Resumen: El objeto del Veredicto tiene como finalidad fijar definitivamente los hechos sobre los que se debe pronunciar el Jurado, una vez practicada la prueba y fijadas las conclusiones definitivas de las partes, facilitando la deliberación de los Jurados a fin de que éstos se pronuncien sin contradicciones, siguiendo un orden que permita decidir sobre todos y cada una de las cuestiones necesarias para al pronunciamiento final. El Magistrado-Presidente está vinculado por el principio acusatorio que obliga a limitar el enjuiciamiento, entre otras precisiones, a los hechos objeto de acusación, y por el derecho de defensa, que impide condenar por unos hechos que no hayan podido ser objeto de contradicción en el juicio plenario. Principio acustorio: lo exigible es que se respete el hecho en su esencialidad, que no se altere su identidad básica, que no se introduzca por el Juzgador material fáctico (en el sentido de conductas relevantes penalmente y esto ha de enfatizarse ahora) distinto del aportado por la acusación. Eso no significa que el Tribunal no pueda añadir matices, y datos complementarios u ofrecer una versión distinta en lo esencial de los hechos. Sí puede enriquecerlos en cuestiones accesorias o especificarlos, o concretarlos. Relación concursal entre el delito de incendio y los delitos derivados de los daños físicos. Posibilidad de integrar el tipo subjetivo del delito de asesinato con dolo eventual.
Resumen: El recurrente no reconoce ni plena ni significativamente los hechos de la acusación. Solo reconoció elementos de incriminación inevitables, haciendo girar su versión de lo acontecido sobre circunstancias fácticas bastante alejadas de los términos de la acusación formulada. Dicha narración adaptiva puede tener una legítima intención defensiva, pero neutraliza toda expectativa razonable de atenuación porque poco o nada tiene que ver con el sentido y la finalidad de la confesión. No se identifica ni un solo dato que sugiriera que el hoy recurrente sufría algún tipo de discapacidad que le impidiera o limitara mínimamente comprender sus derechos defensivos. Para poder imputar el tipo de trata de seres humanos con fines de explotación sexual basta con que una persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar o favorecer dicho resultado. Se desarrolló una muy cualificada conducta tanto de transporte como de traslado típicamente relevante. Y ello porque, además de conocer y aprovecharse para su ejecución de la vulnerabilidad de la víctima, se representó la finalidad de explotación sexual a la que servía. La identificación de una estructura tendencialmente estable de actuación secuenciada, coordinada y planificada, en la que interviene un número de personas que supera con creces el límite de "más de dos" al que se refiere el artículo 177 bis 6 CP, permite concluir normativamente sobre la existencia de "organización".
Resumen: Se produjo vulneración del derecho a la presunción de inocencia, derecho de defensa y a la celebración de un juicio con todas las garantías. Se revoca la condena. La exploración de los menores no tuvo lugar ni en la instrucción, ni en el juicio oral. El tribunal valoró como única prueba la intervención de las psicólogas-psiquiatras, como peritos-testigos de referencia, sobre lo que los menores refirieron en entrevistas que no fueron grabadas, sin control judicial y sin intervención de las partes. Contexto normativo, derecho comparado y jurisprudencia TS, TC y TEDH. La validez probatoria del testigo de referencia se halla condicionada por la plenitud del derecho de defensa, de modo que en la medida en que el recurso al testigo de referencia impidiese el examen contradictorio del testigo directo resultaría constitucionalmente inadmisible. Los informes de los peritos sobre la credibilidad de menores no pueden suplantar el papel del juzgador. Esta pericial facilitará pautas para la valoración.
