Resumen: Se realizó apoderamiento apud acta a favor de Letrada, citándose a las partes el 17/05/18 se espera de las 10:30 a las 10:47, se extiende Diligencia constando incomparecencia de las partes. Por Decreto del JS se tuvo por desistida a la actora en demanda por despido, con notificación personal al comparecer el más tarde el mismo día. Al Recurso de Revisión adjuntó justificantes: parte de facultativo -se lee con dificultad estado paciente sin especificar hora de visita- y otro de asistencia el 17/05/18 a consulta general a las 8:00 h., fue desestimado por Auto. El TSJ estimó el recurso considerando acreditada la incomparecencia por acudir al médico en horario sustancialmente coincidente, revocó el Auto sin tener por desistido al actor debiendo citar a las partes a juicio. Recurre la empresa, la Sala IV remite al art. 83.1 LRJS, doctrina constitucional y jurisprudencia, se favorece una interpretación flexible y antiformalista pero no se amparan conductas carentes de diligencia debida que sean lesivas de la tutela judicial efectiva a la contraparte. En el caso no se justificó la imposibilidad de comunicar anticipadamente la asistencia al juzgado, de los documentos no deriva situación grave impeditiva ni de asistencia sino de avisar al órgano judicial o a su letrada. Tampoco la letrada acudió. Ni justifica la ausencia cuando el mismo día acude y siéndole notificado el desistimiento. No concurren elementos para aplicar la doctrina flexibilizadora y hubo comportamiento no diligente
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si en un supuesto de despido improcedente debe declararse extinguida la relación laboral con derecho a la indemnización, cuando el empresario anticipó previamente su opción por la readmisión y el trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total (IPT). Y el TS, reiterando doctrina, afirma que la declaración de incapacidad posterior al despido hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción de readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el art. 56.1 ET, sino que ha de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de IPT resulta factible, la de indemnizar en los términos legales, y la cuantía de la indemnización debe calcularse en estos casos a la fecha del despido.
Resumen: RCUD. Se cuestiona si a efectos de la existencia del denominado "despido colectivo de hecho", se deben computar los despidos disciplinarios de otros trabajadores de la empresa para con los umbrales del art 51 ET. Los despidos se llevaron a cabo debido a que no existió una mejora en el bajo rendimiento del trabajador, al no llegar los objetivos mínimos exigidos por la empresa al entender que suponía una transgresión de la buena fe contractual, en especial dado que los objetivos esperados eran perfectamente alcanzables.. La empresa demandada, cuya plantilla era de 88 trabajadores, despidió desde el 18 de octubre de 2018 al mes de diciembre de 2018 a un total de diez empleados En los hechos probados únicamente consta que cuatro de estos despidos se pactaron como improcedentes en conciliación y, respecto del décimo, "no consta que haya sido impugnado judicialmente". El relato fáctico omite referirse a los cinco despidos restantes. Carga de la prueba del demandante. Falta de contradicción
Resumen: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE DESPIDO: la notificación del acto de despido por la administración o una entidad pública, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona trabajadora la impugne por la vía procedente. Reitera doctrina SSTS de 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018); de 14 de abril de 2021 (rcud 3663/2018); de 10 de diciembre de 2021 (rcud 947/2019); de 27 de enero de 2022 (rcud 4282/2019); de 8 de marzo de 2022 (rcud 4874/2019); de 9 de marzo de 2022 (rcud 2372/2020) y de 10 de junio de 2022 (rcud 1358/2021), entre otras.
Resumen: Consta que la actora ha venido prestando servicios para la Administración autonómica como profesora de religión católica, articulándose la relación mediante diversos contratos temporales. En la demanda rectora de las actuaciones la actora impugna la extinción del contrato de interinidad efectiva el 30/6/19, aunque posteriormente volvió a ser contratada temporalmente. Se debate si, a la luz de lo recogido en el art. 4 del RD 696/2007, los profesores de religión pueden ser contratados por la Administración mediante cualquier modalidad contractual temporal. La sala IV, a la luz de las normas aplicables y de la doctrina jurisprudencial y comunitaria, concluye que el RD establece claramente que la relación laboral de los profesores de religión debe ser, con carácter general, indefinida, con la única excepción de la posibilidad de suscribir contratos de interinidad por sustitución, conforme al art. 15.1.c del ET. En definitiva, no es posible la suscripción de cualquier tipo de contrato temporal con un profesor de religión. Y en el caso enjuiciado, dado que desde noviembre de 2017 la relación laboral mantenida por las partes se articuló mediante contratos temporales en los que no se preveía la sustitución de ningún trabajador, debe concluirse que se incurrió en fraude de ley, debiendo confirmarse la improcedencia del despido. Se desestima el recurso de la demandada.
