Resumen: Pactos parasociales. Desestimación del recurso por infracción procesal: no concurren los requisitos para apreciar el efecto positivo de la cosa juzgada ni se vulnera el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. La recurrente pretende otorgar ese efecto a un inciso sobre la legitimación pasiva de la sociedad contenido en la sentencia que puso fin a un procedimiento previo sobre el cumplimiento de otro punto de los pactos parasociales, pero ese inciso ni afirmó ni negó la legitimación pasiva ni fue la razón decisoria de la sentencica. Desestimación del recurso de casación. La cuestión controvertida es la eficacia que deban tener los pactos parasociales celebrados por todos los socios (omnilaterales) frente a la sociedad que no sido parte en ellos. En el caso, se trata de una acción de cumplimiento que se dirige contra las sociedades propietarias de las acciones y participaciones cuya transmisión se reclama para dar cumplimiento a los pactos, pero que no fueron suscriptoras de los mismos. La sentencia recurrida apreció la falta de legitimación pasiva de dichas mercantiles aplicando los principios de relatividad de los contratos y de inoponibilidad frente a la sociedad de los pactos parasociales conforme a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera. La defensa de la eficacia del pacto parasocial debe articularse a través de una reclamación entre los contratantes basada en la vinculación negocial existente entre los firmantes del pacto.
Resumen: Liquidación de gananciales en la que se discute la inclusión en el activo de ingresos obtenidos antes de la disolución del régimen económico por sentencia de divorcio, pero después de una previa separación fáctica significativa, personal y patrimonial, y consentida. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: no concurren los requisitos necesarios para apreciar error en la valoración de la prueba. Desestimación del recurso de casación: la conclusión de la sentencia recurrida no es contraria a la doctrina de la Sala 1ª, puesto que la voluntad de separación personal y económica que resulta del comportamiento de ambos cónyuges permite apreciar que nos encontramos ante una previa y significativa separación fáctica con desvinculación personal y patrimonial que hace de difícil justificación con arreglo a criterios éticos y de buena fe la reclamación por parte de la esposa de derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido. Se reitera la jurisprudencia que establece que cuando media una separación de hecho seria y prolongada en el tiempo no se integran en la comunidad bienes que, conforme a las reglas del régimen económico serían gananciales, en especial cuando se trata de bienes adquiridos con el propio trabajo e industria de cada uno de los cónyuges y sin aportación del otro.
Resumen: El demandante, al amparo del art. 1079 CC, ejercitó acción para que se completara y rectificara la partición de la herencia de su madre realizada por los contadores, por entender que se habían omitido bienes y que la valoración de los incluidos había sido incorrecta. La demanda fue desestimada en primera instancia por considerar la juzgadora que ninguna de las pretensiones quedaba amparada por la acción ejercitada: la de omisión, por la importancia de los bienes que se decían omitidos; la de rectificación, por no ser aplicable el art. 1079 CC a una errónea valoración de los bienes. La Audiencia estima el recurso de apelación del actor, limitado a la solicitud de rectificación de la partición en una concreta cuestión, y declara que la partición debe ser adicionada. Interpone recurso de casación una de las hermanas demandadas por entender que la valoración de los contadores fue correcta y porque, además, el art. 1079 CC no se refiere a la rectificación de la partición por haberse producido una valoración incorrecta de los bienes. La sala estima este motivo pues la sentencia recurrida contradice su doctrina cuando afirma que la acción de adición o complemento ejercitada al amparo de lo dispuesto en el art. 1079 CC permite no sólo la adición de bienes o valores, sino también la revisión de valoraciones pues las discrepancias en la valoración del activo no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el citado precepto.