Resumen: Reconversión del recurso dados los defectos formales en su planteamiento. Denegación de diligencia de prueba: se alega falta de aportación de ciertas pruebas a las actuaciones. La cita del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que rige la carga de la prueba se refiere al proceso civil y, por ello, no es admisible. No es posible la traslación absoluta de los principios que rigen el proceso en otros órdenes al proceso penal. La defensa del recurrente omitió reproducir la petición al inicio de la vista oral. Presunción de inocencia: declaraciones contradictorias. El recurso ignora la contestación a la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia del Tribunal Superior de Justicia, con la que se satisface la exigencia del artículo 14.5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como el órgano de apelación no ha presenciado la práctica de la prueba, la labor del órgano de casación consiste en valorar si la respueta del Tribunal de apelación ha sido racional y si se ha respetado al doctrina al respecto de la Sala II y del Tribunal Constitucional. No hay espacio para estimar que la muerte de la víctima fuese el resultado de una mala praxis médica. Las contradicciones de los testigos entre las declaraciones policiales y las de plenario no pueden hacerse valer como fundamento de su alegación. Quebrantamiento de medida cautelar: irrelevancia del consentimiento de la víctima. Maltrato habitual: no hay vulneración del principio non bis in idem.
Resumen: El art. 295 CP reprueba la conducta de quien rompe los vínculos de fidelidad y lealtad que le unen con la sociedad y, con ello, causa un perjuicio a la misma. En suma, si su conducta no es leal y reúne todos los requisitos del tipo penal (arts. 295/252 CP) entra en el ámbito de lo penalmente relevante. Para estimar el motivo del artículo 851.1 LECrim se exige: a) que en el factum exista una imprecisión; b) que ello impida una correcta subsunción; c) que se produzca un vacío en la descripción histórica del hecho declarado probado. Será inevitable que ciertos actos de administración desleal o fraudulenta sean subsumibles al mismo tiempo en el art. 252, y en el 295 del CP, porque los tipos en ellos descritos están en una relación semejante a la de círculos secantes, de suerte que ambos artículos parcialmente se solapan. Pero este concurso de normas, se ha de resolver, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.4 CP, es decir, optando por el precepto que imponga la pena más grave
Resumen: Recurso de revisión interpuesto por darse dos sentencias condenatorias por un delito de quebrantamiento de condena sobre los mismos hechos. Vulneración del principio non bis in idem. Introducción en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la Ley 41/2015, de la referencia expresa como causa de revisión de la existencia de doble condena por los mismos hechos. No se aplica al presente caso, por ser las sentencias anteriores a la entrada en vigor de la Ley citada. Pese a ello, no hay obstáculo para estimar viable la pretensión. La enumeración de los motivos de revisión es en principio taxativa y cerrada, dada su naturaleza extraordinaria. Sin embargo, esto no impidió que se admitiesen otras situaciones junto a los supuestos legales, entre ellos el aquí contemplado. A impulsos jurisprudenciales, se extendió su cobertura a los casos de duplicidad de condenas ya firmes por unos mismos hechos. No había otra vía de solución para estos casos que el procedimiento de revisión. Hubo profusa jurisprudencia relativa a que, aunque la duplicidad de condenas no se hallaba prevista en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debía posibilitarse su revisabilidad, al estar recogido el principio non bis in idem en varios textos legales. El criterio seguido la Sala IIª es el de anular el segundo pronunciamiento.
Resumen: Extensión de la libertad vigilada: el artículo 105 del Código Penal determina que podrá acordarse, en los casos legalmente previstos, por un tiempo no superior a cinco años, entre otras, la medida de libertad vigilada. Bien es verdad que el número segundo de dicho precepto permite que la extensión de la libertad vigilada pueda serlo de hasta diez años, "cuando expresamente lo disponga este Código". El artículo 140 bis del Código Penal, determina que a los condenados por uno o más delitos de los comprendidos en este Título (por lo que ahora importa: por delito de asesinato) "se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada". Sin embargo, ello solo autoriza a establecerla hasta un límite máximo (general) de cinco años ( artículo 105.1). Cuando, conforme a la previsión contenida en el artículo 105.2 del Código Penal, ha querido el legislador sobrepasar este plazo como límite máximo, pudiéndose llegar hasta los diez años, así lo ha hecho, tal como dicho precepto le impone, de manera expresa (por ejemplo, artículos 192.1 o 579 bis 2). Siendo medida de carácter facultativo en el delito de asesinato, debe hacerse una valoración sobre el riesgo o peligro que pudiera representar el condenado, no ya para la víctima, que ha fallecido, sino para su familia o alguien de su entorno, pues el criterio de la gravedad, por sí solo, es insuficiente.
