• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 67/2020
  • Fecha: 20/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el sindicato CGT contaba con legitimación suficiente para activar el conflicto colectivo que está en el origen del procedimiento. El sindicato actuante explicita su legitimación activa para plantear el conflicto colectivo porque tenía constituida una sección sindical autonómica y contaba con un miembro del Comité de empresa en Sevilla y el delegado de personal de Cádiz. La empresa, ha realizado descuentos indebidos en concepto de vacaciones, con denuncias ante la Inspección de Trabajo. La legitimación ad causam se concede a los sindicatos siempre que se respete el principio de correspondencia y de implantación suficiente en el ámbito del conflicto. En este caso no estamos ante un conflicto colectivo promovido por órganos de representación unitaria. Aquí hay un sindicato con implantación en todo el territorio sobre el que proyecta sus efectos el conflicto colectivo; que tiene constituida sección sindical a nivel de empresa y cuenta con presencia en los órganos de representación unitaria. El supuesto concuerda con los resueltos de manera favorable al sindicato que solo posee representación unitaria en alguno de los centros de trabajo afectados. No se trata de exigir una determinada mayoría sino el cumplimiento de dos requisitos: la correspondencia con el ámbito del conflicto (evidente, puesto que posee Sección Sindical en el ámbito de la empresa) y la implantación (asimismo innegable, al contar con presencia en alguno de los órganos de representación unitaria).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 45/2021
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso del Ayuntamiento de Motril que impugnó por lesividad las tablas salariales establecidas en el Convenio Colectivo para el sector de la limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado de la provincia de Granada. El Ayuntamiento es un tercero al ámbito del convenio, pero no postula la declaración de nulidad de dichas tablas, sino su inaplicación a la sociedad mercantil local LIMDECO por mor del sobrecoste que implicaría y la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria, financiera y de gasto, impuestas legalmente, y su propio Plan de Ajuste. Además, consta que LIMDECO ha venido retribuyendo a sus trabajadores conforme a las tablas salariales de los convenios particulares. La pretensión articulada no encaja en la modalidad procesal de impugnación de convenio porque no podría declararse ninguna anulación, ni total ni parcial, puesto que no se ha solicitado. A ello se añade que el perjuicio se ha revelado potencial o hipotético, indirecto o reflejo ya que la obligación del pago por parte del Consistorio no deriva del Convenio colectivo sino de la asunción de la prestación del servicio público local en la modalidad de gestión directa, a través de dicha mercantil, incluyendo en sus Presupuestos Municipales una partida que sufraga el coste íntegro de LIMDECO, quien no tiene otros ingresos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1375/2019
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: VACACIONES:en el recurso de casación la Sala debe resolver si la actora que presta servicios como limpiadora para la empresa Clece SA en el Hospital Universitario de La Princesa tiene derecho a la equiparación a los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (en adelante SERMAS) respecto de los días adicionales de vacaciones por antigüedad. El Juzgado y la Sala de suplicación consideraron que no tenía derecho. Ahora la Sala de casación señala que régimen jurídico de la demandante es distinto al de los trabajadores del SERMAS en materia de vacaciones y si bien el art. 6 del Convenio Colectivo de Clece persigue que cualquier mejora económica o social obtenida por los trabajadores del Grupo E, Nivel 13 del SERMAS se aplique a estos trabajadores de limpieza.Los cambios en el régimen de vacaciones de dichos trabajadores del SERMAS ni constituyen una mejora económica, ni tienen la naturaleza de una mejora social, por lo que no están incluidos en dicho precepto convencional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 91/2020
