• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 7/2023
  • Fecha: 03/10/2023
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La TGSS puede revisar los actos de encuadramiento -incluido el alta en el correspondiente régimen de la SS-, y la impugnación de las decisiones que adopte al respecto corresponde al conocimiento de los órganos del orden contencioso-administrativo. La TGSS no es una de las entidades gestoras de la SS, sino un servicio común que no realiza actividad prestacional. Por ello, no le resulta de aplicación el art. 146 LRJS -relativo a la revisión de actos declarativos de derechos y ubicado sistemáticamente en la regulación de la modalidad procesal por la que se rigen las demandas en materia de prestaciones de la SS-. Sin embargo, le resulta aplicable el art. 16 LGSS, que permite la revisión de oficio de sus actos en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones en el régimen de la SS, facultad aclarada más aún tras la redacción dada por el RDL 1/2023. Este razonamiento se ve reforzado por la reciente reforma legislativa operada por la Ley 3/2023, de Empleo, cuya disposición final 9.ª suprime la letra d) del art. 148 LRJS, referido al ámbito de aplicación del procedimiento de oficio y del de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales. Desde entonces, la autoridad laboral no puede acudir al procedimiento de oficio ante la jurisdicción social ni siquiera en los casos en los que el afectado hubiera impugnado el acto de encuadramiento mediante alegaciones o pruebas que permitieran cuestionar la naturaleza laboral de la relación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3270/2021
  • Fecha: 26/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula multidivisa en contrato de préstamo hipotecario, tanto por no superar el control de transparencia, como por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia apreció la existencia de error en el consentimiento y declaró la nulidad parcial del contrato de préstamo. Recurrida en apelación por la demandada, la Audiencia Provincial, tras considerar que el clausulado multidivisa no superaba el control de transparencia y rechazar que la acción pudiera prosperar por error vicio, concluye que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, aunque con un razonamiento distinto, y, pese a ello, estima el recurso de apelación de la demandada. Recurre la demandante. Recurso extraordinario por infracción procesal. Se estima. La sala aprecia incongruencia interna de la sentencia recurrida, pues es contradictorio mantener que la sentencia apelada debe ser confirmada y, a su vez, estimar el recurso de apelación. La sala rechaza que la revisión de la cuantía fuera improcedente por el hecho de no haberse recurrido el decreto de admisión, ya que hubo oposición al contestar a la demanda y la cuestión se resolvió en la audiencia previa. Recurso de casación. Control de oficio: solo alcanza a aquellas cláusulas que se relacionan con el objeto del proceso. Se anula la sentencia recurrida y se dicta nueva sentencia, en la que se desestima el recurso de apelación y se condena en costas al banco apelante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 128/2022
  • Fecha: 22/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de la Audiencia Nacional declara la competencia del orden jurisdiccional social y la adecuación del procedimiento, y desestima la demanda de conflicto colectivo interpuesto por las asociaciones judiciales. El recurso de casación postula, entre otros, la estimación de la demanda por la que se pretende que se declare que la metodología y procedimiento empleados en el documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud, mapa judicial de riesgos y sistema de alertas es inadecuado como criterio para evaluar riesgos para la salud de los miembros de la carrera judicial por sobrecarga de trabajo. Solicita la condena al CGPJ a establecer dicha regulación conforme a un criterio adecuado para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial, teniendo en cuenta circunstancias personales y del órgano; y se determine si la obligación establecida en el apartado 5.2 PPRL de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral, se encuentra cumplida o no mediante la actividad desplegada por el CGPJ. La sentencia declara que el CGPJ ha incumplido su obligación, documentada en el apartado 5.2 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Carrera Judicial (2015-2016), de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, y condena al CGPJ a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, desestimando el resto de las pretensiones de la demanda de conflicto colectivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10597/2022
