Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: Se cuestionan los efectos de la supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) ET así como de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo de ambos progenitores (art. 48.4 ET), sobre la previsión del art. 30 del convenio colectivo de empresa. El vigente texto refundido del ET hace inaplicable el precepto del convenio colectivo de empresa que mejoraba la previsión legal sobre aquel permiso. La supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo es consecuencia directa de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo, precisamente por «nacimiento», de los dos progenitores: en ambos casos dieciséis semanas. Si adicionalmente se mantuviera el permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, tan vinculado a la menor duración de la anterior suspensión del contrato por paternidad, se daría la paradoja de que el progenitor distinto de la madre biológica podría llegar a tener un periodo de tiempo de exoneración de la obligación de trabajar superior al de la propia madre biológica. El último párrafo del artículo 30 del convenio colectivo de empresa deviene inaplicable porque una norma sobrevenida (modificación de los artículos 37.3 d) y 48.4 ET por el Real Decreto-ley 6/2019) hace que aquel último párrafo del artículo 30 del convenio haya perdido sus originarias finalidad y alcance o, en los términos de la sentencia recurrida, su «sentido y utilidad.»ӌ
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de tutela de derechos fundamentales, en que se solicitaba se declarara vulnerado el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, al quedar excluido el sindicato -que no obtuvo tras las elecciones sindicales representación en ADIF Alta Velocidad, y tan solo el 7,80 % de representantes en ADIF-, de las comisiones y mesas emanadas del I Convenio Colectivo de ADIF y ADIF Alta Velocidad, incluida la comisión paritaria, apreciando la sentencia de instancia la excepción de prescripción por haber transcurrido más de 1 año desde que se constituyeron la comisión negociadora y el resto de comisiones. Argumenta la sentencia que conforme al art. 179.2 LRJS, la demanda deberá interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental, sin que el hecho de que los derechos fundamentales sean imprescriptibles, pueda conllevar que no pueda operar la prescripción, siendo la regla general del plazo de prescripción el de 1 año del art. 59 ET, cuyo dies a quo debe fijarse en el día en que la acción pudo ejercitarse, no siendo imprescriptibles los actos anulables sino sólo los nulos.
Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior, en que se determinó que sólo procedía el derecho al complemento de formación (sexenio) de los profesores de religión cuando se cumplan las exigencias legales en materia de formación, se casa y anula la sentencia de suplicación, para denegar el derecho de la actora al sexenio, cuando no acredita la formación específica requerida para ello, formación consistente en cursos homologados. Argumenta la sentencia que cuando las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionario interino, está remitiéndose a lo previsto en las normas, sin que la igualación pueda depender de lo que acontezca, sino a lo que el ordenamiento prescribe, y el ordenamiento prescribe que tiene que haber realizado la formación consistente en cursos homologados por el Ministerio de Educación
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: La empresa tiene elaborado un plan de igualdad desde una fecha en la que no existía aún representación legal de los trabajadores. Con posterioridad, la empresa accede a que la representación legal de los trabajadores participe en el seguimiento del plan de igualdad. La empresa recurrente defiende que estaba obligada legalmente a disponer de un Plan de Igualdad, puesto que empleaba a más de 250 trabajadores, aunque no pudo negociarlo con los representantes de los trabajadores lo realizó con una comisión ad hoc. En STS 9 de mayo de 2017, rec. 85/2016, la Sala Cuarta sostiene que el número 3 del artículo 45 de la Ley 3/2007 nos muestra que es obligatoria la negociación del Plan de Igualdad en el supuesto de empresas de más de 250 trabajadores y el nº 3 lo que viene a establecer es que la elaboración y negociación de ese Plan será, igualmente, obligatoria cuando lo establezca el convenio colectivo de aplicación, aunque la empresa tenga menos de 250 empleados. La negociación de los planes de igualdad debe acometerse necesariamente por los sujetos legitimados para la negociación de los convenios de empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 LO 3/2007, de 22 de marzo, en relación con los arts. 17.5, 85.2, 87, 88 y 89 ET por lo que no es factible sustituir a los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores por una comisión ad hoc.
