• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 353/2019
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede apuntarse que la demolición es una medida excepcional en el contexto del art. 319.3 CP, sino que es la forma de restaurar el orden alterado en el territorio. La demolición no tiene un carácter imperativo e ineludible sin más, y no cabe el automatismo en una decisión de esta naturaleza. No obstante, en el caso que se aprecie un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, la demolición debe ser la regla general. Tras la reforma por LO 1/2015 del CP se podrá ahora condicionar la demolición por parte del juzgador penal a la constitución de garantías que aseguren el pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe por parte del responsable civil, todo ello en función de las circunstancias concurrentes y oída la Administración competente, lo que no implica sino una nueva limitación (de carácter temporal) a la aplicabilidad judicial de la medida de demolición. Aunque se reconozca el carácter no preceptivo de la orden de demolición, debe realizarse una interpretación restrictiva de la potestad que el legislador confiere al juez penal en este punto, de modo que éste sólo podrá dejar de ordenar la demolición en supuestos muy excepcionales. En puridad, la demolición no se trata de una pena ni de una responsabilidad civil derivada del delito, sino de una consecuencia jurídica del delito. Se crea aquí un híbrido entre la pena y la responsabilidad civil derivada del delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 356/2019
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Vulneración de la presunción de inocencia: hubo prueba directa de la venta de una papelina de cocaína, y la causa ha tenido ya dos instancias. Motivo primero: infracción de ley: aplicación del subtipo atenuando del art. 368.2º del Código Penal. El Tribunal Superior de Justicia entendió que no se podía aplicar el subtipo atenuado, por unos aspectos de los que debe excluirse las causas pendientes de sustanciación por el mismo delito, porque no se conoce el desenlace de tales procesos penales en tramitación. Del resto de los elementos citados por el TSJ, no cabe considerar que se trate de un acto aislado de venta de una papelina de cocaína, es decir, de un hecho de escasa entidad (que no de escasa cuantía), por cuanto, aparte de la venta efectiva de una papelina de cocaína, el acusado tenía otra más dispuesta para la venta, más otras dos, de otra sustancia, como es la marihuana, sustancia que ciertamente no causa grave daño a la salud, y la cantidad de dinero que portaba, acredita que había vendido otras dosis más de otras sustancias, y había sido condenado en dos ocasiones, por hechos similares, por lo que no se puede mantener que se trate de un vendedor ocasional o esporádico, ni que su actividad sea de escasa entidad, dada la reiteración de tal comportamiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10152/2020
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presupuestos y límites de la adaptación de la sentencia dictada por los Tribunales de otro Estado, en los supuestos de traslado de personas condenadas. Análisis de las implicaciones jurídicas de la reserva formulada por España al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 y ratificado por España el 18 de febrero de 1985, con referencia a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. El recurso se desestima. En el caso, no existe desproporción penológica, ya que la pena impuesta no supera el doble de la máxima a imponer en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto no se puede entender que sobrepasa de forma muy desmesurada el marco punitivo señalado en nuestro Código Penal. Por tanto, no es incompatible la pena impuesta con la legislación del Estado de cumplimiento para la misma clase de delitos; además, se debe compensar el rigor de la pena impuesta mediante el ofrecimiento de regímenes penitenciarios atenuados existentes en España una vez cumplida la cuarta parte de la condena, con la posibilidad de concesión del régimen abierto a partir del cumplimiento de un tercio, y de la libertad condicional desde que se alcance la observancia de los dos tercios de la pena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 5146/2019
  • Fecha: 03/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la fauna. Sentencia de Pleno. Recurso contra una sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial. Pleno no jurisdiccional de la Sala IIª de 9 de junio de 2016: interpretación del artículo 847.1º letra b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solamente cabe recurso por infracción de ley. Debe también reunir interés casacional. Requisitos para estimar que el recurso tiene interés casacional. Se inadmite el primer motivo por referirse a un tema de presunción de inocencia. Se sostiene por el recurrente que la caza de una especie para la que existe periodo de veda, y por lo tanto, otro periodo en que puede ser cazada, es una infracción administrativa y no penal. Deficiente técnica en la redacción del artículo 335 del Código Penal. Aplicación heterogénea por las Audiencias Provinciales. Problemas interpretativos a raíz de su modificación por la Ley Orgánica 15/2003. Nuevo enunciado: caza o pesza de especies expresamente prohibidas. Dos elementos del tipo: acción de caza sobre especies no protegidas y sobre animales cuya caza estuviera expresamente prohibida. Norma penal en blanco: hay que acudir a numerosas normas de protección estatales y autonómicas. Compatibilidad con el principio de taxatividad. Razonabilidad de la imposición de vedas para la recuperación de la especie según su ciclo biológico. Se precisa un plus de ofensividad para que la infracción de las normas de todo tipo de caza adquiera dimensión penal, que se da en el supuesto de hecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2902/2019
  • Fecha: 30/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los elementos del delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar requiere, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Y que se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de la misma. Como tipo subjetivo, el conocimiento de estos elementos, es decir, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone. Recuerda la sentencia que en la jurisprudencia de la Sala no se exige como elemento del delito la existencia de un requerimiento previo con apercibimiento de incurrir en responsabilidad criminal, ni tampoco una comunicación de la fecha en la que comienza a ser efectiva la prohibición, lo cual resulta lógico si se entiende que, tratándose de una media cautelar, debe entrar en vigor desde el mismo momento en que se notifica, al obligado por la misma, la resolución en la que se acuerda. El tipo subjetivo, es decir, el dolo, no requiere más que el conocimiento del mandato judicial que incumbe al sujeto y que éste sepa que con su conducta lo incumple.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10281/2020
