Resumen: Delito de impago de pensiones. El Ministerio Fiscal interpone recurso de revisión. Doble condena para el periodo contemplado en la primera sentencia, se incluyen también en la segunda. Excepcionalidad de los recursos de revisión: su objeto es la revocación de sentencias firmes y, por ello, es una excepción al prinicpio de cosa juzgada, en casos de error notorio y lesión, en definitiva, de la justicia material. Derogación casuística del principio preclusivo de la cosa juzgada, que busca el necesario equilibrio entre las exigencias ed la Justicia y las de la seguridad jurídica. Sólo cabe acudir a esta vía en los casos del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los casos de doble condena, y ante el silencio de la ley, se ha reconducido al artículo 954.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En estos casos, la doctrina de la Sala IIª se decanta por anyular la sentencia que abarca el periodo de impago más corto. Por ello, en el caso presente, se anula la sentencai dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, por abarcar un periodo temporal menor.
Resumen: Se condena por el Tribunal del Jurado por un delito de asesinato con alevosía, por especial vulnerabilidad de la víctima, con agravante de parentesco y género, a una pena de 23 años de prisión. El TSJ ratifica la condena en apelación por un delito de asesinato, al concurrir la agravante de alevosía, por sorpresa, pero aplica además el art. 140.1 CP, por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la agravante de parentesco y de género, por lo que se impone la pena de prisión permanente revisable. Se estima el recurso de casación y se condena por un delito de homicidio, agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y género, imponiendo una pena de 21 años de prisión.
Resumen: Tras la reforma operada por la LO 41/2015, para los recursos contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, se excluye, por tanto, la posibilidad de invocar vulneración de precepto constitucional, de suerte que la impugnación sólo adquiere sentido "...cuando el objeto del recurso gira en torno a la discusión acerca del acierto en el juicio de subsunción". El TC inadmitió un recurso de amparo frente a una providencia de inadmisión del Tribunal Supremo, acogiendo como fundamento de su decisión el tenor literal de los arts. 847.1 b) y 792.4 de la LECrim, el preámbulo de la Ley 41/2015, el propio Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 9 de junio de 2016, y la jurisprudencia de esta Sala. El delito de acoso laboral ha de ser entendido como hostigamiento psicológico en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Supone, por tanto, un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática.
Resumen: Contenido del recurso de casación contra sentencias que hayan sido objeto previamente de un recurso de apelación. Diferencia esencial entre el recurso de apelación y el recurso de casación. El objeto del recurso de casación es la sentencia de apelación. Incongruencia omisiva: requisitos necesarios. Posibilidad de que se dé una desestimación implícita. Este motivo debe referirse a la ausencia de contestación a las pretensiones jurídicas. Se exige también que se solicite la subsanación o complemento. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: motivo no planteado per saltum. Atenuante de reparación del daño: no puede atribuirse efectos reparadores al pago de la responsabilidad civil. La atenuante de reparación del daño exige que se trate de un pago relevante y no puede ampararse en la supuesta precariedad económica. En casos de agresiones sexuales, no puede admitirse un sistema objetivo de reparación de daño. Presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se invoca su vulneración en casación y ha habido un recurso de apelación previo. Dolo de matar: criterios de valoración y examen para su apreciación. Inferencia suficiente y racional del dolo de matar. Doble modalidad del dolo: directo y eventual. Alevosía: la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. Supuestos en que no se excluye. Desistimiento voluntario: discusión doctrinal. Requisitos: Necesidad de que sea eficiente. No concurre.
Resumen: La protección de la víctima, en línea con una tendencia supranacional que se ha hecho realidad en nuestro país mediante la aprobación de la Ley 4/2015, 27 de abril, no puede hacerse depender de un impulso emotivo de solidaridad que no tenga verdadero anclaje en los principios determinantes de la imposición de una pena. Es difícil, en términos de estricta legalidad, censurar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El razonamiento que late en esa explicación parece inobjetable. No se trata de preservar la tranquilidad de una localidad de las características demográficas de Cambrils frente al peligro que podría suponer la libertad de una persona con un historial delictivo más o menos extenso. La tragedia de la que da cuenta el relato de hechos probados tiene un origen muy concreto y un motivo desencadenante, ligados ambos a disensiones personales derivadas de una deuda económica respecto de la que existe plena constancia. De ahí que no se trate de proteger a una población frente a un sujeto peligroso, sino de preservar a los familiares de la víctima de la turbación que seguiría a un encuentro indeseado con el autor.
