Resumen: Demanda de impugnación de acuerdos del partido político Podemos por supuesta vulneración de derechos fundamentales de los demandantes, la cual fue desestimada en ambas instancias. La impugnación de un documento no impide por sí sola que el tribunal le otorgue eficacia probatoria cuando el dato que se trate de demostrar resulte de otras pruebas y la credibilidad del documento se pondere en atención a todas las circunstancias del caso. Cabe que la autenticidad del documento impugnado pueda probarse mediante otros medios probatorios y que, incluso en el caso de que no se practique esta prueba complementaria, el tribunal pueda valorarlo conforme a las reglas de la sana crítica. No se infringen las reglas sobre carga de la prueba cuando el tribunal resuelve con base en una determinada valoración de la prueba practicada. Costas de la segunda instancia: que la Audiencia Provincial considere incorrecto uno de los argumentos de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia no supone que la estimación del recurso de apelación sea parcial, si el fallo ha resultado confirmado. Defectos en la formulación del motivo de casación: falta de claridad y precisión, suma de argumentos. Meras discrepancias con el funcionamiento del partido, algunas incluso al margen de los hechos probados o que carecen de relevancia para la razón decisoria.
Resumen: Demanda de protección del derecho al honor frente la editora, director y periodistas por la publicación de una serie de artículos periodísticos que atentaban contra el derecho al honor. En primera instancia se estimó en parte la demanda al considerar que solo algunas de las informaciones publicadas constituían intromisión ilegítima en el derecho al honor, condenando a retirarlas y reduciendo la indemnización a 10.000 euros frente a los 90.000 euros solicitados. Recurrida en apelación por todos los litigantes, se estimó en parte el del actor al apreciar el Tribunal que todas las publicaciones citadas en la demanda vulneraban el derecho al honor haciendo los pronunciamientos declarativos y de condena solicitados con la precisión de que la indemnización quedó fijada en 13.000 euros. Interpuesto recurso de casación por los demandados, se estima parcialmente y casa la sentencia en lo relativo a la remoción total de los artículos objeto de la demanda, circunscribiéndola a la retirada de información acordada en la sentencia recurrida en aquellos pasajes que hagan referencia al demandante, así como su imagen y de no ser posible, se retiraría el artículo íntegramente. La sala analiza el contenido de cada una de las publicaciones y considera que no cumplen el requisito de veracidad que exige un adecuado contraste de las informaciones lesivas del derecho al honor y de existencia de una base fáctica adecuada, relevante en la ponderación del derecho al honor y la libertad de expresión.
Resumen: Acción de tutela del derecho a la propia imagen de un guardia civil por la elaboración de un videomontaje con la voz del demandante. La demanda fue desestimada en ambas instancias al descartar que la voz del demandante se usara con fin publicitario, al considerar, fundamentalmente, que debía prevalecer la libertad de expresión de la asociación demandada (Omnium Cultural), cuya intención fue denunciar irregularidades en el "juicio del procés". Inexistencia de intromisión ilegítima: la utilización de la voz del demandante estuvo justificada por su carácter funcional respecto de la expresión de una crítica relacionada con una cuestión de interés general. Que el tribunal del procés autorizara la grabación de la voz del demandante no autorizaba cualquier uso posterior. Pero lo relevante es que la utilización posterior no constituyó una intromisión ilegítima porque la voz se usó para un videomontaje que tenía una finalidad crítica, dentro de la campaña que la demandada venía realizando a todo ese proceso penal, que entendía como un juicio a la democracia. El derecho a la propia imagen no comprende el derecho incondicionado y sin reservas de impedir que los rasgos físicos que identifican a la persona se capten o difundan: no es absoluto y puede decaer frente al legítimo ejercicio de las libertades de información o de expresión, cuando estas se ejercitan conforme a parámetros constitucionales (interés general y proporcionalidad).
