Resumen: Se desestima el recurso de casación por apreciar causa de inadmisión. La jurisprudencia de la Sala Primera viene insistiendo en que es esencial identificar la norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, y más concretamente, en su encabezamiento. No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara. La referencia a la existencia de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el encabezamiento sirve para justificar el interés casacional, pero no es propiamente el motivo del recurso, sino un presupuesto del mismo. La aplicación de tal doctrina determina que el recurso no pueda ser admitido, pues se limita a señalar, en su encabezamiento, que se formula por interés casacional, sin alegación de ningún precepto de derecho material y sustantivo aplicable al caso, cuya infracción determine la estimación del recurso. Contienen, además, una estructura de naturaleza alegatoria que no responde a las exigencias del recurso de casación. La causa de inadmisión se convierte, en este momento procesal, en causa de desestimación del recurso. No obsta que en su día fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia.
Resumen: El recurso tiene su origen en una demanda por intromisión en el derecho a la imagen de un niño por la publicación de dos fotografías suyas, sin pixelar el rostro, en dos reportajes publicados en la web de un diario digital. La demanda la interpone el padre y ha sido desestimada en las dos instancias. La Sala desestima el recurso y confirma el juicio de ponderación de los derechos en conflicto realizado en la sentencia recurrida. Respecto de la primera fotografía, en la que se ve al niño de frente en brazos de su madre en la pasarela de un desfile de moda infantil, considera que existe un consentimiento inequívoco de ambos progenitores simultáneo a la captación de la fotografía y que ni por las circunstancias ni por el momento en que se captan las imágenes se causa con su publicación perjuicio alguno al hijo del demandante. Respecto a la segunda fotografía litigiosa, se parte de que ha quedado acreditado que el niño está de perfil soplando las velas de su cumpleaños y la única que aparece de frente es la madre, por lo que solo los allegados podrían identificar al menor, además consideró creíble la versión de la madre en el sentido de que ella subió la foto a las redes sociales respetando lo pactado con el padre con quien entonces mantenía buena relación. Tampoco aprecia intromisión ilegítima de la intimidad del niño por el hecho de que la foto refleje un acto propio de su vida privada del niño pues estaba amparada por el acuerdo adoptado por ambos padres y era inocua.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que no había acogido la pretensión de intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, que consideraba lesivas determinadas expresiones contenidas en el escrito de contestación y en las respuestas dadas en un interrogatorio, con ocasión de un procedimiento de familia. En el juicio de ponderación entre los derechos en conflicto, el honor y la libertad de expresión y defensa, se reitera la doctrina jurisprudencial existente. La libertad de expresión se encuentra intensamente reforzada cuando se ejercita en el ámbito del derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, siempre que exista una conexión de las expresiones proferidas con el derecho de contradicción, esto es, que sean precisas para rebatir o fundar las pretensiones ejercitadas, y se respeten los límites del derecho de defensa, que en ningún caso ampara el insulto, ni permite vejar a la contraparte. En el caso litigioso, las expresiones consideradas lesivas consisten en las afirmaciones de la demandada de que la adicción del actor a sustancias estupefacientes fue la causa del divorcio; esas alegaciones de sospecha sobre el ambiente en el que se desarrollaría la custodia paterna, están vinculadas al objeto del proceso y no fueron difundidas más allá del proceso de familia. No cabe confundir la falta de prueba de las imputaciones con la falsedad de las mismas, a efectos del indicado juicio de ponderación.
