Resumen: Los razonamientos contenidos en los fundamentos de la convicción de la sentencia impugnada son fruto de la razón, la lógica y las máximas de la experiencia y ponen de manifiesto que el tribunal sentenciador dispuso de abundante prueba de cargo -testifical y documental-, que fue analizada razonablemente junto con la de descargo -declaración del recurrente y pericial psiquiátrica- para explicar, a través de un discurso lógico y coherente, las inferencias que le llevaron de las pruebas a los hechos que declaró probados, por lo que no se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Los hechos declarados probados cumplen con los elementos del tipo apreciado. Concurre el dolo genérico que exige el tipo, ya que, conociendo el servicio de guardia de seguridad asignado y que no podía prestarlo con tasa de alcohol positiva en el cuerpo, ingirió voluntariamente unas horas antes una notable cantidad de bebidas alcohólicas, lo que provocó que se quedara dormido y llegara aproximadamente una hora tarde a la prestación del mismo. También concurre el elemento objetivo, ya que, además del incumplimiento de la obligación de acudir puntualmente y en condiciones de prestar el servicio, quedó acreditado el daño producido al servicio -al tener que ser relevado del mismo- y la relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso o lesivo para el servicio.
Resumen: No hay carencia de antijuricidad específicamente penal cuando el progenitor que retiene, sea custodio o no, incumple gravemente el deber de entrega establecido en una resolución judicial o administrativa. En el caso, se incumplieron tres decisiones judiciales, incluyendo dos de ellas, además, un directo requerimiento. No puede pretenderse que, mediante el recurso de casación, y por un motivo de infracción de ley penal sustantiva, se constituya, nada más y nada menos, que el estado civil de la menor, descartando la condición de progenitor del padre. Se trata de una sola infracción, aunque sean varios los menores sustraídos. El bien jurídico considerado es la paz en la convivencia familiar. El derecho de custodia quebrantado es el del progenitor, que es el instituto sobre el que se estructura la conducta típica. Ciertamente el progenitor víctima, soportaría mayor aflicción con la privación de su relación con dos hijos, que con uno solo y ello según los casos, podría ser ponderado en la individualización de la pena, por la mayor gravedad del hecho, pero la ruptura de la paz en las relaciones familiares, no conlleva modo significativo una diversa alteración, cuando el traslado o la retención se realiza por el progenitor en el mismo acto en relación a un hijo que con dos. Procede dejar sin efecto una de las condenas pronunciadas por el tribunal de instancia. El padre ha sufrido un significativo daño, de naturaleza moral. La fijación de 15.000 euros para resarcirlo es razonable.
Resumen: En los supuestos de envío de droga desde el extranjero la tentativa es admisible cuando se estime acreditado que la intervención del acusado no tuvo lugar hasta después de que la droga se encontrase ya en nuestro país, habiéndose solicitado por un tercero la colaboración del acusado para que participase, de un modo accesorio y secundario, en los pasos previos a la recepción de la mercancía por sus originales destinatarios, pero: 1º) sin haber intervenido en la operación previa destinada a traer la droga desde el extranjero; 2º) sin ser el destinatario de la mercancía; 3º) sin que llegue a tener disponibilidad efectiva de la droga intervenida, por ser detenido antes de hacerse cargo efectivo de la misma. Tales requisitos deben darse de manera conjunta. Así: a) Si el acusado ha participado en la solicitud o en la operación de importación, o figura como destinatario de la sustancia, es autor del delito consumado; b) Si la intervención del acusado tiene lugar después de que la sustancia se encuentre en nuestro país, habiéndose solicitado su colaboración por un tercero, sin haber intervenido en la operación previa, sin ser destinatario de la mercancía y sin llegar a tener la disponibilidad de la droga intervenida, hay tentativa.
Resumen: Los reconocimientos efectuados en sede policial, o en sede judicial en fase sumarial, bien por examen de fotografías o bien mediante ruedas de reconocimiento, son en realidad medios de investigación que permiten, cuando es necesario, determinar la identidad de la persona a la que los testigos imputan la realización del hecho denunciado, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Solamente alcanzan el nivel de prueba, como regla general, cuando el reconocimiento se ha realizado en sede judicial, con todas las garantías, entre ellas la presencia del Juez, y quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio oral y ratifica lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes sobre los hechos que dice haber presenciado y sobre el reconocimiento realizado. Si bien este precepto exige que la conducta sea dolosa o intencional, no exige, en cambio, un elemento subjetivo del injusto especialmente determinado, como atentar contra la formación o educación de la menor, aunque tal finalidad está ínsita en el reproche penal que fundamenta tal precepto. El exhibicionismo se consuma en el hecho de mostrar los genitales a la menor y en el caso presente el acusado llegó incluso a iniciar una masturbación. La previsión penológica contenida para este delito de exhibicionismo no supone una pena de elección para el acusado sino una facultad conferida al juzgador encaminada a ampliar su discrecionalidad.
Resumen: Se analiza el veredicto absolutorio del Tribunal del Jurado. Plazos procesales. Se resuelve el que no figurara la firma digital o electrónica del Letrado en el escrito de recurso de apelación, presentado telemáticamente por el Procurador con su firma electrónica, y constando la intervención del Letrado en la formulación del recurso mediante firma escaneada. Constituye un defecto procesal que no ha de llevar a la irremediable inadmisión del recurso al tratarse de un defecto subsanable, y que pudo subsanarse, pues el defecto que afecta a la identificación del Letrado se resolvió con su presencia en la vista del recurso de apelación. Se declaró la nulidad del veredicto y de la sentencia en lo que se refiere a la absolución de dos de los acusados, debiendo devolverse las actuaciones a la Audiencia Provincial para la celebración de un nuevo juicio con diferente Tribunal de Jurado y Magistrado Presidente, confirmándose la absolución respecto de otros dos de los coacusados , así como el resto de pronunciamientos de la sentencia.
