• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 563/2019
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta en el supuesto enjuiciado que, dictada sentencia firme que declaró la nulidad del despido impugnado y posterior auto resolutorio de incidente de no readmisión, la trabajadora instó la ejecución. Consta que la actora fue readmitida y que en la ejecución reclamó los salarios de tramitación desde el despido hasta tal readmisión. Por diligencia de ordenación de 3/6/16, el Juzgado cuantificó tales salarios y posteriormente liquidó intereses procesales devengados desde la fecha de la sentencia de instancia; decisión confirmada por auto resolutorio de revisión. Sin embargo, la sala de suplicación considera que el devengo de intereses se produce sólo desde la cuantificación de los salarios adeudados. La sala IV, tras apreciar que concurre en el recurso la contradicción indica, con reiteración del criterio sentado en anteriores SSTS de 21/7/09 (R. 1767/08) y 1/10/19 (R. 976/17), concluye que debe diferenciarse entre los salarios devengados desde el despido hasta la notificación de la sentencia ejecutada, que es una suma líquida desde la fecha de la sentencia, de la que se descuentan los percibidos en otros empleos por la ejecutante, y los salarios de tramitación devengados desde el auto resolutorio del incidente de no readmisión hasta la readmisión efectiva. Y la primera suma devenga intereses desde la sentencia ejecutada y la segunda desde la fecha del auto resolutorio del incidente de no readmisión. Se estima en parte el recurso deducido por la Administración ejecutada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 98/2021
  • Fecha: 17/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC). Obligación de efectuar los depósitos y consignaciones para recurrir: las universidades públicas tienen la consideración de administraciones públicas. Resulta extensible a las Universidades Públicas la exención contenida en el art. 12 de la Ley 52/1997, de 27 noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, de la obligación de constituir depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes (art. 229.4 LRJS). La STS -3ª- de 10 de julio de 2019, Rec. 3373/2018, ha determinado que las Universidades Públicas deben ser consideradas como administraciones públicas a efectos de la exención de depósitos y garantías. Anula actuaciones para admitir la suplicación. El tema de fono sobre Despido y caducidad de la acción de la trabajadora: falta de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1170/2021
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el marco de un contrato indefinido de apoyo a emprendedores de la L 3/2012 (hoy derogada por el RD-L 28/2018), que finaliza por no superación del periodo de prueba, se dirime en la sentencia anotada si debiera haberse comunicado la terminación del contrato con un plazo de preaviso quincenal y que la omisión del preaviso debe conllevar el pago de una indemnización equivalente a los salarios devengados durante tal periodo, al amparo de lo dispuesto en el art. 4.4 de la Carta Social Europea (CSE), que exige que el desistimiento empresarial del periodo de prueba sea comunicado con quince días de antelación a su efectiva operatividad. Así las cosas, y salvada en el caso la aplicabilidad de la CSE (ratificada el 2-4-2021) por mor del art. 96 CE y L 25/2014. El TS, atendiendo a que el que el periodo de prueba anual del contrato de apoyo a emprendedores y el desistimiento empresarial acorde con esa funcionalidad específica poseen naturaleza especial, considera inaplicable la construcción común y declara que en caso debe observarse el plazo de preaviso contemplado en el art 53.1.c) ET por varias razones: analogía con el despido objetivo; concordancia con el plazo de preaviso "razonable" contemplado en la CSE; cumplimiento de buena fe de los derechos y obligaciones contractuales y ajenidad del contrato de trabajo. Estima la sala IV el recurso y declara el derecho del actor a percibir la indemnización por falta de preaviso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 1491/2021
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se resuelve el contrato de uno de los dos trabajadores de la Cámara Agraria de Valdepeñas, la personalidad jurídica se extinguió por Decreto-Ley, la comisión liquidadora comunicó al actor la extinción al amparo art. 52 c) ET. El JS desestimó la demanda porque la extinción se acomoda al art. 49.1 g) ET sin ser necesario seguir trámites del art. 51 ET, son dos trabajadores y no superan umbrales para despido colectivo. El TSJ revocó la sentencia y declaró la nulidad del despido al entender que deben seguirse los trámites del 51 ET. Recurre la cámara agraria en cud., la Sala IV se remite a su STS de 30 /03/22, y al contenido de los tres preceptos del ET y art. 30 RD 1483/2012. Resuelve que de ellos se desprende -sin mayor esfuerzo- que la extinción de contratos por extinción de la personalidad jurídica debe ajustarse a los trámites del art. 51 ET, no significa que en cualquier caso haya de seguirse el procedimiento de despidos colectivos sino cuando se esté ante el concepto (1. nº de extinciones supera los umbrales y cómputo señalado ó 2. extinción se extiende a la toda la plantilla de la empresa siempre que sea superior a 5), en los otros casos es de aplicación art. 52 c) ET. El art. 49.1 g) ET no dice que se deba seguir en cualquier caso el procedimiento de despido colectivo, remite cuando deba calificarse como colectivo, si no se alcanzan los umbrales seguir el despido objetivo. La remisión es al procedimiento que en cada caso corresponda. (No sería posible comisión negocial)
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1887/2019
