Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función del TS no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede y debe verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Dilaciones indebidas: se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. Debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes. Se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Abuso sexual, prevalimiento; se concluye su concurrencia dado que el acusado, mucho mayor en edad que la niña, aprovechó su condición de educador en el centro en el que vivía ésta, que funcionalmente representaba para ella no tan sólo un hogar sino un lugar concebido para su protección, así como el singular liderazgo o ascendencia que proyectaba sobre el conjunto de los menores. Reparación del daño: la sola concurrencia de los elementos ya contemplados en la descripción de la circunstancia atenuante genérica, no puede, por sí, demandar su aplicación como muy cualificada.
Resumen: Se condena a varios directivos de la CAM por apropiación indebida. Detallada y exacta valoración de la prueba por el Tribunal ante un entramado en la entidad bancaria dirigido a fijar una dieta al Presidente de la entidad, bajo la creación de una figura instrumental de un cargo en una empresa perteneciente al grupo, donde se fija artificialmente una dieta de 600.000 euros sin dedicación alguna al ejercicio de actividad real para soslayar que como presidente de la entidad bancaria no podía cobrar. Articulación del plan orquestado bajo la intervención directa del Director General de la entidad y la comisión de retribuciones que fueron pieza esencial, así como el secretario del consejo que redactó el acta ocultando tal dato en la junta al resto de consejeros que ignoraron todo lo que se estaba haciendo. Responsabilidad en concepto de autor. La tipicidad del delito de apropiación indebida. Desestimación de atenuante de dilaciones indebidas. Estimación de los recursos parcialmente en cuanto a la individualización judicial de la pena, ante la absoluta ausencia de motivación del Tribunal acerca de la razón justificativa de la pena impuesta. Adecuación del reproche penal a los hechos probados y fijación de la pena adecuada por la Sala.
Resumen: Pertenencia organización criminal. Se entenderá por organización criminal a un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transaccional con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras de grupo ni de organización. Alcance en casación: el marco de la disidencia en el recurso de casación, queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación. Valor declaración coimputado. Es necesario que cuente con elementos de corroboración. Falsedad documental. Autoría. No es delito de propia mano. Atenuante confesión. Requisitos. No cabe cuando el acusado solo reconozca lo inevitable. Principio non bis in idem. Relación delito continuado y subtipo agravado 250.5 CP. El delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Principio igualdad y desproporción de las penas. Delito masa: presupuestos.
Resumen: El recurso se estima parcialmente, en el exclusivo sentido de dejar sin efecto la apreciación de la agravante de especial vulnerabilidad del art. 180.1.3 CP, ya que del relato de hechos probados que efectúa la sentencia, no se desprende que la víctima se encontrara en situación que le hiciera especialmente vulnerable. Ésta tenía perturbadas sus facultades intelectivas y volitivas por la ingesta de alcohol y drogas, pero en ningún momento describe que ello debilitara su capacidad para oponerse eficazmente a la agresión. De hecho, lo que se describe es lo contrario, esto es, que la víctima fue consciente de lo que pretendía el acusado y mostró su oposición a sus pretensiones. Sobre la responsabilidad civil, la Sala concluye que la cuantía indemnizatoria no puede tacharse de arbitraria o desproporcionada, siendo inferior a la solicitada por las acusaciones, con lo que se respeta el principio dispositivo. El Tribunal apreció, además de lesiones físicas y secuelas psicológicas, además del daño moral, con lo que no se cumplen los presupuestos jurisprudencialmente exigidos para que pueda revisarse un pronunciamiento de esta naturaleza en casación.
Resumen: Existencia de dos sentencias condenatorias por los mismos hechos. El recurso de revisión es un remedio extraordinario, que entraña una excepción al principio de cosa juzgada y de intangibilidad de las resoluciones firmes. Sólo sirve para remediar situaciones acreditadamente injustas. Posteriormente, se incluyeron en esta vía de recurso los supuestos de vulneración del principio non bis in idem. Ante la ausencia de previsión específica se extendió la cobertura de tal norma a los casos de duplicidad de las condenas firmes por unos mismos hechos. A partir de 6 de diciembre de 2015, se incluyó una causa específica de revisión. Se estima el recurso y se anula la última sentencia.
