Resumen: Se analiza la conexion de antijuridicidad. Secreto profesional y derecho a la defensa. Valoración de la declaración del investigado en fase de instrucción. Momento oportuno para resolver las cuestiones previas planteadas al inicio del Juicio Oral. Derecho a ser informado de la imputación. Delito falsedad y delito de prevaricación: principio de especialidad. Concurso de normas y concurso de delitos. Dilaciones indebidas.
Resumen: No concurren los presupuestos de la confesión tardía. Los tres recurrentes se han limitado a reconocer en el juicio oral los hechos que se les imputaban por la acusación. Pero ese reconocimiento se hace cuando ya tienen completo conocimiento de las abrumadoras pruebas que existían en su contra, suficientes para demostrar su existencia más allá de toda duda razonable, aunque pueda valorarse al individualizar la pena. Tampoco concurren los presupuestos fácticos de la atenuante de drogadicción. No consta su adicción grave a sustancia alguna. Los retrasos en la tramitación, teniendo en cuenta la complejidad de la tramitación de la causa derivada del número de imputados, ya ha dado lugar a la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas. El recurso se estima parcialmente, al no constar que el Fiscal pidiese una pena superior a los tres años. En cuanto al subtipo atenuado del art. 368.2 CP, puesto que de los hechos resulta una actividad mantenida en el tiempo por los recurrentes, por lo que, aunque se les hayan incautado cantidades de menor importancia, su dedicación constante, con una cierta profesionalización, viene a excluir la escasa entidad del hecho.
Resumen: Se analiza la infracción del art. 131 CP. Se recuerda el Pleno de 26 de octubre de 2010, en el que se acordó que "Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así lo pronuncie. En consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Este mismo criterio se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos, como delito o falta. En los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado". Se declara que tiene eficacia para la interrupción de la prescripción una providencia en la que se acordó, entre otras diligencias, la declaración de una persona como imputado, aun cuando dicha persona hubiera fallecido pues esta circunstancia "le fue escondida al juzgado". Se confirma la correcta aplicación de los arts. 392, 390.1.2º y 74 CP. y del art. 305 CP. Elaboración de documentos con la finalidad de simular operaciones para eludir el pago del importe correspondiente del impuesto.
Resumen: Contenido del recurso de casación contra sentencias que hayan sido objeto previamente de un recurso de apelación. Diferencia esencial entre el recurso de apelación y el recurso de casación. El objeto del recurso de casación es la sentencia de apelación. Incongruencia omisiva: requisitos necesarios. Posibilidad de que se dé una desestimación implícita. Este motivo debe referirse a la ausencia de contestación a las pretensiones jurídicas. Se exige también que se solicite la subsanación o complemento. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: motivo no planteado per saltum. Atenuante de reparación del daño: no puede atribuirse efectos reparadores al pago de la responsabilidad civil. La atenuante de reparación del daño exige que se trate de un pago relevante y no puede ampararse en la supuesta precariedad económica. En casos de agresiones sexuales, no puede admitirse un sistema objetivo de reparación de daño. Presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se invoca su vulneración en casación y ha habido un recurso de apelación previo. Dolo de matar: criterios de valoración y examen para su apreciación. Inferencia suficiente y racional del dolo de matar. Doble modalidad del dolo: directo y eventual. Alevosía: la vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. Supuestos en que no se excluye. Desistimiento voluntario: discusión doctrinal. Requisitos: Necesidad de que sea eficiente. No concurre.
Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de la Sala II no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho delictivo y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales. Las declaraciones de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio, prestadas en el plenario con arreglo a los artículos 297 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia. La atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal.
Resumen: Acusación inicial por agresión sexual con introducción y prevalimiento. En la instancia se condena por abuso sexual y, con ocasión del recurso de apelación, se vuelve a la agresión sexual, pero sin prevalimiento. Distinción entre agresión sexual y abuso sexual: fuerza de baja intensidad e intimidación ambiental. Escasa motivación de la pena, suplida y complementada por remisión a la sentencia precedente. Reconocimiento de la posibilidad de remitirse a la sentencia del Tribunal de instancia por parte del Tribunal de casación dada la coincidencia fáctica y subjetiva.