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La reiteración de actos violentos contra distintos componentes de la familia no da lugar a un concurso de delitos homogéneos en los que respectivamente se configure como víctima cada uno de los sujetos pasivos afectados. El bien jurídico que directamente protege el art. 173.2 CP es la pacífica convivencia entre personas conexionadas por los lazos familiares o por la estrecha relación de afecto, observada esta paz familiar como el bien grupal que plasma el legislador, por más que el bien jurídico asiente sus raíces en valores como la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, o proyecte su sombra sobre los derechos a la integridad personal o a que ninguno de sus componentes sufra tratos inhumanos o degradantes; bienes jurídicos estos últimos que, en función de los actos concretos que el sujeto activo realice y de quien sea la víctima de cada uno de ellos, encontrarán su protección singularizada en los correspondientes tipos penales, como el propio art. 173.2 contempla. Solo esta concepción del bien jurídico permite que la protección penal se dispense con independencia de quien de los integrantes concretos de la unidad familiar soporte cada uno de los habituales comportamientos violentos, y que se contemple una agravación específica cuando alguno de los actos de violencia se perpetre en presencia de menores. El nº de familiares afectados por el comportamiento violento es un parámetro que permite evaluar la antijuridicidad de la acción y la culpabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 20093/2020
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abandono de familia. Mujer que no escolariza a su hijo a su llegada a España, a pesar de tener éste dieciséis años. Recurso de revision: su enumeración es taxativa y cerrada en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se incluyen los casos en los que, sobre los mismos hechos, hayan recaido dos sentencias firmes. De la lectura de los hechos declarados probados, se comprueba que la acusada fue condenada por delito de abandono de familia en dos ocasiones por dos Tribunales diferentes, por hechos sustancialmente idénticos que no deberían haber dado lugar a dos sentencias diferentes, produciéndose así una vulneración del principio non bis in idem. Procede, por todo ello, anular la sentencia que se ha dictado en segundo lugar, manteniendo la firmeza de la primera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 2965/2018
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la exigencia de motivación de las sentencias. Distinción entre apropiación indebida y administración desleal. Criterios jurisprudenciales. Aplicación art. 65.3 en la apropiación indebida del art. 252. Concepto administrativo de hecho. Delito falsedad contable art. 290 CP. Notas características. Indiferente que las cuentas blanqueadas sean o no posteriormente aprobadas por la Junta General. Delito administración desleal art. 295 CP. Prescripción delito contable. Delito conexo con la apropiación indebida. Prueba pericial. Valoración del tribunal de distintos informes. Atenuante dilaciones indebidas. Doctrina de la Sala. Atenuante de "cuasi prescripción". No se aprecia. Ámbito de intervención del responsable civil subsidiario y posibilidad de impugnación cuestiones penales. Evolución jurisprudencial. Posibilidad en casación de revocar sentencias absolutorias o de agravar la calificación jurídica de la sentencia de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10253/2020
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La notificación a las partes del ponente de la resolución y, por tanto, de las sustituciones que puedan producirse, con indicación de las causas que justifiquen el cambio, constituye una exigencia del art. 203 de la LOPJ. Los derechos al juez predeterminado por la ley y a un juez imparcial correrían el riesgo de ser menoscabados si las partes no pudieran activar el instrumento de la recusación La Audiencia decidió sobre la base de unos indicios construidos y expuestos por la Juez Instructora, limitándose a verificar de forma aséptica si los indicios eran suficientes para adoptar las resoluciones Quien alega la falta de imparcialidad, debe poner de relieve las expresiones o comportamientos que durante el interrogatorio de las partes deben considerarse como determinantes de una pérdida de imparcialidad y neutralidad, proscritos por nuestra jurisprudencia. No basta la alegación genérica de la misma y que como se indica sea este Tribunal quien vea la grabación y saque sus propias conclusiones, por lo que la queja resulta inviable. El empleo de las pruebas que se proponen no resulta ineludible. Además, el principal factor de victimización secundaria para un menor es la sobreexposición a distintas evaluaciones-entrevistas que le suponen una reexperimentación continuada de emociones negativas y una sensación de descrédito (desconfianza), si se pone en cuestión su testimonio. El perito no puede usurpar la función de valoración de la prueba que corresponde al Juez.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 3895/2018
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las conclusiones de una Comisión Parlamentaria no vinculan al Poder Judicial ni suponen un presupuesto o condición procesal "sine qua non" para proceder en la jurisdicción penal. Concurso con delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios del artículo 441 CP. Necesidad de que exista cierta vinculación entre el puesto del trabajo del funcionario y el centro en el que se produjo el acto prevaricador. Concurso con el delito de fraudes y exacciones ilegales del artículo 436 CP. Se precisa concretar objetivamente el efecto perjudicial del contrato para el erario público, por más que se trate de un delito de mera actividad que no precise de la producción de perjuicio. En este caso el factum no concreta ese efecto perjudicial por lo que no cabe la condena por este delito. Error en el juicio histórico describiendo un hecho delictivo cuando en la fundamentación jurídica se descarta por inexistencia del elemento subjetivo del injusto. Aun cuando es una cuestión fáctica, en casos como el presente procede completar el relato fáctico y analizar si la prueba justifica la existencia del elemento subjetivo o no, pero teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la doctrina sobre revisión de sentencias absolutorias.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.