Resumen: La Sala concluye la plena validez del auto de intervenciones telefónicas, a partir de la existencia de razonables indicios relativos a que el acusado, interno en ese momento en un centro penitenciario, pudiera estar utilizando la línea telefónica cuya intervención se acordó, para contactar con terceras personas, en aras a la gestión y destino del patrimonio obtenido como consecuencia de sus actividades delictivas, así como para la realización de otra serie de delitos graves que siguieron una investigación paralela. No concurre autoblanqueo impune, dada su vinculación con el tráfico de drogas, el afloramiento de un importante patrimonio que no obedece a sus ingresos económicos lícitos y ordinarios, y la circunstancia de que algunos de esos bienes fueran puesto a nombre de testaferros de su núcleo más cercano y familiar, constituyen indicios sólidos, congruentes y consistentes para concluir que concurre prueba de cargo suficiente para estimar que se dan los presupuestos fácticos tipificados en el art. 301 CP. Se estima el recurso en lo relativo a la existencia de dilaciones indebidas tras el dictado de sentencia. Su apreciación es, en principio, excepcional, si bien en el caso concurren méritos bastantes para que la atenuante muy cualificada, que la propia sentencia recurrida proclama, produzca el efecto de reducir la pena prevista en abstracto para el delito cometido, en dos grados.
Resumen: La cuestión de la legislación aplicable cuando se trata de la adaptación de condenas impuestas en Venezuela ha de resolverse con sujeción al Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas por encontrarse Venezuela y España entre los Estados signatarios. No puede entenderse que cualquier diferencia en el exceso de la pena privativa de libertad impuesta en un país extranjero en comparación con la que se establece en el nuestro determine una modificación automática de "quantum punitivo". En este punto debe regir el principio de proporcionalidad en los términos en que lo establece nuestro Tribunal Constitucional. Ha de estarse en definitiva al caso concreto para ponderar si el cumplimiento de una pena sobrepasa de forma muy desmesurada el marco punitivo señalado en nuestro Código. En este caso, no existe desproporción penológica, ya que la pena máxima a imponer en nuestro ordenamiento jurídico es la de 9 años de prisión - además de una multa que se concretaría del tanto al cuádruplo del valor de la droga incautada- por lo que la impuesta de 15 años no supera el doble de la misma, por tanto no se puede entender que sobrepasa de forma muy desmesurada el marco punitivo señalado en nuestro Código Penal. En consecuencia, ante la obligación asumida por la recurrente de continuar el cumplimiento íntegro de la condena en España, es obligado atenerse a los condicionamientos penológicos y exigencias de política criminal reinantes en el país de comisión.
Resumen: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. A través del motivo formulado al amparo del artículo 849.2 LECrim se exige: a) que se trate de una verdadera prueba documental; b) que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico; c) que el dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado tenga virtualidad para modificar algún pronunciamiento del fallo. La indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, como es el caso que nos ocupa, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del quantum de las responsabilidades civiles por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede ser sometida a la censura de la casación por ser una cuestión totalmente autónoma y la de discrecional facultad del órgano sentenciador
Resumen: En delitos como los de blanqueo, la prueba indiciaria aparece como el medio más idóneo y en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener acreditada su comisión, dado que la prueba directa será prácticamente imposible de obtener dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de elaboración y distribución de drogas, así como del lavado del dinero proveniente de tal actividad, por lo que recurrir a la prueba indirecta será inevitable. El grupo criminal requiere solamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos o reiteradamente faltas. Mientras en la receptación y en el encubrimiento el legislador excluye explícitamente a los partícipes del delito previo determinante, tal exclusión no se ha incorporado nunca a la descripción del tipo del blanqueo; sino que además, desde la última reforma, se sanciona expresamente esta conducta cometida por el autor del delito previo. La acción vulneradora del agente de la autoridad que personifica el interés del Estado en el castigo de las infracciones criminales nunca puede ser artificialmente equiparada a la acción del particular que, sin vinculación alguna con el ejercicio del ius puniendi, se hace con documentos que más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría. El art. 301 CP no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente.
Resumen: El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena. La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde valorarla, en principio, al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de Casación le compete el control de la valoración realizada por el Tribunal de instancia en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. La clave diferencial entre el delito de agresión sexual y el de abuso sexual queda verificada por la concurrencia, o no, de violencia o intimidación La obligación constitucional de motivar las sentencias, expresada en el artículo 120.3 CE, comprende la extensión de la pena. El artículo 66 CP establece las reglas generales de individualización y el 72 CP exige la motivación