Resumen: Derecho a un Juez imparcial: criterios a los que se debe atender de acuerdo a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estudio del interrogatorio realizado por el Presidente del Tribunal o alguno de los Magistrados. Ratio essendi de las causas de recusación o abstención. No puede imperar la subjetividad de las partes, que implique dar voz a sospechas carentes de fundamento objetivo. El comentario del Presidente señalado por la parte recurrente no implica ningún prejuicio previo del Tribunal, que se realizó después de haber sido oído los acusados y el testigo. Es una simple expresión de cortesía al testigo por su colaboración con la Justicia. Derecho a un porceso con todas las garantías: valoración de evidencias obtenidas durante el registro de un almacén, que se pretende sin cobertura judicial. Derecho a la inviolabilidad del domicilio: requisitos de validez de la diligencia. Admisión del consentimiento távito o presunto. Supuesto de la existencia de varios titulares. Innecesariedad de que esté presente el letrado defensor del titular del domicilio, aunque esté detenido. El delito de falsedad no es de propia mano. La comete tanto quien realiza la falsedad materialmente o por medio de tercero. Derecho a la última palabra. Forma de realizarse su uso. Se relaciona con el derecho de autodefensa. La alegación de vulneración se asiente asobre una interpretación parcial del recurrente. Correcta apreciación de la continuidad delictiva.
Resumen: El invariable relato de hechos probados -conforme al cual, el acusado creó la apariencia de un traslado de muebles que nunca se realizó, puso en marcha reclamación de indemnizaciones por razón del servicio, con aportación de fingidos documentos justificativos, y obtuvo el pago de la cantidad reclamada- se subsume en el tipo penal agravado del art. 81.2.º CPM, ya que las cantidades percibidas de la Administración fueron aplicadas en beneficio propio. A los efectos del juicio de tipicidad, es irrelevante la consignación realizada con posterioridad del importe de la cantidad percibida más los intereses. Esta consignación tampoco permite apreciar la atenuante de reparación del daño, atenuación de responsabilidad inaplicable cuando el comportamiento es el exigido en la ley -pues tuvo lugar años después de haber sido requerido por el tribunal-. La absolución acordada por el tribunal de instancia no puede apoyarse en el hecho de que en anterior sentencia del TS se acordara la nulidad parcial de una sentencia en la que quedó firme la condena del cooperador necesario por el tipo del art. 81.1.º CPM, pues parte de confundir la accesoriedad en la participación de los hechos con la unidad del título de imputación, que puede romperse sin afectar al carácter accesorio de la participación delictiva. Teniendo en cuenta la pena a imponer, no transcurrió el plazo de prescripción de 10 años, computado desde que la Administración ingresó la indemnización en la cuenta del recurrente.
Resumen: Falsificación de la tarjeta de inspección técnica de un vehículo. Nueva modalidad de recurso de casación contra sentencias dictadas por un Juzgado de lo Penal. Infrracción de ley: se alega imposibilidad de acceder a donde se encuentran los sellos de la empresa de ITV. El motivo realmene es de índole probatoria. La vía de la infracción de ley exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. EL delito de falsedad no es de propia mano. Tanto es autor quien realiza la falsificación materialmente que quien se aprovecha de esa acción, actuando en connivencia con quien lo realizó. Oscurecimiento del delito de falsedad cometida por particulares tras la inclusión del artículo 398 del Código Penal, que describió la certificación falsa. El deslinde entre ambos tipos no es tajante. Fundamentalmente, la gravedad y transcendencia de la alteración del documento. Diferencia entre el distintivo y el informe de inspección. Este último reviste mayor relevancia lo que justifica el concepto de documento oficial. El recurso se interpone contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en apelación, por lo que no caben los motivos planteados per saltum. Se han admiitido algunas excepciones a la prohibiición de planteamiento de cuestiones per saltum. Se alega error en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia: se inadmiten estos motivos por no caber otro recurso que el de infracción de ley. Pleno de Sala 9 de junio de 2016.
Resumen: Quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio oral y ratifica lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes sobre los hechos que dice haber presenciado y sobre el reconocimiento realizado. Por tanto, el derecho a la presunción de inocencia no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento fotográfico, sino por el resultado del medio de prueba practicado en el acto del juicio, consistente en la ratificación del testigo sometido al interrogatorio cruzado de las partes. Así como la identificación por las huellas dactilares (dactiloscopia) tiene un amplio consenso en el mundo científico de la criminalística, por la pluriformidad y variabilidad infinita de las crestas papilares, la pericia antropomórfica debe ser valorada con más cautela en cuanto que utiliza rasgos o partes del rostro y del cuerpo de la persona para establecer la identidad. Debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo. No nos encontramos aquí frente a un simple supuesto de codelincuencia, sino ante la existencia de una estructura compuesta por varias personas (indudablemente más de dos) orientada, con un cierto carácter de permanencia y reparto de funciones, a la comisión de delitos.