Resumen: Demanda sobre determinación de la filiación de un menor nacido en México fruto de un contrato de gestación por sustitución. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la audiencia la revocó y, en su lugar, la estimó. Recurre en casación el Ministerio Fiscal y la sala estima el recurso. La sala declara que, de acuerdo con la legislación nacional, comunitaria e internacional y la propia jurisprudencia de la sala, los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público; se considera que un contrato de gestación por sustitución como el presente entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y no puede aceptarse por principio. Por otra parte, y a fin de salvaguardar el interés del menor nacido de una gestación por sustitución, la sala considera que el mecanismo de la adopción (en este caso se ha acreditado la idoneidad material y afectiva de la familia del menor) satisface el interés superior del menor, valorado in concreto, pero a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales que el TEDH también ha considerado dignos de protección, como son los derechos de las madres gestantes y de los niños en general, que resultarían gravemente lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada comercial con el reconocimiento automático de la filiación.
Resumen: El demandante de revisión alega que la demandada ejercitó en el procedimiento en el que recayó la sentencia objeto de revisión una acción para resolver un contrato privado de compraventa y/o permuta de un terreno que, en ese momento, ya no le pertenecía de forma exclusiva, sino que también pertenecía, por herencia del padre del demandante declarado fallecido, al demandante y sus hermanos, y en tal concepto tenían legitimación e interés en intervenir en el mismo. A pesar de ello, la existencia de estos herederos habría sido ocultada maliciosamente por la demandada en el procedimiento, lo que impidió que el recurrente y sus hermanos pudieran comparecer y hacer valer sus derechos legalmente reconocidos. Este hecho les habría ocasionado, a su juicio, una clara indefensión tanto desde el punto de vista formal como material. La demanda de revisión se presentó dentro del plazo legal. Los documentos que el demandante de revisión considera recobrados, eran conocidos y estaban a disposición del demandante durante la tramitación y al tiempo de la finalización del procedimiento en que se declaró la resolución del contrato, por lo que no se trató de documentos recuperados u obtenidos con posterioridad a la sentencia objeto de revisión, siendo cuestión distinta que no pudiera aportarlos por no ser parte en ese procedimiento. En cuanto a la supuesta maquinación, tampoco concurre por falta de nexo causal directo entre la maquinación empleada y la resolución dictada.
Resumen: Se estima el recurso de casación en un caso en el que tanto la sentencia de primera como de segunda instancia habían denegado el régimen de custodia compartida de la hija menor de edad. En la sentencia recurrida se acepta que el recurrente tiene capacidad para educar y cuidar a su hija y ha estado y está implicado en su crianza y educación. Ambos progenitores tienen residencia estable en la misma localidad. La corta edad de la menor no es óbice para la custodia compartida. En la sentencia recurrida se deniega la custodia compartida con fundamento:1) la madre tiene sólidos apoyos familiares, de los que el padre solo goza puntualmente.2) Ambos tienen flexibilidad laboral, pero la madre tiene mayor disponibilidad y 3) El Ministerio Fiscal optó por la guarda y custodia exclusiva de la madre. La sala, una vez analizados los tres elementos valorados en la sentencia recurrida, declara que son contrarios a la doctrina jurisprudencial, en cuanto no concurren razones para privar a la menor de la custodia compartida con sus dos progenitores, pues no consta que el horario del padre le impida dedicarse a su hija, a lo que debe añadirse que el padre cuenta con apoyo por personas de confianza. Unido ello a que la menor es escolarizable, lo que facilitará la compatibilidad de horarios con ambos progenitores. Por ello, se acuerda el régimen de custodia compartida y se fijan las bases del régimen de permanencia con cada una de los progenitores así como visitas y alimentos.
Resumen: Demanda de divorcio con solicitud de guarda y custodia para la madre, que es estimada en primera instancia y revocada en parte en apelación, fijándose un régimen de guarda y custodia compartida porque ambos progenitores tienen disponibilidad horaria y los eventuales problemas de la madre podían solucionarse con una estrategia de mediación familiar. Alteración del orden legal en que se resuelven los recursos, comenzando por el de casación. Recurre la mujer alegando que no puede establecerse la custodia compartida cuando cualquiera de los padres (en este caso el marido) esté incurso en un proceso penal incoado por atentar contra la integridad moral del otro cónyuge. Pero la condena por delito leve de vejación se había extinguido y los antecedentes se habían cancelado. Uso de la vivienda familiar: atribución a la madre por plazo de dos años hasta que se adapte al nuevo escenario económico derivado del divorcio. Alimentos: proporcionalidad de la pensión. En custodia compartida, al estar menos días con la madre es razonable la cuantía de 200 euros para cada hijo. Limitación temporal de la pensión compensatoria. Adecuado juicio prospectivo del órgano judicial, realizado con prudencia, ponderación y con criterios de certidumbre, sobre la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, en este caso, cinco años.
