Resumen: RCO. Conflicto Colectivo. FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES CATALUNYA S.L.(Sanidad Privada X Convenio Colectivo). Dos cuestiones: Una primera relativa a la naturaleza del Pacto de Empresa de 8/10/2007; y una segunda relativa a su vigencia y concurrencia temporal con el convenio sectorial aplicable. Prioridad aplicativa del convenio de empresa. Los negociadores del convenio de empresa pactaron un sistema retributivo integral, que despliega prioridad aplicativa con respecto al convenio sectorial, conforme al art. 84.2.a ET. Cuestiones nuevas: no se consideran según doctrina. Se confirma resolución de instancia. Voto Particular: reconocer el derecho de los trabajadores afectados a percibir a percibir la contraprestación económica correspondiente a la carrera profesional y sistema de incentivación profesional en función de su grupo profesional y en aplicación de las tablas del Convenio Colectivo sectorial de aplicación, sin que pueda ser absorbida o compensada por el sistema retributivo establecido en el Pacto de empresa, si concurren los requisitos exigidos en el X Convenio Colectivo.
Resumen: La sentencia recurrida desestima la pretensión colectiva en la que se insta primero la declaración de que las tareas sanitarias –vacunación, extracciones de muestras ...- que realiza el personal de enfermería destinado en las residencias de ancianos, centros de discapacitados y de menores de la Comunidad de Madrid corresponden al personal de la Consejería de Sanidad. Subsidiariamente, se insta la percepción por el personal afectado por el conflicto de la productividad variable y el desarrollo de la carrera profesional en las mismas condiciones que el personal del Sermas. La sala IV, tras rechazar la aportación de documentos en fase de recurso, cita la doctrina que aplica el principio de igualdad retributiva y, partiendo de que no se discute en el recurso que el colectivo afectado por el conflicto pueda realizar las tareas sanitarias citadas y de que se percibe un complemento de funciones asistenciales recogido en convenio, considera que no puede estimarse el recurso ni la demanda pues no se aportar los parámetros económicos cuya comparación sería indispensable para poder apreciar la discriminación retributiva. Además, en acuerdo de 8/2/07 del Consejo de Gobierno se recoge la homogeneización retributiva del personal sanitario y asistencial en los convenios colectivos, lo que se plasmó en la DT. 19ª de la norma convencional, sin que pueda desprenderse de la citada norma que el complemento de carrera profesional retribuya las actividades objeto del actual litigio.
Resumen: RCO de Servicios Socio Sanitarios Generales, SL (transporte sanitario). Conflicto colectivo. Dos temas: 1º Si los demandantes (CGT y UGT) debieron acudir a la Comisión Paritaria del convenio colectivo aplicable antes de la promoción del conflicto colectivo; No era exigible someter el litigio a la comisión paritaria del convenio, porque su resolución no exige necesariamente la interpretación o aplicación del convenio. 2º Si la empresa está obligada o no al lavado y desinfección de la ropa de trabajo de los trabajadores, así como a adoptar las medidas necesarias para que, al salir de la zona de trabajo puedan quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección personal, depositándoles en los contenedores destinados a esta finalidad, sin que sean llevados a su domicilio. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: interpretación del art. 7.1 d), 3 y 4 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo obliga a la empresa a la limpieza y desinfección de la ropa de trabajo, así como a establecer un procedimiento para que, al salir del trabajo, los trabajadores puedan dejar las prendas utilizadas sin mezclarlas con su ropa de calle.
Resumen: La Sala Cuarta confirma, de acuerdo con jurisprudencia previa, la competencia funcional de la sala de suplicación para conocer del recurso del trabajador que reclama categoría superior, por venir desempeñando funciones de dicha categoría, porque la cuestión planteada no es propia del proceso de clasificación profesional, pues no se circunscribe a determinar el contenido de los servicios prestados, sino que se reclama un derecho. En cuanto al fondo, la Sala Cuarta recuerda la jurisprudencia que razona que el ascenso de categoría fundado en el desempeño de tareas superiores se supedita a la norma legal o convencional que la regula y resuelve que el actor tenía derecho a reclamar, ex art. 39.2 ET, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones realizadas, conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente, pero no a ser clasificado en el grupo profesional y categoría pretendido, por cuanto dicha posibilidad ha sido expresamente rechazada por el artículo 15.5 del convenio colectivo aplicable, a estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 39.2 ET y 14 y 19.2 EBEP .
