Resumen: Se cuestiona si se produjo una sucesión empresarial en la contrata de mantenimiento. Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 27 de enero de 2020. El 27 de enero de 2020 se hizo cargo del mantenimiento una nueva adjudicataria. Ferrovial comunicó a los 45 trabajadores que prestaban servicios en dicha contrata que, con fecha de efectos 27 de enero de 2020, finalizaba dicho contrato mercantil y la nueva adjudicataria tenía que subrogarse en sus derechos y obligaciones. La nueva adjudicataria no se subrogó en sus relaciones laborales. Se interpuso demanda por despido colectivo contra Ferrovial y Gestiona y recurre en casación ordinaria la empresa Ferrovial, formulando seis motivos. No nos encontramos con la mera sucesión en la ejecución de una actividad económica. La propia terminología relativa al material aportado por la empresa adjudicataria: materiales fungibles, herramienta de mano y demás medios materiales y auxiliares a emplear por los operarios, indica su naturaleza adjetiva. La sucesión de contratas afectó a un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, por lo que nos encontramos en el ámbito de aplicación del art. 44 del ET y de la Directiva 2001/23. Se transmitió a Gestiona una unidad productiva autónoma, por lo que Gestiona debió haberse subrogado en los derechos y obligaciones de los trabajadores de la anterior contratista.
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si, a la válida finalización de un contrato de interinidad por sustitución, corresponde al empresario abonar la indemnización prevista en el artículo 53.1. b) ET para la extinción por causas objetivas, consistente en veinte días por año de servicio en los términos expresados en tal precepto. La Sala IV reitera doctrina declarando que no procede la indemnización prevista en el artículo 53.1.b) ET. No es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales. En nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET.
Resumen: Se cuestiona si procede el abono de la indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando finaliza un contrato de interinidad por vacante como consecuencia de que la plaza, adscrita a una oferta pública de empleo, es ocupada por quien ha superado las pruebas convocadas al efecto. El 2 abril 2003 la trabajadora es contratada por el IFAS para el desempeño de una plaza vacante hasta su cobertura reglamentaria o amortización. El 24 junio 2017: la trabajadora cesa como consecuencia de la Resolución que aprueba la adscripción definitiva de puestos de trabajo. En julio 2017: la trabajadora es nuevamente contratada, conforme a los criterios de la bolsa de empleo temporal y sigue prestando sus servicios en el momento de celebrarse el juicio. Solicita el abono de una indemnización de 20 días por año trabajado. Se pronuncia respecto de contratos de duración determinada la STJUE de 5 de junio de 2018, asunto Montero Mateos C-677/16, y la STS de 13 de marzo de 2019 –Pleno- (Rcud. 3970/2016), concluyendo que el planteamiento de la sentencia recurrida es erróneo y necesita ser casado porque en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador, por lo que desestima el recurso interpuesto por la trabajadora.
Resumen: La cuestión planteada se centra en decidir si la superación del plazo de tres años, previsto en el art. 70 EBEP, novó como indefinido el contrato de interinidad por vacante suscrito entre las partes, que concluyó al incorporarse el titular, si bien la demandante fue contratada nuevamente mediante contrato de interinidad por sustitución. La sentencia reitera la doctrina de la Sala en el sentido de que el referido precepto no establece que la superación del plazo de tres años previsto en el mismo suponga la novación de los contratos de interinidad por vacante, ni tampoco que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años, pues ese plazo viene referido sólo a la ejecución de la oferta de empleo público.
Resumen: La sentencia recurrida confirma la de instancia que estima la demanda formulada por la trabajadora contra la AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y declara el carácter indefinido no fijo y discontinuo de la relación laboral. Se plantea en el recurso la cuestión de determinar si la relación laboral que le vincula con la demandante debía calificarse o no como indefinida no fija. La Sala entiende que no concurre la necesaria identidad ex art. 219 LRJS, al ser diferentes los hechos de los que parten las sentencias comparadas. En la sentencia recurrida se pretende el reconocimiento de relación laboral indefinida al permanecer, desde 1999, con contrato de interinidad por vacante de naturaleza discontinua, sobre el que afirmaba la confusión de la causa de contratación en el de 1.07.1999 (cobertura de puesto de trabajo vacante y sustitución en periodo vacacionales), correlativo fraude por no satisfacer una necesidad de trabajo temporal, y sin activación de los procedimientos reglamentarios de cobertura de la vacante; a su vez, precedido de varios contratos de interinidad por sustitución. En la sentencia de contraste se acciona por despido, precisamente, ante la extinción del contrato por cobertura de la plaza que venía ocupando el trabajador demandante desde 2010, y ha sido sometida a un proceso de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácter laboral en la categoría que ostentaba la allí trabajadora, publicado en 2009 y resuelto en 2016.
