Resumen: La determinación de la ley penal más favorable debe ser establecida mediante la valoración global de las normas del Código Penal para determinar en cada caso si la nueva regulación produce como consecuencia final un trato punitivo más gravoso, y para realizar esa ponderación debe tomarse en consideración cualquier presupuesto que vaya a ser tenido en cuenta y que contribuya a fundamentar la decisión del Tribunal. Desde el punto de vista de la rehabilitación, que se disciplina en el art. 136 del Código Penal, el plazo fijado en tal precepto significa el momento a partir del cual, el delito previamente cometido, en la estructura correspondiente a la agravante de reincidencia, no debe ser considerado como factor de reincidencia a los efectos de agravar la pena. En la comisión delictiva se debe tomar en consideración todos los elementos que el ordenamiento jurídico penal despliega para que sirvan de marco jurídico a todas las consecuencias del delito. Ante la constatación de un cambio legislativo, perjudicial o desfavorable para el reo, como ocurre en este supuesto, el plazo para la rehabilitación debe contarse de acuerdo con la legislación penal vigente a la fecha de la inicial comisión delictiva, pues es en ese momento donde el ordenamiento jurídico despliega todos sus efectos para el condenado, y le anuncia todas sus consecuencias, salvo que una modificación legal posterior determine una condición más favorable para el reo.
Resumen: El art. 383 contempla un delito de desobediencia especial con unos requisitos específicos y objetivados. Se tutela básicamente el principio de autoridad, reforzando con esa protección penal la efectividad de los requerimientos legítimos de los agentes de la Autoridad para efectuar esas pruebas. Solo indirectamente se protege además la seguridad vial. Desde un punto de vista institucional por el efecto general de prevención positiva: conseguir el acatamiento de tales pruebas repercute en conjunto en una mayor seguridad en el tráfico viario. En concreto, también habrá ocasiones en que la realización de la prueba será el medio de conseguir atajar un peligro próximo para la seguridad vial. Pero el contenido sustancial de esta infracción no está principalmente en la tutela del tráfico viario, sino en el principio de autoridad. Eso explica que también nazca la infracción cuando el bien jurídico "seguridad vial" está ausente: negativa por contumacia, o por simple enfado generado por la contrariedad de ser requerido para ello por parte de quien se encuentra en óptimas condiciones para conducir por no haber ingerido ni una sola gota de alcohol. Una única prueba con un resultado de 0,61 mgr. por litro de alcohol en aire espirado no repetida, si suscita dudas por no haber sido reiterada y contemplarse un cierto margen de error no puede acabar en una condena con el argumento de que el acusado renunció a la segunda prueba. Si hay dudas, la única respuesta acorde es la absolución.
Resumen: Renuncia al letrado defensor. Derecho a la elección de Letrado defensor. Cambio de Letrado. Carácter no ilimitado del derecho. Desestimación acertada de la Audiencia: el recurrente estuvo asistido por la misma Letrada desde un principio, sin que manifestara en modo alguno su deseo de cambiar hasta el inicio de la vista oral. En ese momento procesal, la Letrada no pudo acudir por el estado de alarma existente, pero mandó a un compañero, que asumió la defensa sin oposición del recurrente. Derecho al secreto de la comunicaciones: diferencia entre las comunicaciones en marcha y las terminadas. Las últimas quedan amparadas por el derecho a la intimidad. Diferencia de intensidad en la protección de esos derechos. Inviolabilidad del domicilio. No todo espacio cerrado es susceptible de protección constitucional. No se trataba del domicilio del recurrente. Ni la información del teléfono ni el registro del garage dieron resultados probatorios. El material procedía de las declaraciones de los agentes de los dispositivos de vigilancia. Valor de la posible ruptura de la cadena de custodia: justificación del lapso de tiempo desde la intervención hasta la entrega al Laboratorio. Existencia de prueba de cargo bastante, constituida por las declaraciones de los agentes actuantes. Subtipo atenuado de escasa entidad: inexistencia de indicio ni circunstancia personal que excluya su aplicación, sin que baste su previa condena por hechos similares.