Resumen: Es patente la concurrencia de los elementos fácticos de la agravación por abuso de superioridad: la situación que resulta tanto por el empleo de los cuchillos, dos, como por el lugar en el que se desarrollaron los hechos -aprovechando que estaban solos y derivada de la desproporción producida por la distinta entidad física y el aprovechamiento de la confianza desde la familiaridad, conjunto de hechos que ha producido una notable reducción de las posibilidades de defensa de la víctima, no su anulación que incidiría en la alevosía; el agresor conoce y se aprovecha del desequilibrio existente, sin que esa situación de superioridad sea inherente al delito objeto de la imputación. Son requisitos de la confesión premiada, la veracidad de su contenido y la temporalidad, al verterse en tiempo hábil para facilitar la investigación. El sujeto ha de pretender la agilidad en la investigación y no es procedente cuando lo que declara lo es para justificar su acción que ya es conocida por la fuerza policial que acude inmediatamente al domicilio en el que ocurren los hechos. El fundamento de la agravación de género radica en la situación de discriminación hacia la mujer basada en la intención de dominación del hombre sobre la mujer, al considerarlo el autor como un ser inferior, sin derechos, y sin legitimidad para un comportamiento propio y desconectado del hombre.
Resumen: El recurso de revisión es un recurso excepcional que al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar, por ello, al principio de cosa juzgada, implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. El acusado ha sido condenado a sendas penas de multa, por un mismo delito de quebrantamiento de condena, previsto y penado en el artículo 468.1, in fine, del Código Penal y por unos mismos hechos, el no reingreso en un centro penitenciario después de disfrutar de un permiso de fin de semana entre las 9 horas del 27 de enero y las 19 horas del 29 de enero de 2017.La simple lectura de los hechos probados de ambas sentencias, que han sido transcritos con anterioridad, evidencia la identidad de los hechos y del condenado. Cuando se dictan dos sentencias condenatorias firmes contra una misma persona y por unos mismos hechos la segunda sentencia debe ser anulada a través del recurso de revisión porque lesiona, no sólo el más elemental sentido de la justicia, sino el principio del non bis in idem, así como la eficacia preclusiva inherente a la cosa juzgada de la primera resolución.
Resumen: La intromisión en el derecho de confidencialidad en la relación abogado-cliente puede suponer una restricción del derecho de defensa aun sin un aprovechamiento expreso y directamente relacionada con lo indebidamente sabido. Los presos gozan del pleno disfrute de sus derechos fundamentales, con la sola excepción de aquellos que estuvieran expresamente limitados por el fallo condenatorio, o por el sentido de la pena o por la ley penitenciaria, la anulación del secreto de sus comunicaciones con los abogados de su defensa solo podía estar amparada en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y que este precepto debe ser interpretado en el sentido de que solo puede desactivarse el secreto de la comunicación entre el interno y su abogado defensor, cuando se otorgue autorización judicial y limitado a casos de terrorismo. La intimidad, como valor susceptible de salvaguarda, hace referencia a aspectos vitales o de la personalidad sobre los que -legal o socialmente- se reconoce una legitimidad para preservarlos de toda divulgación pública, lo que no es predicable de las actuaciones delictivas del sujeto. Dilaciones indebidas muy cualificadas: en las sentencias de casación se suele aplicar en las causas que se celebran en un periodo que supera los ocho años de demora entre la imputación y el juicio. La prevaricación administrativa precisa de una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los administrados, el delito exige una resolución arbitraria.
