Resumen: En el apartado 2 del art. 588 quinquis b), se impone el deber de especificar el medio técnico que va a ser utilizado. No podemos banalizar el acto de intromisión estatal que la utilización de un GPS representa en el círculo de derechos fundamentales. Deben concurrir los principios de necesidad y proporcionalidad de la medida. La zona rural de asentamiento de los investigados y de plurales localidades donde se cometían y el horario nocturno de su acaecimiento, determinaban a su vez la necesidad de la medida. No resulta adecuado indicar que la pena conjuntamente impuesta posibilita establecer cuál es la parte de pena que corresponde a cada infracción, a través del prorrateo resultante de dividir el tiempo de prisión impuesto entre el número de infracciones delictivas que integran el continuum. No era posible concluir esa especial gravedad que se fundamenta en parte por los daños en la ejecución, en parte por la entidad del perjuicio originado, pues ninguno de los robos individuamente considerados, sería acreedor de la agravación por "revestir especial gravedad". De modo que penar conjuntamente estos hechos como delito continuado y a la vez como robo que reviste especial gravedad conculcaría, en este caso, el principio de non bis in idem. El importe de los daños ocasionados con los actos de fuerza, no es dable adicionarlos, con el importe del valor de los efectos sustraídos para configurar con esa mixtura una nueva causa de agravación, no prevista en la norma.
Resumen: La condena a título de responsabilidad civil derivada de delito no guarda relación directa con el derecho a la presunción de inocencia ya que este concepto alude estrictamente a la comisión y autoría de un ilícito en el ámbito sancionador y no a la responsabilidad indemnizatoria subsidiaria en el ámbito civil, aunque esta responsabilidad se derive de un delito declarado en sentencia penal, porque una vez apreciada la prueba en relación con la infracción criminal, la responsabilidad civil subsidiaria se produce como consecuencia de ciertas relaciones jurídicas o de hecho con los autores del delito. El engaño bastante que reclama el tipo debe entenderse como el idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude. Error que no puede medirse exclusivamente en términos psicológicos, como estado de ignorancia o de conocimiento manipulado del sujeto pasivo, sino que debe revestir también, relevancia normativa. Pero ello no se traduce en que para medir dicha idoneidad normativa solo pueda acudirse a módulos estandarizados de tipo objetivo o relacionados con la potencialidad engañosa para el "ciudadano medio". La situación de "ganarse la confianza" con aprovechamiento de su demencia, viene a integrar la esencia del delito de estafa, por ello no se puede- sin riesgo de vulnerar el non bis in idem volver a ser valorado para exasperar la pena mediante la aplicación del subtipo agravado.
Resumen: Se recurre la condena por un delito de quebrantamiento cuando ya existía una condena previa por diversos quebrantamiento cometidos en un período donde quedaría comprendido el hecho que da lugar a esta segunda condena. Se admite la posibilidad de formular recurso de casación por vía del art. 849.1 LECrim, por vulneración del principio non bis in idem. Ciertamente no se invoca una norma penal, pero sí una norma sustantiva que ha de tenerse en cuenta para la aplicación de la norma penal. Es principio constitucional cuyo componente sustantivo no puede olvidarse: muchas veces constituye la pieza clave para interpretar normas penales de inequívoco carácter sustantivo. En cuanto al fondo, debe tenerse en consideración que el TS ha abandonado la jurisprudencia que admitía la punición separada del hecho si no se contemplaba en la previa sentencia condenatoria. El delito continuado es una realidad sustantiva. Su aplicación no puede venir condicionada por avatares procesales. Solo cuando se interpone una denuncia o el sujeto activo conoce que existe una investigación respecto de los hechos, se produce lo que se ha venido en conocer como ruptura jurídica. Hasta ese momento todos los hechos constituyen una unidad a efectos penales sustantivos y su escisión vulnera el non bis in idem o el principio de proporcionalidad. Debe tenerse en consideración la anterior condena para verificar si la suma de ambas desborda la proporcionalidad y, en su caso, reducir o suprimir la segunda.
Resumen: El recurso de revisión constituye un medio excepcional que permite subsanar situaciones acreditadamente injustas, rescindiendo una sentencia firme a través de un nuevo proceso. Es clásica la jurisprudencia de la Sala II que conceptúa el recurso de revisión como un procedimiento extraordinario y autónomo, para rescindir sentencias firmes. Solo es admisible en supuestos legalmente tasados en que se ponga en evidencia la injusticia de una sentencia firme de condena. Con la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la reforma del art. 954 de la LECrm llevada a efecto por Ley 41/2015 se establece un supuesto específico en la letra c) del art. 954.1 como motivo de revisión: que sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. Reforma que no hace sino asumir la doctrina jurisprudencial de la Sala II. Supuesto que es de aplicación al caso analizado. De la documental acompañada el recurso se advierte que entre los hechos de una y otra sentencia existe la triple identidad de sujeto, objeto y fundamento.
Resumen: Prueba testifical preconstituida. Declaración del testigo víctima en el plenario. Nueva regulación operada por la LO 8/2021, de 4 de junio. Prueba pericial: exigencia de dos peritos para el procedimiento ordinario. Exigencia no esencial que no determina quebranto del derecho constitucional del debido proceso. Doctrina de la Sala. Atenuante de reparación del daño: improcedencia de apreciación como muy cualificada. Atenuante de dilaciones indebidas: no procede en un procedimiento por abuso sexual con una duración total de 2 años y 4 meses.
