Resumen: El apoderamiento de documentos exigido en el art. 197 CP no puede considerarse estrictamente como el apoderamiento físico de los mismos. Basta con su aprehensión virtual, de manera que el sujeto activo del delito se haga con su contenido de cualquier forma técnica que permita su reproducción posterior, como, por ejemplo, mediante su fotografiado. Se consuma tan pronto el sujeto activo «accede» a los datos, esto es, tan pronto los conoce y tiene a su disposición, pues sólo con eso se ha quebrantado la reserva que los cubre. Es ello lo que lleva a entender que la norma requiere la existencia de un perjuicio añadido para que la violación de la reserva integre el tipo, un perjuicio que puede afectar al titular de los datos o a un tercero. La descripción del art. 197.2 CP, que habla de apoderarse, utilizar, modificar, acceder o alterar datos reservados, en realidad, puede ser reconducida a un único vocablo, a saber, la «utilización» de esos datos. Y es que quien se apodera, modifica, accede o altera, no hace otra cosa que utilizar esos datos. El epigrama dato reservado de carácter personal es un concepto normativo que ha de interpretarse conforme a la legislación protectora de ese derecho de nueva generación consolidado al amparo del art. 18.4 CE, esto es, el derecho a la autodeterminación informativa, o lo que es lo mismo, el derecho a conocer y controlar lo que los demás conocen de uno mismo. "Datos personales" no puede ser identificado a efectos penales como "dato secreto".
Resumen: Falta de motivación respecto al reconocimiento de las tres circunstancias solicitadas. Exigencia de motivación en las resoluciones judiciales. Presunción de inocencia: implica, cuando se alega en casación, una triple comprobación. Especialidad cuando ha mediado previamente un recurso de apelación: en tal caso, lo fundamental es comprobar la racionalidad de la valoración de la prueba. Dolo de matar: correcta y suficiente inferencia a partir del lugar del cuerpo al que se disparó y el arma utilizada. Agravante de género: afirmaciones en los hechos probados descriptivos de desprecios y de actos de control del acusado hacia la víctima. Existencia de la base fáctica precisa para la apreciación de la agravante. Atenuante de arrebato: doctrina de la Sala al respecto. Dado que el acusado sabía desde tiempo atrás que la víctima tenía una relación extramatrimonial, ésta no pudo funcionar como desencadenante. Tampoco la percepción traumática de la ruptura conyugal es bastante. Los presupuestos de la atenuación han de ser lícitos y acordes con las normas de la convivencia. Atenuante de embriaguez: pese a la tasa alta de alcoholemia, los testigos manifestaron que tras los hechos el acusado estaba tranquilo. Incidencia de la embriaguez en la imputabilidad: grados. Reparación del daño: fundamento de la atenuante. Las reparaciones ofrecidas no implican un actus contrarius ni tienen efecto solutorio. Arrepentimiento: solamente tiene valor atenuatorio cuando implica una aportación relevante.
Resumen: Estafa en la modalidad de cartas nigerianas. Condena por delito continuado de estafa de los arts. 248.1 y 250.1-5° en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 390.1 y 2 y 74. Indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia. Falta de relevancia de errores obstativos obvios en la redacción de la sentencia de instancia. Continuidad. Non bis in idem. Acuerdo Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007. Plazo de prescripción. Delito en concurso medial y en conexión material. Art. 131.4º CP
Resumen: Se trata de un supuesto en el que los dos acusados (con fin de lucro ilícito) constituyen una sociedad cuyo objeto es gestionar cooperativas y también una Cooperativa, donde de manera ilícita conforman la Junta Rectora con "hombres de paja", para que ratifiquen lo que ellos acuerden, al tiempo que autocontratan la gestión de la cooperativa, a cambio del 10% (luego un 8%) de la facturación. En su operaciones (esencialmente compra del suelo) priman la consecución de esos porcentajes al margen de los intereses de la Cooperativa, con sobreprecios, inadecuación urbanística y desvíos injustificados a empresas familiares. El TS examina el delito de estafa y el elemento del engaño y afirma que se describe el engaño perpetrado por los acusados en el sentido expuesto.
Resumen: Delito de impago de pensiones. El Ministerio Fiscal interpone recurso de revisión. Doble condena para el periodo contemplado en la primera sentencia, se incluyen también en la segunda. Excepcionalidad de los recursos de revisión: su objeto es la revocación de sentencias firmes y, por ello, es una excepción al prinicpio de cosa juzgada, en casos de error notorio y lesión, en definitiva, de la justicia material. Derogación casuística del principio preclusivo de la cosa juzgada, que busca el necesario equilibrio entre las exigencias ed la Justicia y las de la seguridad jurídica. Sólo cabe acudir a esta vía en los casos del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los casos de doble condena, y ante el silencio de la ley, se ha reconducido al artículo 954.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En estos casos, la doctrina de la Sala IIª se decanta por anyular la sentencia que abarca el periodo de impago más corto. Por ello, en el caso presente, se anula la sentencai dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, por abarcar un periodo temporal menor.
