Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que la cuestión casacional a determinar consistirá en conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C-568/19 - a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000 o, si por el contrario, la sanción principal es la multa siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado ( art. 90.4 LJCA) son los artículos 53.1.a), 55.1.b) y 57.1 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Reseñar que, sobre cuestión análoga, se ha pronunciado recientemente esta Sala: sentencias de 17 de marzo y 27 de mayo de 2021 ( RCAS 2870/20 y 1739/20), en un sentido que podría resultar favorable a la parte aquí recurrente.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por la Comunidad Autónoma contra sentencia relaiva a la revisión y petición de revisión de oficio por actos nulos. Las cuestiones sobre las que se aprecia interés casacional son: (i) si, inadmitida una solicitud de revisión de oficio en vía administrativa, una posterior sentencia estimatoria permite a la Sala sentenciadora conocer sobre el fondo de la misma o bien remitirla a la Administración para que resuelva sobre lo procedente; y (ii), si, en la hipótesis de que jurisdiccionalmente se acuerde la revisión del acto como consecuencia de un cambio de criterio jurisprudencial, los efectos derivados de la misma han de desplegarse con carácter pro futuro o con carácter retroactivo.
Resumen: La Sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple las exigencias del art. 89.2 LJCA y -respecto del art. 89.2.f)- que se ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia del supuesto del art. 88.3.a). Las cuestiones sobre las que se entiende existe interés casacional objetivo son: 1) determinar cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto, y sí la falta de impugnación del acto administrativo de aplicación de la norma declarada inconstitucional que, devino firme, constituye un impedimento procedimental para la aplicación del citado precepto, o sí, por el contrario, se entiende cumplido el requisito por el ejercicio de una acción de revisión de oficio en la que se alegó expresamente la inconstitucionalidad de la norma, y, 2) en relación con el requisito del plazo máximo de cinco años señalado en el art. 34.1, párr. 2º, de la Ley 40/15, de 1 de octubre, determinar en qué momento se entiende producido el daño para que éste pueda ser considerado indemnizable: sí en la fecha de notificación de las liquidaciones tributarias giradas en aplicación del precepto posteriormente declarado inconstitucional, o, en la fecha de notificación de la sentencia firme desestimatoria del recurso que el art. 32.4 exige haber interpuesto.
Resumen: Auto de admisión. Precisar que la cuestión que se entiende tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste determinar la incidencia, a efectos de prescripción, de la falta de respuesta de la Administración a la reclamación de abono de los intereses de demora, una vez satisfecho el justiprecio. Interpretación de los artículos 21, 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - equivalentes a los arts. 42, 43 y 44 de la Ley 30/1992- y el artículo 9.3 CE.
Resumen: Admisión del recurso de casación. Interpretación de los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: consecuencias la notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos. Precedentes: RRCA 2859/2021 y 2860/2021, entre otros.
Resumen: Función pública docente. Interinos. Retribuciones durante julio-agosto-septiembre. Discriminación. Asunto repetitivo. No hay que retribuir esos meses por no existir relación con la Administración. Reciente STS, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Cuarta, de 16 de julio de 2020 (recurso de casación núm. 793/2018).
Resumen: Reintegro de subvenciones. Artículos 17.3.n y 37.2 LGS y principio de proporcionalidad.
Resumen: Regularización en el IS. Se pretende la interpretación del art. 14.1.e) de la LIS de 2004 y, en concreto, el concepto de liberalidad y la exigencia de correlación entre gastos e ingresos para la posibilidad de deducción, en el sentido si tal correlación juega sólo en el ámbito de la expresada letra e) -es decir, como salvedad o excepción a la noción de donativo o liberalidad- o como exigencia estructural, más general. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el 30 de marzo de 2021 en el RCA/3454/2019 (ES:TS:2021:1233).
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar, en supuestos en que se ha constatado la superación del plazo para el primer vertido de energía establecido por el artículo 8.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, si la aplicación del principio de proporcionalidad para no proceder a la cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución, puede hacerse depender del mayor o menor periodo temporal de la superación del plazo legal establecido, aun constatada la inexistente intervención de tercero como causante del retraso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 24.1 y 2, así como 120.3 CE, en lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva con infracción del derecho a la presunción de inocencia. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
