Resumen: Infracción del art. 779.1.4 LECrim: El ejercicio de una acción civil derivada del delito frente a un tercero es posible si la pretensión venía recogida en los escritos de acusación y se ha refrendado en el auto de apertura del juicio oral. No es imprescindible, aunque sí conveniente y aconsejable, una previa declaración judicial atribuyéndole esa condición. Infracción del art. 120.4 CP: En materia de responsabilidad civil continúa rigiendo la doctrina tradicional a tenor de la cual las aseveraciones fácticas contenidas en la fundamentación jurídica pueden integrar el hecho probado. Responsabilidad civil subsidiaria del empresario: Basta constatar una relación de dependencia (de cualquier género: no es necesario un vínculo laboral) y que el delito se haya cometido con ocasión del desempeño de la actividad al servicio del principal, para que surja la obligación de asumir la indemnización como responsable civil subsidiario. No es necesario acreditar algún grado de culpa por parte del principal, ni que le haya reportado en concreto algún beneficio la actividad delictiva. Diferencia de concepto y requisitos entre la responsabilidad civil subsidiaria de una empresa (art. 120.4º CP) y su posible responsabilidad penal si está constituida como persona jurídica (art. 31 bis CP). El cese de la relación laboral hace desaparecer la responsabilidad del art. 120.4 CP, aunque puede subsistir su responsabilidad civil del art. 1192 y ss CC, por una conducta imprudente causal de la entidad.
Resumen: Recurso de casación contra una sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial. Nueva modalidad de recurso introducida por la Ley Orgánica 41/2015. El Juzgado de lo Penal condenó a la acusada por unas publicaciones insultantes en redes sociales por un delito de acoso, absolviedno por los de injurias y vejaciones. En apelación, la Audiencia revocó la condena por el delito de acoso y condenó por un delito leve de coacciones. Se plantea recurso de casación por indebida aplicación del artículo 172,3º del Código Penal e indebida inaplicación del artículo 172 ter 1 del mismo texto legal y por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Los hechos declarados probados se refieren a que la acusada mandaba a su cuñada numerosos mensajes insultándole, haciéndole seguimientos, vigilancias,etc., hasta el punto de generarle una situación de angustia y creándole una alteración de sus hábitos. Doctrina jurisprudencial sobre el delito de acoso. Los actos han de ser insistentes y reiterados provocando una alteración grave en el desarrollo de la vida cotidiana. No se exige planificación, pero sí una metódica secuencia de acciones que obligan a la víctima como única vía de escapatoria a modificar sus hábitos. El principio de intervención mínima exige la exclusión de la tipicidad de actos aislados de molestias irrelevantes. No es necesario aportar una prueba pericial psicológica que acredite la afectación psíquica de la víctima. Se estima el motivo y se revoca el fallo.
Resumen: Condena por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica. Condena que alcanza también al alcalde del Municipio por prevaricación administrativa. Bar que genera un nivel de ruido insoportable. Error en la apreciación de la prueba. Los documentos citados que acreditan que no se abrió ningún procedimiento sancionador carecen de relevancia. La conducta delictiva apreciada puede producirse sin que haya habido previamente sanción administrativa. Es la falta de incoación de expediente sancionador administrativo la que determina la condena del Alcalde. Informe médico tratando de acreditar que una de las perjudicadas que padecía un síndrome de ansiedad no se vio afectada por el nivel de ruidos. Supuestos en los que los informes periciales pueden servir de base para la vía del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Carencia de literoduficiencia de los documentos señalados. El punto fáctico impugnado estaba acreditado por otras vías. Presunción de inocencia: precisiones tras la modificación introducida por la Ley 41/2015. Existencia de prueba de cargo bastante. Elementos del tipo penal del artículo 325 del Código Penal. Evolución histórica. Ley penal en blanco. Elemento normativo. Doctrina jurisprudencial y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este delito. Delito de lesiones: se alega la ausencia de tratamiento médico. Concepto normativo de tratamiento médico. Aplicación de la actual normativa, por ser más favorable.