  • Fecha: 21/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La especial vulnerabilidad es una nueva definición de la agravante genérica de abuso de superioridad adecuada al concreto escenario donde se desarrolla la agresión sexual. El concepto equivale a la facilidad con que alguien puede ser atacado y lesionado y supone una manifiesta desventaja e imposibilidad de hacer frente al agresor. El control casacional de la presunción de inocencia se concreta en comprobar si la motivación fáctica supera el estándar exigible y si la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. El motivo casacional por infracción de ley exige así el más absoluto respeto del relato fáctico que se declara probado, pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad alterando la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad. Las cuestiones de competencia tienen en el proceso penal ordinario su cauce adecuado de proposición con anterioridad a la celebración del juicio, y su propio sistema de recursos. El elemento sustancial de esta atenuante de reparación del daño consiste en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos sea por la vía de la restitución, de la indemnización de perjuicios, o incluso de la reparación del daño moral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1434/2020
  • Fecha: 20/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sindicato CCOO planteó conflicto colectivo sobre la interpretación del permiso regulado en el CC de empresa de 10 días naturales por nacimiento de hijo, negado por ésta al entender que tras la entrada en vigor del RD-Ley 6/19 quedaba absorbido, el JS estimó declarando el derecho de la plantilla al disfrute de 10 días naturales por nacimiento de hijo, el TSJ confirmó desestimando el recurso de la empresa. Recurre la empresa en CUD interponiendo dos motivos, 1) cuestiona la competencia objetiva del JS para conocer, la Sala IV recuerda que en caso que se cuestionan las competencias material y objetiva es necesario cumplir el requisito de la contradicción, examinando aquella, concluye que no concurre porque en la recurrida no se invocó la cuestión relativa a la competencia objetiva ni en instancia ni en suplicación sino por vez primera en casación unificadora y en la referencial se suscitó en suplicación. 2) en el segundo motivo se cuestiona el derecho al disfrute del permiso, pero tampoco concurre el requisito de la contradicción por tratarse de CC distintos y además de pretensiones distintas al discutirse en la recurrida sobre el disfrute de los 10 días por nacimiento de hijo y en la referencial sobre el carácter continuado de dos permisos que fija el convenio de referencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4134/2020
  • Fecha: 20/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute si en los procedimientos de reclamación de cantidad debe tenerse en cuenta lo reclamado en concepto de intereses moratorios o debe estarse únicamente al importe del principal. En este caso la sentencia recurrida ha entendido que la de instancia no era recurrible en suplicación porque la cantidad reclamada en la demanda no alcanzab la suma de 3.000 €, negando que pueda computarse a tal efecto el importe de los intereses legales por mora peticionados por el trabajador demandante. La sentencia ahora comentada confirma la sentencia recurrida tras el análisis del art. 191 y ss LRJS, argumentando que esas previsiones afectan a diferentes tipos de procesos judiciales en los que se ejercitan pretensiones valorables económicamente, y en todos los casos se indica expresamente que la cuantía del litigio a efectos del recurso debe excluir el cómputo de la cantidad que, eventualmente, pueda responder a intereses y mora, en lo que constituye manifestación de la clara voluntad del legislador de limitar la cuantía del proceso de manera exclusiva al valor económico de la pretensión principal y sin que sea de aplicación la doctrina de la STS 16/6/2009 rcud. 2723/2008 porque fue dictada bajo la vigencia de la anterior LPL.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 228/2021
  • Fecha: 20/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la presente litis, dos vigilantes de seguridad que prestan servicios a tiempo parcial, reclaman que se les abonen en su integridad los complementos de mantenimiento de vestuario y de distancia y transporte contemplados en el Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad privada. Pero las cuantías reclamadas por cada uno de los trabajadores no alcanzan los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2.g) de la LRJS para recurrir en suplicación y tampoco concurre la afectación general del art. 191.3.b) de la LRJS, porque ni es notoria, ni consta fuera alegada ni probada en juicio, ni cabe afirmar que el tema debatido tenga un contenido de generalidad incuestionable. Es por ello por lo que la sentencia apuntada colige que los recursos de suplicación no debieron admitirse ni tramitarse y que el tribunal superior de justicia carecía de competencia funcional para conocerlos, lo que conduce a anular la sentencia impugnada, así como las actuaciones posteriores a la sentencia de instancia, cuya firmeza se declara.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 179/2022
