• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10214/2020
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Una hipotética vulneración del principio non bis in idem, derivada de la doble valoración de la edad y de la superioridad del agresor -en este caso, el padre de la víctima- no coincide con la jurisprudencia de la Sala II. En el artículo 183.4 d) se agrava la pena cuando el autor se haya prevalido de una relación de superioridad para la ejecución del delito, supuesto que presenta diferencias sustanciales con el previsto en el artículo 181.3, en el que también se contempla un prevalimiento, aunque en esta ocasión dirigido a obtener el consentimiento de la víctima, al aprovechar el autor una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de aquella. En el primer caso, el sujeto se aprovecha de una relación de superioridad que le facilita la comisión del delito, facilitación que no opera sobre la base de obtener el consentimiento de la víctima, que siendo menor de 16 años nunca podría considerarse válido, sino en atención a las circunstancias que esa relación de superioridad trae consigo. La aplicación del apartado d) del art. 183.4 del CP exige la presencia en el hecho de un factor ajeno a la edad del sujeto pasivo. En el presente caso el acusado es el padre de la víctima. La relación de parentesco no sólo opera en términos objetivos, colmando la literalidad del art. 183.4.d), sino que además proporciona al autor una prevalencia que facilita sobremanera la estrategia de ejecución del hecho. La redacción de los hechos no es confusa. la defensa cuestiona la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3391/2018
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de malversación de caudales públicos requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) El autor debe ser funcionario público en los términos del art. 24 del Código Penal o resultar asimilado a la condición de funcionario por la vía del art. 435. b) Los efectos o caudales, en todo caso de naturaleza mueble, han de ser públicos cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de la misma. c) Los caudales o efectos públicos deben estar a su cargo por razón de sus funciones. La jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el requisito de la facultad decisoria del funcionario sobre los bienes en el sentido de no requerir que las disposiciones legales o reglamentarias que disciplinan las facultades del funcionario le atribuyan específicamente tal cometido, refiriéndose también a las funciones efectivamente desempeñadas. d) Como cuarto y último elemento, la acción punible a realizar consiste en "sustraer o consentir que otro sustraiga", lo que equivale a una comisión activa o meramente omisiva. En el ámbito penal, el artículo 404 exige que se haya dictado una resolución, y por exigencias propias del principio de legalidad, no puede ampliarse su concepto hasta desnaturalizarlo, incluyendo algo tan distinto como es un informe. La conducta ejecutada erróneamente por los funcionarios que dictaron las resoluciones son conductas que albergan una antijuridicidad penal objetiva y los actos que dolosamente inducen o cooperan a ella resultan penalmente ilícitos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 203/2020
  • Fecha: 28/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El motivo nuclear del presente recurso es el cuestionamiento del papel que desempeña la Junta Electoral Central, órgano previsto en la Constitución, como autoridad superior a los efectos de la tipicidad del art. 410.1 CP, y encargado de las garantías y supervisión de los procesos electorales, lo que constituye el motivo quinto en el que, además, se analizarán el funcionamiento y las exigencias que comporta el Estado de Derecho. Por ello el ámbito del presente recurso, no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral. La inadmisión liminar de la recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de abstención como en su invocación arbitraria, esto es, manifiestamente infundada, ya que este último comportamiento también constituye una evidente infracción del deber de actuar con probidad en el proceso, sin formular incidentes dilatorios, que resulta de la genérica obligación de colaborar en la recta administración de justicia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10735/2019
  • Fecha: 23/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Análisis de la circunstancia agravante de prevalimiento. El Código Penal define el prevalimiento con una nota positiva, como aquella situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima, con lo que se está expresando la doble exigencia de que exista una situación de superioridad y que ésta sea evidente y por tanto eficaz porque debe coartar efectivamente la libertad de la víctima, y como nota negativa, que lo separa de la intimidación, no tiene que haber un comportamiento coactivo que anule el consentimiento (ni mucho menos violento, aunque en nuestro casos también se aprecian episodios de esta naturaleza). El principio "non bis in idem". La continuidad delictiva en los delitos contra la libertad sexual.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10683/2019
