Resumen: Demanda que reclama indemnización por incumplimiento contractual (personal de alta dirección que no llega a ser nombrado administrador por la sociedad demandada tras haber negociado y aceptado su incorporación). Demanda estimada en ambas instancias. Naturaleza jurídica de los acuerdos controvertidos como precontrato y no como simples tratos preliminares. No cabe revisar en casación la interpretación de la AP. En todo caso, concurrían los requisitos para conceptuar de precontrato la situación generada por el conjunto de actos y declaraciones que las partes llevaron a cabo dado que se concretaron las condiciones del contrato y su entrada en vigor sin necesidad de nuevas declaraciones de voluntad sino tan solo la realización de los actos de ejecución necesarios para hacer posible la realidad del nombramiento, y el cumplimiento del precontrato no presuponía la infracción de las normas societarias. Responsabilidad contractual, sujeta al plazo de prescripción de las acciones personales. Defectos en la formulación del recurso, falta de claridad y cita de preceptos heterogéneos. No fue el demandante el que frustró su nombramiento como administrador, por lo que no puede imputársele actuación desleal. Tampoco se fijó un término esencial para su incorporación. Interpretación del art. 452 LEC. Principio de indemnidad: la responsabilidad declarada comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante.
Resumen: La cuestión jurídica a dilucidar en el recurso de casación versa únicamente sobre la determinación del día inicial del devengo de los intereses que corresponden por la devolución de los gastos hipotecarios indebidamente atribuidos al consumidor en una cláusula declarada nula por abusiva. La cuestión fue resuelta en la sentencia 725/2018, cuya doctrina se reitera en el presente asunto. Se dispone que el efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino pagos hechos por el consumidor a terceros. La sala declara que estamos ante una situación similar al pago de lo indebido, en cuanto que el consumidor habría hecho un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no lo hubiera recibido directamente, se habría beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente el prestatario, se ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía. En consecuencia, para dar efectividad a la Directiva, en lo que respecta a los intereses que han de devengar las cantidades que debe percibir el consumidor, resulta aplicable analógicamente el art. 1896 CC, puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Así, deberá abonarse el interés legal desde el momento en que se produjo el beneficio indebido. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que estableció que las cantidades que debía abonar el banco, tras la declaración de nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios, devengarían el interés legal desde la fecha de la reclamación extrajudicial realizada por los demandantes. La sala se remite a la STS (Pleno) 725/2018, para resolver la cuestión referida a la determinación del día inicial del devengo de los intereses. El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver sino pagos hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador etc) en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. No obstante, como el art. 6.1 de la Directiva exige el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de lo que le hubiera correspondido pagar de no haber mediado la estipulación abusiva. Se trata de una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto o al cobro de lo indebido y resulta aplicable analógicamente lo dispuesto en el art. 1896 CC, puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Por ello, el interés legal se debe desde que se recibió el pago indebido.
Resumen: Recurso admisible: se identifica la norma sustantiva infringida y las sentencias de las audiencias provinciales que ponen de manifiesto la modalidad de interés casacional alegada. Determinación del día inicial del devengo de los intereses que corresponden por la devolución de los gastos hipotecarios indebidamente atribuidos al consumidor en una cláusula declarada nula por abusiva. El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de la propiedad, gestoría, tasador, etc.), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. Restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula: anulada la condición general, debe acordarse que el profesional retribuya al consumidor por las cantidades indebidamente abonadas. Situación equiparable a la del enriquecimiento injusto, similar a la del pago de lo indebido. Intereses que devengan las cantidades a reintegrar al consumidor: aplicación analógica el art. 1896 CC; la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente; interés legal desde que se produjo el beneficio indebido; en el caso, desde que se hicieron los pagos indebidos.
Resumen: Determinación del día inicial del devengo de los intereses que corresponden por la devolución de los gastos hipotecarios indebidamente atribuidos al consumidor en una cláusula declarada nula por abusiva. El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de la propiedad, gestoría, tasador, etc.), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. Restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula: anulada la condición general, debe acordarse que el profesional retribuya al consumidor por las cantidades indebidamente abonadas. Situación equiparable a la del enriquecimiento injusto, similar a la del pago de lo indebido. Intereses que devengan las cantidades a reintegrar al consumidor: aplicación analógica el art. 1896 CC; la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente; interés legal desde que se produjo el beneficio indebido; en el caso, desde que se hicieron los pagos indebidos. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había fijado el día inicial el devengo de intereses en la fecha de la reclamación extrajudicial.