Resumen: Creación de una sociedad que persigue impedir que se puedan hacer efectivos los créditos de la Seguridad Social, desviando la actividad empresarial y su fondo de comercio a la nueva sociedad y dejando en insolvencia a la anterior. Los acusados constituyeron la nueva entidad, asumiendo la actividad empresarial de la anterior, pero procurando que ningún activo integrara ya el patrimonio de la entidad deudora frente a la SS. La intención de los acusados de dificultar la actividad recaudatoria de la TGSS se ve reforzada por la omisión en la solicitud de concurso del importe adeudado a la SS. Análisis de la vinculación de los pronunciamientos recaídos en otros órdenes jurisdiccionales: A los efectos de la eventual persecución penal es irrelevante la calificación del juez civil. Se estima parcialmente el recurso del autor principal: la duración del proceso es factor a tener en consideración para individualizar la pena. El importe de la deuda no forma parte de la responsabilidad civil en el delito de alzamiento de bienes. En cuanto al cooperador necesario, se acuerda la aplicación del art. 65.3 CP. La falta de toda motivación en la sentencia de instancia y la participación secundaria de este condenado avalan dicha aplicación. Análisis de la operatividad del principio de intervención mínima. Criterios de cuantificación de la cuota de la pena de multa.
Resumen: Varios recurrentes fueron condenados a la prisión permanente revisable en virtud de los arts. art. 139.1º y 3º y 140.1.1º CP, que no por el art. 140.2 CP, pese a haber cometido tres asesinatos. Al margen de descartarse en el caso la infracción del non bis in idem por la aplicación de la hiperagravación del art. 140.1.1º CP, se analiza la posible aplicación del art. 140.2 CP y considera que no se puede hacer depender del orden en la ejecución de las víctimas. La prisión permanente revisable no viene definida en el CP, sino que simplemente se describe en función o referencia a los criterios de su ejecución; donde el elemento que determina la posibilidad de cumplimiento es la denominada reversibilidad de la pena que se identifica con las condiciones de acceso a la libertad condicional. O dicho de otro modo, se impone prisión permanente, por vida, pero la pena es revisable; y las condiciones de revisión se regulan como una modalidad de libertad condicional o de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Plazos que vienen fijados en el art. 78 bis CP. El art. 140.2, en la agravación que implica, trata de simplificar e imponer una pena para el concreto supuesto real de las tres muertes, la de mayor gravedad posible. Esa conclusión de pena única por las tres muertes, permite concluir en obvia congruencia, que debe tratarse de muertes enjuiciadas conjuntamente. Lo que a su vez, cumplimenta que sean sancionados de esta manera, los asesinatos reiterados.
Resumen: Alcance del control casacional: frente a las sentencias de los TSJ que resuelven recursos de apelación el control casacional se limita a la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la violación denunciada en la segunda instancia. Prueba preconstituida de los menores de edad: posibilidad cuando se trate de víctimas menores de 14 años, sobre todo en casos de edades temprana se acuda a la vía de pruebas preconstituidas. Posibilidad introducida en la reforma LO 8/21, de 4 de junio, en el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Abusos sexuales, se recuerda que el hecho de que los menores de edad no expresen su queja ante hechos de contenido sexual de los que son víctimas de forma inmediata a los hechos ocurridos es algo habitual y normal. No puede pretenderse equiparar las reacciones de un adulto y un menor en un contexto de ataque sexual. Prueba pericial psicológica: No es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea decisoria. Lo contrario sería tanto como convertir al perito en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial.
Resumen: Quien, privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia para conducir, vulnera esa prohibición tras haber ingerido una determinada cantidad de alcohol, protagoniza un solo hecho, una sola acción que lesiona varios bienes jurídicos de tal modo que ninguno de los preceptos concurrentes abarca en su totalidad el reproche que merece la conducta. El reproche que se contiene en el artículo 379, precepto más grave, no contempla la totalidad del injusto efectivamente producido, lo que justifica la necesidad de acudir al concurso ideal de delitos. Cierto que las penas alternativas contempladas en ambos preceptos (prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad) resultan ser las mismas, por más que una de ellas, la multa, resulte ligeramente superior en el caso del artículo 384. Sin embargo, ha de reputarse más grave el delito contenido en el artículo 379.2 en la medida en que éste añade la imposición de una pena conjunta (privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores), que el otro precepto omite. Por eso, con la aplicación del precepto más grave, artículo 379.2, no puede considerarse colmada la totalidad del injusto que la conducta del acusado comporta, en tanto aquél no contempla la desobediencia o el quebrantamiento que la conducción sin licencia representa. Por lo hasta aquí explicado consideramos que la cuestión debe resolverse con aplicación de las reglas relativas al concurso ideal de delitos y no con las regulan el concurso real.
Resumen: Se recurre un auto sobre competencia para el enjuiciamiento: la acusación se formula por un delito de estafa con abuso de relaciones personales (artículo 250.1.6ª del Código Penal). No es dable que la Audiencia Provincial realice un juicio anticipado sobre su concurrencia, por tratarse de un aspecto de fondo, que solo podrá valorarse tras la celebración del juicio, con todo lo que ello comporta.
