Resumen: Condena el TSJ por delito de contrabando y delito contra la salud pública en concurso medial, ex art. 77.3 CP, revocando la absolución dictada por la Audiencia Provincial que excluyó el contrabando, si bien manteniendo los hechos probados. Interpreta para llegar a esta conclusión el nuevo RDL 16/2018 por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, que se aprobó para prevenir y luchar contra el narcotráfico por la mera tenencia de embarcaciones con unas determinadas características de extensión y potencia, considerándolas como género prohibido al objeto de considerar que la mera tenencia implica contrabando ex Ley 12/1995. Finalidad y análisis del nuevo RDL 16/2018 aprobado precisamente para resolver este tipo de hechos relativos a la tenencia de embarcaciones de determinadas características y su relación con el art. 2.2 b) Ley 12/195 que sanciona como contrabando la tenencia de género prohibido en el art. 1 a) y b) del RDL 16/2018. Correcta individualización judicial de la pena en 7 años de prisión y multas en aplicación del art. 77.3 del Código Penal. Aplicación correcta de la circunstancia de la extrema gravedad del art. 370.3 CP, al concurrir cantidad de droga aprehendida (casi 4.000 kilos de hachís) y uso de embarcación. No existencia de vulneración del non bis in idem.
Resumen: La sentencia analiza los caracteres del contrato de IATA con agencias de viajes y el sistema BSP establecido para la facturación y liquidación de los billetes, como título apto para la comisión del delito de apropiación indebida por el que resultó condenado el recurrente. Estima parcialmente el recurso en lo atinente a la apreciación del subtipo agravado del art. 250.1.5 CP en forma continuada. No es dable, sin quebranto del principio ne bis in idem, la aplicación del art. 74.1, cuando el perjuicio total computado conforme establece el art. 74.2, ha determinado la aplicación del art. 250.1.5º, al resultar superior a cincuenta mil euros, pero sin que conste operación suficientemente clarificada de apropiación individualizadamente considerada que hubiera excedido de esa cantidad. Desestima el recurso formulado por la aseguradora, abordando el análisis de los arts. 73 y 76 LCS en relación con el art. 117 CP. La cláusula de exoneración por conductas dolosas no puede afectar al perjudicado. La acción directa otorga a la víctima un derecho propio que no deriva solo del contrato sino también de la ley. Por tanto, no se ve afectado por las exclusiones de cobertura. El seguro de responsabilidad civil profesional concertado en autos por la recurrente, abarca la actividad de mediación entre los viajeros y prestatarios de los servicios utilizados por aquellos; en definitiva, garantiza que la asegurada responda ante las reclamaciones de terceros.
Resumen: Control casacional de la valoración de la prueba: ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia. Error de hecho: no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto. Contaminación acústica: es un ataque contra la salud y el medio ambiente. Es un delito de peligro abstracto-concreto o de peligro hipotético que no requiere la concreción del peligro como proximidad de amenaza inmediata para un bien determinado. Basta la producción de una situación de riesgo apreciada desde la perspectiva meramente ex ante. La valoración de la gravedad ha de atender a la continuidad e intensidad del ruido, así como a la prolongación en el tiempo, reiteración, continuas visitas de inspección, levantamiento de los precintos y mecanismos empleados para sortear la limitaciones impuestas sobre la fuente de contaminación o a la intensidad e ilegalidad de las emisiones.
Resumen: Recurso de las acusaciones y los condenados. Se rechaza que los hechos probados integren los delitos de apropiación indebida y administración desleal; así como la concurrencias de otros subtipos agravados que no fueron objeto de acusación. Se confirma la condena de los otros recurrentes. La sentencia de instancia no cuestiona que la intención inicial de los acusados fuera la de crear un colegio y que, en ejecución de este proyecto, captaron una serie de inversores e impulsaron distintas iniciativas orientadas a alcanzar su objetivo. Lo que la sentencia de instancia proclama es que, durante el desarrollo de esa iniciativa empresarial y concretamente a partir de enero de 2013, los acusados percibieron el fracaso del proyecto y, pese a ello, continuaron una labor de captación de fondos de los que se apropiaron, lo que extrae de nuevos elementos indiciarios que le permiten construir racionalmente esa conclusión. Tampoco concurre excepción de cosa juzgada, toda vez que la sentencia excluye de la condena aquellos hechos anteriores al año 2013 que fueron objeto de otro procedimiento que fue sobreseído. La condena que aquí se recurre descansa en hechos posteriores, con un pronunciamiento de responsabilidad diferente en atención a que se tiene por probado que los acusados, a partir de esa fecha, modificaron su comportamiento y, sabiendo que no cumplirían aquello a lo que se comprometían, convencieron a los inversores para que les entregaran un dinero que nunca devolvieron.
Resumen: Para evaluar si la abogacía del Estado tiene legitimación en este caso hay que enfocar el debate en torno al objeto material del delito, que en el caso del art. 156 bis CP serán los órganos humanos ajenos, definidos en el RD 1723/2012, de 28 de octubre, como aquella parte diferenciada del cuerpo humano constituida por diversos tejidos que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con un grado importante de autonomía y suficiencia, como riñones, corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino y demás con similar criterio. Ahora bien, el bien jurídico protegido es triple: Por un lado, la integridad física. Por otro también el sistema de salud, así como el principio de igualdad y la dignidad de las personas. Pero, también, incluso, puede señalarse que el bien jurídico protegido por el precepto es, entre otros, el sistema público de trasplantes. En este escenario es evidente la legitimación de la abogacía del Estado para intervenir en el presente proceso penal. El tráfico ilegal de órganos atenta contra la libertad y dignidad del donante al que se utiliza por su necesidad económica y se le ofrece precio para que en el sistema sanitario se proceda a la extracción de un órgano aparentando carácter altruista, pero, no lo olvidemos, utilizando el sistema sanitario nacional para este fin, pero con fraude de los autores del delito. Se ataca al donante, pero también al sistema sanitario del que se aprovecha el autor del delito.