Resumen: En este caso del contenido del recurso se deduce que su interés casacional deriva de la abierta contradicción de la sentencia con la doctrina jurisprudencial de esta Sala ya que se alega que la sentencia ha absuelto al acusado del delito de quebrantamiento de condena por dos razones que es estiman inadmisibles: De un lado, por tener indebidamente en cuenta el móvil del acusado para excluir su responsabilidad cuando la doctrina de esta Sala obliga a no confundir el móvil con el dolo, de forma que la conducta será dolosa y será suficiente para colmar las exigencias del tipo subjetivo del delito cuando el autor conoce el mandato judicial y quiere incumplirlo. De otro lado, se sostiene que es irrelevante a los efectos de la tipicidad de la conducta que la beneficiaria de la medida de alejamiento no hubiera "bloqueado" el Whastapp, ya que el delito de quebrantamiento no precisa de ninguna intervención de la víctima para su aplicabilidad. El acuerdo entre víctima y acusado no es causa bastante para dejar de cumplir el mandato contenido en una sentencia condenatoria. Aunque la prohibición de acercamiento a la víctima es una pena o medida cautelar que se adopta por razones de seguridad en beneficio de la supuesta víctima para la protección de su vida y de su integridad física, el bien jurídico protegido directamente por el delito es el principio de autoridad. El consentimiento de la víctima no es un factor de exclusión de la punibilidad.
Resumen: Constitucionalidad del artículo 172.3 CP. Se tipifica la atmósfera de sometimiento y humillación a la que se somete a los integrantes del entorno familiar. La habitualidad a la que se refiere ese artículo es la reiteración de actos violentos, que conforman un clima de dominación. Usualmente se considera que se satisface esa exigencia con una tercera acción violenta, que se apoya en la aplicación analógica del concepto de habitualidad del artículo 94 CP para la sustitución de la pena. Otra corriente huye del automatismo numérico. Lo relevante es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. No es, por lo tanto, la pluralidad de actos violentos lo que determina la habitualidad, sino la permanencia del trato violento. Acreditación de ambiente de miedo: declaraciones de los hijos comunes y los informes psicológicos. Necesidad de motivación de la pena. Proporcionalidad de la pena: no se plateó en apelación. Motivación insuficiente de la pena impuesta que se aproxima al límite máximo. Sin embargo, la pena no se desvela exacerbada, atendiendo a la enorme duración de la situación de maltrato y el miedo que conllevaba. Pena por el delito de asesinato: correcta disminución de la pena en un solo grado por tentativa. Doctrina de la Sala sobre penalidad en la tentativa. Daños morales: correcta determinación.
Resumen: En el delito de robo con violencia, si la que se ejerce es connatural a la dinámica comisiva de la sustracción, por inherente al robo, no ha de llevar mayor reproche que el que corresponda por este, y solo cuando haya una sobreabundancia en el despliegue de esa violencia, merecerá un mayor reproche, en cuyo caso habrá que valorar la intensidad de esa sobreabundancia, porque si la misma es menor, de manera que no alcanza la autonomía como para definir un delito distinto, cabrá hablar de abuso de superioridad en el delito de robo, debido a su relación con la violencia, pero si esa violencia, por su mayor sobreabundancia, permite dar sustantividad propia a otro delito en que se vea afectado un bien jurídico personal, al ser éste el que justifica la aplicación de la agravante, a él le deberá ser aplicada, sin que quepa nueva aplicación al delito patrimonial. Tener en cuenta dos veces esa misma circunstancia, cuando es igual su fundamento en ambos casos, supone una reduplicación con perjudiciales efectos, que no es tolerable. Es, en el elemento violencia, por ser lo que afecta al bien jurídico personal, donde se ha de atender a la hora de decidir sobre la aplicación de la agravante de abuso de superioridad, por más que estemos ante un delito patrimonial, lo que no han hecho las sentencias de instancia y apelación, para si, en función su intensidad, ésta alcanza la autonomía como para dar sustantividad a un delito propio, aplicar la agravante en éste solo y no en los dos.
