• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1328/2019
  • Fecha: 08/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el demandante ostenta la condición de trabajador fijo discontinuo y si la falta de llamamiento constituye despido. El actor prestó servicios mediante sucesivos contratos eventuales por acumulación de tareas. En determinados períodos se hizo constar que tal aumento derivaba de las ausencias por vacaciones de invierno o verano del personal de la plantilla; en otro contrato no se consignó la razón determinante de la acumulación y en otro se señaló como tal la campaña de Navidad y Cabalgata de Magos. El trabajador interpuso demanda de despido por falta de llamamiento. La empresa centra su recurso en la consideración como despido de la falta de llamamiento, partiendo de la calificación de un trabajador como fijo discontinuo. La doctrina jurisprudencial de la Sala Cuarta es constante en la clara distinción entre el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato fijo discontinuo, y lo que prima es la reiteración de la necesidad en el tiempo, aunque sea por periodos limitados. Aquí la actividad se prestó durante más de cuatro anualidades consecutivas con distinta intensidad, lo que constituye una necesidad empresarial que se repite en intervalos separados, reiterados y dotados de cierta homogeneidad, existiendo reiteración permanente de tareas en determinados períodos que se repiten todos los años, aunque no en las mismas fechas. De ello se deduce que la naturaleza del contrato del actor con la demandada es la de indefinida fija discontinua.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 4927/2019
  • Fecha: 08/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera con esta sentencia la doctrina de la Sala según la cual el día de la interposición de la papeleta de conciliación debe excluirse del cómputo de los 20 días hábiles de caducidad para la interposición de la demanda de despido, así como que se reanuda el cómputo del plazo pasados 15 días desde la presentación de la papeleta sin celebrarse el acto de conciliación. En actual supuesto el despido fue comunicado el 24/8/2018 y la papeleta de conciliación presentada el 4/9/2018; el intento de conciliación tuvo lugar el 2/10/2018 y la demanda se presentó el 18/10/2018. Indica la Sala IV que, desde la fecha de efectos del despido hasta la presentación de la papeleta de conciliación transcurren 6 días. Del 5 al 25 de septiembre está suspendido el cómputo del plazo, sin que se celebre el acto de conciliación y entre el 26 y el 30 de septiembre transcurren 3 días hábiles más, por lo que constan consumidos 9 días del plazo. Y como la demanda se presenta el 18/10/2018, durante el mes de octubre se consumen 12 días del plazo de caducidad, que sumados a los 9 días antes indicados, suman 21 días. Por tanto, se estima el recurso de la empresa demandada, lo que supone casar y anular la sentencia de suplicación y desestimar la demanda de despido rectora de las actuaciones por apreciarse la caducidad de la acción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1859/2019
  • Fecha: 07/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el FOGASA es responsable del pago de la indemnización por despido y salarios, cuando la sentencia que estimó dicha pretensión condenó de forma solidaria a las empresas del grupo al pago de la indemnización y de los salarios adeudados, y sólo una de ellas ha sido declarada insolvente, habiendo estado las otras dos en concurso de acreedores y no se aporta certificación de la administración concursal de que el crédito esté incluido en la lista de acreedores. La Sala IV, con remisión a sentencias previas, casa y anula la recurrida y con ello, desestima la demanda. Argumenta que al tiempo de presentación de la demanda ya no concurría la situación concursal, dado que se había dictado sentencia por el Juzgado de lo Mercantil aprobando el convenio de una de ellas. Atendida la condena de naturaleza solidaria de las empresas a abonar a la parte actora las cantidades reclamadas y constando la declaración de insolvencia de la primera de dichas empresas, no así de las otras dos, que, además, no se encuentran en situación de concurso, no procederá tampoco declarar la responsabilidad del FOGASA en el abono de las prestaciones reclamadas. El reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concurso, extremo que no consta en las actuaciones, por lo que no cumple el requisito establecido en el art 33.3, regla primera del ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1969/2021