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en resolver si el Juzgado de lo Social es competente para conocer la impugnación individual derivada de un despido colectivo acordado en el seno de un concurso, cuando se demanda tanto a la empresa concursada cuanto a otras empresas. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas al no concurrir las identidades exigidas por el art 219 LRJS. En efecto, en la sentencia recurrida los actores impugnan el despido individual, derivado del despido colectivo acordado por el Juez de lo Mercantil, siendo que el despido individual se produce con posterioridad al auto acordando el despido colectivo, mientras que en la de contraste el despido individual se efectúa antes de que se acordara la extinción colectiva de los contratos. Por otra parte, la sentencia recurrida declara que no es competente el orden Social con base a lo dispuesto en el art 64.8 LC por lo que acordado el despido colectivo por el juez del concurso, cada una de las personas trabajadoras afectadas que entienda perjudicados sus intereses debe acudir a la vía procesal marcada por los artículos. 192 y ss. LC, en particular, por el artículo 195 LC. La sentencia de contraste declara la competencia del Juzgado de lo Social, a tenor de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64.7 LC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 559/2019
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: DESEMPLEO: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el demandante ostenta el derecho a la prestación por desempleo por suspensión de la relación laboral que lo era a tiempo parcial, por pasar a jubilación parcial, habiendo acumulado y realizado las horas de servicio con anterioridad a la suspensión que acordó la empresa. La Sala de casación resuelve que el trabajador que acumuló toda la prestación de servicios a la que estaba obligado y que la realizó en un momento en el que no existía ninguna situación afectada por ERTE, cuando se produce el ERTE, no está en situación legal de desempleo. De no haber acumulado la jornada si lo estaría al no poder llevarla a cabo en caso de haberse suspendido y no poder prestar los servicios ni percibir su salario. Y en esa línea se ha dicho que "no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por el art. 203.2 de la LGSS de 1994 consistente el cese de la actividad del trabajador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1857/2019
  • Fecha: 11/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute en la sentencia anotada si existe un despido improcedente, como consecuencia de que la trabajadora excedente solicita su reingreso y la empresa no accede a ello; de manera complementaria, también se polemiza acerca de si el procedimiento seguido (despido) es la modalidad adecuada. La sala de suplicación acogió la excepción de inadecuación de procedimiento y absolvió a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra, argumentando que la trabajadora debió acudir al procedimiento declarativo ordinario y no al despido. Interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción con ninguna de las sentencias ofrecidas de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3883/2020
  • Fecha: 10/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada reitera la doctrina sobre la consideración de indefinido no fijo del contrato de interinidad por vacante de más de tres años de duración, por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato, aun cuando cumpla los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998. Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19. Aplica STS, Sala de lo Social, Pleno, 28/06/2021, rec. 3263/2019.Su extinción es conforme a derecho por cobertura de la plaza. Procede el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio, de acuerdo con la STS, Sala de lo Social,28/03/2017, rec. 1664/2015, .
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1738/2019
  • Fecha: 10/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: ALTA DIRECCIÓN: la cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la indemnización sustitutoria de la omisión del preaviso en un supuesto de desistimiento de la relación laboral especial de alta dirección es compensable con la indemnización por despido improcedente fijada en la sentencia que, examinando la impugnación de aquél desistimiento, declaró que la relación laboral entre las partes era común. La sentencia resuelve que la deuda derivada de la extinción del contrato fijada en la sentencia recurrida es compensable con la ya pagada por la empresa recurrente en el momento en que extinguió la supuesta relación laboral de alta dirección.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 139/2019
  • Fecha: 10/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si debe declararse la responsabilidad empresarial en el pago de la prestación de jubilación parcial, cuando la empresa extingue por causas objetivas los contratos del trabajador relevista y del jubilado que ha seguido percibiendo la prestación. La Sala IV reitera doctrina en interpretación de la Disposición Adicional 2ª del RD 1131/2002, que establece que si la empresa mantiene su actividad, no hay razones que justifiquen la resolución del contrato del relevista, lo que determina la activación de la cláusula de responsabilidad empresarial que contempla la citada disposición. Sin embargo, no se atribuye ninguna responsabilidad empresarial en los casos en los que se extingue el contrato del jubilado parcial por despido colectivo que afecta además a la totalidad de la plantilla como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación de empleo. Pero este no es el supuesto ahora examinado puesto que la empresa procede al despido colectivo de una parte de sus trabajadores, entre los que incluye al jubilado parcial y al relevista, sin afectar a la totalidad de la plantilla, por lo que subsiste la obligación empresarial de contratar a otro relevista mientras el jubilado parcial perciba la pensión de jubilación

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