Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la demandante enfermera mantiene una relación indefinida no fija con Agencia Sanitaria Costa del Sol. Si el contrato de interinidad por vacante, suscrito el 1 de mayo de 2017 (y otros previos desde 11-8-2005), en el que no se identifica con precisión el puesto de trabajo, ni la oferta pública de empleo, ni el proceso selectivo, a los que se anuda, no habiéndose convocado desde entonces hasta la fecha del juicio ningún proceso selectivo para su debida cobertura, comportó fraude de ley, que justifica su novación como contrato indefinido no fijo. El juzgado y la sala de suplicación desestiman la pretensión, pero el TS estima el rcud de la demandante califica la relación de indefinida no fija por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19). Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Además, en el caso, no se precisó adecuadamente la vacante, cuya cobertura temporal constituía su objeto, no habiéndose probado que hubiera convocado procesos selectivos. Reitera doctrina.
Resumen: INCAPACIDAD PERMANENTE:el rechazo a someterse a una intervención quirúrgica no puede ser la causa que impida el acceso a una Gran Invalidez cuando el trabajador presenta reducciones funcionales graves de incierta recuperación. La razón no es otra que la obligatoriedad impuesta por el INSS como requisito para poder lucrar esa prestación es contraria al derecho a la integridad física y moral, además, de que no es legal, a tenor de la dicción del art. 193.1 TRLGSS, que señala que -no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta-, lo que permite que puede negarse a ello, y la voluntad así manifestada no puede ser un obstáculo que impida calificar el grado de incapacidad que reclama. En este caso, su gran dependencia de una tercera persona justifica el grado de invalidez que le fue denegada, por lo que se estima el recurso.
Resumen: Tras el estado de alarma, a partir de 12 de abril de 2020 hasta la reapertura en junio se concede una licencia excusatoria de trabajar retribuida con SB, prorrata de extras, complementos personales y de puesto de trabajo, se rechazó por Paradores la propuesta de la representación de los trabajadores de iniciar ERTE. Los sindicatos plantean conflicto colectivo que afecta a toda la plantilla por no abonar partidas del convenio (producción, manutención, nocturnidad, turno partido). La AN estimó la demanda. Recurre Paradores, la Sala Cuarta respecto del primer motivo consideró que la empresa pudo activar ERTE-Covid RDL 8/2020 y por razones políticas decidió no hacerlo; por ser empresa de derecho privado no es de aplicación la exclusión del DA 17ª ET, pudiendo promover ERTE, no aplicó suspensión de la RL art. 47 ET, ni activó inaplicación del CC, art. 82.3 ET, no se desactiva el deber de remunerar lo pactado. Comparte fallo SAN no su argumentación (arts. 1105, 1101 y 1106 CC), el salario no es indemnización de daños ni el percibo depende de reglas CC, el ET debe prevalecer. Del segundo motivo sobre la aplicación de determinados complementos sin actividad -la regla sin actividad no se devenga- pero no se está ante un supuesto normal sino singular porque la imposibilidad de prestación de servicios es decisión de la empresa, la parte cae en vicio de petición de principio se debe atender a la decisión empresarial de no activar el ERTE las infracciones denunciadas son inexistentes.
Resumen: RCO. Se peticionaba la nulidad de su art. 29.2, XV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en el entendimiento de que la distinción que en materia retributiva se introdujo, atendiendo a la categoría de Centros Especiales de Empleo (CEEs) de iniciativa social generaba una doble escala salarial, sin justificación alguna, relegando a la Patronal representada y a los Centros Especiales de Empleo que la integran, mediante la remisión, a esos efectos retributivos, a otros Convenios sectoriales de los cuales no es parte sometiéndola a una ilegal indefensión de sus derechos. Se pretende que se rebaje el nivel salarial de los mejorados para igualarlos a los que obtienen sus retribuciones del propio convenio. Pero se trata de una previsión favorable para determinados trabajadores a los que se le quiere aplicar un régimen retributivo diferente pero más beneficioso en supuestos o situaciones concretas y tiene una justificación objetiva y razonable que no solo se corresponde con lo que el propio legislador ha buscado a la hora del tratamiento que ha dado al art. 43.4 del RDL 1/2013, sino también desde la negociación colectiva, y con ese apoyo legal, se está queriendo dar mayor relevancia, mediante una atención más acentuada, a esas entidades sociales.
Resumen: RCUD. Pleno. La Sala Cuarta rectifica la doctrina expuesta en las STS 19-01-2022 R. 479/2019 y 08-02-2021 R.2044/2018; cuando el convenio colectivo prohíba el prorrateo de las pagas extraordinarias, y a pesar de ello la empresa proceda al mismo, la retribución percibida mensualmente por la parte trabajadora corresponde a dichas pagas extraordinarias, aun cuando el convenio no hubiera expresamente previsto las consecuencias anudadas al incumplimiento de la obligación. Por lo tanto el trabajador no tendrá derecho a percibir las pagas extraordinarias previstas en el convenio. Se debe acudir al instrumento de la compensación o extinción de las deudas en la cantidad concurrente, o a la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto. La aceptación y consentimiento al percibo mensual extinguió la correlativa obligación del empleador ( arts. 1156 y 1126 CC) y un nuevo reconocimiento generaría un enriquecimiento injusto para el trabajador.