  • Fecha: 07/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en decidir si los hechos que se imputan en la carta de despido entregada al trabajador tienen la suficiente concreción para permitirle el conocimiento de la conducta imputada y una adecuada utilización de sus derechos de defensa. En el caso, la carta reprocha al trabajador la realización de servicios profesionales durante la situación de baja médica, sin indicar fechas exactas ni la intensidad de los servicios prestados. Y el TS, estima el recurso del trabajador, y declara que la carta de despido no contiene hechos concretos, sino un reproche genérico que no se concreta en orden a su contenido y a sus circunstancias temporales y materiales, salvo la imprecisa referencia a que tales conductas se habían producido "en estos días", con referencia a la situación de incapacidad temporal y en un determinado bar. Esta indeterminación en el contenido hace imposible organizar una defensa eficaz frente a estas imputaciones e incluso valorar la gravedad de las mismas y lo mismo sucede en relación con la determinación temporal que impide, además, la articulación de prueba en contrario. Señala asimismo que no puede admitirse el argumento que, al haberse acreditado los hechos, el actor los conocía y pudo articular su defensa frente a ellos, se trata de un razonamiento circular que envuelve una petición de principio y elimina la garantía del conocimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 230/2021
  • Fecha: 02/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCO. ADESLAS DENTAL SAU (clínicas dentales). Tras permanecer las instalaciones de la empresa cerradas y los trabajadores sin prestar servicios ni acudir a su centro de trabajo, por decisión de la empresa, desde el 18 de marzo al 18 de mayo de 2020, alcanzan un acuerdo el 27 de mayo de 2020, la empresa y el 83% de la representación de los trabajadores sobre "licencia retribuida recuperable", al amparo de las MSCT e inaplicación de los diferentes Convenios Colectivos de los distintos centros de trabajo de la empresa, por el que convienen la recuperación de 207.846 horas no trabajadas, desde la firma del Acuerdo hasta el 30 de junio de 2022. La figura que en el acuerdo de 27 de mayo de 2020 se denomina "licencia retribuida recuperable", no es sino un trasunto del "permiso retribuido recuperable" (PRR) regulado en el RD Ley 10/2020 de 29 de marzo. La norma aplicable a la situación litigiosa es el art. 30 ET pues la finalidad de las medidas es recuperar el tiempo de trabajo no realizado. El permiso retribuido recuperable está limitado en el tiempo, al periodo de 30 de marzo al 9 de abril, de 2020 - artículo 2 d RDL 10/2020 con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. No cabe modificación o descuelgue con efectos retroactivos. Requisitos generales de la revisión de hechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3214/2020
  • Fecha: 01/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor prestaba servicios como representante de comercio, con contrato de duración inicial de 6 meses, prorrogado hasta el 13/4/19. En la instancia se declaró válido el cese, con derecho del actor a la indemnización por fin de contrato del art. 49.1.c ET. La sentencia de suplicación estima la impugnación relativa al carácter ilícito de la contratación temporal realizada, declarando improcedente el despido, con derecho del actor a percibir la indemnización por clientela. Recurre la empresa ante la sala IV planteando un primer motivo en el que alega la inaplicación a la relación laboral especial del art. 15 ET; motivo que resulta estimado al entender que para los representantes de comercio no rige la limitación causas ni el fraude de ley del art. 15 ET. En el segundo motivo se denuncia la incongruencia extra petita de la sentencia recurrida al conceder una indemnización por clientela no solicitada, pero la sala aprecia la inexistencia de contradicción. En el tercer motivo se declara que no tiene derecho a tal indemnización porque el art. 11 del RD 1435/85 la condiciona a la suscripción de un pacto de no competencia postcontractual, que no consta en el caso enjuiciado. En el cuarto motivo se denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia por reconocer una indemnización por cese del art. 49.1.c del ET no solicitada en demanda. La sala desestima este cuarto motivo de recurso al resultar automático el derecho a la indemnización, por venir contemplado en la norma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 2067/2021
  • Fecha: 01/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si es viable la aplicación del art 110.1.b) LRJS, solicitándose la extinción de la relación laboral en sentencia, en supuesto de despido declarado improcedente, por imposibilidad de la readmisión, cuando se ha acreditado el cierre o cese del centro de trabajo donde prestaba servicios la demandante, pero continua la actividad empresarial en otros centros de trabajo en distintas ciudades. La Sala IV recuerda doctrina en interpretación del precepto y los requisitos para su aplicación, así como el alcance del art 56.1 ET en relación con la obligación alternativa impuesta en caso de despido improcedente y que llevan a dar una respuesta positiva. Se ha acreditado que la readmisión no podía realizarse cabalmente, aun cuando la empresa mantenga otros centros de trabajo toda vez que, la readmisión, para producirse rectamente, debe hacerse en las mismas condiciones existentes antes del despido, siempre que las mismas no fueran imposibles, ilícitas o, que no hubiera podido ser objeto de la obligación. Además, la actora fue contratada temporalmente en fraude de ley. Por todo ello, no es admisible que la demandante deba ser readmitida en el régimen laboral pretendido, cuya ilicitud ha quedado probada, cuando se vería forzada, además, a ser objeto de un traslado forzoso a Madrid o a Málaga, que le exigiría necesariamente el cambio de domicilio, no habiéndose probado, siquiera, que existan vacantes de su categoría en dichos centros de trabajo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 429/2019