Resumen: Demanda de protección del derecho al honor como consecuencia de la publicación en un diario de una serie de artículos elaborados por el codemandado, que se consideran atentatorios contra tal derecho y que vienen referidos a un procedimiento contencioso administrativo seguido por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Haro interpuesto por una funcionaria municipal y relacionado con la actuación de la demandante que era su superior jerárquica, que había concluido apreciando la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada y reconociendo a la víctima una indemnización de 12.000 euros. En primera instancia se estimó parcialmente y apreció la existencia de intromisión ilegítima dado que se atribuyeron falazmente a la actora actos de acoso y hostigamiento que no tienen refrendo en la sentencia dictada por la jurisdicción contenciosa, que no condena además a la demandante, sino al ayuntamiento. En segunda instancia se confirmó la sentencia. Interpuesto recurso de casación en el que se cuestiona el juicio de ponderación de los derechos en conflicto, la Sala analiza las pautas valorativas (interés general, proporcionalidad y veracidad) y considera no amparado en la libertad de información atribuir a la actora una conducta de acoso o que fuera acusada o sentenciada en el proceso contencioso que no tienen refrendo en la sentencia dictada por la jurisdicción contenciosa, que era su fuente de información. Se estima en parte y se rebaja el importe de la indemnización
Resumen: Demanda de protección del derecho al honor por la inclusión de datos personales en el fichero de información de solvencia patrimonial y crédito Asnef/Equifax por una deuda inexistente. En primera instancia se desestimó la demanda al considerar que la demandante conocía la existencia de la deuda y que no había constancia de que esta fuera litigiosa; que, el requerimiento previo de pago sí se podía considerar acreditado de por las copias de los emails remitidos a su nombre en la misma dirección utilizada para la concertación del préstamo. Se confirma en apelación. Interpuesto recurso de casación por la demandante respecto al cumplimiento del requisito del requerimiento previo, la sala lo desestimó. Atendiendo al enfoque funcional del requerimiento de pago y su carácter recepticio concluye que este resultó suficientemente acreditado con la remisión de los emails a la dirección de correo electrónico que facilitó la demandante para la concertación del préstamo del que traía causa la deuda en la que se fundamentaba la inclusión, en los que se le reclamaba el pago y se advertía de la inclusión en caso de no realizarlo, sin que constase ninguna circunstancia de que dicha dirección de correo ya no perteneciera a la recurrente y que el deudor conocía de antes la existencia de la deuda y mantuvo una actitud pasiva.
Resumen: Demanda de protección del derecho al honor por la inclusión de datos personales en el fichero de información de solvencia patrimonial y crédito Asnef/Equifax. En primera instancia se desestimó la demanda al considerar que la demandada había efectuado una reclamación previa al demandante por el impago de dos préstamos en la que le advertía de su posible inclusión en ficheros de morosos si no la saldaba. Se confirma en apelación. Interpuesto recurso de casación por la demandante respecto al cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago, la sala lo desestimó. Las alegaciones del recurrente desatienden la argumentación de la Audiencia y no se ajustan a la doctrina de la Sala sobre el carácter recepticio del requerimiento. Concluye que este resultó probado con la remisión de la carta que lo contenía por correo ordinario, al domicilio del deudor, con el apercibimiento expreso de inclusión de sus datos a ficheros de terceros, que no fue devuelta, sin que constase ninguna circunstancia de la que inferir que la carta no llegara a su destino. No se exige la fehaciencia de la recepción del requerimiento, sino que puede considerarse fijada a través de las presunciones, siempre que exista garantía o constancia razonable, como acontece en este caso, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por culpa del servicio postal de correos.
Resumen: La Audiencia apreció la intromisión en el derecho al honor por la inclusión en un fichero de morosos. Consideró que la cuantía de la deuda por la que se incluyó al demandante en el fichero fue incorrecta pues el préstamo era usurario, sin que tuviera relevancia el que el prestatario no hubiera reclamado antes, y que en el requerimiento de pago no se advirtió al deudor de que sus datos podían ser comunicados a un fichero, sin que la advertencia que sobre este particular constaba en el contrato fuera suficiente, ya que además no mencionaba los sistemas de información crediticia en los que participaba el acreedor. Se estima el recurso de casación. El carácter usurario del préstamo no determina la ilicitud de la comunicación al fichero de morosos de los datos personales del prestatario que no ha devuelto el capital del préstamo y que no ha promovido controversia respecto de dicho préstamo ni ha intentado pagar el capital prestado. La inclusión asociada a una deuda superior a la debida no basta para considerar que existe una intromisión ilegítima. El requerimiento previo de pago sigue siendo exigible tras la LO 3/2018, pero no es indispensable que en él se incluya la advertencia de comunicar los datos al fichero si esta advertencia se ha hecho al celebrar el contrato. La falta de advertencia en el requerimiento de los sistemas de información crediticia en los que participa el acreedor no determina por sí sola la vulneración en el derecho al honor.