Resumen: El relato de hechos probados -conforme al cual, el teniente coronel acusado y una cabo primero mantenían a través de una aplicación de mensajería de telefonía móvil una comunicación de excesiva familiaridad y confianza, que fue subiendo progresivamente de tono en los mensajes que el acusado enviaba a la víctima, hasta uno en que le remitió un vídeo en el que aparecía desnudo a la vez que se masturbaba, tras lo que la víctima se encaró con él, diciéndole que se había equivocado con ella y que nunca más le remitiera mensajes de semejante contenido, lo que provocó un radical cambio de trato por parte del superior, que redujo las funciones hasta entonces ejercidas por la víctima y adoptó decisiones que afectaron negativamente a sus condiciones de trabajo, lo que provocó que esta sufriera un trastorno adaptativo mixto- cumple todos lo elementos del tipo apreciado: condición militar y relación jerárquica entre los interesados; solicitud inequívoca de favores sexuales, aunque fuera solo una vez, ya que el acoso sexual, a diferencia del profesional, no precisa de continuidad; acoso ambiental en el ámbito laboral, a pesar de haberse remitido los mensajes fuera de horario laboral, por la naturaleza del origen de la relación y los efectos que el rechazo por parte de la víctima provocó en su actividad profesional; resultado típico de la acción, por la situación objetiva gravemente intimidatoria, hostil o humillante provocada en la víctima; dolo genérico en el agente.
Resumen: Los documentos designados por la recurrente en los que ampara su recurso por error facti reúnen los requisitos jurisprudencialmente exigidos y debieron ser valorados al calificar jurídicamente los hechos, ya que resultaban trascendentes para subsumir la conducta enjuiciada en el tipo por el que fue acusada y condenada. De tales documentos se desprende que la recurrente se encontraba de baja médica durante todo el tiempo en el que le fue apreciado el abandono de destino y que estuvo perfectamente localizada en el domicilio en el que había sido autorizada a residir con motivo de su baja médica, datos fácticos que han de ser adicionados al relato de hechos probados de la sentencia de instancia, con la consiguiente repercusión jurídica en el examen del siguiente motivo de recurso por infracción de ley. Integrados así los hechos, el recurso debe ser estimado, ya que el abandono de destino no es un tipo penal en blanco ni de naturaleza formal que se integre por remisión a preceptos reglamentarios reguladores del deber de presencia -la Instrucción 1/2013, por la que se dictan normas sobre la determinación y control de las bajas temporales para el servicio del personal militar-, sino que es preciso indagar si la conducta del autor lesionó o no el bien jurídico tutelado por la norma -los deberes de localización, disponibilidad y sometimiento al control de los mandos-, lo que no concurre en el caso, pues la ausencia de la recurrente estaba plenamente justificada.
Resumen: Cuando se recurre un auto de sobreseimiento libre el juicio de revisión casacional debe extenderse a comprobar si los hechos investigados pueden ser o no constitutivos de infracción penal teniendo en cuenta el fundamento de la imputación a la vista de los indicios racionales de criminalidad existentes en las diligencias. La muerte de una persona en accidente de tráfico concurriendo algún grado de imprudencia puede dar lugar a un delito de homicidio por imprudencia grave (art. 142.1 CP), por imprudencia menos grave (art. 142.2 CP) o por imprudencia leve que actualmente es una conducta penalmente atípica. Imprudencia grave: Dentro de este concepto normativo han de incluirse en todo caso grave la imprudencia cuyo resultado traiga causa en algunas de las circunstancias previstas en el art. 379 (exceso de velocidad relevante en los términos allí previstos, o conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas). Imprudencia menos grave: La nueva caracterización de la imprudencia menos grave, presenta un relevante matiz frente a la especificación de la imprudencia grave. La presencia de una infracción grave de tráfico, según la catalogación administrativa, empuja en principio al marco de la imprudencia menos grave y aleja de la imprudencia leve no punible. Se trata de un atropello con resultado de muerte en un paso de cebra con señalización horizontal reforzada; poco antes había señal de stop y en la zona había limitación de velocidad; la vía era estrecha.
