Resumen: No concurre duda sobre la validez del parte emitido, pues, aunque el mando que lo dio no observó directamente los hechos, lo emitió a la vista de un informe elaborado por quien sí los presenció, que aportó a aquel una referencia exacta y precisa de ellos. Es con la notificación del pliego de cargos cuando se pone en conocimiento del expedientado la calificación jurídica de los hechos y la sanción que se estima procedente, ya que el instructor puede apartarse motivadamente de los hechos expresados en el acuerdo de inicio si no incluye otros que no guarden relación directa con ellos. Este cambio de calificación no vulnera el derecho de defensa, pues el recurrente pudo formular alegaciones y proponer prueba, siendo sancionado por la falta de la que fue formalmente acusado. No resultó vulnerado el derecho a la prueba, ya que la que fue denegada resultaba irrelevante en orden a esclarecer la realidad e ilicitud de la conducta enjuiciada. Tampoco resultó vulnerada la presunción de inocencia: la realidad del abandono sin vigilancia del vehículo oficial quedó acreditada por el propio reconocimiento del recurrente, que considera que se trató de un simple descuido, además de por el hecho de que sufriera un robo de las pertenencias que se encontraban en su interior tras la rotura del cristal de una de sus puertas. La sanción elegida, la intermedia de entre las posibles, en su grado medio, aparece adecuadamente motivada conforme a los criterios de individualización fijados legalmente.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad -art. 25.1 CE-, al haberse realizado una interpretación contradictoria de la jurisprudencia. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: No existió vulneración del derecho a la presunción de inocencia, pues el tribunal sentenciador detalló y valoró los medios de prueba de los que dispuso -concretamente, la declaración del propio encartado, testifical y documental-, que fueron legalmente obtenidos y practicados y que permitieron al tribunal sentenciador considerar como acreditados los hechos que declaró probados. A través de una razonable y razonada valoración del resultado de aquellos medios probatorios queda acreditado y probado que el recurrente, desde el ordenador existente en el cuarto donde prestaba servicio de puertas, no solo realizó consultas con su tarjeta de identificación personal a través del sistema SIGO sin causa justificada, sino que tampoco adoptó medidas para impedir que, al tener que ausentarse del cuarto, en su ausencia, otras personas pudieran acceder al sistema desde aquel terminal, incurriendo en la falta disciplinaria grave por la que fue sancionado. La alegación relativa a que la mera búsqueda de datos no puede ser objeto de sanción disciplinaria no puede prosperar, ya que ello solo es así cuando las consultas se realizan en el marco de una investigación judicial o actuación de seguridad pública, circunstancias no concurrentes en el caso.
Resumen: No existió indefensión, ya que el pliego de cargos y la propuesta de resolución coincidieron en los hechos y su calificación jurídica, que resultaron idénticos a los recogidos en la resolución del expediente, que impuso la misma sanción de la que había sido advertido el encartado. Para la determinación de los hechos probados, el tribunal sentenciador contó con suficiente prueba inculpatoria, válidamente obtenida y legalmente practicada y en su valoración se ajustó a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. El inamovible relato de hechos probados se incardina correctamente en la falta grave apreciada, en su modalidad de grave falta de respeto a un superior, por concurrir todos los elementos del tipo, incluido su elemento intencional, justificado suficientemente en la sentencia impugnada, en la que se refleja que el recurrente, tras dirigir una sonrisa sardónica a su superior, le espetó un conjunto de réplicas en tono alto y retador en actitud de mofa y menosprecio, dirigiéndole luego una serie de expresiones descomedidas y beligerantes, procediendo a seguir a su superior con claro propósito de intimidarlo y menospreciarlo, sin que mediara provocación inicial ni subsiguiente de este. La disciplina, bien jurídico protegido por el ilícito disciplinario aplicado, no supone posición de privilegio ni valores incompatibles con el principio de igualdad ante la ley. La sanción impuesta resulta proporcionada a la gravedad y circunstancias de la conducta infractora.
Resumen: La especialidad prevista en el art. 43.1 LORDGC -conforme al cual, en el cómputo de los plazos señalados por días en materia de procedimiento y recursos solo se excluyen los domingos y los declarados festivos- impide la aplicación al caso de la regla del art. 30.2 Ley 39/2015, que establece el carácter inhábil de los sábados, por lo que el acuerdo del instructor que consideró extemporáneo el escrito de alegaciones al pliego de cargos fue conforme a derecho. El comportamiento del recurrente -que, sin autorización de sus superiores, se ausentó del servicio, haciéndose cargo de él un compañero al que había pedido anticipadamente que le relevara, y que se reincorporó 45 minutos después de haberse ausentado, tras ser requerido al efecto por su superior, que lo había localizado de inmediato- carece de la gravedad necesaria para ser subsumido en la falta grave apreciada, teniendo perfecto encaje en la falta disciplinaria leve: la ausencia no causó perturbación alguna en el servicio, que se siguió prestando con normalidad por el compañero al que el recurrente pidió que le sustituyera; el recurrente se encontraba plenamente localizado; además, se reincorporó al servicio con premura, regresando a su unidad a los 45 minutos de haberse ausentado. La sala solo aprecia una culpa leve en el recurrente, que no tenía intención de dejar desatendido el servicio, aproximándose su conducta a un mero incumplimiento formal, al no haber obtenido autorización de sus superiores para la sustitución.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) vulneración del art. 25.1 CE (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad) y jurisprudencia que lo desarrolla emanada de la sala de casación, en relación con la falta grave prevista en el art. 8.33 LORDGC; b) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 CE; c) error en la valoración de la prueba. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surjan en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24.2 CE, por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías; b) infracción del principio non bis in idem, por haberse seguido contra el recurrente dos procedimientos disciplinarios distintos por los mismos hechos; c) ifracción del art. 25.1 CE, por vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad; d) vulneración del principio de proporcionalidad, con infracción del art. 19 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surjan en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 24 CE, por infracción del derecho a la presunción de inocencia, así como el art. 25 CE. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24.1 y 2 CE, con indefensión, por indebida denegación de la prueba propuesta, por errónea valoración de la prueba practicada y por deficiente motivación de la sentencia impugnada; b) infracción del art. 24.2 CE, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surjan en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
Resumen: El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, tras la reforma operada en la LJCA por la LO 7/2015, está básicamente limitado a cuestiones jurídicas, por lo que excede de su objeto el examen de la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia, al no existir en él un motivo de error facti similar al de la casación penal, todo ello sin perjuicio de la posible integración, con respeto al relato fáctico, de hechos omitidos en la sentencia recurrida. En el caso, el tribunal sentenciador dio motivada respuesta sobre la valoración de la prueba testifical. La ausencia de dudas por parte del tribunal para alcanzar su conclusión sobre cómo ocurrieron los hechos que declara probados impide aplicar el principio in dubio pro reo. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, el sargento recurrente le discutió hasta en 4 ocasiones a su superior, en 2 de ellas en un tono de voz elevado, su competencia para rectificar el cuadrante de servicios y la procedencia de incluirlo a él en los mismos- se subsume adecuadamente en la falta grave apreciada, ya que, mediante este proceder, el recurrente conculcó gravemente el deber de consideración y respeto debido a un superior, con afectación, también grave, de la disciplina, la relación jerárquica y la subordinación indispensables en la organización militar.
