Resumen: Reiterando abundante jurisprudencia anterior, la sentencia casa y anula la de suplicación por entender que sólo procede la indemnización de 12 por terminación de contrato temporal del art. 49.1 c) ET y no la de 20 días del art. 53 ET a la extinción de contrato por obra o servicio determinado, ya que conforme a la doctrina del TJUE no existe discriminación a efectos indemnizatorios entre trabajadores fijos y temporales
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si, a la finalización válida de un contrato temporal por acumulación de tareas, que siguió a un contrato de interinidad, procede la indemnización de 12 días por año trabajado prevista en el artículo 49.1 c) ET o, por el contrario, la indemnización a abonar sería la de veinte días por año trabajado prevista en el artículo 53 ET. El TS reitera que la indemnización de 20 días no es aplicable a extinciones de contratos temporales de la naturaleza analizada, en aplicación de lo dispuesto en las STJUE 5/6/2018, asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, 21/11/18, De Diego Porras y recogida en la STS 13/3/2019 (Rec. 3970/2016). En todas ellas se declara que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, no se opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores con contratos temporales es inferior a la indemnización concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva. Concluye que el contrato temporal para obra o servicio determinado se extinguió por la válida causa consistente en la finalización de la obra o servicio objeto del contrato, extinción cuya regularidad ha quedado acreditada, por lo que la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no puede ser otra que la inaplicación de la indemnización de veinte días por año prevista en el artículo 53 ET.
Resumen: La trabajadora prestó servicios mediante diversos contratos temporales (11 eventuales, 1 de relevo y 1 de sustitución), formalizándose un último contrato de interinidad para ocupar una vacante vinculada a la oferta de empleo público, siendo cesada y nombrada personal estatutario eventual. La acota presentó demanda por despido por la terminación del contrato de interinidad por finalización del proceso de consolidación. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirmada en suplicación. La Sala 4 no entra a conocer de la cuestión relativa a la calificación del cese por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, puesto que en la de contraste se apreció fraude en la contratación, mientras que en la recurrida no
Resumen: Se cuestiona si resulta ajustada a derecho la pretensión formulada por el FOGASA en reclamación por revisión de prestaciones indebidas formulada al amparo de lo previsto en el art. 146 LRJS, cuando dichas prestaciones han sido reconocidas a la trabajadora por sentencia firme que estimó su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo en el plazo de tres meses la petición de prestaciones que le formuló la trabajadora. La Sala IV desestima la demanda. Sostiene que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo demandado dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Por ello no se trata de una prestación indebida, pues es una prestación reconocida por una sentencia firme y, por lo tanto, intangible, salvo los limitados supuestos de la LEC. Lo contrario supondría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si la prueba de la auditoría interna del Banco recurrido, en base a la cual se despidió al trabajador, debió ser inadmitida por vulneración del derecho a la protección de datos. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto dado que el recurrente no cita ni fundamenta la infracción legal, en los términos exigidos por el art 224 LRJS, lo que lleva a desestimar el recurso. El escrito de interposición, tras transcribir los hechos probados y parte de la literalidad de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se limita, en primer lugar, a señalar que, ya en el acto del juicio y en fase probatoria, la parte actora alegó la infracción del artículo 90.2 LRJS, por entender que no debería haberse admitido el informe de auditoría en que se basa la carta de despido. En segundo lugar, el recurso se limita a transcribir, algún pasaje sobre el derecho de protección de datos de la STC 292/2000. No expresa qué infracción legal ha cometido, no la empresa demandada, sino la «sentencia impugnada», recordando la Sala que el extraordinario recurso de casación para la unificación de doctrina se interpone contra la sentencia de sala de suplicación y no contra la decisión empresarial impugnada ante el juzgado de lo social, ni tampoco contra la sentencia de este juzgado.
