Resumen: Persona jurídica: la fuente de la responsabilidad criminal de los entes colectivos no puede obtenerse a partir de un modelo de heterorresponsabilidad o responsabilidad vicarial. Antes al contrario, esa responsabilidad ha de construirse a partir de un sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión. Es la ausencia de planes de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo. Recurso de casación: no cabe la casación ex novo, de suerte que sólo aquellas alegaciones que han sido reivindicadas y desatendidas en apelación pueden ser reproducidas en casación. Según el artículo 307.4 del CP, la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. Este precepto, como es obvio, no afecta al fundamento constitucional del principio non bis in idem, que impide quebrantar la medida de la culpabilidad en los supuestos de convergencia de los órdenes sancionadores penal y administrativo, pero autoriza la coexistencia de ambos expedientes. Fraude a la Seguridad Social: no castiga la iliquidez de las empresas, ni resucita la prisión por deudas. Exige una conducta defraudatoria, una infracción del deber mediante una conducta de ocultación de una realidad.
Resumen: Prohibición de reformatio in peius. La "reformatio in peius" se produce cuando la resolución del recurso determina una modificación perjudicial operada en fase de recurso que no es consecuencia de ninguna de las pretensiones deducidas ante el Tribunal a través de ninguno de los recursos admitidos a trámite. Maltrato habitual: la violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia aisladamente considerados y el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, como es el núcleo familiar. Esta autonomía del bien jurídico, de acción y de sujetos pasivos, unido a la situación de habitualidad que se describe en el art. 173.2 es el que permite con claridad afirmar la sustantividad de este tipo penal; los concretos actos de violencia solo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello ni el anterior enjuiciamiento de estos actos impide apreciar la existencia de este delito (se estaría en un supuesto de concurso de delitos, art. 77, y no de normas) ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, que de existir, son prueba de aquella, aunque no la única vía para su acreditación.
Resumen: En cuanto a qué se consideran bienes que integran el patrimonio histórico y que por lo tanto deben ser merecedores de especial protección no es necesario que los mismos estén inventariados como tales, sin perjuicio de que el inventario hace que los bienes tengan mayor nivel de protección, ni siquiera la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio condiciona la pertenencia al patrimonio histórico a que estén inventariados considerando ello sólo necesario para los que sean más relevantes. Una efectiva protección del patrimonio cultural exige que esta protección se produzca con independencia de la declaración formal del mismo realizada por los órganos administrativos o por la Ley. Consecuentemente y en definitiva, el elemento típico bienes de valor histórico, artístico, científico o cultural o monumental, integra un elemento normativo de naturaleza cultural a valorar judicialmente. En autos, no obran especiales esfuerzos por parte del autor, pero sí, al menos numéricamente, la efectiva restitución de una parte significativa de los efectos sustraídos, en virtud de entrega voluntaria por parte del acusado, cuando ya había cesado como párroco. Consecuentemente, dado el criterio objetivo de la atenuante, que no requiere contrición, sino efectiva reparación, que tampoco precisa que sea total, declarada la restitución de una significativa parte del número de los objetos sustraídos incluso con anterioridad al inicio del procedimiento, el motivo se estima.
Resumen: El recurrente impugna la decisión de acumulación de penas accesorias de prohibición de comunicación y/o aproximación acordada por el órgano judicial. El recurso es desestimado por respeto al principio constitucional de prohibición de la reformatio in peius, si bien la Sala aborda, en el ejercicio de la función monofiláctica que le corresponde, la cuestión suscitada para advertir de la improcedente actuación del órgano judicial al haber accedido a tal refundición. El mecanismo de la acumulación previsto en el artículo 76 CP, solo debe activarse respecto a penas privativas de libertad, pues es la ejecución de estas la que puede poner en alto riesgo los fundamentos constitucionales del sistema penal si no se contemplan fórmulas de atemperación de la suma aritmética de las impuestas. Las penas privativas de derechos, contempladas en los artículos 48 y 57 CP, además de su contenido ontológicamente retributivo, adquieren, también, una finalidad comunicativa y pragmática específica como es la de proteger a la víctima del delito del riesgo de nuevos ataques por parte del victimario. Su reajuste, adaptando su duración a la nueva pena global privativa de libertad, no solo comprometería el principio de intangibilidad de la sentencia, sino que afectaría de manera no justificada a los propios fundamentos de su imposición.
Resumen: Se estima el recurso de casación planteado por el Ministerio Fiscal en cuanto a la pena impuesta y se individualiza correctamente la pena de prisión, incrementándose la pena de 7 años de prisión impuesta en la instancia a 8 años, 6 meses y un día. Plantea la aplicabilidad de la especial vulnerabilidad y prevalimiento. Se desestima la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: El fundamento de la agravación de especial vulnerabilidad no está en la falta o limitación del consentimiento de la persona ofendida, sino en la reducción o eliminación de su mecanismo de autodefensa frente al ataque sexual. Se debe apreciar cuando es prácticamente imposible la defensa de la víctima. La cuestión se concreta en determinar si las circunstancias fácticas son suficientes para apreciar tanto la falta de consentimiento derivada de la falta de capacidad de la víctima (art. 181.2 CP) como la especial vulnerabilidad (art. 180.1.3ª CP). Debemos tener en cuenta que la expresión utilizada por el precepto legal resulta genérica y vaga en exceso, por lo que debe ser interpretada en un contexto agravatorio. Ello nos conduce lógicamente a efectuar una interpretación de carácter restrictivo, debiéndose resolver cualquier duda en el sentido de excluir la estimación de la circunstancia exasperativa. Del relato de hechos probados no se desprende que las víctimas se encontraran en situación que les hiciera especialmente vulnerables. Mas allá del debilitamiento, merma o dificultad para prestar libremente su consentimiento a la relación sexual de cada una de las víctimas como consecuencia del grado de discapacidad que presentaban, la sentencia no expresa circunstancia adicional alguna de la que se infiera un plus de antijuridicidad que configura el tipo agravado comentado, por lo que su aplicación en el presente caso vulnera el principio non bis in idem.
