Resumen: El recurso se interpone por el Ministerio Fiscal, en virtud de la legitimación que le otorgan los arts. 961 y 955 LECrim. El Juzgado de lo Penal nº 3 de Gerona dictó sentencia en el año 2015, condenado al acusado por un delito del art. 227.1 del CP, por el impago de las pensiones dejadas de abonar entre enero y diciembre de 2008. Ese mismo Juzgado había acordado su condena en sentencia dictada en el año 2014, por el mismo delito, derivado del impago de las pensiones impagadas desde enero de 2006 a septiembre de 2009. En consecuencia, los hechos enjuiciados en el segundo procedimiento ya habían sido objeto de condena. El recurso de revisión se estima, puesto que concurre la causa legalmente prevista por el art. 954.1.c LECrim. Se acuerda anular la segunda sentencia, así como la dictada en apelación por la Audiencia Provincial que confirmó la sentencia recurrida.
Resumen: El llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario con el que se pretende, fundamentalmente, encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenado. Supone la revisión, así pues, una derogación para el caso concreto del principio preclusivo de la cosa juzgada que persigue mantener, en la medida de lo posible, el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y las de la seguridad jurídica En trance de decidir qué resolución se anula ha de darse prevalencia a la primera sentencia frente a la segunda. Tal solución se apoya en la doctrina sobre los efectos de cosa juzgada material de las sentencias firmes, que veda que puedan volver a ser juzgados los hechos ya sentenciados.
Resumen: El TS valida el pronunciamiento absolutorio, pues el principal acusado maneja las cuentas del fallecido tanto cuando está vivo, como cuando ha fallecido, como también de las sociedades de las que este es administrador, sin embargo no lo hace en función de ninguno de los títulos posesorios del actual art. 253 CP. Los movimientos posteriores a su muerte son porque la oculta al empleado del banco con quien venía operando. Sin negar la eventual relevancia penal de ese comportamiento, al no encajar en estos delitos, por respeto al principio acusatorio, llevan a la absolución. Diferencias entre apropiación indebida y hurto (el servidor de la posesión). Y en relación con la estafa, valida la condena pues el mismo acusado, aprovechando la confianza que deposita en él la exesposa de fallecido, que ignora por completo nuestro idioma, y para que gestione lo que queda en una de sus sociedades, consigue que le otorgue un "poder de ruina", que aprovecha para vender esa sociedad a la otra acusada con quien está de acuerdo. Es un segmento fáctico, distinguible del anterior, que permite la condena por estafa, con la agravación específica de abuso de relaciones personales.
Resumen: El motivo único por error en la apreciación de la prueba infringe lo dispuesto en el art. 874 LECrim al mezclar cuestiones propias de otras vías casacionales. Pese a ello, se resuelve el recurso por el respeto a la voluntad impugnativa del recurrente. Habitualidad del maltrato e infracción del principio "non bis in idem". Cabe la punición por separado de los delitos de lesiones. La habitualidad no depende de la acreditación de un número específico de actos violentos, sino de la creación de un estado de permanente violencia que afecta a la estructura básica de la convivencia desde el respeto y la dignidad de la persona. Subtipo agravado art. 180.1.1ª. Grado de violencia o intimidación superior al necesario para vencer la negativa de las víctimas y que dicha violencia o intimidación ha de conllevar un trato humillante, envilecedor o de innecesario maltrato o padecimiento. Distinción entre unidad de acción y delito continuado. Concurrencia error invencible de prohibición. La inusitada violencia de los hechos elimina cualquier posibilidad de error. Agravante de parentesco. La situación de pareja con convivencia se incluye en el parentesco y es asimilable a la matrimonial. Compatibilidad agravante parentesco y de género. Lesiones agravadas en el ámbito familiar no se subsumen en el delito de agresión sexual. Delito contra la intimidad relativo a la revelación de secretos art. 197.1 y 5. Indemnización por daños morales. Trastornos de personalidad y consumo bebidas alcohólicas.
Resumen: Lo que determina la frontera entre el actuar doloso y el imprudente, es que, en este último, aunque se exija la previsibilidad y evitabilidad del resultado producido, a partir del riesgo ocasionado, no puede afirmarse ni la alta probabilidad de su producción ni la representación consciente del agente ni, por ende, la aceptación, o incluso desprecio, por la eventual causación de semejante consecuencia. En el dolo eventual el agente se representa el resultado como posible. En la culpa consciente no se quiere causar la lesión, aunque también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro, pero se confía que no se va a producir el resultado. Los atacantes fueron dos contra uno, portaron una barra metálica de grandes dimensiones. La agravante de abuso de superioridad viene determinada por el número de atacantes, por los instrumentos utilizados en el ataque y por el carácter sorpresivo del mismo. En la agresión en grupo, cuando todos los sujetos emplean contra el agredido una violencia de análoga intensidad, de todos debe ser predicado el co-dominio funcional del hecho, en cuanto la actuación de cada uno contribuye por igual a anular o disminuir la resistencia de la víctima y, además, la iniciativa de cualquiera de ellos podrá determinar el cese de la agresión. El elemento subjetivo de la coautoria, acuerdo de voluntades, puede ser un acuerdo tácito. Son coautores todos los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan colectivo.