Resumen: El demandante basa su demanda de declaración de error judicial, en la falta de aplicación de la normativa oficial sobre adjudicación y renovación de la plaza de profesor asociado de las Universidades Públicas de Cataluña y la inaplicación de la Normativa oficial sobre las causas tasadas de acoso laboral. Sobre la misma cuestión, el demandante tiene dos procedimientos activos en curso: Demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por irregularidades en la composición de las Salas; y Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El procedimiento de error judicial tiene por objeto y finalidad, derivada del artículo 121 de la Constitución, el de servir de presupuesto para que, quien se ha visto perjudicado por una decisión judicial errónea, pueda percibir del Estado la correspondiente indemnización por los daños derivados de aquella actuación. Se trata, por tanto, de un nuevo proceso y no de un recurso. Se ha de tratar de un error determinante de una responsabilidad por daños y perjuicios y por ello de imputación culpable e injustificada a quien lo cometió, más allá de las muchas discrepancias interpretativas sostenidas por las partes que se pudieron producir en el pleito de origen. Se desestima la demanda porque en ella el demandante pretende una vía de impugnación frente a una decisión judicial que le ha sido adversa.
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda de revisión y subsidiaria de error judicial frente a la STJ/Cataluña de 28-6-2018 que declaró la procedencia del despido de la actora. El TS desestima la revisión porque el art. 236.1 de la LRJS exige para la válida interposición de la demanda de revisión, no sólo que la sentencia sea firme, sino que previamente se hayan agotado previamente los recursos jurisdiccionales previstos. Y en el caso, no consta que se haya agotado el recurso de casación para la unificación de doctrina frente a la sentencia que se pretende revisar. Suerte adversa corrió asimismo la declaración de error judicial, y ello porque ni en la decisión judicial de instancia ni de suplicación se aprecia la comisión de un error patente e injustificado, ya que ambas han valorado las pruebas aportadas, motivando suficiente y coherentemente la fijación de los hechos, en una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como errónea en el sentido que ha venido fijando la reiterada doctrina de la Sala Cuarta.
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: Se plantea la cuestión de si es recurrible en suplicación la sentencia de instancia que resolvió una demanda de cantidad de cuantía inferior a 3.000 €, cuando dicha reclamación dimana de una demanda en la que se reclama indemnización por extinción de cada uno de los sucesivos contratos temporales -eventual -, alegándose que concurre afectación general. La Sala IV declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia al entender que la afectación general es "notoria". Argumenta que la cuestión de fondo es la aplicación de la STJUE 14 de septiembre de 2016 (C-596/2014, de Diego Porras I), o de su rectificación por las SSTJUE 5 de junio de 2018 y dicha cuestión es notoria para la Sala «tal y como lo demuestra el elevado número de recursos de casación ya resueltos, además de los que se encuentran pendientes de resolución». Además, la Sala conoce la existencia de un determinado número de recursos de casación para la unificación de doctrina, en que se recurren sentencias procedentes de la misma Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, respecto de la misma empresa – Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos- y en los que se debate la misma cuestión de fondo. De donde concluye que existe una significativa litigiosidad real, y no meramente potencial, sobre la materia.
Resumen: El recurso tiene por objeto la indemnización por la extinción de un contrato temporal, contrato de relevo suscrito entre la trabajadora y el Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) extinguido al jubilarse el trabajador relevado a los 64 años y posterior suscripción de un contrato de interinidad por vacante con un plazo de un año. La Sala razona que no concurre contradicción entre las sentencias contrastadas, ya que en la recurrida se suscribieron dos contratos temporales consecutivos, uno de relevo que finalizó antes de la fecha pactada y otro de interinidad por vacante, pero cuya duración no estaba vinculada a la cobertura reglamentaria de la plaza sino a la fecha en la que el trabajador relevista hubiera cumplido los 65 años. Este contrato se extinguió en la fecha pactada, aunque no se había cubierto la vacante. En cambio, en la sentencia referencial se suscribió un contrato de interinidad por vacante que se extinguió cuando se efectuó la cobertura en un proceso de consolidación de empleo. Ambas sentencias rechazan la aplicación del art. 70 del EBEP. Los hechos y fundamentos son esencialmente diferentes, lo que excluye que concurra la contradicción que viabiliza el recurso de casación unificadora.
