Resumen: Denegada una ayuda para la realización de inversión consistente en cuatro apartamentos rurales y bodega y restaurante porque la actividad propuesta no había sido seleccionada, ya que se encontraba en la fase previa de petición de la subvención y, por tanto, se trataría de una actividad no subvencionable, se prepara recurso de casación en el que se aprecia como cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la consistente en determinar si la doctrina emanada de la STJUE de 7 de julio de 2016, C-111/15 resulta aplicable a un supuesto en el que se ha denegado la concesión de la ayuda a financiar por el FEADER por haberse iniciado algunas de las obras a subvencionar antes de la solicitud, y, en tal caso, si es aplicable el art. 30 del Reglamento nº. 65/2011 (Reglamento de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005), relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, debiendo precisarse, en este caso, cuándo cabe entender que el residente de larga duración representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, a efecto de lo dispuesto en el referido art. 57.2.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI).- Exención prevista para fundaciones en el artículo 15.1 de la Ley 49/2002.- Ejercicio en el que debe apreciarse tal exención: en el de constitución de la fundación o bien en el siguiente, toda vez que a fecha de devengo del IBI no se encontraba aún constituida tal fundación.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y el contencioso-administrativo. La cuestión casacional ya ha sido examinada por la Sala en diversas sentencias. Las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: Para resolver la cuestión suscitada, el TS señala la necesidad de precisar nítidamente la diferencia entre los conceptos de resolución definitiva en vía administrativa y de resolución firme, pues concurriendo en el caso examinado solo el primero, se ha de reformular la cuestión en el sentido de si puede la Administración declarar tal caducidad en el curso de la ejecución de una resolución firme que ordena el restablecimiento de la legalidad, este título, lejos de ser firme, estaba jurisdiccionalmente impugnado en un proceso en el que, precisamente, se le reprochaba su caducidad. La doctrina que se fija declara que la Administración, en ejecución de una resolución que acuerda el restablecimiento de la legalidad, resolución que tiene carácter definitivo, pero no firme por estar jurisdiccionalmente impugnada, puede dar satisfacción extraprocesal a una pretensión de declaración de caducidad de la misma ejercitada en el proceso, en tanto este proceso se encuentra pendiente y aunque dicha resolución se encuentre en fase de ejecución. Se confirma así la resolución administrativa objeto de impugnación jurisdiccional porque la Administración se ha limitado a reconocer una pretensión de caducidad jurisdiccionalmente articulada frente a la misma, dándole así satisfacción extraprocesal antes de que dicho proceso jurisdiccional concluyera.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál debe ser el nuevo valor catastral a fijar por la Administración cuando se acredita que el fijado es superior al valor de mercado: si ha de aplicarse el coeficiente corrector del 0,5 al valor de mercado acreditado, o si el valor catastral debe coincidir con el valor de mercado, sin reducción alguna. Se identifican como normas que serán objeto de interpretación los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), y el Anexo I del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Macro de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, en relación con la Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de valores. Se aprecia la concurrencia de la presunción de interés casacional objetivo prevista en el art. 88.3.a) LJCA, así como del supuesto del art.88.2,c) LJCA.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en aplicación del inciso final de la Norma 20.8 del Real Decreto 1020/1993, las plantas o locales destinados exclusivamente a albergar instalaciones técnicas en un edificio de oficinas han de ser calificados bajo la tipología 0.1.1.3, o si esta tipología queda condicionada a que dichos elementos no cumplan una función accesoria con respecto a la tipología constructiva general asignada al edificio. Además, es preciso concretar si es posible equiparar, a los efectos del inciso final de la Norma 11.3 del Real Decreto 1020/1993, los huecos de los ascensores a los patios de luces, en el sentido de excluir del cómputo de la superficie construida la correspondiente a estos elementos. Finalmente, se considera necesario aclarar si, a los efectos de distinguir entre la calificación de oficinas unitarias o múltiples, debe o no atenderse al uso o destino del inmueble, en el sentido de entender que estaremos ante un supuesto de oficina unitaria cuando la totalidad de la edificación se destine a albergar las oficinas de una misma entidad y ante un supuesto de oficina múltiple cuando se trate de un edificio destinado a albergar las oficinas de una multiplicidad de entes jurídicos. Considera la Sección Primera que concurre la presunción del artículo 88.3.a) LJCA sin que la cuestión carezca manifiestamente de interés casacional objetivo.
Resumen: La Sala admite el recurso. La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si el "sobreseimiento libre" a que se refiere el art. 294.1 LOPJ comprende no solo los supuestos que contempla el art. 637 LECrim., sino también los previstos en el art. 675 LECrim., y, especialmente, por lo que aquí interesa, el sobreseimiento libre por prescripción del delito. Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación, art. 294.1 LOPJ en relación con los arts. 637 y 675 LECrim, todo ello a la luz de las SSTC 85/19, 1257/19 y 130/19.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación en el que habrá que determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Siendo la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, de 30 de octubre , sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero y el artículo 611 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario, las normas que, en principio, serán objeto de interpretación. Reseñar que, sobre cuestión análoga, se ha pronunciado recientemente esta Sala en sentencias de 13 de mayo (RCA 1237/2018) y 14 de mayo de 2020 (RCA 8079/2018 y RCA 2297/2019), entre otras, declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto.