Resumen: Se discute sobre la proyección temporal de la STC 164/2016, de 3 de octubre que declara inconstitucionales los apartados 1 y 2 de la Disp. Adic. 1ª de la Ley 4/2010, de la CAM, de medidas urgentes por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de dicha Comunidad, y que imponía una reducción salarial del 5% al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas. Se debe decidir si cabe aplicar dicha nulidad con efectos retroactivos desde que se aplicó la medida por la empresa o si la sentencia solo surte sus efectos una vez publicada en el BOE. La virtualidad temporal de la sentencia del TC es lo que se debate en el recurso de casación. La sentencia de contraste del TS 3-11-2016 (rc 48/13), una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad, acogió la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa al reintegro a los trabajadores de las cantidades detraídas desde el mes de julio de 2010, como consecuencia de la aplicación de aquella reducción salarial del 5% sin haberla negociado previamente. No concurre la contradicción entre las sentencias comparadas a pesar de las similitudes y una posible contradicción doctrinal, y ello porque la recurrida resuelve una reclamación individual presentada solo tras dictarse la STC cuyos efectos se discuten. La referencial aborda un conflicto colectivo no solo anterior a la citada STC sino que, precisamente propicia que se dicte la misma. La sentencia cuenta con Voto Particular.
Resumen: En cumplimiento de convenios colectivos de empresa se venía complementado la percepción de Incapacidad Temporal por parte de la entidad demandada. Tal forma de proceder se vio modificada por la entrada en vigor de diversas normas que intentaban hacer frente a la crisis económica de principios de la década. La Ley 22/2017 de presupuestos de la GV para 2018, establece que el cálculo del complemento se soportara sobre las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior a la IT, excluidos determinados conceptos. El Área de Gestión de Personas de FGV, estableció un aviso general en el que se dio cuenta de la aplicación de la nueva norma y de las consiguientes regularizaciones y atrasos. En la demanda se pretendía que se declarase que el mencionado aviso habría incumplido una condición más beneficiosa solicitando que se mantuviese la aplicación de las normas anteriores en relación al complemento de IT. No estamos en presencia de una condición más beneficiosa, no consta probada voluntad empresarial de mantener el beneficio derivado de la legislación anterior. Tampoco puede deducirse tal voluntad del retraso en aplicar la nueva normativa y no puede colegirse la existencia de una voluntad empresarial de incorporar al núcleo de derechos y obligaciones contractuales tal condición relativa al complemento de las precepciones de IT. Ha de rechazarse, igualmente la posible condición mas beneficiosa, cuando la misma se oponga a una disposición legal de cualquier orden normativo.
Resumen: La Sala IV estima la petición subsidiaria de conflicto colectivo y declara que las relaciones laborales de la Fundación de Atención y Soporte a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares con el colectivo de trabajadores afectados por el conflicto es de naturaleza indefinida no fija. Apreciada la concurrencia del fraude en la contratación, la cuestión planteada es la relativa a la mutación de la naturaleza contractual - fijeza o indefinido no fijo-. La Fundación es un organismo de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada. Para resolver la cuestión el TS acude a la doctrina sentada respecto a las sociedades mercantiles estatales y que concluyó con la condición de "indefinido no fijo". Tras analizar las condiciones de acceso al citado organismo, la normativa específica de aplicación y declarar la vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad, sostiene que la relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) con el objetivo de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Por todo ello, se concluye que la calificación adecuada es la indefinidos no fijos.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, consiste en determinar el convenio colectivo aplicable a los trabajadores que prestan servicios para la UTE Kirol Portuak II y, en concreto, si se les ha de aplicar el Convenio Colectivo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa o, por el contrario el del sector del metal, habiendo estimado la Sala de origen la demanda de conflicto colectivo deducida por el Sindicato ELA y optado por el Convenio de limpieza de Gipuzkoa. El TS tras desestimar los óbices procesales suscitados [falta de legitimación del sindicato, inadecuación de procedimiento e incongruencia interna de la sentencia recurrida], y descartada la revisión de los hechos probados, entra a decidir sobre cuál es el convenio aplicable a la vista de sus ámbitos funcionales, no obstante recordar que se trata de una materia indisponible y de orden público, por lo que no cabe elegir un convenio distinto del que debe aplicarse. Sentado lo anterior, y atendiendo a la actividad de la UTE y a las funciones que realizan los trabajadores que se insertan y encajan mejor en las expresiones de "limpieza, mantenimiento, conservación y recuperación de puertos", que en las expresiones "construcción naval y su industria auxiliar", confirma el fallo combatido y declara aplicable el Convenio de limpieza de Gipuzkoa.
