Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado una demanda de impugnación de acuerdos sociales. Para ello, había atribuido la condición de socias a las demandantes, legatarias de las participaciones sociales. El TS interpreta los arts. 881.2, 885 CC y la legislación hipotecaria. Aunque el legado de cosa específica se adquiere con el fallecimiento del causante, es necesaria la posesión para verificar la inscripción a favor del legatario. La entrega constituye un requisito complementario para la efectividad del legado, pero no puede ser inmediata porque requiere de las operaciones particionales previas (los legados están supeditados al previo pago de las deudas del causante y al principio de intangibilidad de las legítimas). Además, en el ámbito de las participaciones sociales, la LSC establece que para el ejercicio de los derechos de socio está únicamente legitimado el sujeto inscrito en el libro registro de socios, aunque se permite que el adquirente de las participaciones sociales pueda ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión. Estas reglas, que deben interpretarse conjuntamente, implican que el adquirente no puede exigir el ejercicio de sus derechos sin solicitar su inscripción, porque, a la inversa, la sociedad debe controlar la regularidad de la transmisión. Se desestima la demanda de las legatarias, porque no podían ejercer sus derechos de socias.
Resumen: Litisconsorcio pasivo necesario: sin perjuicio del interés que justificaría su intervención, la persona a quien se asignó el acogimiento familiar de la menor no fue parte en el procedimiento de acogimiento, por lo que no es preceptivo su emplazamiento en el proceso de revisión y su ausencia no determina la falta de litisconsorcio pasivo necesario. Improcedencia de la acumulación de acciones: no es posible acumular a la acción de rescisión otras pretensiones propias de otras acciones diferentes, por lo que no cabe solicitar la declaración del perjuicio ocasionado con vistas a una responsabilidad patrimonial de Estado. Procedencia de la demanda de revisión aunque las resoluciones contra las que se dirige no sean una sentencia, sino autos. Características y naturaleza del procedimiento de revisión de las resoluciones judiciales firmes, carácter excepcional y resoluciones contra las que procede. Motivo de revisión que concurre cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, requisitos y presupuestos. En el caso, procede. Excede al ámbito del proceso de revisión los pronunciamientos sobre las medidas que deban adoptarse en interés de la menor, que corresponden a autoridades públicas y, en su caso, al tribunal competente. El acogimiento no genera derechos a favor del acogedor que pudiera oponer a la rescisión.
Resumen: Demanda de tutela del derecho a la intimidad y a la propia imagen por la investigación encargada a un detective privado en el marco de varios procedimientos judiciales entre ex cónyuges. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda, descartando la intromisión. Recurre en casación el demandante y la sala rechaza su recurso. La controversia en casación se reduce al juicio de ponderación entre los derechos a la intimidad y a la imagen del demandante y el derecho de defensa de la codemandada, ex mujer del primero. La sala desestima el recurso al entender que los informes se realizaron por profesional legalmente habilitado, que su finalidad exclusiva era presentarlos en juicios que pendían entre ambas partes relacionados con la negativa del marido a hacerse cargo de sus obligaciones familiares; y desde el punto de vista de la proporcionalidad, la sala considera que el juicio de ponderación de la sentencia recurrida consistente en priorizar el derecho de defensa es conforme con la normativa y la jurisprudencia; esta conclusión se funda, en primer lugar, en la idoneidad y necesidad de la investigación; en segundo lugar, en que las pesquisas no tuvieron lugar en domicilios o lugares reservados; en tercer lugar, porque la utilización de la imagen tiene un carácter meramente accesorio; por último, porque no se invadió el ámbito reservado, personal y familiar del hoy recurrente, ya que el despacho era el lugar de trabajo donde recibía a los clientes.
