Resumen: Se estima el recurso de casación formulado por la entidad financiera contra la sentencia que había declarado la nulidad parcial de un préstamo multidivisa por error vicio. Reiteración de doctrina: la apreciación de error en el consentimiento -por el desconocimiento de los riesgos que entrañaba el contrato al haberse referenciado la cuenta de crédito a la moneda del franco suizo (su depreciación frente al euro)- que sea sustancial, relevante e inexcusable, vicia la totalidad del contrato, pero no sólo la parte correspondiente a la divisa en que se concertó el préstamo con la subsistencia del resto. La posibilidad de una nulidad parcial que afectara únicamente a las cláusulas relativas a la opción multidivisa puede darse cuando la acción ejercitada es la de nulidad fundada en el carácter abusivo de las cláusulas relacionadas con la opción multidivisa, pero no en el caso en el que la acción ejercitada sea de nulidad por error vicio. En el caso, solo se solicitaba en la demanda la nulidad por error vicio de las cláusulas de opción multidivisa y de las cláusulas relacionada con la misma, sin que se hubiera ejercitado ninguna otra acción alternativa o subsidiaria.
Resumen: Obligaciones subordinadas de la antigua Caja España canjeadas por el FROB por bonos de Banco Ceiss, con posterior oferta de canje por bonos de Unicaja que incluía una cláusula de renuncia en documento notarial. El cliente demandó al banco pidiendo la nulidad por vicio del consentimiento de la orden de suscripción de las obligaciones subordinadas, subsidiariamente, la nulidad absoluta por violación de normas imperativas, y subsidiariamente, la resolución contractual. La demanda fue desestimada en ambas instancias, al apreciarse falta de acción por haberse acogido la demandante al canje ofrecido por Unicaja, con la consiguiente transacción y renuncia de acciones. No concurren los requisitos para revisar la valoración probatoria del tribunal sentenciador. La parte plantea en realidad un tema de valoración jurídica sobre la eficacia y validez de la renuncia de acciones, que es ajena al recurso por infracción procesal. No concurrencia de causas de inadmisión del recurso de casación. Falta de validez de la renuncia de acciones. Aunque no se esté en el supuesto de una renuncia previa, ello no significa que la condición general por la que la demandante renunció al ejercicio de acciones no pueda ser una cláusula abusiva por otras razones, como acontece en este caso, en que la inversionista no tenía otra alternativa razonable, para no perder toda su inversión, que aceptar el canje, pese a que suponía otra pérdida patrimonial y se condicionaba a la renuncia de acciones.
Resumen: Demanda de desahucio por falta de pago de la tasa de basuras pactada en la cláusula cuarta del contrato y reclamación de cantidad. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda al considerar que se había producido el impago y que la consignación de la cantidad reclamada, con posterioridad a su presentación, era ineficaz para enervar la acción de desahucio. El juzgado apreció que el requerimiento de pago efectuado a través del burofax, sin cuestionarse la recepción, cumplía lo dispuesto por el art. 22.4 LEC y lo exigido por la doctrina jurisprudencial, no siendo necesario acompañar los recibos de las tasas reclamadas, y, menos aún, no controvirtiéndose su cuantía, sino su exigibilidad por la existencia de un pacto verbal que, en su caso, debería haber llevado a la demandada a plantear la correspondiente acción judicial, pero no a dejar pasar un año o a contestar mediante otro burofax sin más. La demandada interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial lo estimó en parte al rechazar la demanda de desahucio y acoger la acción acumulada de reclamación de cantidad. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y casación, la Sala los examina conjuntamente y los estima porque en el caso no resulta de aplicación el art. 101 LAU de 1964; (ii) porque, aun asumiendo su aplicación, no cabría subsumir el supuesto en la hipótesis normativa de la regla 5.ª de dicho precepto; (iii) y porque no cabe la enervación de la acción de desahucio en el caso.