Resumen: Carácter recepticio del requerimiento. Un requerimiento por un medio fehaciente facilita la prueba de su recepción, pero también pueden tomarse en cuenta diversos elementos fácticos para llegar a la conclusión de que la comunicación que contenía el requerimiento ha sido recibida por el afectado (o ha podido ser recibida empleando una diligencia razonable), sin necesidad de que el requerimiento se haya practicado mediante un burofax con acuse de recibo, un acta notarial u otro medio fehaciente. Reiteración de doctrina jurisprudencial: el requerimiento previo de pago es un acto de comunicación de carácter recepticio que exige una constancia razonable de la recepción de la comunicación por el destinatario, por más que existan diversos medios de probar tal recepción. En el caso, la Audiencia, en la sentencia recurrida, no consideró probada la recepción del requerimiento por el destinatario (entendió que la documental aportada solo justificaba el envío masivo de notificaciones a supuestos deudores, pero no acreditaba la recepción de las mismas por los destinatarios -solo por el hecho de no constar devueltas dichas notificaciones- y que no existía un hecho base del que pudiera partirse para la prueba de presunciones). El recurso de casación parte de premisas erróneas al atribuir a la sentencia recurrida la asunción de determinadas premisas que no que se corresponden con la ratio decidendi de dicha resolución. Se desestima el recurso.
Resumen: Liquidación de gananciales de matrimonio fallecido para determinar los bienes que se atribuyen a la herencia yacente del esposo en pago de su cuota. Los cónyuges otorgaron capitulaciones, pero no liquidaron la sociedad. Desestimación de los recursos por infracción procesal (la denuncia de incongruencia omisiva requiere que se haya pedido el complemento de la sentencia; sólo una motivación ilógica o arbitraria podría ser revisada a través de este recurso; no hay tercera instancia en los procesos civiles ni cabe confundir valoración con carga de la prueba). Desestimación del recurso de casación de los demandados. La deuda ha de quedar a cargo del patrimonio que se beneficia de la actividad en cuyo desarrollo se contrajo y en este caso la actividad inmobiliaria desarrollada por el marido -que generó una condena penal- redundaba en beneficio común. El art. 1366 CC no justifica que la sociedad de gananciales retenga todo el beneficio de una actividad que generó daños indemnizables. Se estima el recurso de casación del demandante. Se plantea qué debe incluirse en el activo cuando se han enajenado de bienes gananciales después de la disolución. En el caso, se trataba de una venta de acciones válida, y no cabe incluirlas en el activo, pero si el precio fue percibido por el esposo y no se empleó en gastos comunes, procedería incluir un crédito contra el esposo por su importe actualizado. Aquí la inclusión no es posible: no ha sido solicitada ni se conoce el destino del precio
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, en una reclamación de los anticipos realizados por un cooperativista, fijó el devengo de intereses en la fecha de la reclamación extrajudicial. Reiteración de la jurisprudencia expresada en las SSTS 491/2022, 583/2022, 666/2022 y 667/2022, entre otras. La sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia según la cual los intereses a los que se refieren la Ley 57/1968 y la D. Adicional 1ª de la Ley de Ordenación de la Edificación se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. No es aplicable la doctrina del retraso desleal. El demandante, junto con otros cooperativistas, había obtenido en un proceso anterior la declaración de responsabilidad de los bancos depositarios de los anticipos. Tanto la demanda en ejercicio de la acción merodeclarativa, como la de este litigio, se formularon contra las entidades bancarias receptoras de las cantidades, que no exigieron las garantías legales antes de que la acción prescribiera. El que se ejercitara tan solo una acción merodeclarativa contra la cooperativa y los bancos receptores no acarrea las consecuencias negativas establecidas en la sentencia, al existir un interés legítimo ante la situación de incertidumbre y falta de garantías de que pudiera obtener de la cooperativa el reintegro de sus aportaciones.