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala confirma que la decisión empresarial de no proporcionar cuadrantes horarios anuales es una MSCT cuyo conocimiento corresponde territorialmente al TSJ, al afectar a centros de tres provincias de una misma C.A., sin que en ello incidan las diferentes situaciones de los centros, no acreditadas, por lo demás, en los hechos. Es igualmente adecuado el procedimiento de conflicto colectivo porque la medida afecta a todos los trabajadores, a pesar de los diferentes calendarios que exige cada centro. No existe abuso de jurisdicción porque es una cuestión nueva y no es de orden público, pues el conflicto no es de intereses, como sostiene la empresa recurrente, sino una impugnación de una imposición empresarial. Se desestima la falta de legitimación activa de los actores y la modificación fáctica que la sostenía; así como la caducidad de la acción, porque el plazo se inicia cuando se conoce la decisión global de la empresa: con la comunicación de cuadrantes mensuales y no anuales. En cuanto al fondo, la Sala entiende concurrente una condición más beneficiosa, sin que quepa admitir una prueba negativa para combatir su existencia, porque ha quedado probado que, a lo largo de los años, las distintas concesionarias del servicio, incluida la demandada durante el primer año, incluían nominativamente a los trabajadores en el calendario anual de días de trabajo y festivos, a lo que se une que la conducta de la empresa no se adecua a lo que convencionalmente se ha pactado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 167/2020
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se interpone por los sindicatos para que se declare la legitimación para negociar el convenio colectivo de captación y elevación de aguas de Extremadura, mientras no exista asociación que sustituya a la disuelta, por parte de la asociación española de empresas gestoras de servicios de agua urbana y se obligue a la asociación a constituir la mesa negociadora y establecer calendario para negociar. Se denunció el anterior convenio autonómico en noviembre del 18, en marzo de 2018 se constituyó la comisión negociadora del convenio estatal y se alcanzó el nuevo convenio en julio del 19. El TSJ estimó la demanda. Recurre en casación la asociación de empresas. La Sala IV estimó el recurso por no existir deber de negociar en aplicación del art. 89.1 ET, el deber no es absoluto, se excepciona legalmente si existe causa legal o convencional sin perjuicio de los pactos de estructura de la negociación colectiva del art. 83 ET o preferencia aplicativa del art. 84 ET. El convenio negociado en ámbito estatal (arts. 10 y 11) contiene la estructura y articulación sectorial y no impone la existencia de convenios autonómicos. Los promotores incurren en contradicción al firmar el convenio estatal y pretender en el ámbito autonómico una negociación que excede de los límites del estatal. La asociación no tiene legitimación originaria en el ámbito, la legitimación especial del art. 87.3 c) ET no le obliga a negociar en un ámbito territorial que ya rige convenio superior. No hay vacío de negociación
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 161/2020
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Insiste de nuevo la Sala Cuarta en que carece de legitimación activa para impugnar un convenio colectivo estatutario por ilegalidad una asociación empresarial que no está incluida en su ámbito funcional, de acuerdo con la STS, Sala de lo Social, 6-4-2022, (rec. 119/2020). La sentencia examina el contenido del art. 2 del I Convenio Colectivo de empleados y empleadas de fincas urbanas de las provincias de Valencia y Castellón para los años 2018 a 2021, que regula su ámbito funcional y personal, que obliga únicamente a las comunidades de propietarios sin incluir a las empresas multiservicios y concluye que la Asociación de Empresarios y Empresarias Multiservicios de la Comunidad Valenciana (AEEEM) no está legitimada para impugnar dicho convenio por ilegalidad; sin perjuicio de que como tercero, pueda impugnarlo por lesividad acreditando los daños graves efectivos y reales que en su caso genera la cláusula del convenio sobre condiciones para la externalización que afecta a las empresas multiservicios y a otras empresas. Pero en el caso la asociación demandante impugnó por ilegalidad el convenio por la falta de legitimación para negociar de la Asociación de Propietarios y Comunidades de Propietarios de las Provincias de Valencia y Castellón y como se ha dicho, carece de legitimación para ello.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 18/2020
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna en el proceso el art. 17 del convenio de contact center, que prevé la extinción del contrato de obra o servicio por disminución del volumen de la campaña contratada. Alega el sindicato recurrente que su contenido resulta ilegal por contrario a las previsiones del ET y al principio de igualdad. La Sala IV, tras recordar la doctrina relativa a la naturaleza y objeto del proceso especial de impugnación de convenios colectivos y a los requisitos del escrito de interposición del recurso de casación común, se remite a anteriores resoluciones de la sala que abordan la cuestión litigiosa planteada para concluir que la norma convencional impugnada no resulta contraria al ordenamiento jurídico, pues cabe que en el convenio colectivo se vincule el contrato para obra o servicio a la duración de la contrata, si bien la regulación de las causas de extinción de los contratos es materia de orden público y constituye un mínimo de derecho necesario. Y en el caso de autos el artículo impugnado remite a la existencia de causas económicas, productivas u organizativas derivadas de la reducción de la contrata y al respeto de lo recogido en los arts. 53 y 51 del ET. En consecuencia, se confirma la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1087/2019