Resumen: Demanda de formación de inventario previa a la disolución de la sociedad legal de gananciales. Formado el inventario por las sentencias de primera y segunda instancia, recurren en casación ambos cónyuges pues no muestran su conformidad en cuanto a una cantidad de dinero perteneciente al marido desde antes de contraer matrimonio y una donación al marido hecha por su madre que se invierten en la compra de la vivienda del matrimonio, así como en cuanto a un inmueble, adquirido por la esposa en un procedimiento de división de cosa común que tenía origen en la partición de la herencia de sus padres. La sala estima el recurso del marido, considera la ganancialidad de la vivienda adquirida con parte de dinero privativo del marido y declara que este tiene un derecho de reembolso frente a la sociedad de gananciales por la cantidad que poseía antes del matrimonio y la donación efectuada por su madre. Por otra parte, desestima el recurso de la esposa, al considerar acertado el criterio de la sentencia recurrida que declara probado que la esposa es propietaria del 25% del inmueble al haberlo adquirido en condominio hereditario, pero el 75% restante es de carácter ganancial al no haberse probado que el dinero abonado en la subasta tuviese origen privativo, por lo que ha de presumirse su procedencia ganancial. Se estima en parte el recurso del esposo y se reconoce el derecho de reembolso de este con cargo a la sociedad legal de gananciales.
Resumen: En la escritura de compra de una finca por dos cónyuges por mitades indivisas se hizo constar, por error, que se adquiría para la sociedad de gananciales, lo que propició que más tarde se anotara un embargo sobre la totalidad de la finca a raíz de una deuda del esposo. Después de rectificar la escritura, y estando en trámite la ejecución del embargo, la esposa ejercitó una acción declarativa de dominio sobre la mitad indivisa. En ese proceso se acordó la anotación preventiva de la demanda, pero la calificación registral fue negativa porque la mitad indivisa ya constaba inscrita a nombre de la actora. La impugnación de esa calificación, basada en que la pretensión consistía realmente en que se declarara que la mitad indivisa pertenecía a la demandante desde la fecha de la compraventa, ha sido desestimada en ambas instancias y se desestima ahora el recurso de casación. Como en el mandamiento judicial solo acompañaba el testimonio del auto de anotación de demanda, es lógico que la registradora advirtiera la improcedencia de practicar la anotación. La valoración que realizó se extrae de los asientos registrales. No cabe imputar a la registradora un defecto de información en el auto que acuerda la anotación preventiva, en relación con la pretensión ejercitada en la demanda. El procedimiento de impugnación de la calificación no es el cauce adecuado para integrar la información del auto con la que se contiene en la demanda, para luego juzgar sobre la procedencia de la anotación.
Resumen: Determinación temporal de pensión compensatoria por desequilibrio. La simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como cualquier otra circunstancia relevante. El establecimiento de un límite temporal es una posibilidad que permite atender a las posibilidades de superar el desequilibrio económico surgido a partir de la ruptura, siempre que no se resienta la función reequilibradora. La atribución en plena propiedad de un patrimonio importante a la demandante por la liquidación del régimen ganancial es un elemento objetivo y cierto que es relevante a efectos de ponderar el alcance de la situación de desequilibrio que la ruptura ha generado en la esposa. La demandante no es una mujer de edad avanzada; tiene una formación cualificada, no padece enfermedades, no tiene una salud precaria o delicada ni ningún tipo de discapacidad. No estamos ante un desequilibrio perpetuo e insuperable, porque la demandante puede acceder a una situación económica autónoma e independiente de manera digna. Por ello, no procede fijar una pensión indefinida. Se fija una pensión temporal por plazo de cinco años desde la fecha de la sentencia del juzgado, en importe de 1.000 euros mensuales.
Resumen: Se estiman los recursos interpuestos contra una sentencia que había rechazado la impugnación de la resolución de la Administración que, con apoyo en los Decretos de la Fiscalía, declaró la improcedencia de medida de tutela del demandante; la Audiencia consideró que las razones invocadas por la Fiscalía justificaban que las dudas sobre la minoría de edad fueran razonables a pesar de la existencia de una fotocopia de partida de nacimiento. La Sala 1ª no comparte dicho criterio y considera que no se ponderaron adecuadamente las razones por las que se decretó la mayoría de edad, con la consiguiente exclusión del demandante del sistema de protección de menores. En las circunstancias del caso, las dudas suscitadas en la Fiscalía acerca de la fiabilidad de la edad que consta en una documentación inicial aportada, y posteriormente con el certificado judicial del acta de nacimiento, junto con otros documentos oficiales, que no ha sido invalidada ni desacreditada por las autoridades que la expidieron, y que tampoco presenta indicios de manipulación, no pueden prevalecer frente a lo que resulta de la propia documentación aportada por el menor para hacer valer su condición de tal a efectos de obtener la protección de menores. Ante la falta de impugnación de una documentación que es coincidente con la declaración del menor sobre su edad, ni es razonable considerarlo como indocumentado ni es razonable que prevalezcan unas dudas que son despejadas por dicha documentación.