Resumen: Precedentes jurisprudenciales. Los créditos de los cónyuges contra la sociedad son créditos actualizables con arreglo a los índices de depreciación de la moneda, según la norma legal. Derecho del cónyuge a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio común. La actualización conforme al IPC es coherente con la exigencia legal de que el reembolso del valor satisfecho a costa del caudal propio se haga mediante el reintegro de su importe actualizado. No estamos ante una deuda de dinero en que deba devolverse la misma cantidad de moneda para liquidar la obligación, sino de valor, en la que la prestación debida se manifiesta en un equivalente de poder adquisitivo. La aplicación de la evolución de los índices del precio al consumo (IPC), fijados por el Instituto Nacional de Estadística, se ajusta a la finalidad pretendida por la norma, como forma de actualización más específica y adecuada que atender al interés legal del dinero, ya que este se utiliza como un sistema de liquidación de daños y perjuicios. Estimación del recurso de casación y estimación en parte el recurso de apelación: los créditos incluidos en el pasivo de la sociedad de gananciales deben actualizarse conforme a los porcentajes de variación del IPC.
Resumen: Los recursos tienen su origen en una demanda de oposición a la resolución de la entidad pública que declara la improcedencia de la medida de tutela de la demandante tras ser decretada su mayoría de edad por la Fiscalía. En ambas instancias se desestimó la demanda. Se reitera la jurisprudencia sobre la materia y, de acuerdo con el informe del Fiscal, se estiman los recursos interpuestos. No hay carencia sobrevenida de objeto por el eventual cumplimiento de la mayor edad durante la tramitación del procedimiento. Ni el examen radiológico ni la ortopantomografía ni ninguno de los elementos de prueba que se han tenido en cuenta en los informes forenses y que constituyen la base de la sentencia recurrida excluían con motivación suficiente y clara que la demandante fuera menor de edad. Ante la ausencia de una conclusión inequívoca de que fuera mayor de edad, la recurrente debió ser considerada como menor de edad, tal como ella declaraba, de manera coincidente con la documentación escolar y sanitaria que portaba. Debió aplicarse, por ello, el art. 12.4 LOPJM y tratar a la demandante como menor de edad en tanto se determinara su edad. Se estiman los recursos interpuestos, se asume la instancia y se declara que la recurrente debió ser considerada menor de edad cuando se dictó la resolución impugnada, lo que le otorgaba el derecho a quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados.
Resumen: Demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal sobre modificación de capacidad jurídica y determinación de los medios de apoyo más idóneos. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la pretensión, declaró la incapacidad total de la demandada y fijó un régimen de tutela. La sentencia de apelación no practicó las pruebas preceptivas del art. 759 LEC y dictó sentencia en la que confirmaba sustancialmente lo resuelto en primera instancia. Recurre en casación la demandada y la sala declara la nulidad de la sentencia retrotrayendo las actuaciones al momento del señalamiento para deliberación y fallo. La sala declara que la Audiencia infringió una garantía procesal de vital importancia para pronunciarse sobre la fijación judicial de apoyos cual es la falta de práctica de las diligencias previstas en el art. 759 LEC. En consecuencia, declara la sala que la la Audiencia deberá llevar a efecto las diligencias prevenidas en el art. 759 LEC, cuales son la entrevista con la demandada, audiencia de los familiares más próximos y dictamen pericial, y con su resultado decidir el recurso de apelación interpuesto y, al hacerlo, adaptar la sentencia al nuevo régimen legal impuesto por la Ley 8/2021, como exige su disposición transitoria sexta.