Resumen: No resuelve la sentencia la cuestión relativa a si adquiere la condición de indefinida no fija la trabajadora que lleva ocupando la plaza de interinidad por vacante desde el año 2000, sin convocar la administración proceso alguno de selección, tras señalar que la parte recurrente realiza una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y cita y fundamenta la infracción legal convenientemente, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, por cuanto en la sentencia recurrida consta expresamente que no se ha procedido por la Administración a la ejecución de la oferta de empleo público, lo que sí sucede en la sentencia de contraste, en que consta dicha convocatoria y además que se adjudicó la plaza tras el trámite indicado en la norma convencional
Resumen: La cuestión a decidir en casación unificadora consiste en determinar si los contratos de interinidad por vacante de los trabajadores de sociedades mercantiles públicas, están sometidas a los plazos de tres meses del RD 2720/1998 o a los tres años del EBEP. La Sala de suplicación declara la improcedencia del despido, con las consecuencias legales que tal calificación lleva aparejada, al considerar que el contrato de interinidad por vacante ha incurrido en fraude de ley, adquiriendo la demandante la condición de indefinida. La Sala IV declara que la cuestión controvertida ya ha sido objeto de pronunciamiento en sentencias recientes en las que se señala, tras realizar una recopilación de la doctrina no uniforme que había mantenido esta Sala en la materia y doctrina del TC, que la condición de trabajador indefinido no fijo es aplicable a las sociedades mercantiles estatales y, por ende, que el ámbito jurídico en el que se enmarca las relaciones laborales es la del EBEP. El artículo 70 EBEP impone obligaciones a las administraciones públicas, pero la superación del plazo no tiene por qué alterar la naturaleza de los vínculos laborales. La Sala casa y anula la sentencia recurrida que ha aplicado indebidamente un plazo de duración del contrato a la relación de interinidad por vacante que no afectaba a la relación laboral de la parte actora y, a partir de ahí, resuelve el debate planteado en suplicación confirmando la sentencia dictada en la instancia, desestimatoria de la demanda.
Resumen: Se cuestiona si es competente el juzgado de lo social para conocer de una demanda de despido interpuesta por la trabajadora de una empresa concursada, cuya relación laboral ha sido previamente extinguida mediante Auto del juez mercantil que acuerda la extinción colectiva de contratos de trabajo de la concursada. La sala inadmite el recurso por falta de contradicción en el mismo sentido en el que se ha acordado en numerosos recursos con idéntico contenido formulados por otros trabajadores de la misma empresa concursada que se encuentran en iguales circunstancias de hecho y de derecho que la recurrente, y en los que se invocaba la misma sentencia de contraste, porque en el presente asunto, en el auto del juzgado de lo mercantil se incluía un listado de los trabajadores cuyo contrato se extinguía y un listado de los que pasaban subrogados a la adjudicataria y en la de contraste no consta que el juzgado de lo mercantil se pronunciara acerca de la responsabilidad de las empresas sucesoras en la actividad que venía desempeñando la concursada, que no fueron parte en el expediente de extinción de contratos concursal, lo que determina que en el caso de la recurrida la cuestión referida a la sucesión empresarial haya sido debatida y resuelta por el juez de lo mercantil, mientras que en la sentencia referencial no hay ningún pronunciamiento al respecto.
Resumen: Se cuestiona si debe deducirse de la indemnización por despido improcedente la cantidad abonada por la empresa a la extinción del contrato por obra o servicio determinado, cuya ulterior declaración como fraudulento ha dado lugar a la calificación del cese como despido improcedente, en un supuesto en el que la relación laboral se ha sustentado en ese único y solo contrato de trabajo formalizado como temporal. Como recuerda la STS 14/2/2019, rcud. 1802/2017, la doctrina sobre esta materia se encuentra ya perfectamente fijada en las SSTS de Pleno de 29/6/2018, rcud. 2889/2016 y 11/7/2018, rcud. 2131/2016, que consideran compensable la indemnización abonada por la empresa con ocasión de la extinción del último de los contratos temporales suscritos por el trabajador, tras cuya extinción se produce el cese definitivo de la relación laboral que finalmente se califica como despido improcedente. Estamos en una situación jurídica en la que la relación laboral se ha iniciado y mantenido con base en un único y solo contrato temporal, a cuya finalización se percibe una indemnización que resulta finalmente inferior a la que legalmente corresponde tras la calificación de tal cese como despido improcedente; lo que supone que el trabajador ya ha percibido de esta forma una parte de la indemnización que legalmente le corresponde a la extinción definitiva de la relación laboral, lo que obliga a deducir esa suma de la cantidad a cuyo pago ha de ser condenada la empresa.
Resumen: La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en decidir si la indemnización derivada del despido improcedente de un alto directivo es compatible con indemnización por falta de preaviso. La sentencia sigue la doctrina de la Sala en el sentido de que la indemnización por el incumplimiento del preaviso también debe abonarse en el caso de que el despido sea improcedente y la empresa opte por la rescisión indemnizada del contrato.