  • Fecha: 14/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se presentaron dos demandas de despido colectivo de carácter tácito que fueron acumuladas y se plantea en casación una cuestión de carácter procesal, al haber entendido el tribunal de instancia que la competencia para conocer de las pretensiones correspondía al Juzgado de lo Mercantil. Se demanda por despido colectivo cuando el empleador está en concurso; y pocos días antes de que el Juzgado de lo Mercantil autorice el cese definitivo de la actividad productiva; una confusa y muy anterior operación traslativa de la propiedad no ha sido consumada antes de que se presenten las demandas. En ese escenario es donde pueden tenerse en cuenta las conexiones de Cipasa con otras empresas y su eventual responsabilidad. Los arts. 169 y 170 de la LC, refuerzan la conclusión: declarado el concurso la determinación de si se ha incurrido en un DC tácito ha de llevarse a cabo ante el Juzgado de lo Mercantil y el art. 170 muestra a las claras la voluntad de reconducir hacia el concurso incluso los trámites para alteración colectiva de las relaciones de trabajo (comenzando por el DC). Solo compete a la jurisdicción social el conocimiento de estas materias “si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social”. En nuestro caso el concurso preexiste al eventual DC y a los hitos procesales ulteriores. La norma no ha querido que el litigio sobre el propio DC corresponda a un órgano diverso al Juzgado de lo M
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2589/2020
  • Fecha: 14/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda individual rectora de las actuaciones impugna el actor la decisión empresarial que considera modificadora sustancialmente de sus condiciones de trabajo, instando su nulidad, subsidiaria improcedencia y con abono de las diferencias salariales pertinentes, que superan la cuantía de 3000 €. El actor desistió en fase de suplicación de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Planteada así la litis, la Sala IV aborda la cuestión relativa a la recurribilidad de la sentencia de instancia, recordando la doctrina que indica que puede examinarse de oficio y aunque no medie la necesaria contradicción entre sentencias. E, interpretando de forma literal, sistemática y teleológica las normas procesales de aplicación y rectificando el criterio sentado en anteriores sentencias, concluye que la acción ejercitada es de impugnación individual de una MSCT, por lo es de aplicación la regla de la irrecurribilidad de la sentencia de instancia, sin que sea aplicable ninguna de las excepciones a tal regla recogidas en el art. 138.6 LRJS. Sin que a ello obste el que en demanda se reclamen salarios en cuantía superior al límite de acceso al recurso, pues tal pretensión se encuentra ínsita en la acción principal de impugnación de MSCT, sin que en tal modalidad procesal sea posible el acceso al recurso. Se concluye, por tanto, que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2826/2019
  • Fecha: 08/09/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de indemnización de daños y perjuicios, fundada en Derecho inglés y subsidiariamente en la figura del factor notorio del derecho español para defender que la directora del departamento financiero tenía autoridad suficiente y capacidad para vincular a la empresa demandada cuando cerró los contratos telefónicamente. La demanda fue íntegramente estimada en apelación. No cabe revisar por el cauce de un recurso extraordinario por infracción procesal las valoraciones jurídicas del tribunal de apelación sobre la base de los hechos fijados en la instancia. Eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras en España. El sistema de reconocimiento de sentencias del Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo. Efectos de cosa juzgada de las sentencias reconocidas en España. Ámbito de la cosa juzgada material positiva. La interpretación de la jurisprudencia europea sobre los requisitos y alcance del reconocimiento de las resoluciones judiciales según los artículos 32 y 33 del Reglamento Bruselas I y su relación con los efectos de la cosa juzgada. La aplicación de esta jurisprudencia europea al caso litigioso conduce a estimar el motivo porque no hay duda de la aplicación del Reglamento, ni de que la sentencia firme inglesa es una resolución judicial, la cual fue alegada ante los tribunales españoles, ni de que la misma es susceptible de reconocimiento incidental y está exenta de legalización o formalidad anóloga, pudiendo ser reconocida sin necesidad de exequatur.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.