• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10724/2019
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia: se pretende la nulidad por ausencia de la declaración de la víctima en el acto de la vista oral. Reglas para los casos de incomparecencia de la víctima menor de edad. El principio de contradicción exige como regla general la comparecencia de la víctima, aunque sea menor de edad. Derecho del acusado a interrogar a los testigos como parte del derecho a un proceso con todas las garantías. Si se opta por la prueba preconstituida, debe garantizarse la contradicción mediante la citación de las partes. La plena contradicción solamente es posible en el acto del juicio oral. Regulación protectora de los menores para evitar la victimización. Supuestos en los que resulta conveniente la incomparecencia del menor según resulta de informes que así lo acreditan. Justificación de la prueba anticipada para evitar la victimización. Necesidad de motivación de la excusa de comparecencia del menor víctima. En el caso, la incomparecencia de la menor se solicitó por el Ministerio Fiscal y su exploración se llevó a cabo bajo el principio de contradicción. Había constancia de que la menor sufría un trastorno. Presunción de inocencia: contenido cuando se alega en casación y ha habido un recurso previo de apelación. Existencia de prueba de cargo bastante. Valor de las pruebas periciales de credibilidad. Homologación operativa de los informes periciales psicológicos. Los informes de credibilidad son instrumentos de auxilio a la función judicial, pero no la reemplazan.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10718/2019
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La ruptura en el estado de antijuridicidad que encierra el delito permanente se produce cuando el sujeto activo ha sido objeto de un acto formal de imputación. El delito de colaboración con organización terrorista es un delito de mera actividad y de riesgo abstracto que se suele integrar por una pluralidad de acciones por lo que tiene la naturaleza de tracto sucesivo, añadiendo que el propio tipo penal se refiere a la colaboración en plural "...son actos de colaboración...". Por lo tanto, en atención a esa naturaleza, aunque para su consumación basta con un solo acto de colaboración, la existencia de varios de esa clase no supone la comisión de otros tantos delitos de colaboración, sino que todos ellos se integran en uno solo. Ello no significa que no sea posible establecer un corte temporal, de manera que los actos de colaboración realizados desde ese momento vinieran a constituir un nuevo delito. Varios actos de tenencia de explosivos con fines terroristas constituyen un solo delito si entre ellos no aparece una sentencia condenatoria, una detención o una imputación o citación para defenderse en la investigación seguida por unos hechos concretos. En el caso enjuiciado no ha existido vulneración del principio de cosa juzgada. Los hechos enjuiciados por la jurisdicción francesa son hechos desconectados de la inicial antijuridicidad que dio vida al delito que ahora centra la atención de esta Sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3489/2018
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abuso sexual a menor de trece años. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito de control casacional del respeto a la presunción de inocencia. El derecho de defensa. La declaración en el Plenario del menor víctima del delito: validez como prueba de cargo. La valoración del testimonio prestado por la víctima. La credibilidad del testimonio prestado por menores de edad. El valor probatorio de las pruebas periciales de credibilidad del testimonio. El prevalimiento de la relación de parentesco: el artículo 183.4.d) del Código Penal. El prevalimiento de la situación de parentesco o superioridad como fundamento agravatorio y la prohibición del non bis in idem. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1 LECrim. La individualización de la pena impuesta y el principio de proporcionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3665/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el Jurado y concretada por quien lo presidió en la sentencia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. Desde esta perspectiva, el control que corresponde al TS cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Compatibilidad entre el subtipo agravado de lesiones por el empleo de instrumento peligroso (artículo 148.1 CP) y la alevosía. Si bien, pueden producirse zonas de confluencia entre la alevosía y el uso de instrumento peligroso que comprometan el bis in ídem. Así será en el caso de que ese aseguramiento de la ejecución que caracteriza aquella y que determina el incremento de desvalor de la acción por el mayor peligro que supone para el bien jurídico, se alcance precisamente por el empleo de un instrumento cuya potencialidad lesiva elimine las posibilidades de reacción de la víctima, por ejemplo, el empleo de un arma. Pero no cuando la situación de indefensión que se aprovecha en la ejecución tenga orígenes diferentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 3081/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia. Valoración conjunta de los indicios. Problemática de las fotocopias. Delito continuado y tipo agravado del art. 250.1.6 CP. Estimación. Pleno Sala 30-10-2007. El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Si se trata de delitos patrimoniales la pena básica se determina en atención al perjuicio total causado. La regla del artículo 74.1 CP queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3297/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se enjuicia la realización de una pluralidad de actuaciones en municipio por altos cargos del gobierno municipal para transformar documentalmente suelo no urbanizable en urbano, consintiendo la construcción de inmuebles mediante la entrega de documentación alterando la realidad de la calificación del suelo. Respecto a la conducta del alcalde los doce hechos probados evidencian con claridad la conducta falsaria del art. 390.1.4º CP. No estamos en presencia de meras opiniones profesionales o simples valoraciones personales (como cita el tribunal para absolver), sino de verdaderas mutaciones o alteraciones sobre la verdad del hecho, al referirse el contenido del documento a calificaciones sobre la naturaleza urbanística de las fincas, realizada por quien tiene encomendada esta función para dotar al interesado de un título