Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa al prevalimiento y afirma que la agravación resulta de aplicación en los casos en que el sujeto activo se aprovecha dolosamente en una situación de superioridad con respecto a la víctima. Dicha superioridad ha de ser notoria y eficaz, esto es objetivamente apreciable y no solo subjetivamente percibida por una de las partes, así como suficiente para restringir de modo relevante la capacidad de la víctima para decidir libremente. Basta con la existencia de una situación de superioridad o ventaja del sujeto activo de la que se aprovecha. En el caso concreto, el TS afirma que la agravación no deriva del parentesco, sino del prevalimiento que supone una relación de superioridad que proviene, no de la edad de las víctimas, sino de la diferencia de edad entre agresor y víctimas y de la especial relación de afecto y confianza entre las víctimas y su agresor, que es aprovechada por éste para cometer el hecho. Todo ello evidencia una asimetría entre las posiciones de acusado y víctimas, que las colocaba en clara situación de inferioridad.
Resumen: La interpretación y la calificación de los contratos es una función encomendada a la Sala de instancia y no puede ser revisado en casación, salvo que resulte ilógico, erróneo o irracional. Las cláusulas contractuales no han de ser interpretadas aislando unas de otras, sino armónica y sistemáticamente. El conjunto de los retrasos injustificados se contraen a los producidos desde la incoación del proceso y no desde la comisión del hecho delictivo. La acción civil "ex delicto" no pierde su naturaleza civil por el hecho de ejercitarse en proceso penal. Las obligaciones civiles "ex delicto" no nacen propiamente del delito (aunque es necesario la declaración de su existencia), sino de los hechos que lo configuran, en cuanto originadores de la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización de los perjuicios. Los daños y perjuicios, cuando de reclamación dineraria se trata, se contraen a los intereses contractuales o legales que procedan. En este caso la restitución del principal en concepto de "damnum emergens" deberá completarse, en concepto de daños y perjuicios, con el "lucrum cesans" o privación del disfrute del numerario indebidamente apropiado. Tal finalidad se alcanza a través de los intereses moratorios. Por mucho que haya desaparecido la voz distracción del art. 253 CP actual, y por mucho que el Preámbulo de la LO 1/2015 quiera desviar siempre su tipicidad a la administración desleal es evidente que sigue siendo posible la apropiación indebida de dinero.
Resumen: No concurre la predeterminación del fallo denunciada, pues la frase contenida en los hechos probados a que se refiere el recurrente es de lenguaje común y carece de cualquier expresión técnico-jurídica que defina la esencia del tipo aplicado. Tampoco se aprecia contradicción entre lo declarado por dos de los testigos y los hechos que considera probados la sentencia impugnada. El tribunal de instancia dispuso de prueba directa e indiciaria suficientemente incriminatoria y valoró racionalmente, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, tanto la de cargo como la de descargo, alcanzando una inferencia lógica, como se desprende de la detallada explicación del engarce entre los hechos base y los hechos consecuencia. En el inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el encartado alteró maliciosamente una muestra de orina, vertiendo el contenido de un bote en el vaso proporcionado para pasar una prueba de detección y control de drogas, en lugar de miccionar directamente en él- concurren todos los elementos del tipo penal apreciado de deslealtad. No concurre el error de hecho en la valoración de la prueba invocado, pues la sentencia impugnada recoge sustancialmente el contenido del documento citado por el recurrente, sin que se dé contradicción o desviación entre este y la conclusión probatoria del tribunal. Ni el documento citado suscita duda alguna ni el tribunal deja margen a la incertidumbre, por lo que no cabe aplicar el principio in dubio pro reo.
Resumen: Recuerda la sentencia que el Tribunal Constitucional ha reiterado que la prohibición de incurrir en bis in idem procesal o doble enjuiciamiento penal queda encuadrada en el derecho a la tutela judicial efectiva, concretándose en la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo firme con efecto de cosa juzgada, y ha admitido la anulación de pronunciamientos absolutorios con retroacción de las actuaciones al inicio del juicio oral en casos de vulneración de derechos fundamentales de las acusaciones. En el caso concreto, el Tribunal Supremo establece la repetición del juicio para una acusada respecto de hechos por los que ya había sido absuelta, como consecuencia de la estimación de su propio recurso en el que había alegado la vulneración del derecho de defensa, supondría una reformatio in peius que debe rechazarse. Secreto de las comunicaciones, se recuerda la necesidad de control judicial. No forma parte del derecho del art. 18.3 CE todo lo referido a la entrega de la cintas grabadas. Se delimita el contenido del principio de igualdad. Presunción de inocencia; se señala el alcance casacional del derecho. Dilaciones indebidas muy cualificadas: presupuestos. Derecho a utilizar los medios de prueba: se detalla el contenido del derecho. Cohecho: se delimita el concepto de acto injusto. Cooperador: dolo. Tráfico de influencias: requisitos. Continuidad delictiva, unidad natural de acción.
