Resumen: La actora solicitó la prestación de IP, que le fue denegada por el INSS por no encontrarse en situación de alta o asimilada y no ser sus lesiones constitutivas de ningún grado de incapacidad. La sentencia de instancia admite que las dolencias de la actora son constitutivas del grado de IPP, pero niega el reconocimiento de la prestación porque no concurre el requisito de alta. Recurre únicamente la parte actora en suplicación -sin que el INSS hubiere llegado ni tan siquiera a impugnar el recurso-, para plantear que debe aplicarse la doctrina flexible y humanizadora para considerar que se encuentra en situación asimilada al alta. La sentencia recurrida no solo no se pronuncia sobre es única pretensión ejercitada en suplicación, sino que revisa de oficio lo declarado en la sentencia de instancia para establecer que las dolencias de la demandante no son constitutivas de incapacidad permanente parcial. Se plantea en casación unificadora determinar si incurre en incongruencia la sentencia de la Sala cuando sólo recurre la trabajadora demandante que no ha impugnado ese pronunciamiento. La Sala IV concluye que lo expuesto provoca una reformatio in peius atentatoria del derecho de tutela consagrado constitucionalmente, a la vez que con ello incurre en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la pretensión ejercitada por la recurrente que constituye el único objeto del recurso de suplicación, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el art. 218.1 LEC.
Resumen: Se recurre la sentencia del TSJ que estima la demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas seguida a instancia de CIG contra AENA, S.A. El debate se centra en determinar si el sindicato, que conforme al art. 7 LOLS ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel de la C.A. de Galicia, y que adoptó el acuerdo de constituir una sección sindical en AENA para dicha C.A., puede designar un delegado sindical en la empresa en el ámbito autonómico con los derechos y en los términos del art. 10.3 LOLS, mediante la agrupación de los tres centros de trabajo que tiene la empleadora en ese territorio, ninguno de los cuales alcanza la suma de 250 trabajadores pero que en su conjunto superan esa cifra. La libertad del sindicato no está mediatizada por la estructura que haya adoptado la configuración de los Comités de empresa, que el sindicato puede tomar como referencia, pero no tienen por qué ser iguales en su configuración. Al Sindicato le basta con acreditar que con tal criterio puede obtener la constitución de la Sección Sindical al alcanzar los requisitos establecidos. No le es exigible tener presencia en todos los centros agrupados. El criterio de instancia, al señalar el importe y tratándose de daños morales, goza de cierta discrecionalidad, si bien puede ser revisado en vía de recurso de forma excepcional cuando se presente como desorbitado, injusto o desproporcionado. La Sala Cuarta no encuentra razón alguna para alterar la cuantía.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que consideró ajustada a derecho la decisión de la empresa de suspender 457 contratos y reducir la jornada del resto de la plantilla, por causa organizativa por COVID-19. Tras recordar la Sala los requisitos que tiene que tener el recurso de casación, especialmente en relación con la imposibilidad de plantear cuestiones nuevas y fundamentar el recurso en normativa y jurisprudencia, sin que sirvan meras alegaciones insistiendo en el interés de su pretensión, apurando la tutela judicial, entra a conocer de la cuestión relativa a si la medida es proporcional, señalando que ello es así, ya que conforme se señaló en la sentencia de instancia, la medida se adopta como consecuencia de que la OMS declaró la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, declarándose en España el estado de Alarma por RD 463/2020, y aprobándose el RD-Ley 8/2020, que suspendía los contratos celebrados por entidades del sector público, teniendo previsión la empresa de paralización de las obras y proyectos en curso. Añade la Sala que no se puede alegar vulneración del a buena fe negocial cuando la representación legal solicitó la aplicación de la medida al 100% de la plantilla. Respecto de que la medida adoptada por la empresa era meramente preventiva, que ello es una cuestión nueva por lo que no puede entrar a conocerse de ella.
Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV reitera doctrina que señala que el citado complemento presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa. De la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento – incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto.
Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV reitera doctrina que señala que el citado complemento presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa. De la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento – incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto.
Resumen: La Sala IV reiterando jurisprudencia anterior, casa y anula la dictada en suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho del trabajador, profesor de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Se debate si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de Religión Católica es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el Ministerio de Educación. La sentencia, tras declarar que las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (2014) y esta Sala (2016) despliegan efectos positivos de la cosa juzgada, razona que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en la que se establece que la mera superación del plazo de tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no comporta la conversión del contrato de interinidad por vacante, en el caso suscrito con la Junta de Andalucía, en uno de carácter indefinido no fijo. El precepto impone obligaciones a las administraciones públicas fijando un plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público, sin que lo establecido en ese precepto permita concluir que la mera superación del plazo, sin que se haya producido fraude o abuso en la contratación, pueda tener como consecuencia la novación de los contratos de interinidad por vacante ni tampoco que estos contratos hayan de tener una duración máxima de tres años, pues como se ha dicho ese plazo va referido a la ejecución de la oferta de empleo público. Este plazo no puede entenderse como una garantía inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso). Además, no se aprecia irregularidad alguna en el proceder de la administración dado que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por disposición legal debido a la crisis económica. En el caso se trata de un contrato de interinidad por vacante cuya propia configuración y su devenir en el tiempo no puede considerarse fraudulento.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en la que se establece que la mera superación del plazo de tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no comporta la conversión del contrato de interinidad por vacante, en el caso suscrito con la Junta de Andalucía, en uno de carácter indefinido no fijo. El precepto impone obligaciones a las administraciones públicas fijando un plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público, sin que lo establecido en ese precepto permita concluir que la mera superación del plazo, sin que se haya producido fraude o abuso en la contratación, pueda tener como consecuencia la novación de los contratos de interinidad por vacante ni tampoco que estos contratos hayan de tener una duración máxima de tres años, pues como se ha dicho ese plazo va referido a la ejecución de la oferta de empleo público. Este plazo no puede entenderse como una garantía inamovible, pues, por un lado, la conducta de la empleadora puede abocar a que antes de que transcurra el mismo se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad (supuestos de fraude o abuso). Además, no se aprecia irregularidad alguna en el proceder de la administración dado que las convocatorias para cubrir las ofertas de empleo quedaron paralizadas por disposición legal debido a la crisis económica. En el caso se trata de un contrato de interinidad por vacante cuya propia configuración y su devenir en el tiempo no puede considerarse fraudulento.
Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior, en que se determinó que sólo procedía el derecho al complemento de formación (sexenio) de los profesores de religión cuando se cumplan las exigencias legales en materia de formación, se casa y anula la sentencia de suplicación, para denegar el derecho de la actora al sexenio, cuando no acredita la formación específica requerida para ello, formación consistente en cursos homologados. Argumenta la sentencia que cuando las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, está remitiéndose a lo previsto en las normas, sin que la igualación pueda depender de lo que acontezca, sino a lo que el ordenamiento prescribe, y el ordenamiento prescribe que tiene que haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación
Resumen: La Sala IV reiterando jurisprudencia anterior, casa y anula la dictada en suplicación que confirmando la de instancia había reconocido el derecho de la trabajadora, profesora de religión, a percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos, aunque no acreditaba la formación específica requerida para ello, para denegar dicho derecho. Se debate si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de Religión Católica es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el Ministerio de Educación. La sentencia, tras desestimar la concurrencia de la cosa juzgada respecto de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (2014) y esta Sala (2016), razona que sólo procede el reconocimiento del derecho al sexenio cuando se cumplen las exigencias legales en materia de formación, ya que aunque las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, dicha igualación debe ser conforme a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, es decir, se tiene que acreditar haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación.