jurídico, cuando a sabiendas se conocía que no era así. La falsedad prevista en el apartado 4 del artículo 390.1, faltar a la verdad en la narración de los hechos, exige que lo que se reputa falso sea la consignación de un determinado hecho en el documento. La Sala respecto a la actuación de los particulares concluye que no se puede trasladar a éstos la comisión del delito del art. 319.2 CP cuando actuaron para la obtención de licencias y certificados administrativos y los obtuvieron. Que estas reúnan luego vicios de ilegalidad no convierte a los que la reciben en autores de un delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3726/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente, mediante precio, acordó con dos mujeres, que trabajaban en un club, trasladarse a su domicilio con la finalidad de llevar a cabo prácticas sexuales. Una vez allí, y sin su conocimiento ni consentimiento, les suministró, dentro de una bebida que él preparó, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo les causó lesiones. En cuanto al derecho al Juez ordinario, y la competencia territorial, la defensa del recurrente no cuestionó la competencia del Juzgado de instrucción, o la de la Sección de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos, en los momentos procesales oportunos. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, aunque su recepción tenga lugar con posterioridad a la expiración de los mismos. El hecho de suministrar la droga a las mujeres vino precedido de su posesión con finalidad de proporcionarla a terceros. La tenencia en esas condiciones supone ya el riesgo para la salud pública que se trata de evitar mediante la pena correspondiente a este tipo delictivo. Para la consumación habría bastado la tenencia con ofrecimiento a las mujeres, aunque éste fuera rechazado. Se aplica el subtipo atenuado, pues aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta de droga que el recurrente tenía en su poder, de los hechos resulta que no podía ser muy alta, dadas las circunstancias concurrentes. Es cierto que la utilización de la misma merece un especial reproche, pero éste queda comprendido en el delito de lesiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3918/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando el vehículo es utilizado como instrumento para causar con dolo directo las lesiones que sufrieron los peatones atropellados; se excluye la responsabilidad civil de la entidad aseguradora con arreglo al acuerdo de esta Sala de 24 de abril de 2007 relativo a la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Ahora bien, en el caso que ahora se enjuicia los riesgos generados por el vehículo se hallaban también cubiertos con una póliza de seguro voluntario. La aseguradora alega que las cláusulas generales de la póliza de seguro voluntario excluyen de la cobertura aquellos supuestos en que se utilice un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. Tal cláusula general es cierta. Sin embargo, a ello debe replicarse que la jurisprudencia viene estableciendo un distinto régimen de responsabilidad con motivo de la circulación de vehículos de motor cuando se opera con el seguro obligatorio y el voluntario.Con respecto a este se considera que no puede oponerse frente a las víctimas la "exceptio doli" , a tenor de lo que se dispone en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, la Sala II tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2625/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No toda modificación de conclusiones es admisible. El objeto del proceso, delimitado por el hecho punible y la persona o personas a quienes formalmente se les atribuye, ha de permanecer invariable.No cabe una alteración subjetiva que aboque a la introducción de nuevos responsables penales o civiles, ni tampoco una mutación de identidad sustancial del hecho. La modificación de conclusiones no puede en principio variar el objeto procesal sustituyendo unos hechos por otros distintos desde el punto de vista naturalístico, es decir, hecho entendido como suceso o acontecimiento; pero sí aquellos elementos factuales no sustanciales o su valoración jurídica. Cualquiera que fuera el motivo, la acusación pública no solicitó ni provisional ni definitivamente indemnización a cargo de la recurrente. La responsabilidad civil da respuesta a una acción distinta de la penal, aunque acumulada al proceso por razones de utilidad y economía procesal, con la finalidad de satisfacer los legítimos derechos (civiles) de las víctimas. Sin embargo, las acciones civiles no pierden su naturaleza propia por el hecho de ejercitarse ante otra jurisdicción, lo que implica que en su regulación el derecho civil resarcitorio de la infracción penal cometida desplace al derecho penal. Ello da entrada a al principio de rogación previsto en el artículo 216 de la LEC,que rige en relación al ejercicio de acciones civiles. De tal manera no cabe un pronunciamiento que exceda de las peticiones formuladas por las partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3342/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se excluye la aplicación de la agravante de parentesco cuando se trata de un delito cometido por omisión, cuando ha sido precisamente esa relación de parentesco la que ha determinado la condena de los padres por revestirles de la "posición de garante" respecto de su hijo. Son precisamente estos mismos deberes derivados de la relación parental los que, como infracción de un especial deber jurídico del autor, conforme a lo expresamente prevenido por el art. 11 CP, lo que determina la posición de garante y justifican la condena de los padree del menor como autores por omisión. Derivar de la misma infracción de los deberes parentales una circunstancia de agravación adicional implica una doble valoración, en perjuicio del reo, de una misma infracción, por lo que vulneraría el principio non bis in idem. En definitiva, la apreciación de la posición de garante por infracción de deberes parentales absorbe la agravante de parentesco, porque la condena ya integra el presupuesto de la agravación. En los delitos imprudentes los tribunales aplican las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior, y descartando la arbitrariedad y la falta de proporcionalidad de la pena fijada. La cuantificación específica de la indemnización señalada por el Tribunal sentenciador no es, por lo general, revisable en casación pues al no establecer el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.