Resumen: Se interpuso conflicto colectivo por el sindicato UGT solicitando el reconocimiento a los trabajadores de turno de mañana de la Agencia de medio ambiente y agua -AMAYA- que se encuentran en régimen de disponibilidad para eventuales salidas al orto en medio aéreo a que se compute dicho periodo como guardias y su abono conforme al plus de disponibilidad y localización (art. 94.6 del convenio) durante los meses de mayo a octubre. Los trabajadores prestan servicios en las unidades BRICA. Se desestimó por el TSJ de Andalucía. Recurre en casación el demandante, la Sala IV desestimó el error en la valoración de la prueba por ser suficiente el relato de hechos, refleja correcta valoración por la Sala a quo, pretendiendo el recurrente una nueva revisión de la prueba documental aportada para llegar a distinta conclusión. También desestimó la infracción normativa, el convenio establece 60 guardias obligatorias anuales de 24 horas con tiempo de 1 hora de respuestas desde el aviso, siendo 30 presenciales y 30 no presenciales y computan en la jornada ordinaria de trabajo, los pluses solicitados retribuyen disponibilidad y localización, fuera de su periodo de trabajo efectivo y son de prestación obligatoria. Tras analizar los preceptos convencionales considera que las horas prestadas desde el orto hasta el ocaso se incluyen en el cómputo de guardias no presenciales y sólo superado su tope se devengaría el plus de disponibilidad. No está previsto el abono del plus en la forma interesada.
Resumen: Se cuestiona si el sindicato CGT contaba con legitimación suficiente para activar el conflicto colectivo que está en el origen del procedimiento. El sindicato actuante explicita su legitimación activa para plantear el conflicto colectivo porque tenía constituida una sección sindical autonómica y contaba con un miembro del Comité de empresa en Sevilla y el delegado de personal de Cádiz. La empresa, ha realizado descuentos indebidos en concepto de vacaciones, con denuncias ante la Inspección de Trabajo. La legitimación ad causam se concede a los sindicatos siempre que se respete el principio de correspondencia y de implantación suficiente en el ámbito del conflicto. En este caso no estamos ante un conflicto colectivo promovido por órganos de representación unitaria. Aquí hay un sindicato con implantación en todo el territorio sobre el que proyecta sus efectos el conflicto colectivo; que tiene constituida sección sindical a nivel de empresa y cuenta con presencia en los órganos de representación unitaria. El supuesto concuerda con los resueltos de manera favorable al sindicato que solo posee representación unitaria en alguno de los centros de trabajo afectados. No se trata de exigir una determinada mayoría sino el cumplimiento de dos requisitos: la correspondencia con el ámbito del conflicto (evidente, puesto que posee Sección Sindical en el ámbito de la empresa) y la implantación (asimismo innegable, al contar con presencia en alguno de los órganos de representación unitaria).
Resumen: Se desestima el recurso del Ayuntamiento de Motril que impugnó por lesividad las tablas salariales establecidas en el Convenio Colectivo para el sector de la limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado de la provincia de Granada. El Ayuntamiento es un tercero al ámbito del convenio, pero no postula la declaración de nulidad de dichas tablas, sino su inaplicación a la sociedad mercantil local LIMDECO por mor del sobrecoste que implicaría y la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria, financiera y de gasto, impuestas legalmente, y su propio Plan de Ajuste. Además, consta que LIMDECO ha venido retribuyendo a sus trabajadores conforme a las tablas salariales de los convenios particulares. La pretensión articulada no encaja en la modalidad procesal de impugnación de convenio porque no podría declararse ninguna anulación, ni total ni parcial, puesto que no se ha solicitado. A ello se añade que el perjuicio se ha revelado potencial o hipotético, indirecto o reflejo ya que la obligación del pago por parte del Consistorio no deriva del Convenio colectivo sino de la asunción de la prestación del servicio público local en la modalidad de gestión directa, a través de dicha mercantil, incluyendo en sus Presupuestos Municipales una partida que sufraga el coste íntegro de LIMDECO, quien no tiene otros ingresos.