Resumen: RCUD. Capitalización del desempleo por extranjero retornado. Sin reintegro de prestaciones indebidas. La persona que ostenta una nacionalidad extranjera(Ecuador), aunque esté casada con otra de nacionalidad española y amparada por el RD 2407/2007, tiene derecho a capitalizar la prestación por desempleo en las condiciones previstas por el RDL 4/2008 (retorno). El beneficiario de la prestación por desempleo aunque sea extranjero y posea los beneficios propios de su condición conyugal de una española la concede opciones o posibilidades adicionales, pero no le restringe las que son inherentes a su condición de persona extranjera. No hay discriminación por razón de matrimonio pues el mismo trato que a las personas casadas con persona de ciudadanía comunitaria se aplica a quien contrae matrimonio con ella, a su pareja de hecho, a los descendientes o a los ascendientes. Con el abono de esta modalidad de prestación se favorecerá la reinserción laboral y profesional en sus países de origen, se fortalecerá el desarrollo de estos países con el retorno de trabajadores con una cualificación y experiencia laboral enriquecida y formativa y permitirá reforzar la relación de nuestro país con los países de origen. (RDL 4/2018). Nuestra CE (art 41) y el canon interpretativo (art 53.3 CE) aconsejan esta solución.
Resumen: La sentencia recurrida en casación común condenó a la empresa CTAS a abonar a los trabajadores afectados por el conflicto un incremento en la retribución variable para el año 2018 del 2,3%, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 42 del convenio colectivo de empresas de mediación de seguros privados de acreditar los incrementos producidos y de aportar determinada documentación. Recurre la empresa articulando en primer lugar la revisión del relato fáctico, que resulta rechazada. En segundo lugar, la cuestión debatida se centra en determinar si la empresa cumplió o no en plazo la obligación convencional y si tal incumplimiento debe acarrear la consecuencia de abonar el incremento salarial máximo establecido, a lo que la sala IV da una respuesta negativa. Razona la sentencia analizada que CTAS venía convencionalmente obligada a acreditar antes del 20 de agosto los incrementos producidos y su cálculo, lo que no se produjo. Y ello porque la norma interpretada exige la acreditación de las comisiones percibidas en el ejercicio, no la mera comunicación de las mismas. A tales efectos, no es suficiente la mera afirmación empresarial de los ingresos por comisiones percibidos. Se añade que tampoco consta que tal acreditación se produjera antes del 20/8/2018, como se desprende de que la Inspección tuviera que requerir a la empresa para la entrega de la documentación económica. Se desestima el recurso empresarial
Resumen: La Sala Cuarta reitera la doctrina según la cual la demandante, extranjera y con autorización de residencia en España como familiar de un ciudadano UE no tiene derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. El supuesto enjuiciado se encuentra bajo la normativa anterior al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. La sentencia considera que para la concesión de la tarjeta de residencia deben darse los requisitos previstos en 7 RD 240/2007, precepto que exige que el reagrupante disponga de recursos para no convertirse en una carga para la asistencia social en España y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado. Por tanto, el familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal, y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida. Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa, de modo que el familiar no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública (Reitera SSTS, Sala de lo Social, Pleno 13/5/2019; rec. 3626/2017, 4622/2017, 1068/2018; 2022/2018).
Resumen: COMPETENCIA:la competencia para el conocimiento de la demanda formulada, impugnando por la vía de conflicto colectivo las medidas adoptadas por el gobierno vasco en EUSTAT-Instituto Vasco de Estadística para modificar la jornada, horarios , calendarios laborales y permisos recuperados que afectan tanto a laborales como funcionarios, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (en concreto a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ del País Vasco), y no a la Sala de lo Social del de ese Tribunal). Reitera doctrina en las SSTS/IV de 22 de enero de 2019 (rco. 235/2017) y de 14 de octubre de 2014 (rco.265/2013).
Resumen: La actora inició su relación laboral con AENA en virtud de contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, el 28 de junio de 2013; constando que se formalizaba con el objeto de cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el período de duración del procedimiento selectivo y hasta que se produjera la incorporación efectiva al puesto del trabajador seleccionado. La empresa comunicó a la actora que el 10 de marzo de 2017 finalizaba su contrato de trabajo de interinidad, y al aceptar un cambio de contrato, se dio cumplimiento a la denuncia del contrato. El 11 de marzo de 2017 la trabajadora y AENA suscribieron nuevo contrato de trabajo temporal de interinidad, estableciéndose como causa de temporalidad la cobertura temporal durante proceso de selección o promoción, autorizado por Acuerdo. La actora sigue prestando sus servicios para la demandada y presentó su candidatura resultando ser no apta, habiéndose adjudicado la plaza. La cuestión controvertida ha sido resuelta por la Sala Cuarta, declarando que también en el sector societario opera la necesaria concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público tal y como dispone el artículo 55 EBEP al desarrollar las directrices del texto constitucional –artículo 103 CE- que fija los de mérito y capacidad, y el sumatorio de su artículo 14, a fin de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades.
