Resumen: Es cierto que la única declaración prestada por la víctima es la realizada a través de la cámara Gesell con intervención de la Médico Forense. Las manifestaciones efectuadas por ella a los distintos especialistas que la han reconocido y/o tratado, no tienen tal consideración. Tampoco lo que escribió en los mensajes intercambiados con el acusado. Ello, no obstante, no impide que los mismos puedan ser valorados, como lo hace el Tribunal Superior de Justicia, para corroborar el testimonio de la víctima. Los trastornos psiquiátricos que padece o ha padecido la víctima no le impiden conocer la trascendencia de sus manifestaciones. La vulnerabilidad de la víctima viene determinada porque padecía, ya desde que se inició el "tratamiento" por el acusado, unos trastornos límites de la personalidad, con reiteradas autolesiones y varios episodios de suicidio. Describen ambos Tribunales una situación de la víctima determinada por los trastornos psíquicos que padecía, conocida por el acusado y que contribuyó de manera objetiva a reforzar el ascendiente que éste tenía sobre aquélla, a la vez que potenciaba su posición de debilidad, haciéndola así fácilmente manipulable, eliminando de esta forma sus mecanismos de autodefensa. Ello determina la agravación por vulnerabilidad. Son dos circunstancias diferentes, posición de abuso basada en la confianza o autoridad o influencia que el autor ejerce sobre la víctima, y vulnerabilidad fundamentada en la existencia de una enfermedad.
Resumen: Solo pueden subsanarse en sede judicial las lesiones de garantías constitucionales ocasionadas en el procedimiento sancionador cuando el resultado de la prueba acordada en sede judicial resulte favorable a los intereses del administrado, pero nunca, como es el caso, cuando con dicho resultado se pretenda confirmar la decisión desfavorable a sus intereses. La declaración del testigo vícitma reúne todos los requisitos jurisprudencialmente exigibles. La sala de instancia realizó una apreciación razonable de la prueba, extrayendo de la misma conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, sin que resultara afectada la presunción de inocencia. En los hechos declarados probados -conforme a los cuales, como consecuencia de haberse hecho constar el año anterior por un cabo primero en una papeleta de servicio determinada novedad que había dado lugar a la apertura de un expediente sancionador al recurrente, este, sargento primero de la Guardica Civil, se dirigió en la vía pública a aquél y le dijo: «imbécil, gilipollas, ahora vas y lo apuntas también en la papeleta»- concurren todos los elementos del tipo sancionador apreciado: el sujeto activo era de superior empleo al del sujeto pasivo; la frase que aquel dirigió a este fue objetivamente injuriosa y grave; y se emitió «con ocasión» de las funciones oficiales, al ser consecuencia de la novedad en la papeleta de servicio que se había hecho constar un año antes por el sujeto pasivo.
Resumen: El tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo, legalmente obtenida y valorada de forma racional, sin atisbo alguno de arbitrariedad, apreciación errática o contraria a la lógica. De dicha apreciación no quedó ámbito alguno para la duda, ni, por consiguiente, para la aplicación del principio in dubio pro reo. No se aprecian razones que indiquen que el testimonio de la víctima incurrió en error alguno o que, a través del mismo, se pretendiera engañar. Su contenido es verosímil y coherente con las circunstancias. La regla citada en el recurso, cuya adecuada formulación responde al "tesis unus, tesis nullus", es una regla medieval extraída de un texto de Ulpiano y de otro del emperador Constantino que se refiere a la validez de la testifical como medio de prueba y que en la actualidad carece de vigencia. Sin duda alguna, la testifical única es válida para desvirtuar la presunción de inocencia siempre que concurran ciertos requisitos, como el referido a la corroboración externa, circunstancia que tuvo lugar en el supuesto enjuiciado, en el que la versión de la víctima fue corroborada por otras declaraciones.
Resumen: No podríamos hablar de cosa juzgada en tanto los hechos ahora analizados son otros distintos. Pero penalmente unos y otros hechos constituyen una sola cosa. Estaríamos, por así decir, ante una cosa medio juzgada (en el sentido de no juzgada en su totalidad; sino solo en una parte). No cabe duda que los dos episodios que se imputan al recurrente podrían haber sido abarcados en un procedimiento único. En ese caso, no podría pensarse en dos delitos distintos, sino en un único delito contra la salud pública (jurídicamente una única cosa) que, por ser infracción de tracto continuado, obliga a contemplar unitariamente todos los actos de tráfico o posesión de sustancias estupefacientes. Sólo cuando se produce la detención o el acusado conoce que se le ha abierto un procedimiento para investigar su dedicación a esa actividad se producirá lo que se ha llamado ruptura jurídica: los actos posteriores no serán susceptibles de ser integrados en esa única infracción, abriendo paso a otra secuencia delictiva que deberá tratarse y castigarse separadamente. Se aprecia unidad de comportamiento a efectos penales. Se trata de verificar si la suma de ambas condenas desborda la proporcionalidad. Si tomamos en consideración que la primera condena se alcanzó por conformidad lo que llevó a imponer la duración mínima, es razonable suponer que el incremento de la cantidad de droga en 92 gr. no hubiese alterado la fórmula consensuada. Ha de suprimirse la pena privativa de libertad.