Resumen: Demanda de nulidad de la orden de suscripción de preferentes y su posterior recompra y adquisición de acciones de la entidad bancaria; subsidiariamente, condena de la demandada a indemnizar los daños y perjuicios causados a consecuencia de los graves incumplimientos en los que había incurrido en la comercialización de dichas participaciones. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. Recurre en extraordinario por infracción procesal y casación la demandante y la sala desestima el primero de ellos, por concurrir causas de inadmisión, y estima en parte el segundo. En esencia, mantiene que entre el incumplimiento de la obligación de información (reconocido en las instancias) y el daño causado, media una relación de causalidad que no queda eliminada porque la demandante aceptase la oferta de recompra y suscripción de acciones, dado que no fue resultado de un acto voluntario en sentido estricto, pues no existía alternativa razonable y, además, dicho negocio no es independiente del negocio de adquisición de las participaciones recompradas, sino que forma con él una unidad orgánica. Al casar la sentencia y asumir la instancia, se estima en parte el recurso de apelación y se condena a la demandada a abonar la cantidad resultante de restar a la inversión inicial, el valor de las acciones por las que se canjearon las preferentes y los rendimientos percibidos, más los intereses legales.
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad basada en un crédito cedido, que comprendía el principal y los intereses calculados conforme a la Ley 3/04 de medidas de lucha contra la morosidad en las relaciones comerciales. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la audiencia la revocó y la estimó en parte, en el sentido de conceder solo el principal reclamado. Recurre en casación la demandante y la sala estima el recurso. Declara la sala que el hecho de que los intereses moratorios generados por el crédito cedido estén sujetos a la Ley 3/2004 no constituye ningún obstáculo para que su adquisición por el cesionario incluya el contenido obligacional que tenía en el momento previo a la cesión, incluyendo la obligación principal y todos los derechos accesorios, también en cuanto a los intereses de demora correspondientes conforme al régimen legal, salvo que se hubiera excluido por pacto en contrario, que en el caso no consta, según resulta de las razones que se exponen: los intereses de demora devengados se incluyen en la cesión del crédito conforme al art. 1528 CC, lo determinante para aplicar la Ley 3/04 es que la deuda nazca de relaciones entre empresas, la aplicabilidad del régimen legal no se enerva por la cesión del crédito a un tercero, entre las excepciones a la aplicación de dicha ley no figura la cesión de créditos y, finalmente, debe tenerse en cuenta el efecto disuasorio que pretende la norma para evitar la morosidad. Se casa la sentencia recurrida.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la revocó, al entender que no procede descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por la mercantil demandante. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, en este caso, declara la sala que, en la medida en que para el cálculo del perjuicio es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones de deuda subordinada y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia de apelación y, al asumir la instancia, se desestima la apelación y se confirma la sentencia de primera instancia. Del mismo modo, se declara que se considera improcedente el devengo de los intereses de las cantidades aportadas para la compra de las subordinadas, desde que lo fueron. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Condenada en ambas instancias la entidad de crédito demandada conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 (21) , a abonar a los demandantes (recurrentes en casación), las cantidades que reclamaban como anticipos a cuenta del precio de sus viviendas, más sus intereses legales, el objeto del recurso se reduce a la determinación del comienzo del devengo del interés legal, toda vez que los recurrentes piden que el día inicial se fije en la respectiva fecha de entrega de las cantidades anticipadas, tal y como solicitaron en la demanda y en su recurso de apelación, frente al criterio de la sentencia de primera instancia de fijarlo en la fecha de la demanda y al criterio de la sentencia recurrida de distinguir dos tramos ("uno primero desde la entrega de cada una de las cantidades hasta la fecha prevista para la entrega de las viviendas, y otro segundo desde el requerimiento a la entidad avalista/aseguradora hasta su completo pago"). El recurso se estima por ser patente que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia consolidada según la cual los intereses a que se refieren la Ley 57/1968 (art. 3) y la d. adicional primera de la LOE en su redacción aplicable al caso se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. La Ley 20/2015 no es aplicable retroactivamente en perjuicio del comprador, por lo que no podía aplicarse al no estar vigente cuando se entregaron lo anticipos que devengan esos intereses.
Resumen: Derecho de superficie por plazo de 25 años, con opción de compra a favor de la superficiaria, a ejercitar durante el mismo plazo con distintas consecuencias en función de si dicho ejercicio tenía lugar en los primeros 10 años (la concedente se obligaba a readquirir la parcela a petición de la otra parte) o no. Demanda de la superficiaria, que ejercitó la opción en el segundo año, por el incumplimiento de la otra parte de su obligación de readquisición. La demanda fue estimada, aunque se redujo el precio de adquisición pretendido. El recurso de casación interpuesto por la obligada a la readquisición se basa en que disponía de 10 años para la readquisición y en que la demanda se había interpuesto antes de que finalizara ese plazo. Se desestima el recurso. Distinción entre obligaciones a plazo y obligaciones a término y entre tiempo de la obligación y tiempo de la prestación. En el caso, la obligación de readquisición (que funciona como una opción de venta) no es una obligación a término, sino una obligación con duración temporal limitada. No es preciso que el superficiario espere al vencimiento de los 10 años para exigir la obligación de recompra. Por el sentido de las reglas legales de interpretación del contrato y por las limitaciones de su control casacional, se desestiman los restantes motivos del recurso, pues no se aprecia que la interpretación realizada por la Audiencia sea contraria a alguna de las normas legales ni resulte ilógica, irracional o arbitraria.