Resumen: La vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación. En tercer lugar, que la actividad probatoria inadmitida o no practicada pudiera haber influido decisivamente en el fallo. Y, por último, que el recurrente, en su demanda de amparo alegue y fundamente lo anterior. El Tribunal Supremo haya admitido expresamente la posibilidad de presentar petición adicional de prueba con posterioridad al escrito de calificación provisional siempre que: a) esté justificada de forma razonada; b) no suponga un fraude procesal y c) no constituya un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión.
Resumen: Se analiza la continuidad aplicada sobre la modalidad agravada del delito de estafa por la cuantía: tres entregas efectuadas el mismo día, basadas en tres contratos también protocolizados en la misma fecha. Deben considerarse integradas en un supuesto de unidad de acción. Su fragmentación sugiere un deliberado propósito de eludir la modalidad agravada. Por razones de proporcionalidad, a la hora de ponderar la pena, no podemos despreciar las otras condenas impuestas a la misma persona por hechos que perfectamente podrían haber quedado incorporados en la continuidad delictiva enjuiciada, en la idea que la suma de las distintas condenas no rebase el límite de pena legal. La atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada: requisitos.
Resumen: Nada se expresa en la resultancia fáctica de la sentencia recurrida acerca de la finalidad del uso posterior de los permutantes, por más que impropiamente en la fundamentación jurídica realice complementos que van más allá de la mera explicación del factum, con datos adicionales, que refuerzan los expresados en la resultancia fáctica de la Sentencia, y que excede de los permitido por tal mecanismo explicativo. No es posible la restitución cuando afecta a terceros, que no han sido oídos en el juicio, o que han adquirido el bien con la condición jurídica de su irreivindicabilidad. La sentencia recurrida, al constatar la imposibilidad de proceder a la restitución del bien, opta por la indemnización de daños y perjuicios. Y en lo que concierne al delito de estafa por el que se sanciona, lo procedente en principio en estos casos es la restitución de los bienes objeto de defraudación, lo que implicaría aquí la restitución de los terrenos en el mismo estado en que se los entregaron a la acusada, lo que exigiría efectivamente la nulidad de los negocios jurídicos de transmisión y gravamen celebrados desde el 6 de mayo de 2004 que recayesen sobre aquellos y de los respectivos asientos registrales. Sin embargo, ello no es factible porque tal declaración afectaría directamente a los derechos e intereses legítimos de personas que no consta se les haya dado la posibilidad de defenderlos en la presente causa penal, lo que impide cualquier pronunciamiento anulatorio.
Resumen: En la instancia se condena por delito de agresión sexual continuado a menor de 16 años con acceso carnal, con actuación conjunta de dos o más autores y con una violencia e intimidación particularmente degradante y vejatoria, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de anomalía psíquica, y por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Validez de la prueba preconstituida (la declaración de la menor). Se deniega, con informe pericial ad hoc, la declaración de la menor en el acto del juicio. No hay indefensión. Delito de agresión sexual. Intimidación ambiental. Error de tipo y error de prohibición. Subtipo agravado: la violencia o intimidación revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Distinción entre el delito de elaboración de material pornográfico y el delito contra la intimidad: no es preciso que las imágenes obtenidas sean editadas para que pueda hablarse de elaboración. Proporcionalidad de las penas. Carácter inmaduro e influenciable: posible atenuante simple; no muy cualificada.
Resumen: La discrepancia surge a la hora de fijar el límite máximo de cumplimiento. El auto recurrido se decantó por el triple de la mayor de las penas, es decir, 60 años, con el consecuente rechazó de la acumulación por no resultar beneficiosa al acusado. El recurrente entiende que debe fijarse un límite máximo de cumplimiento efectivo de 25 años, que de esta manera emerge como opción más beneficiosa. La delimitación de cual deba ser el límite máximo de cumplimiento para las ejecutorias que se acumulan, fijado en el artículo 76.2 CP como excepción al cumplimiento sucesivo de las penas, no podrá exceder del que arroja el triple de la más grave de las impuestas, ni de 20 años. Esta cifra viene establecida por ser la duración máxima prevista para la pena de prisión, salvo excepciones. Excepciones que determinaron a su vez, con sucesivas modificaciones legislativas, que ese límite máximo de 20 pasara a incrementarse hasta 25, 30 o 40 años, en los diferentes supuestos de los apartados a, b, c y d) del artículo 76.1 CP. Límites estos que vienen establecidos, ya no en función de la pena en concreto impuesta, sino de la que en abstracto corresponde al delito de que se trate. En este caso, en atención a la fecha de los hechos de los que dimana la condena por dos asesinatos del artículo 139 CP consumados, el 2 de octubre de 2007, este delito estaba castigado con pena de hasta 20 años, de ahí que el el límite máximo de cumplimiento a fijar sea el de 25 años que el recurrente reclama.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, así como del principio in dubio pro reo (art. 24.1 y 2 CE); b) infracción del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad (art. 25.1 CE), en relación con la infracción disciplinaria tipificada en el art. 9.3 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