Resumen: El prevalimiento no limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad. En el caso, el marco de dominación y cosificación desplegado por el acusado privó a la víctima de la capacidad de reacción y de autoprotección necesaria para emanciparse de su victimario. Cuando a consecuencia de dicho entorno socio-personal decir "no" a la relación sexual es más difícil que decir que "sí", el valor del consentimiento se debilita muy significativamente. El no decir "no" en este tipo de situaciones no equivale, ni mucho menos, a consentimiento válido, como previene el artículo 181.3 CP. El acusado requirió desde su habitación a la víctima para que acudiera a mantener relaciones sexuales y como esta no acudía fue en su busca y cogiéndola de las manos la llevó a su habitación con dicha finalidad. La ley no prevé la necesidad de informar al denunciante-pariente de las posibilidades de acogerse a su facultad de no denunciar. La testigo respondió a las preguntas que se le formularon sin reserva ni objeción alguna. Lo que, por otro lado, resultaba coherente con el hecho de que, al tiempo, estaba ejerciendo la acusación.
Resumen: Recurso de revisión promovido por el Ministerio Fiscal. Son aportadas documentalmente dos sentencias, constatando efectivamente, a partir del contenido de sus respectivos hechos probados, que el acusado ha sido condenado en dos ocasiones por un mismo hecho, por el mismo delito de quebrantamiento de condena, que habría tenido lugar el mismo día.
Resumen: El recurso de revisión es un recurso excepcional que tiene por objeto la revocación de las sentencias firmes, determinando por ello una ruptura del principio de cosa juzgada en favor de que prevalezca la auténtica verdad y, con ello, la justicia material. Es pues un recurso que se orienta al necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y las de la seguridad jurídica, que sólo se justifica en los excepcionales supuestos contemplados en el artículo 954 de la LECRIM. Tras la reforma de la LECRIM operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, los supuestos de doble punición o de contradicción de sentencias contra un mismo acusado se contemplan expresamente en el artículo 954.1.c), que faculta la revisión de sentencias "Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes", si bien recuerda la sentencia que la Sala II puntualiza (STS 959/2016, de 21 de diciembre) que la igualdad debe ser de los hechos y no de su calificación jurídica. En el presente caso, se concluye en la sentencia que de la lectura de las dos sentencias se desprende que el mismo comportamiento ha sido enjuiciado en dos procedimientos distintos y ha dado lugar a dos sentencias condenatorias contra la misma persona, por lo que se revisa y anula la segunda sentencia.
Resumen: La impunidad de algunos "no supone que en virtud del principio de igualdad deba declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos"; de modo que cada cual responde de su propia conducta con independencia de lo que ocurra con los otros. El principio de igualdad ante la ley no da cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad, de modo que aquel a quien se aplica la ley "no puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la ley no se aplique a otros que asimismo la han incumplido. Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de la Sala distinguen entre orden público y paz pública, en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, en tanto que la paz pública , concepto más amplio se integraría por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia. La discriminación de la conducta entre los presentes y los actuantes, en relación a la alteración de la paz pública, propia del principio de culpabilidad, queda reforzada en la reforma al distinguir expresamente entre los actuantes en grupo y el actuante individual amparado por el grupo. En autos, tampoco resulta del factum, que el sector del grupo actuante, contara con aquiescencia o connivencia del grupo en el que se encontraban los acusados conversando con los educadores.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguientes extremos: a) vulneración del art. 9.3 CE, por cuanto que la sentencia recurrida crea inseguridad jurídica, dando lugar a incongruencia omisiva; b) vulneración del art. 18.1 y 2 CE, en cuanto a los derechos a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad domiciliaria, en relación con el art. 11.1 LOPJ; c) vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, del principio in dubio pro reo, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, por errónea valoración de la prueba. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La decisión recurrida por la que se considera que la regla especial de internamiento preceptivo del artículo 10.2 b) LORPM resulta aplicable a formas intentadas de los delitos expresamente mencionados en la norma, se ajusta, en términos incuestionables, a las exigencias de los principios de estricta legalidad y taxatividad. El delito intentado y el consumado comparten el contenido esencial del injusto -que lo suministra la acción disvaliosa en que consiste el segundo, justificando, a la postre, la punición del primero- y el elemento intencional de lesión, siendo el tipo subjetivo de la forma intentada coincidente con el de la consumada. Cuando el legislador ha querido la exclusión de la forma intentada lo ha dispuesto expresamente en la norma. La conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial sobre que el régimen de internamiento preceptivo del artículo 10.2 b) LORPM, debe imponerse a supuestos como el que nos ocupa, en el que el menor fue declarado responsable de una violación intentada, se ajusta de forma impecable a los cánones generalmente aceptados de interpretación sistemática y teleológica de nuestro modelo penal. Y muy en particular, a las implicaciones que se derivan de la consideración de la tentativa como una forma de ejecución del correspondiente delito de la parte especial y no como un tipo objetivo independiente. La duración del proceso ha supuesto que la medida deba ejecutarse cuando ya es adulto el acusado, por lo que deberán adoptarse medidas de ajuste.