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo y de descargo válidamente obtenida, regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados, sin dejar margen alguno a la incertidumbre que permitiera aplicar el principio in dubio pro reo. El motivo de error de hecho en la apreciación de la prueba incurre en causas de inadmisión, que ahora se tornan en causas de desestimación: ni se han designado los particulares del documento o documentos en que se basa, ni se citan el error en que el tribunal pudiera haber incurrido ni el aspecto del factum que se pretende completar, alterar, corregir o suprimir. Del inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente dejó de aportar partes de continuación en la baja temporal para el servicio que le había sido reconocida con anterioridad por motivos médicos y no se presentó en la unidad de su destino para la renovación de la baja ni se incorporó a la misma una vez dado de alta para el servicio- y de los razonamientos de la sentencia impugnada se desprende la adecuación del tipo penal apreciado, ya que el condenado se sustrajo al control y permanente disponibilidad a favor de sus mandos por plazo superior a tres días, sin que concurriera causa alguna que se lo impidiera -elemento objetivo-, siendo consciente de dicha sustracción y teniendo voluntad de hacerlo -elemento subjetivo del dolo genérico-.
Resumen: Abuso sexual, relación de superioridad: el prevalimiento o abuso de superioridad se refiere a la ejecución del hecho y no al consentimiento de la víctima. La superioridad puede ser moral del mayor por la admiración y el respeto del menor al mayor. Es esa superioridad que coloca al acusado en el polo superior de una situación asimétrica con el niño. El prevalimiento tiene como fundamento agravatorio el abuso de superioridad que en el plano moral tiene una persona que pone a su servicio una condición o cualidad que instrumentaliza en su beneficio particular con finalidad delictiva para cohibir la resistencia de la víctima. Se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima no cuenta con libertad para decidir sobre una actividad sexual impuesta. Denegación de prueba: para que se considere vulnerado el derecho de defensa debe ser una prueba pertinente. Error de hecho: presupuestos; valor de documento a efectos casacionales. Dictámenes periciales: requisitos para ser considerados documentos a efectos casacionales.
Resumen: El tipo disciplinario aplicado es un tipo parcialmente en blanco, que debe ser completado. No obstante, la complementación aparece correctamente realizada y concretada, ya que el tipo aplicado se refiere a la negligencia o inexactitud en el cumplimiento de una orden, que, en el caso, era muy precisa, como era la de comunicar a la superioridad si las dependencias y vehículos oficiales habían sido desinfectadas -días después de haberse decretado el confinamiento por el Covid-19- de manera altruista por una empresa seria. La alegación del recurrente sobre la imprecisión de la orden en lo relativo a lo que debía entenderse por una empresa "seria" resulta forzada, pues ninguna duda tuvo, como comandante de puesto, para considerar que la empresa que se ofreció de modo altruista a realizar los trabajos de desinfección era una empresa seria, por lo que aceptó el ofrecimiento y se llevaron a efecto los referidos trabajos de desinfección. Una vez realizados los trabajos, nació la obligación de informar de ello a la superioridad, como estaba expresamente ordenado. No habiéndolo hecho, el incumplimiento resulta palmario, por lo que la concurrencia de los elementos del tipo leve apreciado es evidente.
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo válidamente obtenida y regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados. El informe médico en el que apoya el recurrente su motivo de casación por supuesto error de hecho en la valoración de la prueba no es literosuficiente. El invariable relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, el condenado, en actitud agresiva, acometió a su superior, dándole reiterados empujones con las dos manos en el pecho- se incardina en el tipo penal apreciado, pues el maltrato consiste en toda agresión física susceptible de causar perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de su integridad, salud o capacidad, de modo que abarca desde el simple acto de violencia física sin resultado lesivo hasta la producción de cualquier lesión. De la prueba pericial practicada a instancia del condenado no se desprende que en él concurriesen circunstancias psíquicas que le atribuyesen una especial sensibilidad hacia estresores externos que pudieran dar lugar a su súbita y agresiva reacción, sin que, en consecuencia, pueda considerarse probado que por las expresiones vertidas por su superior se hubiese podido sentir ofendido en su honor ni, por lo tanto, que concurriesen los requisitos de agresión ilegítima y provocación necesarios para apreciar la eximente de legítima defensa.
Resumen: La cláusula de agravación del art. 327 CP contiene una fórmula de remisión con elementos de incongruencia, pero no parece dudoso que la vinculación entre las conductas del artículo 325 CP y las agravadas del art. 327 CP es producto de un expresa decisión político-criminal no solo del legislador histórico sino del legislador actual pues el precepto arranca precisando su ámbito aplicativo "a los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores", sin que dispongamos de ningún dato que nos permita dudar de la vigencia de esa fuerte conexión. Se confirma la responsabilidad penal de la persona jurídica; el gestor utilizó los bienes y la organización, para obtener ganancias económicas, lo que comporta un beneficio directo o indirecto para ésta. Cuando el gestor es, además, el partícipe mayoritario del patrimonio social se produce una situación en la que la actividad desarrollada por aquel, en el seno de la propia Sociedad y conforme a su objeto constitutivo, debe considerarse en beneficio de esta. No obstante, se advierte un riesgo de lesión del principio ne bis in ídem, ante el rechazo del tribunal de instancia de toda fórmula de cohonestación entre los expedientes administrativos sancionatorios y la sanción impuesta en la sentencia a la persona jurídica. Lo que, en el caso, no se traduce en dejar sin efecto la preferente sanción penal a la persona jurídica, sino en descontar de la sanción penal, la impuesta y ejecutada en el previo procedimiento administrativo.
