Resumen: La excepción de cosa juzgada es una consecuencia inherente al principio non bisin ídem, que ha de estimarse implícitamente incluido en el artículo 25 CE, como íntimamente ligado a los principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones. Principio que se configura como un derecho fundamental del sancionado, y que impide castigar doblemente por un mismo delito. A diferencia de otras ramas del Derecho en las que puede existir una eficacia de cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicialidad que se produce cuando para resolver lo planteado en un determinado proceso haya de partirse de lo antes sentenciado con resolución de fondo en otro proceso anterior, esta eficacia no tiene aplicación en el ámbito del proceso penal. Cada causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su específico contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de otro proceso distinto, a salvo, claro, de los supuestos excepcionales que puedan dar sustento a una cuestión prejudicial de las previstas en el artículo 3 y ss LECRIM. La única eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es la preclusiva o negativa, que consiste en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona. El hecho a comparar vendrá fijado por el relato histórico por el que se acusó y condenó.
Resumen: El ámbito de la casación y en general de los recursos se ciñe a las cuestiones, temas o pretensiones que fueron planteadas formalmente en la instancia por las partes. No pueden introducirse "per saltum" cuestiones diferentes, hurtándolas del necesario debate contradictorio y de una primera respuesta que podría haber sido objeto de impugnación por las otras partes. Dilaciones indebidas: la gravedad de la pena debe adecuarse a la gravedad del hecho y en particular a su culpabilidad, y que, si la dilación ha comportado la existencia de un mal o privación de derecho, ello debe ser tenido en cuenta para atenuar la pena. La consideración como muy cualificada requiere una dilación indebida "extraordinaria" en su extensión temporal, ello debe comportar que los elementos que configuran la razón atenuatoria se den de forma intensa y relevante. Incongruencia omisiva, necesidad de acudir a la vía del artículo 267 de la LOPJ. Responsabilidad civil subsidiaria. Presupuestos para su apreciación. Especial referencia a la infracción de normas de reglamento. Concurso medial. Criterios para determinar la pena. El límite mínimo se corresponde con una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto, por el delito más grave. Una vez determinada la infracción más grave y concretada la pena tomando en consideración las circunstancias y los factores de individualización la pena mínima sería ésta más un día
Resumen: El delito de estafa requiere la utilización de un engaño previo bastante con ánimo de lucro, para generar un riesgo no permitido en el patrimonio de la víctima; y de tal acción tiene que derivarse un desplazamiento patrimonial realizado por el sujeto pasivo del engaño en perjuicio del bien jurídico que tutela la norma penal, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa. No se pretende de la casación que lleve a cabo una valoración de los medios de prueba personal para determinar si su resultado autoriza la inferencia que afirma los elementos del tipo de homicida. Lo cuestionado es si esa valoración, ya efectuada por quien recibió dicha prueba, es decir por el Tribunal del Jurado, ha sido o no correctamente desautorizada por la sentencia que se recurre y que es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia y no la de del Tribunal del Jurado. La pretensión de anular el pronunciamiento de apelación en contra del reo, haciendo revivir el pronunciamiento condenatorio, no tropieza con obstáculo alguno. El artículo 31 ter inciso primero CP no plantea un problema de bis in ídem cuando se condena tanto a la persona jurídica como a su administrador, no siendo este el único socio.
Resumen: Límites de la revisión en vía de recurso de sentencias absolutorias. Recurso por infracción de ley. Cuestiones suscitadas per saltum en casación. No es posible que el Tribunal se subrogue en la posición que corresponde al recurrente, sobreponiéndose a la circunstancia de que la pretendida falta de tutela judicial efectiva por falta de motivación no fue siquiera aducida en el recurso de apelación previamente interpuesto, y tampoco planteada en debida forma en el marco de la casación, y procediendo al análisis de la suficiencia de aquellas razones sin ninguna queja o patrón explicativo previo denunciado por la recurrente. Comportaría un evidente desequilibrio respecto de la posición de los acusados quienes se enfrentarían así, cualquiera que fuese su resultado, por vez primera, a las consideraciones que este Tribunal pudiera realizar acerca de un motivo no invocado explícitamente, ni en apelación ni en casación, y construido sobre razonamientos u objeciones también desconocidas hasta el momento del dictado de nuestra sentencia. Ostensible alteración del equilibrio procesal al que, evidentemente, no podemos dar pábulo.
Resumen: La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal solo habilita, así pues, para comprobar si la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. Para el resto de posibles infracciones o errores aplicativos el debate queda cerrado con la resolución de la Audiencia Provincial. El art. 849.1º en su literalidad obliga a tomar como base para el análisis los hechos declarados probados No permite revisar si un vicio procesal ha podido condicionar la formulación del juicio fáctico. En el caso presente la Sala de lo Penal confirma la condena en segunda instancia porque la Audiencia no se aparta ni un ápice del hecho probado para construir su pronunciamiento condenatorio. Es verdad que prescinde de algunas de las observaciones que el Juzgado de lo Penal incluía en su motivación jurídica (fundamento de derecho segundo donde se cuestiona la intencionalidad de incumplir la orden judicial); pero el relato fáctico es plenamente acatado. En él se refiere cómo el ahora recurrente se personó en el domicilio de su expareja pese a constarle que existía una prohibición judicial de acercamiento. Y lo hizo no solo los días en que tenía reconocido régimen de visitas -fechas en que la Audiencia admite que pudieran surgir dudas sobre la conciencia por parte del acusado de que la prohibición impidiese esa conducta-; sino también otros distintos en los que no puede dudarse -según la Audiencia- de su conciencia de estar incumpliendo la orden judicial.