Resumen: El acuerdo de los cónyuges para atribuir carácter ganancial a un bien no convierte en ganancial al dinero empleado para su adquisición y genera un crédito por el valor satisfecho a costa del caudal propio de uno de los esposos, y el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado, aunque no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso. El mero hecho de ingreso de dinero privativo en una cuenta común no lo convierte en ganancial y surge un derecho de reembolso a favor de su titular, aunque no hiciera reserva de ese derecho en el momento del ingreso del dinero en la cuenta. En las relaciones entre cónyuges, aunque estén sometidos al régimen de gananciales, no se presume que el dinero privativo se aporta como ganancial. Con la atribución de ganancialidad el cónyuge titular del dinero no pierde su derecho de crédito contra la sociedad ganancial en liquidación. En el caso: origen privativo de los ingresos efectuados en cuentas comunes destinados a la adquisición de bienes gananciales; no constan actos inequívocos que demuestren el ánimo de liberalidad, que no se presume. Asunción de la instancias: derecho de reembolso que ha de tener su constancia en el pasivo de la sociedad de gananciales. Recurso de casación. Causas de inadmisión que, en el momento de dictar sentencia, se convierten en causas de desestimación (no se respeta la base fáctica; no se indica la norma infringida).
Resumen: Demanda de divorcio en la que se pide la guarda y custodia materna con atribución del uso y disfrute del domicilio familiar a la madre y una pensión de alimentos de 1400 euros (700 euros por hijo), con un régimen de visitas de fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda, acordando atribuir a la madre la guardia y custodia de los hijos menores con la patria potestad compartida, el uso y disfrute del domicilio conyugal a la madre y a los hijos y al padre el uso y disfrute de otra vivienda del matrimonio y una pensión alimenticia a cargo del padre por importe de 200 euros por hijo y un régimen de visitas a favor del padre de fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones. Recurrida en apelación se estimó en parte el recurso en el sentido de elevar a 700 euros el importe de la pensión alimenticia (350 euros por hijo), dejar sin efecto la atribución del uso de la vivienda al padre, fijar el horario de recogida de los menores durante el horario de visitas a las 12:00 y el de entrega a las 20:00, ampliar los fines de semana alternos con las fiestas y puentes inmediatamente anteriores y posteriores y fijar el abono al 50% de los gastos extraordinarios. Recurso extraordinario por infracción procesal: se desestima porque no hay falta de motivación ni vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ni error en la valoración de la prueba. Recurso de casación: se desestima porque altera la base fáctica.
Resumen: Demanda en la que se interesa el reconocimiento de los derechos sucesorios del demandante en la herencia de su padre. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por aplicación de la DT 8ª de la Ley 11/1981, de 13 de mayo y la audiencia la confirmó. El demandante recurre en casación y pretende que se declaren sus derechos sucesorios porque la filiación no pudo quedar determinada en el momento del nacimiento y considera que, por esta razón, la sucesión no puede estar "agotada y cerrada"; considera una exigencia del principio de igualdad proclamado por la Constitución que se reconozcan ahora los derechos sucesorios a partir de una filiación determinada por sentencia en 2013. La sala concluye que la sucesión se abrió en 1962, fue aceptada ese mismo año por todos los herederos y legitimarios conforme al derecho vigente entonces, y la partición concluyó en 1965 con la protocolización notarial de la partición y adjudicación de los bienes del caudal relicto; añade que no se ha producido posteriormente un nuevo acto, una nueva partición, un nuevo llamamiento a la herencia del padre en el que el demandante pretenda hacer valer su condición de hijo y que permita valorar si, por aplicación del principio de igualdad, debería beneficiarse ahora. La sala concluye que no puede ampararse la petición del demandante de que se actúe como si hubiera sido llamado a la herencia cuando murió el padre, pues sería contrario al derecho de sucesiones. Se desestima la casación.