Resumen: El apoderamiento de documentos exigido en el art. 197 CP no puede considerarse estrictamente como el apoderamiento físico de los mismos. Basta con su aprehensión virtual, de manera que el sujeto activo del delito se haga con su contenido de cualquier forma técnica que permita su reproducción posterior, como, por ejemplo, mediante su fotografiado. Se consuma tan pronto el sujeto activo «accede» a los datos, esto es, tan pronto los conoce y tiene a su disposición, pues sólo con eso se ha quebrantado la reserva que los cubre. Es ello lo que lleva a entender que la norma requiere la existencia de un perjuicio añadido para que la violación de la reserva integre el tipo, un perjuicio que puede afectar al titular de los datos o a un tercero. La descripción del art. 197.2 CP, que habla de apoderarse, utilizar, modificar, acceder o alterar datos reservados, en realidad, puede ser reconducida a un único vocablo, a saber, la «utilización» de esos datos. Y es que quien se apodera, modifica, accede o altera, no hace otra cosa que utilizar esos datos. El epigrama dato reservado de carácter personal es un concepto normativo que ha de interpretarse conforme a la legislación protectora de ese derecho de nueva generación consolidado al amparo del art. 18.4 CE, esto es, el derecho a la autodeterminación informativa, o lo que es lo mismo, el derecho a conocer y controlar lo que los demás conocen de uno mismo. "Datos personales" no puede ser identificado a efectos penales como "dato secreto".
Resumen: Falta de motivación respecto al reconocimiento de las tres circunstancias solicitadas. Exigencia de motivación en las resoluciones judiciales. Presunción de inocencia: implica, cuando se alega en casación, una triple comprobación. Especialidad cuando ha mediado previamente un recurso de apelación: en tal caso, lo fundamental es comprobar la racionalidad de la valoración de la prueba. Dolo de matar: correcta y suficiente inferencia a partir del lugar del cuerpo al que se disparó y el arma utilizada. Agravante de género: afirmaciones en los hechos probados descriptivos de desprecios y de actos de control del acusado hacia la víctima. Existencia de la base fáctica precisa para la apreciación de la agravante. Atenuante de arrebato: doctrina de la Sala al respecto. Dado que el acusado sabía desde tiempo atrás que la víctima tenía una relación extramatrimonial, ésta no pudo funcionar como desencadenante. Tampoco la percepción traumática de la ruptura conyugal es bastante. Los presupuestos de la atenuación han de ser lícitos y acordes con las normas de la convivencia. Atenuante de embriaguez: pese a la tasa alta de alcoholemia, los testigos manifestaron que tras los hechos el acusado estaba tranquilo. Incidencia de la embriaguez en la imputabilidad: grados. Reparación del daño: fundamento de la atenuante. Las reparaciones ofrecidas no implican un actus contrarius ni tienen efecto solutorio. Arrepentimiento: solamente tiene valor atenuatorio cuando implica una aportación relevante.
Resumen: Estafa en la modalidad de cartas nigerianas. Condena por delito continuado de estafa de los arts. 248.1 y 250.1-5° en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 390.1 y 2 y 74. Indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia. Falta de relevancia de errores obstativos obvios en la redacción de la sentencia de instancia. Continuidad. Non bis in idem. Acuerdo Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007. Plazo de prescripción. Delito en concurso medial y en conexión material. Art. 131.4º CP
Resumen: Se trata de un supuesto en el que los dos acusados (con fin de lucro ilícito) constituyen una sociedad cuyo objeto es gestionar cooperativas y también una Cooperativa, donde de manera ilícita conforman la Junta Rectora con "hombres de paja", para que ratifiquen lo que ellos acuerden, al tiempo que autocontratan la gestión de la cooperativa, a cambio del 10% (luego un 8%) de la facturación. En su operaciones (esencialmente compra del suelo) priman la consecución de esos porcentajes al margen de los intereses de la Cooperativa, con sobreprecios, inadecuación urbanística y desvíos injustificados a empresas familiares. El TS examina el delito de estafa y el elemento del engaño y afirma que se describe el engaño perpetrado por los acusados en el sentido expuesto.