Resumen: Se condena por el Tribunal del Jurado por un delito de asesinato con alevosía, por especial vulnerabilidad de la víctima, con agravante de parentesco y género, a una pena de 23 años de prisión. El TSJ ratifica la condena en apelación por un delito de asesinato, al concurrir la agravante de alevosía, por sorpresa, pero aplica además el art. 140.1 CP, por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la agravante de parentesco y de género, por lo que se impone la pena de prisión permanente revisable. Se estima el recurso de casación y se condena por un delito de homicidio, agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y género, imponiendo una pena de 21 años de prisión.
Resumen: Para valorar y justificar la racionalidad del proceso valorativo de la declaración de una víctima deben utilizarse tres parámetros o criterios de análisis: La credibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva y la persistencia en la incriminación. En ámbito casacional, la función del TS cuando se alega vulneración del derecho de presunción de inocencia no es valorar de nuevo la prueba para determinar si coincide con el del tribunal de instancia, sino determinar si la valoración probatoria de la sentencia impugnada responde a criterios de racionalidad y suficiencia, de forma que la culpabilidad del acusado quede probada más allá de toda duda razonable. La motivación satisface el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la decisión judicial y garantiza y facilita el control de esa decisión a través de los recursos. Es posible en casación la revocación de sentencias absolutorias o la agravación de las condenatorias, aun no habiéndose celebrado vista pública, cuando no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas; o cuando tenga origen en una alteración fáctica que no resulte del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración, como es el caso de pruebas documentales. También es posible cuando la alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias.
Resumen: La policía estará constitucionalmente habilitada para realizar investigaciones que supongan una injerencia no grave o leve en el derecho general a la intimidad, siempre que además de suficiente habilitación legal, se ajuste a las exigencias del principio de proporcionalidad y se ponga a disposición posterior de la autoridad judicial, la totalidad de los datos personales obtenidos. Lo que permitirá, a la postre, realizar un control jurisdiccional de adecuación.El acceso a los datos bancarios, prima facie, no supondrá una intensa afectación del núcleo constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, cuando no permita trazar una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una determinada persona desarrolla su vida privada. En este supuesto, no reclamará la previa intervención judicial autorizante.El tribunal de Estrasburgo estableció que la acumulación de sanciones tributarias y penales sobre la misma infracción tributaria no viola el principio ne bis in idem garantizado por el CEDH, siempre y cuando exista un vínculo material y temporal suficiente entre ambos procedimientos. En todo caso, en aquellos supuestos de identidad de sujeto, hechos y fundamento en los que la tramitación previa del procedimiento administrativo haya concluido en una sanción firme y ejecutada, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido la obligación de descontar de la sanción penal que se imponga, la impuesta y ejecutada en el previo administrativo.
Resumen: Todos los coautores responden de aquello que haya sido concertado, aunque en la ejecución las aportaciones de algunos de ellos, no supongan la realización estricta del verbo típico. En segundo lugar, que aunque no haya sido pactado expresamente, todos los coautores responden de aquellos resultados que no puedan considerarse ajenos a desviaciones previsibles respecto de lo pactado. La Sala II ha elaborado la doctrina de los actos no previsibles, de los excesos, para no incluir en la coautoría supuestos en los que uno de los autores se aparta de lo razonablemente previsible. La agravante de abuso de superioridad concurre cuando la defensa de la víctima queda ostensiblemente debilitada por la superioridad personal, instrumental o medial del agresor (o agresores) que se ve por ello asistido de una mayor facilidad para la comisión del delito y el elemento subjetivo de abuso de superioridad reside simplemente en el conocimiento de la misma y en su consciente aprovechamiento. La embriaguez ha de implicar una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en la enajenación mental ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso, una afectación de las bases de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la afectación la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad desde la inoperancia hasta la exoneración completa e incompleta de la misma. La razón de la atenuante de confesión no estriba en el factor subjetivo de pesar y contrición.