Resumen: DESPIDO OBJETIVO (ABSENTISMO):declara que el art. 52.d) del ET no es contradictorio con el art. 4 del Convenio 158 OIT; ni con los artículos 4.1 y 5 Convenio OIT 155, ni con el art. 3 Carta Social Europea, ni siquiera con el art. 11 del CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). En definitiva, no es contrario a los Tratados Internacionales examinados, ni tampoco es contrario a la Constitución por cuanto que no vulnera ni el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE) en relación con el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE). La Sala de casación estima el recurso, casa y anula la sentencia, y devuelve las actuaciones a la Sala de procedencia para que resuelva el recurso de suplicación que en su día fue planteado. Reitera doctrina:STC 118/2019 y STS 29-03-2022, recud 2142/2020.
Resumen: DESPIDO OBJETIVO: cálculo de la indemnización por despido y aplicación del derecho extranjero así como de la doctrina de la unidad esencial del vínculo y de la inexistencia del error excusable. Falta de contradicción.
Resumen: Se cuestiona si la pérdida de la habilitación como personal de seguridad privada porque un vigilante de seguridad ha cometido un delito doloso cuando no estaba desempeñando sus funciones, constituye una causa de despido disciplinario o bien de despido objetivo por ineptitud sobrevenida. El actor cometió un delito doloso. Fue condenado por sentencia firme. El Director General de la Policía acordó extinguir su habilitación de vigilante de seguridad como consecuencia del cumplimiento de la condena que conlleva la existencia de antecedentes penales. Se notificó a la empresa de seguridad, quien lo despidió por la comisión de una falta muy grave prevista en el art. 74.11 del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para los años 2017 a 2020. El Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad considera falta muy grave la comisión de un delito que conlleve la retirada de la habilitación para los vigilantes de seguridad sin la cual no pueden ejercitar su profesión. Una norma legal impide que un condenado por un delito doloso pueda prestar servicios como vigilante de seguridad, en atención a las especiales funciones, que exigen confianza en el vigilante incompatible con dichos antecedentes penales; y una norma colectiva prevé expresamente que dicha conducta delictiva constituye una infracción muy grave que justifica el despido disciplinario. Se concluye que el actor incurrió en un incumplimiento contractual grave y culpable que justifica su despido disciplinario.
Resumen: La cuestión de orden procesal sobre la que gira la sentencia anotada es la referida a la legitimación de la empresa para interponer recurso de casación unificadora frente a la sentencia dictada por la Sala de suplicación que revoca la sanción impuesta a la trabajadora de suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave. Para resolver la cuestión litigiosa, el TS efectúa un didáctico recorrido sobre la doctrina de la Sala que ha ido introduciendo matices sobre la legitimación empresarial para recurrir, sea por estar en juego derechos fundamentales, sea por abordarse aspectos procesales, sea por no concurrir el supuesto de hecho de que se confirme la falta laboral. Ahora bien, en el caso, declara que en virtud del art. 115.3 LRJS, cuyo contenido se reitera en el art. 191.2.a) LRJS, en la modalidad procesal de impugnación de sanciones, la falta de legitimación de la empresa para recurrir las sentencias que recaigan en el litigio es absoluta, con independencia de su signo y del órgano que la dicte, careciendo de legitimación tanto para combatir en suplicación la sentencia de instancia que revoca la sanción impuesta al trabajador, como para acudir en casación unificadora frente a la sentencia de suplicación que deja sin efecto la medida disciplinaria
Resumen: La Sala IV estima que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita al revocar la sentencia de instancia con base en un extremo que quedó firme en la instancia al no ser objeto del recurso de suplicación que interpuso la parte recurrente. La sentencia de instancia declaró la nulidad del despido, ex art. 51.5 del ET y 124.13, 3ª de la LRJS. La parte recurrente lo que cuestionó en suplicación fue que el despido se calificara de nulo cuando esa calificación, a su juicio, solo estaba reservada a los supuestos del art. 55.5 del ET. La Sala de suplicación, omite pronunciarse sobre ese extremo y lo que realiza es una valoración de si el despido era colectivo, declarando, finalmente la improcedencia. Por todo ello se estima que procede excluir del debate en suplicación la valoración de si el despido individual se enmarca en un despido colectivo. Seguidamente, resolviendo el debate planteado en suplicación en el extremo ahora suscitado se mantiene el pronunciamiento de instancia – improcedencia del despido-.