Resumen: Se condena por el Tribunal del Jurado por un delito de asesinato con alevosía, por especial vulnerabilidad de la víctima, con agravante de parentesco y género, a una pena de 23 años de prisión. El TSJ ratifica la condena en apelación por un delito de asesinato, al concurrir la agravante de alevosía, por sorpresa, pero aplica además el art. 140.1 CP, por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la agravante de parentesco y de género, por lo que se impone la pena de prisión permanente revisable. Se estima el recurso de casación y se condena por un delito de homicidio, agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y género, imponiendo una pena de 21 años de prisión.
Resumen: Tras la reforma operada por la LO 41/2015, para los recursos contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, se excluye, por tanto, la posibilidad de invocar vulneración de precepto constitucional, de suerte que la impugnación sólo adquiere sentido "...cuando el objeto del recurso gira en torno a la discusión acerca del acierto en el juicio de subsunción". El TC inadmitió un recurso de amparo frente a una providencia de inadmisión del Tribunal Supremo, acogiendo como fundamento de su decisión el tenor literal de los arts. 847.1 b) y 792.4 de la LECrim, el preámbulo de la Ley 41/2015, el propio Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 9 de junio de 2016, y la jurisprudencia de esta Sala. El delito de acoso laboral ha de ser entendido como hostigamiento psicológico en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Supone, por tanto, un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática.
Resumen: Contenido del recurso de casación contra sentencias que hayan sido objeto previamente de un recurso de apelación. Diferencia esencial entre el recurso de apelación y el recurso de casación. El objeto del recurso de casación es la sentencia de apelación. Incongruencia omisiva: requisitos necesarios. Posibilidad de que se dé una desestimación implícita. Este motivo debe referirse a la ausencia de contestación a las pretensiones jurídicas. Se exige también que se solicite la subsanación o complemento. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: motivo no planteado per saltum. Atenuante de reparación del daño: no puede atribuirse efectos reparadores al pago de la responsabilidad civil. La atenuante de reparación del daño exige que se trate de un pago relevante y no puede ampararse en la supuesta precariedad económica. En casos de agresiones sexuales, no puede admitirse un sistema objetivo de reparación de daño. Presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se invoca su vulneración en casación y ha habido un recurso de apelación previo. Dolo de matar: criterios de valoración y examen para su apreciación. Inferencia suficiente y racional del dolo de matar. Doble modalidad del dolo: directo y eventual. Alevosía: la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. Supuestos en que no se excluye. Desistimiento voluntario: discusión doctrinal. Requisitos: Necesidad de que sea eficiente. No concurre.
Resumen: La protección de la víctima, en línea con una tendencia supranacional que se ha hecho realidad en nuestro país mediante la aprobación de la Ley 4/2015, 27 de abril, no puede hacerse depender de un impulso emotivo de solidaridad que no tenga verdadero anclaje en los principios determinantes de la imposición de una pena. Es difícil, en términos de estricta legalidad, censurar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El razonamiento que late en esa explicación parece inobjetable. No se trata de preservar la tranquilidad de una localidad de las características demográficas de Cambrils frente al peligro que podría suponer la libertad de una persona con un historial delictivo más o menos extenso. La tragedia de la que da cuenta el relato de hechos probados tiene un origen muy concreto y un motivo desencadenante, ligados ambos a disensiones personales derivadas de una deuda económica respecto de la que existe plena constancia. De ahí que no se trate de proteger a una población frente a un sujeto peligroso, sino de preservar a los familiares de la víctima de la turbación que seguiría a un encuentro indeseado con el autor.
Resumen: Cabe la casación contra un auto de sobreseimiento libre recaído en un procedimiento abreviado competencia del Juzgado de lo Penal, y dictado por la Audiencia Provincial, sin necesidad de previa apelación, siempre que exista resolución judicial de imputación, por vía del art. 848 LECrim, y exclusivamente por infracción de ley del art. 849.1 LECrim. Si el asunto es competencia de la Audiencia, sí será preciso el previo recurso de apelación del art. 846 ter LECrim. El uso por el no titular de una tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad es atípico. Se trata de un documento oficial, con lo que su uso debe penarse por vía del art. 393 CP, que exige el perjuicio a tercero. Este elemento intencional debe identificarse con un perjuicio real y efectivo, no meramente hipotético, por respeto al principio de intervención mínima. Tampoco puede identificarse con un interés general cuya tutela corresponde al Estado porque se daría un efecto expansivo que penaría toda conducta de uso, en contradicción con el art. 393 CP. Pese a la analogía con el uso de otros certificados (tarjeta ITV), se trata de un documento oficial, cuyo uso ineludiblemente nos sitúa en el art. 393 CP. Algo de paradójico hay en esa conclusión. Lo más grave (uso de una certificación oficial de trascendencia en el tráfico jurídico por quien no es su titular) resultará atípico; siendo punible, en cambio, lo menos grave, pero esa falta de lógica es predicable de la ley.