  • Fecha: 01/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la calificación jurídica que merece la extinción de una relación laboral indefinida no fija, por cobertura de la plaza tras la resolución de un concurso de traslado abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo, en el que resulta adjudicada al personal fijo del mismo organismo empleador. No se discute que la plaza desempeñada por la demandante es la que ha sido ocupada por el trabajador fijo al que se le ha adjudicado en la resolución del concurso de traslado. La sentencia recurrida, es acorde con la doctrina que viene manteniendo la Sala IV al admitir la válida extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo cuando se produce la cobertura de la plaza mediante cualquiera de los procedimientos reglamentarios legalmente previstos al efecto, sin perjuicio del reconocimiento en ese caso de una indemnización de 20 días por año de servicios, y a expensas de que no concurran circunstancias anómalas que pudieren considerarse como fraude de ley, o abuso de derecho por parte de la empleadora. Son innumerables las sentencias de esta en tal sentido, en las que claramente se indica que resulta ajustada a derecho la cobertura de la plaza ocupada por el trabajador indefinido no fijo, una vez que se han seguido los procedimientos legalmente previstos a tal efecto, con independencia del derecho a la referida indemnización y aunque la demandante no pueda participar en esa clase de concursos por no ser trabajadora fija, ni se trate de un concurso de traslado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1993/2020
  • Fecha: 01/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. Proceso de Despido y validez de la prueba videográfica que se ha presentado para la constatación de los hechos imputados en la carta de despido o, en otro caso, que se declare la improcedencia del despido y no la nulidad del mismo. La prueba videográfica no incurre en intromisión alguna vulneradora del derecho de intimidad de la demandante por cuanto que era conocedora del sistema de videovigilancia y de su ubicación como su finalidad, por lo que, sin olvidar que al empresario corresponde acreditar los hechos disciplinarios, se considera como medida justificada, idónea y necesaria, sin que el hecho de que el visionado se extendiera a momentos anteriores al día que un cliente denunció unos hechos y los imputados fueran los precedentes no impide tener por válida la prueba y considerar no afectado ningún derecho fundamental de la trabajadora ya que la empresa podía comprobar si su actuación en el puesto de trabajo era acorde con el buena conducta de la misma. No es posible considerar que los hechos imputados no se puedan acreditar acudiendo a la prueba de videovigilancia por la sola razón de que aquellos no hayan sido los correspondientes a la queja que motivó acudir al visionado de las cámaras para con ello obtener que la trabajadora no tenía conocimiento del uso de control de la actividad por medio de esas cámaras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 421/2019
  • Fecha: 31/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la relación de interinidad por vacante que mantenía el demandante ha devenido en relación indefinida no fija y si, al extinguirse el contrato de trabajo, hay derecho a la indemnización de 20 días. La actora comenzó a prestar sus servicios en la Agencia Madrileña de Atención Social el 15 de agosto de 2003 y el 3 de agosto de 2015 la actora suscribió un contrato de interinidad por vacante para un puesto determinado vinculado a la OPE del año 1999, en abril de 2009 se convocó un proceso extraordinario de consolidación de empleo y en julio de 2016 se adjudicaron los destinos. El 30 de septiembre de 2016 se extinguió el contrato de interinidad por cobertura reglamentaria de la plaza, extinguiéndose el contrato de la actora por este motivo. La trabajadora reclama la indemnización de 20 días por año establecida por la sentencia TJUE de 14 de septiembre de 2016. Sobre dicha cuestión ya se ha pronunciado la Sala en reiterados asuntos en los que, respecto de la misma parte recurrente y en similares debates, se ha negado que el procedimiento en el que se reclama la indemnización como la que ha condenado la sentencia recurrida, sea el de despido. Entre las convocatorias existe un lapso temporal que supera los trece años, sin que se haya acreditado causa de justificación de tamaño retraso, por lo que se rechaza el motivo.

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