Resumen: Cabe la casación contra un auto de sobreseimiento libre recaído en un procedimiento abreviado competencia del Juzgado de lo Penal, y dictado por la Audiencia Provincial, sin necesidad de previa apelación, siempre que exista resolución judicial de imputación, por vía del art. 848 LECrim, y exclusivamente por infracción de ley del art. 849.1 LECrim. Si el asunto es competencia de la Audiencia, sí será preciso el previo recurso de apelación del art. 846 ter LECrim. El uso por el no titular de una tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad es atípico. Se trata de un documento oficial, con lo que su uso debe penarse por vía del art. 393 CP, que exige el perjuicio a tercero. Este elemento intencional debe identificarse con un perjuicio real y efectivo, no meramente hipotético, por respeto al principio de intervención mínima. Tampoco puede identificarse con un interés general cuya tutela corresponde al Estado porque se daría un efecto expansivo que penaría toda conducta de uso, en contradicción con el art. 393 CP. Pese a la analogía con el uso de otros certificados (tarjeta ITV), se trata de un documento oficial, cuyo uso ineludiblemente nos sitúa en el art. 393 CP. Algo de paradójico hay en esa conclusión. Lo más grave (uso de una certificación oficial de trascendencia en el tráfico jurídico por quien no es su titular) resultará atípico; siendo punible, en cambio, lo menos grave, pero esa falta de lógica es predicable de la ley.
Resumen: Bien jurídico protegido en las distintas conductas típicas recogidas en el artículo 189 CP. Captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico del artículo 189.1.a CP. Existencia de un delito por cada persona que es captada, sin que pueda configurarse el delito continuado sobre la base de acciones reiteradas que, sin embargo, ofenden a diferentes sujetos pasivos. Concurso real de tantos delitos cuantas personas sean objeto del delito. Delito continuado de captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico o su utilización en espectáculos pornográficos. Posibilidad de apreciar la existencia de un continuado en supuestos en los que la reiteración de conductas se proyecta sobre un mismo sujeto pasivo, por más que la conducta típica de elaborar un material pornográfico con el menor comporta, en ocasiones, que pueda tener que reiterarse el abuso sobre la misma persona. Corromper el proceso educativo del menor es socavar los criterios y las pautas éticas que deben acompañar su trayectoria hasta la madurez. El delito continuado es predicable en todos aquellos supuestos en los que la repetición de la acción presenta una entidad autónoma y claramente diferenciada, de modo que la conducta nuevamente desplegada introduce la capacidad de tallar el comportamiento futuro del menor de manera profunda y significativa.
Resumen: Se analiza el artículo 954.1. c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre el mismo hecho y encausado han recaído dos sentencias firmes. Se anula la dictada en último lugar.
Resumen: Para la acumulación jurídica de penas, al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal", es decir, que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión. La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua. Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. En la conciliación de la interpretación favorable del art. 76.2 con el art. 76.1 CP, cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque porque no cumpla el requisito cronológico exigido. El artículo 76.1 de Código Penal establece otro límites para determinar el cumplimiento máximo efectivo de las penas acumuladas. Un límite cuantitativo máximo (20 años de prisión) que se excepciona, elevándolo a 25, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado con pena de prisión de hasta 20 años, lo que sólo puede ser entendido por referencia a la pena abstracto.
Resumen: Decisión de la Audiencia de no permitir la presencia de las menores víctimas del delito y reproducir la grabación de sus respectivas declaraciones en la instrucción. No basta, desde luego, constatar la existencia de un marco formal que proporciona cobertura para la decisión del Tribunal de que los menores no comparezcan en el plenario. La legitimidad de una medida de esta naturaleza sólo puede validarse a partir de un riguroso examen de su excepcionalidad. Se impone, por tanto, la búsqueda de un equilibrado punto de encuentro entre los intereses en juego, que no siempre convergen en la misma dirección. La aplicación de penas de la gravedad de las que han sido impuestas en la presente causa no puede abandonar su justificación a una amplia cobertura formal que, si se atiende sólo a su literalidad, conduciría a una relajación de los derechos que asisten a la parte pasiva del proceso. En delitos contra la indemnidad sexual de los menores de edad, resulta de especial importancia no validar una práctica que, con la recurrente invocación del interés del menor, determina que, desde el momento de la denuncia inicial, la víctima tenga que rememorar su lacerante vivencia ante psicólogos, educadores, asistentes sociales, agentes de policía y Juez de instrucción, pero no ante el órgano sentenciador que ha de imponer graves penas privativas de libertad.