Resumen: La ley adiciona a los actos de acoso objetivables un cierto elemento de carácter mixto subjetivo/objetivo, en cuanto se refiere a una afectación en lo externo por su cambio de vida y en lo interno por cuanto estos actos objetivos de acoso determinan un cambio en su estado de ánimo que influyen en su rutina. Y todo ello, al incluir en el tipo penal junto al acto de acoso la expresión de la alteración personal en la víctima del acto acosador, señalando que se castiga al que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Los actos objetivos de acoso del tipo son: 1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. 3. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Esta exigencia adicional a los actos objetivos de acoso de la afectación grave a la vida cotidiana de la víctima debe enfocarse a una persona media, huyendo de "susceptibilidades individuales", pero no es precisa su adición en los hechos probados porque se deduce de los actos ejecutados.
Resumen: La estimación en conciencia de las pruebas no debe entenderse o hacerse equivalente a un cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de directrices o pautas de rango objetivo. La revocación de la sentencia de primera instancia y la consiguiente absolución del acusado se basa, en primer término, en máximas de experiencia del propio TSJ que implican prejuicios por parte del mismo en cuanto a su extrañeza de la conducta de la denunciante desde el momento que conoce al acusado en el pub. Así mismo, pese a afirmar el Tribunal que no ha quedado probado móvil espurio alguno -todo ello tras un discurso con distintas conjeturas y estereotipos de género realizados por la Sala sin cita de apoyo probatorio alguno- afirma que el testimonio de la víctima no supera los parámetros de credibilidad objetiva o verosimilitud. La Sala lo único que razona es que los testimonios de los amigos de la víctima, no se trata de corroboraciones plenamente objetivas y eficaces, sin analizar el contenido de los citados testimonios, ya que los testigos que acudieron al juicio oral, son testigos de referencia de lo que la víctima les contó, y directos de lo que vieron y presenciaron en el momento que contactaron con la víctima, en relación al estado en que se encontraba la misma, que son valorados de forma pormenorizada por la Audiencia Provincial, por lo que para mantener un criterio contrario, resulta necesario que la Sala los analice.
Resumen: Persona jurídica: la fuente de la responsabilidad criminal de los entes colectivos no puede obtenerse a partir de un modelo de heterorresponsabilidad o responsabilidad vicarial. Antes al contrario, esa responsabilidad ha de construirse a partir de un sistema de autorresponsabilidad basado en la constatación de un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión. Es la ausencia de planes de prevención la que puede determinar la comisión de un delito corporativo. Recurso de casación: no cabe la casación ex novo, de suerte que sólo aquellas alegaciones que han sido reivindicadas y desatendidas en apelación pueden ser reproducidas en casación. Según el artículo 307.4 del CP, la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. Este precepto, como es obvio, no afecta al fundamento constitucional del principio non bis in idem, que impide quebrantar la medida de la culpabilidad en los supuestos de convergencia de los órdenes sancionadores penal y administrativo, pero autoriza la coexistencia de ambos expedientes. Fraude a la Seguridad Social: no castiga la iliquidez de las empresas, ni resucita la prisión por deudas. Exige una conducta defraudatoria, una infracción del deber mediante una conducta de ocultación de una realidad.
Resumen: Prohibición de reformatio in peius. La "reformatio in peius" se produce cuando la resolución del recurso determina una modificación perjudicial operada en fase de recurso que no es consecuencia de ninguna de las pretensiones deducidas ante el Tribunal a través de ninguno de los recursos admitidos a trámite. Maltrato habitual: la violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia aisladamente considerados y el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, como es el núcleo familiar. Esta autonomía del bien jurídico, de acción y de sujetos pasivos, unido a la situación de habitualidad que se describe en el art. 173.2 es el que permite con claridad afirmar la sustantividad de este tipo penal; los concretos actos de violencia solo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello ni el anterior enjuiciamiento de estos actos impide apreciar la existencia de este delito (se estaría en un supuesto de concurso de delitos, art. 77, y no de normas) ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, que de existir, son prueba de aquella, aunque no la única vía para su acreditación.
Resumen: En cuanto a qué se consideran bienes que integran el patrimonio histórico y que por lo tanto deben ser merecedores de especial protección no es necesario que los mismos estén inventariados como tales, sin perjuicio de que el inventario hace que los bienes tengan mayor nivel de protección, ni siquiera la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio condiciona la pertenencia al patrimonio histórico a que estén inventariados considerando ello sólo necesario para los que sean más relevantes. Una efectiva protección del patrimonio cultural exige que esta protección se produzca con independencia de la declaración formal del mismo realizada por los órganos administrativos o por la Ley. Consecuentemente y en definitiva, el elemento típico bienes de valor histórico, artístico, científico o cultural o monumental, integra un elemento normativo de naturaleza cultural a valorar judicialmente. En autos, no obran especiales esfuerzos por parte del autor, pero sí, al menos numéricamente, la efectiva restitución de una parte significativa de los efectos sustraídos, en virtud de entrega voluntaria por parte del acusado, cuando ya había cesado como párroco. Consecuentemente, dado el criterio objetivo de la atenuante, que no requiere contrición, sino efectiva reparación, que tampoco precisa que sea total, declarada la restitución de una significativa parte del número de los objetos sustraídos incluso con anterioridad al inicio del procedimiento, el motivo se estima.