Resumen: Presunción de inocencia: el control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino prueba directa y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por la doctrina de la Sala II del TC como del Tribunal Constitucional. Delito de maltrato habitual: es esencial constatar la constante situación agresiva del autor hacia la victima, el delito consiste en ejercicio de violencia física o psíquica, con habitualidad, sin que requiera, además, la producción de un resultado material sino de peligro abstracto para la seguridad y salud personal de la víctima. En esta dirección debemos considerar la violencia como toda acción u omisión de uno o varios miembros de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u otras situaciones similares en los diferentes miembros de la misma.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso, absolviendo al recurrente del delito de estafa por el que había sido condenado. Los hechos que se declaran probados presentan imprecisiones y vacíos descriptivos que impiden apreciar la presencia de elementos que resultan esenciales para fundar el juicio de tipicidad. En especial, si existieron previas maniobras engañosas diseñadas y ejecutadas por el hoy recurrente, que actuó valiéndose del apoderamiento otorgado por los perjudicados. La existencia de un perjuicio patrimonial no entraña "per se" la existencia de un negocio civil criminalizado. Se confirma la condena de éste por el delito de insolvencia punible derivado de la transmisión del inmueble a una sociedad para evitar el embargo decretado. Idoneidad que no se ve afectada porque el inmueble se transmitiera a una sociedad de responsabilidad limitada de socio único. No tiene, por tanto, razón el recurrente cuando afirma que, en puridad, el bien transmitido se mantuvo en su esfera patrimonial. Desde que se perfecciona el negocio traslativo el bien se transmite a la mercantil, incorporándose a su patrimonio social, rompiendo todo lazo dominical con el socio transmitente. La absolución por el delito de estafa no hace desaparecer la antijuricidad de la acción. Es cierto que desaparece el título obligacional derivado de la comisión del delito, pero subsiste un daño como fuente obligacional. Relevancia penal de la acción que no queda desplazada por el principio de intervención mínima.
Resumen: Lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifican la intervención telefónica sea exteriorizada directamente en la resolución judicial. Sin embargo, esa premisa no impide que dicha intervención, según una consolidada doctrina de este Tribunal, cumpla el canon de motivación suficiente si, una vez integrada con la solicitud policial a la que venga a remitirse, contiene los elementos necesarios para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la proporcionalidad de la medida. La incongruencia omisiva es atendible en aquellos casos en que el tribunal no se pronuncie sobre el contenido de la pretensión, silenciando aspectos esenciales para la adecuada calificación de los hechos, sin perjuicio de la posibilidad de una desestimación implícita respecto de aquellas cuestiones que no han sido acogidas por el órgano decisorio. Lo que se viene conociendo como ruptura jurídica: en el momento en que se produce una condena por un delito continuado, o de tracto continuado, o permanente, o de hábito, o en varios actos (impago de pensiones) u otros caracterizados por venir integrados por acciones que se prolongan en el tiempo, se produce un punto y aparte. Las transcripciones, siempre que estén debidamente cotejadas bajo la fe pública del Secretario Judicial, una vez incorporadas al acervo probatorio como prueba documental, puedan ser utilizadas y valoradas como prueba de cargo siempre que las cintas originales estén a disposición de las partes.
Resumen: La sentencia examina los recursos interpuestos contra la decisión de la AN de ceder el conocimiento del procedimiento seguido por el fraude conocido como "Dieselgate" a favor de la Fiscalía alemana. A tal fin, considera dicha decisión justificada por las exigencias del non bis in idem, tras analizar las tres identidades que deben concurrir al efecto entre el procedimiento seguido en España y la investigación abierta en Alemania, bajo el análisis de la normativa y jurisprudencia internacional en la materia, con especial incidencia en el distinto régimen sancionador de las personas jurídicas establecido en ambos países. Descarta, asimismo, que se haya vulnerado el procedimiento previsto para la sustanciación de los conflictos de jurisdicción a través de Eurojust, previsto en la Ley 16/2015, de 25 de mayo, tanto en lo relativo a los requisitos de información, como en cuanto a los criterios de preferencia en los conflictos de jurisdicción, subrayando que la cesión de jurisdicción no supone una renuncia a la persecución penal de unos hechos, sino declinar la misma a favor de las autoridades judiciales de otro Estado, en la consideración de que se encuentran en mejores condiciones para llegar a desentrañar lo ocurrido y depurar las respectivas responsabilidades. Esta decisión tampoco conlleva la inaplicación de la Directiva 2012/29/UE; las autoridades alemanas han garantizado la tutela de los intereses de los perjudicados en España. La Fiscalía alemana es autoridad a estos efectos.
