Resumen: La sentencia comentada reitera la doctrina sobre la consideración de indefinido no fijo del contrato de interinidad por vacante de más de tres años de duración (Ayto Burgos), por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato, aun cuando cumpla los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998. Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19. Aplica STS, Sala de lo Social, Pleno, 28/06/2021, R. 3263/2019. Su extinción es conforme a derecho por cobertura de la plaza. Procede el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio, de acuerdo con la STS, Sala de lo Social,28/03/2017 R.1664/2015. Precedentes similares; STS 09 de marzo de 2022 R.4178/2020 y STS 10 de mayo de 2022 R. 3953/2020
Resumen: La trabajadora fue despedida el 15/02/12 en el marco de un ERE anterior a la reforma de 2012. La instancia estimó su demanda de despido frente al Ayuntamiento, calificándolo como nulo al disfrutar de reducción de jornada por cuidado de familiar. El TSJ apreció la excepción de inadecuación de procedimiento, al deber aplicarse el art. 151 LRJS para al identificarse nominativamente al despedido y no el art. 124. La Sala IV entiende que el procedimiento debe tramitarse como impugnación de actos administrativos en todos los aspectos resueltos en la resolución administrativa conforme al art. 151.9c) LJRS siendo posible la anulación total o parcial del acto administrativo y sin resultar procedente resolver sobre los requisitos formales. Respecto de la incongruencia omisiva no estima que exista contradicción con la referencial porque en ella hubo omisión total de respuesta y en la recurrida sí se dio respuesta sobre los requisitos formales. Sobre las consecuencias de la inadecuación de procedimiento formulada como petición subsidiaria, acoge el principio pro actione, salva la continuidad del procedimiento por el cauce adecuado y retrotrae las actuaciones a la presentación de la demanda por el proceso de impugnación de actos administrativos.
Resumen: La trabajadora, desde el 3 de junio de 2008, venía prestando servicios para un Ayuntamiento, en virtud de dos contratos laborales temporales de interinidad. El contrato de interinidad de 3 de junio de 2009, para cubrir el puesto durante el proceso de selección para su cobertura definitiva se extinguió el 31 de diciembre de 2019. Se cuestiona si la trabajadora tiene derecho a percibir una indemnización tras la extinción de la relación laboral que veía manteniendo, en un supuesto en que la duración del contrato fue muy superior a tres años. La resolución del recurso ha de partir de la STS 649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el Pleno de esta Sala en el rcud 3263-2019 y de las demás sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por muchas otras. Aun cuando el contrato haya cumplido los requisitos, previstos en el artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre una duración excesivamente larga debida exclusivamente a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura de la plaza debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en orden a la configuración de la decisión judicial sobre la duración del contrato, habiendo desaparecido la razón por la que se entendía justificada en determinadas circunstancias ligadas a la vigencia temporal de las leyes presupuestarias la prolongada extensión de tales contratos, lo que obliga a considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo.
Resumen: La demandante viene prestando servicios para TPG si bien con anterioridad había prestado servicios en las mismas instalaciones en virtud de sendos contratos temporales concertados con una ETT. Terminada la contrata, la actora fue despedida e impugnó el despido, y la sentencia de suplicación consideró que no era la principal la responsable del despido de la actora sino TPG que era la única responsable del despido y que la sentencia declara procedente al concurrir la causa productiva alegada derivada de la extinción de la contrata. Se cuestiona si la indemnización puesta a disposición, calculada conforme a la antigüedad reconocida en nómina, constituyó o no un error excusable, puesto que no se tuvieron en cuenta los períodos trabajados previamente a una ETT, que fue sucedida por la empresa que extinguió el contrato de la demandante por causas objetivas. La Sala Cuarta desestima el recurso, por considerar que no se ha demostrado que la empleadora haya querido ignorar los derechos de la recurrente, ya que calculó la indemnización con arreglo a la nómina percibida por esta, quien consintió pacíficamente dicha situación durante doce años. Consiguientemente, la empresa actuó a la hora de despedir, aplicando los datos que, de forma pacífica, había venido manejando.
Resumen: JUBILACIÓN ANTICIPADA:la controversia suscitada en este recurso de casación unificadora radica en determinar si tiene derecho a la pensión de jubilación anticipada derivada del cese involuntario en el trabajo, un trabajador fijo discontinuo que lleva inscrito como demandante de empleo más de seis meses cuando solicita la pensión, pero parte de dicho lapso temporal corresponde a un periodo de inactividad mientras subsistía el contrato fijo discontinuo. La Sala de suplicación llega a la conclusión en contra de la Sala de Suplicación y confirma la del Juzgado, que a efectos de cumplir con ese requisito se computa todo el periodo, tanto el de inactividad, como el posterior al cese.