Resumen: Acción de protección civil del derecho al honor, en su vertiente de prestigio profesional, que el demandante consideraba lesionado a resultas de unas disposiciones testamentarias en las que se le imputan una serie de conductas injuriosas, fundamentalmente una negligencia continuada, reprochables en el sentir social y que le hacen desmerecer en el plano personal. La demanda fue desestimada en ambas instancias y lo es también en casación. Prevalencia de la libertad de expresión: el testador, con una finalidad de dar cuenta a sus hijas de las razones que explican el contenido de su testamento, expresa su opinión y valora la intervención del demandante en el conflicto familiar existente. Realiza tales manifestaciones con el fin de justificar su decisión en cuanto a la disposición de sus bienes, pues aparta de la herencia a tres de sus hijas. Se trata, en definitiva, de manifestaciones en las que el testador expresa una serie de sentimientos, pensamientos, opiniones y juicios de valor sobre la situación y relaciones familiares y así es como alude al papel que considera que ha jugado el demandante. No se trata de expresiones inequívocamente injuriosas, ultrajantes o vejatorias. Son expresiones proporcionadas con la crítica, lamentos y reproches que se hacen en un contexto de quiebra de las relaciones familiares, y en ningún caso se le atribuye al recurrente ninguna mala praxis o actuación negligente.
Resumen: Documento notarial en el que la persona con discapacidad disponía que la designación de tutora, en caso de que fuera necesario, recayera en su hija. En primera y segunda instancia se declaró la “incapacidad total” y designó tutor en la esfera personal a la hija y en la esfera patrimonial a otro de los hijos. Se estima el recurso de casación, lo que hace innecesario analizar el recurso extraordinario por infracción procesal, por falta de efecto útil. Se analizan las características de la autocuratela y se concluye que no se dan las causas legales previstas para prescindir del criterio preferente de la voluntad de la demandada, ya que no concurren circunstancias graves para variarlo, ni tampoco razones para establecer una doble tutela. Al asumir la instancia, se aplica la Ley 8/2021, que entró en vigor mientras estaba pendiente el recurso, lo que determina que se deje sin efecto la declaración de incapacidad, que ya no existe como tal, y se sustituya por la fijación de medidas de apoyo y también la sustitución de la tutela por la curatela. Ahora bien, al hallarse desligado del recurso de casación interpuesto, circunscrito a la designación de curador a su hija tanto en las esferas personal como patrimonial, no procede en este trance decisorio revisar las concretas medidas judiciales de apoyo acordadas, sin perjuicio de la aplicación de la disposición transitoria quinta.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia de divorcio contencioso que fijó un régimen de custodia compartida de los hijos menores. Recurso por infracción procesal: las sentencias penales condenatorias no constaban en las actuaciones y la Audiencia no las pudo tener en cuenta. La ausencia de valoración de este dato determinante solo indirectamente podría dar lugar a la estimación del motivo del recurso por infracción procesal, pues en principio habría motivación cuando la sentencia permite conocer las razones de su decisión. No obstante estas sentencias podrán valorarse en el recurso de casación. Recurso de casación: el interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores y, si bien en abstracto la custodia compartida es un sistema beneficioso para los menores, la medida que en cada caso se adopte sobre la guarda y custodia debe estar fundada en el interés del concreto menor. La condena firme del progenitor por un delito de violencia de género, maltrato y vejaciones injustas, muestra la falta de actitud del padre para cooperar y respetar a la madre. No es conveniente adoptar el sistema de custodia compartida, pues de los hechos probados de la sentencia penal queda acreditado el desprecio del padre frente a la madre y es inimaginable cualquier tipo de comunicación e intercambio de información en las cuestiones que afectan a los hijos menores.
Resumen: Hechos nuevos en casación, en procesos que afectan a menores: el principio del interés superior del menor debe inspirar toda la actuación jurisdiccional en los procesos de familia, que debe estar presidida por un criterio de flexibilidad procedimental, quedando ampliadas la facultades del juez en garantía de dicho interés; es posible realizar alegaciones y aportar documentos y justificaciones atendiendo a un menor rigor formal y a la exclusión de la preclusión. Modificación del sistema de custodia, solicitada por el padre no custodio, que fue desestimada en primera instancia y estimada por la Audiencia Provincial, después de oír a los menores (de 13 y 11 años) y valorar su opinión de querer trasladarse al extranjero con su padre. Para promover la modificación de las medidas basta con probar un cambio significativo. La voluntad del menor no es vinculante para el juzgador, pero es relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada por la conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando sus razones sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo. La sentencia recurrida valora suficientemente el interés de los menores. No obstante, reconocido el derecho de libertad de residencia del padre, en el supuesto de que trasladara su residencia a otro lugar, deberá ponerlo en conocimiento del Juzgado para que decida sobre la guarda y custodia, prosperando en este único extremo el recurso de casación.
