normas constitucionales de relieve procesal quedan al margen de esa modalidad impugnativa pensada en exclusiva para unificar la interpretación de las normas sustantivas con trascendencia penal. Respecto a los contornos del tipo de falsedad en documento mercantil del art. 392 CP, el ámbito de la tipicidad ha de ceñirse a los documentos que generan un grado de confianza que pueda afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil; en otros casos, resulta suficiente la protección penal mediante el tipo del art. 395 CP para la falsedad de documentos que, aunque plasman operaciones mercantiles, carecen de dicha especial idoneidad lesiva colectiva. Los contratos de compraventa de vehículos tienen vocación de acceder a un registro público con importantes efectos en el tráfico jurídico lo que justifica su encaje en el art. 392 CP como documento mercantil. La simulación del clausulado de un contrato otorgado entre particulares, aunque estos puedan ostentar la condición de comerciantes y fijen una regla negocial de naturaleza mercantil, carece de eficacia más allá de la relación negocial entre aquellos y de pontencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en un sentido colectivo.
Resumen: La conclusión de culpabilidad a la que llegó el tribunal de instancia y que convalidó el Tribunal Superior se basó en prueba suficiente, racionalmente valorada. En el caso, el testimonio de la perjudicada, como elemento nuclear del cuadro probatorio, ofreció informaciones altamente fiables sin que se identifique, tampoco, ningún déficit de credibilidad subjetiva. Aparecía, además, corroborado por prueba testifical y pericial de ADN. Los medios probatorios no conforman subsecuencias aisladas, debiendo ser abordados desde una unidad lógico-cognitiva. La fuerza acreditativa se anuda a la compatibilidad de los diferentes resultados, de su encaje, del valor añadido que respecto a cada uno de los medios producidos se desprende de la práctica de los otros medios de prueba. Se confirma la decisión del TSJ, que dejó sin efecto la apreciación del subtipo agravado del art. 180.1.5º CP, pues debe ponderarse en cada caso con suma cautela el instrumento utilizado por el agente, analizando no sólo las características del medio empleado, sino también la forma o manera en que este es utilizado, así como las circunstancias que concurren en el episodio. Es cierto que un cuchillo de grandes dimensiones como se indica en el factum, resulta potencialmente idóneo para producir alguno de los resultados -muerte o lesiones graves- mencionados en la cláusula agravatoria; pero no se describe con la necesaria claridad que mediante el uso se produjera ese peligro cualificado.