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si se alcanza el 33% de discapacidad por el solo hecho de tener reconocida una situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual. La Sala IV reitera doctrina que da una respuesta negativa a lo planteado, y ello a consecuencia del exceso en la delegación legislativa del art 4.2 RDLeg. 1/2013. Dicho precepto ha incurrido en ultra vires por exceso en la delegación legislativa, porque no ha respetado el contenido del art 1 de la Ley 26/2011, que, además de atribuirle esa delegación, ratifica el contenido del art 2.1 de la Ley 51/2003, y que se han visto sustancialmente alterados en la redacción final del texto refundido, al sustituir la frase " a los efectos de esta ley " por la de " a todos los efectos ", en una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir, hasta el extremo de que su aplicación conduciría a una interpretación contraria a la mantenida hasta ahora por el TS conforme al contenido de la norma que el legislador no ha querido variar. El legislador quería mantener en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez a los exclusivos efectos de esa ley, pero sin la extensión a las distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico en las que despliega efectos el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33%.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 2542/2019
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso se ciñe a determinar si procede reconocer la prestación de desempleo a un trabajador, menor de 30 años, que presta servicios para su madre en virtud de un contrato de trabajo y que no convive con la misma. En suplicación se argumentó que el artículo 1.3.e) del ET excluye la existencia de relación laboral cuando los servicios se prestan para el empresario por sus descendientes, salvo que se acredite la condición de asalariado. Pero el TS no comparte tal parecer y estima del recurso porque concurren las circunstancias que posibilitan el acceso a la prestación de desempleo denegada, ya que nos encontramos en el supuesto de un hijo menor de 30 años, no conviviente, contratado por su progenitora, por lo que no está excluido del ámbito de aplicación del ET, lo que determina, como ya se ha adelantado, la estimación del recurso formulado. La solución es respetuosa con los postulados constitucionales ya que supone que el acceso a la prestación de desempleo no resulta subordinada al requisito de ser mayor o menor de treinta años, lo que supondría una discriminación por razón de edad, sino que se le reconoce el derecho a la citada prestación en el supuesto de que no conviva con su progenitor, denegándosele en caso contrario. El requisito de la convivencia se erige en la piedra angular no contraria a la CE ya que es un factor relevante para determinar la existencia de una especial relación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 593/2019
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si cabe la compatibilidad de la prestación por incapacidad permanente absoluta derivada de contingencia común con la derivada de la previa situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, cada una de ellas respecto de distinta profesión habitual, cuestión a la que la sentencia recurrida había dado una respuesta negativa desestimando la pretensión de compatibilizar el cobro de la misma con la pensión de incapacidad permanente total en su día reconocida por enfermedad profesional, pese a que aquella se sustentase en cotizaciones posteriores a ésta. La profesión habitual del actor fue primero la de "jefe de equipo de ondulado de cartón", y posteriormente la de "ferrallista". Interpuesto recurso de casación unificadora, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción, porque la sentencia de contraste se refiere a supuesto distinto en el que el actor no percibe dos prestaciones del Régimen General, sino una prestación de incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo y una pensión de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad profesional, ambas del Régimen Especial de la Minería del Carbón, al que le es aplicable distinta normativa, y son distintas las cuestiones objeto de debate. Asimismo, el recurrente omite la cita de la infracción legal.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.