  • Fecha: 17/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En primer término, el TS examina las deficiencias advertidas en la grabación del juicio oral con remisión al Pleno de Sala 24-5-2017 y la jurisprudencia que lo desarrolla y afirma que, en el caso concreto, sí puede entenderse lo que manifestaron los distintos comparecientes en el juicio oral, pese a los defectos apreciados en la grabación (reverberaciones, desfases entre audio y video, ruidos similares a interferencias), tal entendimiento de lo recogido en el soporte informático impide la existencia de la indefensión material, al encontrarnos ante meros defectos en la grabación del acta. El TS examina, asimismo, la declaración de la víctima para devenir como prueba de cargo y recuerda su jurisprudencia al respecto. En relación con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad declara que la relación de superioridad se aplica por la diferencia de edad (62-15), la especial limitación de la inteligencia de la víctima y las estrechas relaciones causifamiliares que determinaban la confianza que el menor tenía en el acusado y, por fin, en la convivencia de los dos solos durante la semana.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10001/2020
  • Fecha: 11/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reconocimiento de resolución judicial en la UE (Grecia). Se recurre el auto dictado por la Audiencia Nacional, adaptando la pena a la legislación española y debiéndose cumplir la pena en un Centro Penitenciario de España.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10088/2020
  • Fecha: 10/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de un supuesto en el que un administrador de hecho de una entidad constructora contrata servicios de grúas sucesivos durante más de un año, se gana la confianza con abonos iniciales y tras ello deja impagados el resto de estos servicios. Además, llega a despatrimonializar la sociedad, pese a seguir funcionando con otras empresas constructoras, pero con los mismos trabajadores. Afirma que el engaño fue bastante en el caso concreto pues fue determinante del desplazamiento patrimonial. Asimismo, afirma que y declara que la relación concursal entre ambos delitos es la del concurso real, ya que el patrimonio alzado no fue el obtenido con la estafa, por lo que no cabe hablar de mero agotamiento de lo conseguido con la estafa. En este sentido, afirma que debe ser sancionada la conducta como concurso real, cuando el objeto alzado no es el ilícitamente obtenido con la defraudación pero el autor extrae fraudulentamente de su patrimonio bienes para dificultar el debido resarcimiento, que podría derivarse de la previa acción defraudatoria a través de la obligación de resarcir los daños o perjuicios causados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10728/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La doctrina constitucional sobre la exigencia de motivar las resoluciones exige: a) el fundamento está en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo; b) no incluye el derecho a la obtención de una resolución en un determinado sentido; c) la motivación ha de ser suficiente, desde un punto de vista concreto, a la vista de las circunstancias concurrentes. Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica se exige la concurrencia de: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica. Cabe el concurso entre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, en concurso real con un delito de trata de seres humanos con fines explotación sexual. En el delito de trata de seres humanos se requiere que el autor conozca la situación precedente de la captación de la víctima y englobe su conducta en alguno de los verbos típicos de la acción. Y además que el delito no desaparece hasta que no concluya la vulnerabilidad, amenaza o intimidación a la víctima
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2432/2018
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por regla general la demolición deberá acordarse cuando conste patentemente que la construcción de la obra está completamente fuera de la ordenación y no sean legalizables o subsanables; o en aquellos supuestos en que haya existido una voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las órdenes o requerimientos de la Administración; y, en todo caso, cuando al delito contra la ordenación del territorio se añada un delito de desobediencia a la autoridad administrativa o judicial. De este modo, en principio podría estimarse bastante y suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del territorio unido a la persistencia o permanencia de la obra infractora para acordar la restauración del orden quebrantado, pudiendo admitirse como excepciones las mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la autorización administrativa, y aquellas otras en que ya se hayan modificado los instrumentos de planeamiento haciendo ajustada a la norma la edificación o construcción, esto en atención al tiempo que puede haber transcurrido entre la comisión del delito y la emisión de la sentencia firme. El incumplimiento de las normas urbanísticas por parte de otros vecinos no agota el bien jurídico y la necesidad de su protección, como no exime al acusado de sus obligaciones y de su propia responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 2428/2018
  • Fecha: 10/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sentencia de Pleno. Se tratan dos cuestiones: la posibilidad de acogerse a la dispensa del art. 416 LECrim. Cambio de jurisprudencia: corrección del Acuerdo Plenario de 23 de enero de 2018, declarando que no recobra el derecho de dispensa, quien ha sido víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular, aunque después cese en la misma. En segundo lugar se analiza la tipicidad del delito de allanamiento de morada cuando el acusado entró en la vivienda cuando no había recaído aún resolución judicial atribuyendo el piso a la esposa.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.