Resumen: Documento notarial en el que la persona con discapacidad disponía que la designación de tutor recayera de forma sucesiva en tres de sus hijos y manifestaba su deseo que no se nombrara tutor a cualquiera de los otros tres hijos ni a ninguna asociación u organismo similar. La sentencia de instancia declaró la incapacidad y designó tutor a una asociación. Con revocación de la sentencia, la Audiencia nombró tutores mancomunados a dos de sus hijos y lo justificaba porque tres de los hijos se llevaban bien y regular con los otros tres y viceversa, de forma que se nombraba tutor a uno de cada grupo de hijos. Esta sentencia fue anulada por el TS por falta de motivación suficiente de las razones por las que no se nombraba a la designada por la persona afectada. La nueva sentencia mantuvo la misma designación y nuevamente es anulada por falta de motivación para prescindir de la persona primeramente designada, sin que baste la mera remisión, sin valoración crítica alguna, al informe elaborado por los servicios psicosociales. Asunción de la instancia. No se dan las causas legales previstas para prescindir del criterio preferente de la voluntad de la demandada, ya que no concurren circunstancias graves para variarlo. La aplicación de la Ley 8/2021, ya en vigor, determina que se deje sin efecto la declaración de incapacidad y se sustituya por la fijación de medidas de apoyo y también la sustitución de la tutela por la institución de la curatela.
Resumen: Pensión compensatoria tras divorcio. En primera instancia se declaró que era procedente a favor de la exmujer, al existir desequilibrio, y que procedía en cuantía de mil euros a percibir durante nueve años. En apelación se estimó el recurso del marido y se redujo a trescientos euros mensuales durante cinco años. Motivación de la sentencia parca pero suficiente, pues valora los ingresos de cada parte, su patrimonio mobiliario y las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo del exmarido. Valoración lógica de la prueba: existencia de un solo error material irrelevante. Casación: valoración de la situación de desequilibrio en que quedó la exmujer: la sentencia de apelación no solo tiene en cuenta la disparidad de pensiones, sino el resto de las circunstancias concurrentes como es el patrimonio mobiliario del hoy recurrido y la indemnización que percibió. La recurrente obvia los importantes ingresos de ambos y el notorio patrimonio que obtendrán tras liquidar los gananciales, así como la independencia de los hijos. Cuantía y duración temporal ponderada conforme a esas circunstancias. La cuantía fijada por la sentencia de segunda instancia produce efectos desde la sentencia de primera instancia en la que se reconoció el derecho a la pensión compensatoria.
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que había denegado el régimen de custodia compartida. La sentencia recurrida supone una paridad temporal, según resulta del régimen de visitas, con fundamento en las mutuas aptitudes de los progenitores y sus circunstancias personales, por lo que no se encuentra razón para eludir el nomen del sistema de custodia compartida, que de facto es el se ha establecido. En cuanto a la pensión de alimentos, se fijan en 200 euros mensuales por cada hijo a cargo del padre (la Audiencia había establecido una pensión de 300 euros para cada hijo), dadas las circunstancias concurrentes, pues el padre tiene ingresos superiores, y sin perder de vista que el Tribunal de instancia tuvo en cuenta que la madre quedaba con los hijos en posesión de la vivienda familiar a la hora de fijar la pensión, por lo que la reducción de la pensión no puede ser tan notable como la solicitada por el padre recurrente. Finalmente, en relación al uso de la vivienda familiar, se acuerda fijar la atribución temporal de la vivienda familiar a los hijos y madre por un plazo de transición máximo de dos años desde la fecha de la presente sentencia, salvo que antes se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, medida que se toma en interés de los menores, en aras a un ordenado cambio del sistema de custodia y residencia.