Resumen: La denegación de la prueba propuesta no causó indefensión a la recurrente, pues intentaba rebatir extremos que no era necesario tener en consideración para calificar la conducta como constitutiva de la infracción por la que se impuso la sanción, extremos no acogidos en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida -en los que no se hizo mención a la persona que aparecía en los vídeos de contenido sexual, a la concreta página de internet en la que se podía acceder a los mismos ni a la necesidad de pagar para acceder a ellos-. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de contenido incriminatorio, válidamente obtenida, regularmente practicada y valorada con sometimiento a las reglas de la sana crítica, para alcanzar, sin atisbo alguno de arbitrariedad, la convicción de la certeza de los hechos que declara probados. La sala comparte el criterio y el razonamiento del tribunal sentenciador en cuanto a la tipicidad de la conducta, pues, aunque participar en vídeos de carácter pornográfico es una actividad privada no relacionada con las funciones de las FF.AA., no ilícita ni prohibida -salvo que se tratara de menores-, cuando la misma la desarrolla un militar, se proyecta en el ámbito militar y se comparte, e incluso se promociona, durante la prestación del servicio con otros miembros de las FF.AA. con quienes solo se mantiene relación profesional, es contraria a los principios, valores y reglas que han de presidir el comportamiento de los militares.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: la sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el tribunal Superior de Justicia y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación. Principio de contradicción: el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación, como manifestación del principio de contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso. Derecho a la prueba: la indefensión constitucionalmente prohibida es aquella que supone una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética de los medios de alegación y prueba. Acciones civiles: cualquiera que sea la naturaleza del delito del que procedan, la renuncia del ofendido extingue las mismas que, desde ese momento, no podrán ser ya ejercidas en su nombre por el Ministerio Fiscal. Daño moral: en los casos de daños morales derivados de agresiones sexuales la situación padecida por la víctima produce, sin duda, un sentimiento de indignidad, legitimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria. Dolo: el dolo exigido al agente para la correcta aplicación del delito de abuso sexual y corrupción de menores de 16 años, puede acomodarse al dolo eventual. No cabe la continuidad delictiva en el delito previsto art. 188.4 del CP
Resumen: La sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación, y se debe realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación. La vulneración del principio de igualdad ante la ley requiere la presencia de dos presupuestos esenciales: la aportación de un término de comparación que acredite la igualdad de supuestos y que se trate de un cambio de criterio inmotivado o con motivación irrazonable o arbitraria. Lo que en definitiva prohíbe este principio son las diferencias de trato que no estén objetivamente justificadas por el fin lícito de la norma. La posible impunidad de algunos culpables no supone que, en virtud del principio de igualdad, haya de declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos, ya que cada cual responde de su propia conducta ilícita, con independencia de lo que ocurra con los otros, sin que la posible impunidad de algunas personas ajenas a la litis suponga la no culpabilidad del implicado y juzgado.
Resumen: Aunque la duplicidad de condenas penales por unos mismos hechos a una misma persona por el mismo o distintos órganos judiciales no se hallaba prevista expresamente en el art. 954.1 LECrim, debía estimarse la posibilidad de revisar tales sentencias, mediante una interpretación amplia y extensiva del art. 954.4º de la LECrim, cuando se trata además de evitar situaciones que pugnan con el mas elemental sentido de justicia, o bien aplicando el principio "non bis in idem", que puede apreciarse de oficio, y la doctrina sobre cosa juzgada material. En tales casos, es unánime el criterio de que deberá anularse la sentencia dictada en segundo lugar, y deberá prevalecer la primera que se pronuncie.
Resumen: Para que la falta de regulación de la doble instancia penal en la jurisdicción militar no suponga indefensión en el condenado, cuando a través del recurso de casación se invocan la vulneración de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva han de revisarse no solo las cuestiones jurídicas sino también las relativas a la culpabilidad y participación en los hechos del recurrente. La invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia no puede prosperar, habida cuenta de los completos y detallados fundamentos de la convicción del órgano sentenciador, aceptado en todo por la sala, dados sus términos y contenido basados en parámetros lógicos y coherentes, sin que -ante la ausencia de dudas en la convicción del tribunal- resulte aplicable el principio in dubio pro reo. El inamovible relato de hechos probados refleja con claridad un comportamiento activo, agresivo y constitutivo de vis física que se despliega por un superior sobre un subordinado, del que se desprende el cumplimiento de todos los elementos del tipo: condición militar de los sujetos activo y pasivo; relación jerárquica de subordinación entre ellos; acción de maltrato de obra del superior sobre el inferior, consistente, en el caso, aunque no es necesario, en agresión causante de menoscabo en la integridad física y salud del sujeto pasivo; dolo genérico o neutro.