Resumen: VACACIONES:en el recurso de casación la Sala debe resolver si la actora que presta servicios como limpiadora para la empresa Clece SA en el Hospital Universitario de La Princesa tiene derecho a la equiparación a los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (en adelante SERMAS) respecto de los días adicionales de vacaciones por antigüedad. El Juzgado y la Sala de suplicación consideraron que no tenía derecho. Ahora la Sala de casación señala que régimen jurídico de la demandante es distinto al de los trabajadores del SERMAS en materia de vacaciones y si bien el art. 6 del Convenio Colectivo de Clece persigue que cualquier mejora económica o social obtenida por los trabajadores del Grupo E, Nivel 13 del SERMAS se aplique a estos trabajadores de limpieza.Los cambios en el régimen de vacaciones de dichos trabajadores del SERMAS ni constituyen una mejora económica, ni tienen la naturaleza de una mejora social, por lo que no están incluidos en dicho precepto convencional.
Resumen: Se interpone por los sindicatos para que se declare la legitimación para negociar el convenio colectivo de captación y elevación de aguas de Extremadura, mientras no exista asociación que sustituya a la disuelta, por parte de la asociación española de empresas gestoras de servicios de agua urbana y se obligue a la asociación a constituir la mesa negociadora y establecer calendario para negociar. Se denunció el anterior convenio autonómico en noviembre del 18, en marzo de 2018 se constituyó la comisión negociadora del convenio estatal y se alcanzó el nuevo convenio en julio del 19. El TSJ estimó la demanda. Recurre en casación la asociación de empresas. La Sala IV estimó el recurso por no existir deber de negociar en aplicación del art. 89.1 ET, el deber no es absoluto, se excepciona legalmente si existe causa legal o convencional sin perjuicio de los pactos de estructura de la negociación colectiva del art. 83 ET o preferencia aplicativa del art. 84 ET. El convenio negociado en ámbito estatal (arts. 10 y 11) contiene la estructura y articulación sectorial y no impone la existencia de convenios autonómicos. Los promotores incurren en contradicción al firmar el convenio estatal y pretender en el ámbito autonómico una negociación que excede de los límites del estatal. La asociación no tiene legitimación originaria en el ámbito, la legitimación especial del art. 87.3 c) ET no le obliga a negociar en un ámbito territorial que ya rige convenio superior. No hay vacío de negociación
Resumen: Se impugna en el proceso el art. 17 del convenio de contact center, que prevé la extinción del contrato de obra o servicio por disminución del volumen de la campaña contratada. Alega el sindicato recurrente que su contenido resulta ilegal por contrario a las previsiones del ET y al principio de igualdad. La Sala IV, tras recordar la doctrina relativa a la naturaleza y objeto del proceso especial de impugnación de convenios colectivos y a los requisitos del escrito de interposición del recurso de casación común, se remite a anteriores resoluciones de la sala que abordan la cuestión litigiosa planteada para concluir que la norma convencional impugnada no resulta contraria al ordenamiento jurídico, pues cabe que en el convenio colectivo se vincule el contrato para obra o servicio a la duración de la contrata, si bien la regulación de las causas de extinción de los contratos es materia de orden público y constituye un mínimo de derecho necesario. Y en el caso de autos el artículo impugnado remite a la existencia de causas económicas, productivas u organizativas derivadas de la reducción de la contrata y al respeto de lo recogido en los arts. 53 y 51 del ET. En consecuencia, se confirma la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda.