Resumen: Se desestima el recurso de casación formulado por cuatro demandantes que solicitaban frente a Banco Santander la nulidad de los contratos financieros vinculados a un producto de inversión inmobiliaria, la restitución de las aportaciones a tres sociedades anónimas y la nulidad de los préstamos suscritos con destino a esa inversión, y, subsidiariamente, el resarcimiento de los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones de diligencia e información en la gestión y ejecución de la inversión. La demanda se fundaba en que las sociedades promovidas por Banco Santander debían haber revestido la forma de instituciones de inversión colectiva (Ley 35/2003) y en la vulneración de normas imperativas. La consecuencia de la estimación de las pretensiones supondría la nulidad de las aportaciones sociales (con disolución o reducción de capital social) o la nulidad de las sociedades por ilicitud de su objeto. Estas consecuencias de orden societario no pueden adoptarse sin que la pretensión se haya dirigido contra las sociedades afectadas. No se puede descartar que la elusión del tipo de institución colectiva, y con ello de las garantías y controles que impone la LIIC, pueda relacionarse con un incumplimiento del banco de sus obligaciones como sociedad de servicios de inversión, lo que podría dar lugar a su responsabilidad por los perjuicios causados por el fracaso de la inversión, pero no se ha acreditado la relación causal entre los incumplimientos y el daño reclamado.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS de Pleno 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, que se recoge en STS la 457/2020. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos. Esas cláusulas implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la declaración de abusividad: a) Los gastos notariales de constitución del préstamo deben ser abonados por mitad por ambas partes, los de la escritura de cancelación por el prestatario y los de las copias por quien las solicite b) Los gastos registrales de inscripción de la hipoteca deben ser abonados íntegramente por el prestamista y los de cancelación por el prestatario. c) Los gastos de gestoría (conforme a STS 555/2020) y los de tasación (conforme a STS Pleno 35/2021) deben ser abonados por el prestamista en tanto no sea de aplicación la Ley 5/2019. d) El sujeto pasivo del IAJD respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo es el prestatario. Las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de intereses de demora en los préstamos hipotecarios sobre la cuota del IAJD no pueden ser reclamadas en el proceso civil por el prestatario, STS 727/2021.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS de Pleno 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, que se recoge en STS la 457/2020. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que las disposiciones de Derecho español aplicables no imponen al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos. Esas cláusulas implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la declaración de abusividad: a) Los gastos notariales de constitución del préstamo deben ser abonados por mitad por ambas partes, criterio que vale tanto para la escritura de otorgamiento como para la de modificación del préstamo hipotecario; b) Los gastos de gestoría (conforme a STS 555/2020) deben ser abonados por el prestamista en tanto no sea de aplicación la Ley 5/2019; c) El sujeto pasivo del IAJD respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo es el prestatario. Las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de intereses de demora en los préstamos hipotecarios sobre la cuota del IAJD no pueden ser reclamadas en el proceso civil por el prestatario (STS 727/2021). Costas. Inadmisión del motivo por falta de gravamen para recurrir. La sentencia confirma la condena en costas de primera instancia. La causa de inadmisión deviene en causa de desestimación.
Resumen: Se estima el recurso de casación en un supuesto en el que se solicitó la nulidad por abusiva de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario con el reintegro de las cantidades abonadas en exceso. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda, imponiendo a la demandada el pago de las costas, sin imponer el reintegro de cantidad alguna, porque "el préstamo hipotecario todavía se encuentra en vigor". Recurrida en apelación por ambas partes, se desestiman los recursos. La Audiencia Provincial consideró acertada la determinación de los efectos derivados de la nulidad acordada y decidió que no procedía imponer las costas de primera ni de segunda instancia, imponiendo a la actora las de la impugnación. Interponen recurso de casación los prestatarios. En relación con la imposición de costas, la sala siguiendo la jurisprudencia sobre los principios de no vinculación de las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la UE, revoca el pronunciamiento sobre costas de primera instancia y por el recurso de apelación de la entidad bancaria y lo sustituye por el de la condena a dicha entidad al pago de tales costas procesales. Respecto a la restitución de las cantidades pagadas en exceso con intereses desde la fecha de su pago, la sala siguiendo la jurisprudencia al respecto, condena a la entidad bancaria a lo abonado de más por la cláusula declarada nula que no se aplique a reducir el importe pendiente de amortización del préstamo.
Resumen: Sentencia de la Audiencia Provincial que desestima la pretensión de nulidad de una cláusula suelo, al considerar que se habían cumplido los requisitos determinantes de la comprensión real por el prestatario que persigue el control de transparencia. Se estima el recurso de casación. Se reitera la jurisprudencia sobre el control de transparencia de las cláusulas predispuestas. La intervención del notario o la claridad de la cláusula no son suficientes para considerar superado el control de transparencia frente a la ausencia de una información precontractual facilitada con antelación suficiente. La sentencia recurrida no da relevancia al hecho de que la oferta vinculante no esté firmada por los demandantes ni tampoco al requisito de la antelación suficiente con que aquélla ha de ser entregada. No ha quedado acreditado que por parte de la entidad demandada se diera una información precontractual suficiente cuando se concertó el préstamo. La falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con cláusula suelo en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva también al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. Se declara la nulidad de la cláusula suelo.
Resumen: Participaciones preferentes. Anulabilidad por error en el consentimiento. Caducidad de la acción. En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error. En asuntos semejantes referidos a comercialización de participaciones preferentes se ha referenciado esta fecha al momento en que la entidad emisora tuvo que ser intervenida por el FROB, que en el caso que nos ocupa fue el 30 de septiembre de 2011. La demanda se interpuso en febrero de 2017, por lo que resulta patente que la acción de anulación por error vicio del consentimiento estaba caducada, por transcurso de cuatro años. Asunción de la instancia. Se estima la acción de indemnización de daños y perjuicios por ausencia de información
Resumen: En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error. Participaciones preferentes y obligaciones subordinadas: el comienzo del plazo de ejercicio de la acción debe computarse desde que los clientes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, que en este caso consistían en la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y en la práctica imposibilidad de recuperación de la inversión, por la falta de solvencia de la entidad emisora de las preferentes, esto es al momento en que la entidad emisora tuvo que ser intervenida por el FROB.