Resumen: Se cuestiona si un pacto de no competencia postcontractual debe desplegar sus efectos o no. La sentencia recurrida confirmó la sentencia de instancia, que había condenado a la empresa demandada a abonar al actor una cantidad en concepto de compensación por un pacto de no competencia postcontractual. En el recurso se invocan dos sentencias de contraste, pero un motivo de infracción legal, omitiendo respecto de la segunda sentencia referencial cualquier fundamentación de infracción legal, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos formales del recurso que impide entrar en su examen. Tampoco concurre el requisito de contradicción respecto de la segunda sentencia, porque en la recurrida, se pactó en la conciliación que la empresa abonaría a este trabajador una concreta cantidad en concepto de indemnización y otra en concepto de comisión más la liquidación que se realizaría más tarde y en la de contraste consta un pacto por el que el trabajador declara expresamente no tener nada más que pedir, ni reclamar, dando por extinguida, saldada y finiquitada a su entera satisfacción la relación laboral. Respecto de la primera sentencia de contraste con la recurrida, los pactos contractuales analizados son diversos. En la sentencia recurrida, el pacto permite a la empresa optar por exigir al trabajador que se abstenga de competir y en la referencial sucede lo contrario: como regla general sí que se aplica el pacto de no competencia pero la empresa puede optar por renunciar a él.
Resumen: AYUNTAMIENTO COLLADO VILLALBA. Despido. Impugnación individual de despido colectivo. Autorización administrativa de ERE anterior a la entrada en vigor del RD-Ley 3/2012. Inadecuación de procedimiento: Debió tramitarse por la vía de impugnación de actos administrativos (art. 151 LRJS). Nulidad de actuaciones y retroacción de las mismas al momento de admisión de la demanda. Acoge de oficio la inadecuación de procedimiento de despido, y desestima la demanda rectora de autos. Se suscitan tres cuestiones en torno a la impugnación individual de un despido colectivo y a la inadecuación de procedimiento declarada por la sentencia impugnada: la primer referida al incumplimiento de los requisitos formales de la carta de despido; la segunda en relación con las consecuencias de la declaración de esa inadecuación de procedimiento y la tercera por incongruencia omisiva. Por lo tanto, versa sobre el incumplimiento de los requisitos formales de la comunicación extintiva, sobre la incongruencia omisiva y sobre la falta de determinación de las consecuencias de la declaración de inadecuación de procedimiento. Se estima parcialmente el RCUD y se ordena la devolución de los autos al Juzgado y reponer las actuaciones al momento de presentación de la demanda, para que se de a la misma la tramitación procesal correspondiente a través del proceso de impugnación de actos administrativos
Resumen: El trabajador, conductor desde 2016 fue despedido el 25/01/17. La empleadora realiza para otra empresa transporte de mercancías mediante contrato de arrendamiento para el transporte de mercancías de sus clientes de determinadas zonas. El JS estimó en parte la demanda considerando la contrata como de propia actividad, declarando la improcedencia del despido y el abono de salarios impagados. El TSJ desestimó los recursos del actor y de la comitente que recurre en cud. La Sala IV analiza si la colaboración entre las empresas concierne a la propia actividad, y teniendo en cuenta el tipo de actividad de la auxiliar en beneficio de la principal, resuelve que el hecho de existir un contrato de transporte amparado en la Ley de ordenación de transporte terrestre no descarta el supuesto del art. 42 ET. La principal realiza actividad de intermediación con autorización administrativa, recepciona y distribuye mercancías y es operadora de transporte (art. 119 LOTT), lo que implica o realizarla por sí misma o acudir a empresas, por lo que considera que realiza labores inherentes al transporte, la actividad pertenece al círculo productivo de la comitente y debe aplicarse la responsabilidad solidaria del art. 42.2 ET respecto de las deudas de la contratista con los trabajadores adscritos a la contrata durante su realización. Desestima el recurso y confirma la recurrida.
Resumen: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO:(BBVA). La obligación asumida por parte de la empresa de abonar al trabajador unas concretas y periódicas cantidades durante el tiempo en que su contrato esté suspendido y como límite los 65 años, se extingue desde el momento en que el trabajador accede a la jubilación anticipada y comienza a percibir la pensión de jubilación. Reitera doctrina (STS 9 de marzo de 2022 (rec.1654/2020).
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de Turquía en España como administrativo, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones meramente de administración en la Embajada de Turquía en Madrid, sin que conste que el trabajo tuviera carácter confidencial y, menos aún, que afectara a la seguridad de Turquía y de su Embajada en España, correspondiéndole a esta última la carga de probar en el proceso dichas circunstancias. No se acredita que el proceso menoscabe intereses de seguridad del país extranjero. Aplica doctrina TJUE 19/07/2012 (C-154/11), y entre otras, SSTS/IV de 14/02/2020 (rcud. 82/2017) y 29/04/2021 (rcud. 2495/2019). Reitera STS 31/5/2022, rcud. 1450/2020, misma embajada y sentencia de contraste. Condena en Costas (1500€).