Resumen: Tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado no puede exigirse a los ciudadanos el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que puede exigirse a un Juez profesional. No cabe otra opción que analizar, en cada caso, si el juicio de autoría proclamado ha tenido como fundamento el material probatorio generado en el plenario o, por el contrario, la percepción colectiva, anticipada e inducida por los medios de comunicación. No existe una presunción de parcialidad de un Jurado por la circunstancia del carácter mediático de un juicio. No existen incongruencias entre el relato de hechos probados y la argumentación contenida en la fundamentación jurídica. No se establece con carácter general que las labores de vigilancia realizadas previamente sobre la víctima deban ser consideradas siempre como actos de autoría por cooperación necesaria. El acuerdo previo sin más es insuficiente para construir la coautoría. Su actuación se limitó a compartir las labores de vigilancia de la víctima y en entregar la motocicleta. Por ello su intervención fue la de un simple auxiliar eficaz para el éxito de la empresa criminal. Su aportación al hecho desde luego tuvo eficacia causal en el comportamiento del autor y supuso un incremento relevante de las posibilidades del éxito de éste y, con ello, de la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico, pero no fue ni esencial ni decisiva, por el contrario fue esporádica y escasa, por lo que pudo ser fácilmente reemplazable.
Resumen: Interpretación del concepto de "de cualquier otro modo explote económicamente". Tal concepto tiene cabida en el supuesto enjuiciado en el que la recurrente explota económicamente unos ordenadores y sus programas informáticos sin la licencia de utilización que permite su explotación comercial. Se trata de una actividad negocial, un locutorio, que posibilita el acceso a Internet a partir de ordenadores que albergan programas informáticos, hardware y software, que requieren de licencias que permitan su utilización, al tratarse de obras documentadas que son creación del espíritu con un contenido original y protegido por el ordenamiento. Asimismo, el TS declara que la conducta enjuiciada no puede encontrar amparo en el principio de intervención mínima pues el principio de intervención mínima orienta al legislador a la hora de ordenar los instrumentos de protección de los distintos bienes jurídicos, es el principio de legalidad el que rige la actuación de jueces y tribunales.
Resumen: Se analiza la condena por un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y víctima especialmente vulnerable, en razón a su enfermedad y discapacidad, de los arts. 139.1.1ª y 3ª y 2, y 140.1.1ª CP y condena a la pena de prisión permanente revisable. Se analiza: 1) la renuncia del acusado a su abogado de oficio el mismo día del juicio, una vez constituido el Jurado, que se rechaza por abuso de derecho y fraude de ley; 2) motivo por error iuris; por vulneración del principio non bis in idem, al entender que concurre una alevosía de desvalimiento, que se descarta, porque no se trata de un bis in idem, sino un altera in idem, y se efectúan consideraciones para diferenciar el presupuesto fáctico de la alevosía (por razones de indefensión), del desvalimiento (por razón de la grave discapacidad de la víctima); en todo caso es irrelevante, porque concurriendo ensañamiento, basta una sola variable de alevosía para imponer la pena de prisión permanente revisable (art. 140.1 CP); 3) vulneración del principio acusatorio, porque se mantiene un presupuesto fáctico base para subsumir en el un delito de maltrato habitual, que se extrae de la acusación con anterioridad al juicio; motivo que se rechaza por cuanto que, al margen la relevancia penológica, por ser la pena la de prisión permanente revisable, se aprecia la agravante de género.
Resumen: Condena a un padre como cooperador necesario ex art. 28 b) CP por delito del art. 384.2 CP al coadyuvar en la conducta del hijo de ocho años de edad de conducir, éste, un vehículo de motor mientras le grababa. Concurrencia de la cooperación necesaria en el tipo penal del art. 384.2 CP en la conducción sin permiso de conducir. Reproche penal de la conducta del padre, dado que colabora en que un tercero que no tiene permiso de conducir circule con vehículo de motor concurriendo el elemento subjetivo y objetivo. El art. 384 CP tipifica un delito de peligro abstracto, en el que se considera que la mera actividad de conducir sin la autorización administrativa acreditativa de los conocimientos y habilidades para ello, supone un riesgo o peligro grave para los bienes jurídicos protegidos (vida e integridad física de las personas y seguridad vial), por lo que dicha conducta, aun cuando no se produzca un resultado lesivo concreto es merecedora de sanción penal. Y los colaboradores necesarios en esta conducción serán responsables penalmente. La circunstancia de que el menor esté exento de responsabilidad penal no impide que el garante, que debió evitar que sucediera el hecho probado, sea el que permite y ayude a que se perpetre, grabando, además, su comisión conduciendo el vehículo de motor, es decir, habiéndole permitido y ayudado el padre a que conduzca como lo hizo.
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función del TS no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede y debe verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Dilaciones indebidas: se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. Debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes. Se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Abuso sexual, prevalimiento; se concluye su concurrencia dado que el acusado, mucho mayor en edad que la niña, aprovechó su condición de educador en el centro en el que vivía ésta, que funcionalmente representaba para ella no tan sólo un hogar sino un lugar concebido para su protección, así como el singular liderazgo o ascendencia que proyectaba sobre el conjunto de los menores. Reparación del daño: la sola concurrencia de los elementos ya contemplados en la descripción de la circunstancia atenuante genérica, no puede, por sí, demandar su aplicación como muy cualificada.
