Resumen: Condiciones de utilización de datos probatorios provenientes de terceros países que acceden al proceso penal mediante fórmulas de cooperación. Recuerda la sentencia que Los pronunciamientos más recientes del TS han modulado el alcance del principio de no indagación fundado en el de confianza, mantenido en una reiterada jurisprudencia, cuando se trata de actuaciones producidas en países miembros de la Unión Europea. El giro modulador lo encontramos en la STS 116/2017, de 23 de marzo. El principio de no indagación no puede interpretarse más allá de sus justos términos. Su invocación debería operar en el marco exclusivamente formal que afecta a la práctica de los actos de investigación en uno u otro espacio jurisdiccional. De tal forma que la flexibilidad admisible en los principios del procedimiento no se extienda a la obligada indagación de la vigencia de los principios estructurales del proceso, sin cuya realidad y constatación la tarea jurisdiccional se aparta de sus principios legitimadores. La transnacionalidad del dato genético identificativo no excluye la necesidad de activar determinados controles nacionales sobre la concurrencia de aquellas condiciones de utilizabilidad más directamente conectadas con las exigencias de protección del derecho fundamental afectado, derivadas de la Convención, la Carta de Derechos Fundamentales y la Constitución. No es necesario recabar información acreditativa del protocolo seguido para el análisis de la muestra.
Resumen: El fundamento de la agravación de especial vulnerabilidad no está en la falta o limitación del consentimiento de la persona ofendida, sino en la reducción o eliminación de su mecanismo de autodefensa frente al ataque sexual. Se debe apreciar cuando es prácticamente imposible la defensa de la víctima. La cuestión se concreta en determinar si las circunstancias fácticas son suficientes para apreciar tanto la falta de consentimiento derivada de la falta de capacidad de la víctima (art. 181.2 CP) como la especial vulnerabilidad (art. 180.1.3ª CP). Debemos tener en cuenta que la expresión utilizada por el precepto legal resulta genérica y vaga en exceso, por lo que debe ser interpretada en un contexto agravatorio. Ello nos conduce lógicamente a efectuar una interpretación de carácter restrictivo, debiéndose resolver cualquier duda en el sentido de excluir la estimación de la circunstancia exasperativa. Del relato de hechos probados no se desprende que las víctimas se encontraran en situación que les hiciera especialmente vulnerables. Mas allá del debilitamiento, merma o dificultad para prestar libremente su consentimiento a la relación sexual de cada una de las víctimas como consecuencia del grado de discapacidad que presentaban, la sentencia no expresa circunstancia adicional alguna de la que se infiera un plus de antijuridicidad que configura el tipo agravado comentado, por lo que su aplicación en el presente caso vulnera el principio non bis in idem.
Resumen: El TS recuerda que en el delito de prevaricación no trata de sustituir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la Autoridad o Funcionario, perjudicando al ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad, lo que se sanciona. Y respecto de los delitos de falsedad documental cuya inaplicación se denuncia por el recurrente, afirma que la vista de los hechos probados, no pueden prosperar. Señalar por parte del Ayuntamiento que no se disponen de los medios adecuados para llevar a cabo una inspección de las obras, no constituye por sí mismo un delito de estas características, cuando el Ayuntamiento, a su vez, está interesando el apoyo de la Diputación Provincial para gestionar tal expediente.
Resumen: El delito de apropiación indebida, configurado en el Código Penal vigente como un delito contra el patrimonio, requiere, como repetidamente ha expresado la doctrina jurisprudencial, la existencia concatenada de cuatro elementos: a) recepción por un sujeto activo de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción que se produce de forma legítima, b) que ese objeto haya sido recibido, no en propiedad, sino en virtud de un título jurídico que obliga a quien lo recibe a devolverlo o a entregarlo a otra persona, c) que el sujeto posteriormente realice una conducta de apropiación con ánimo de lucro o distracción dando a la cosa un destino distinto y d) que esta conducta llegue a producir un perjuicio patrimonial a una persona. Los derechos a la tutela judicial sin indefensión, a ser informado de la acusación y a un proceso con todas las garantías conducen a señalar que consagran el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa. Ello significa, además, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo.
Resumen: El que el denunciante mantuviera un pleito con Hacienda no justifica una aseveración como la que pretende, que el recurrente incorporó a su patrimonio el importe del pleito para evitar su localización por Hacienda. La existencia de un pleito con un tercero, no acredita el descargo presentado en la declaración del acusado. Se trata de una manifestación del acusado desprovista de sustrato probatorio mas allá de su declaración y que el tribunal deshecha en la motivación de la sentencia. Desde luego, de la existencia del pleito no resulta el error en el hecho probado. Los correos electrónicos no son sino manifestaciones personales documentadas que no evidencian, por sí mismo, un error en la apreciación de la prueba. Como tales manifestaciones personales pueden ser reproducidas en el juicio oral, como declaración, y sujetas a la percepción inmediata de tribunal que las percibe. Para entender que se ha consumado el delito de apropiación indebida en la modalidad de distracción de dinero hace falta que se impida de forma definitiva la posibilidad de entregarlo o devolverlo, llegando la conducta ilícita a un punto sin retorno, hasta cuya llegada el sujeto podría devolver la cosa sin consecuencias penales. En este caso, esa situación se produjo cuando el acusado le afirma que los 150.000 euros que le entrega es lo único que había podido recuperar a través del embargo cuando ya se había recibido, el mes anterior, la cantidad ejecutada por el pleito cuya demanda había sido estimada.
Resumen: Se desestima el recurso de casación al descartar la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se desestima la atenuante de cuasiprescripción.
Resumen: Identificación en el plenario: se trata de un medio probatorio válido y que ha de ser valorado por el órgano de enjuiciamiento a partir de las reglas de inmediación y contradicción. Se debe proceder a la valoración de la credibilidad desde un doble plano: ausencia de razones espurias que impulsen al testigo a atribuir falsamente la responsabilidad y por la valoración de calidad del recuerdo. Elementos del delito de estafa: su acreditación por la prueba practicada en el plenario. Se descarta a aplicación de la agravante de reincidencia: no concurren los requisitos jurisprudencialmente exigidos para su apreciación.La atenuante de dilaciones indebidas fue adecuadamente valorada.
Resumen: La previsión del artículo 849.2.º de la LECRIM exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado o bien para excluir de dicho relato un hecho que el Tribunal declaró probado erróneamente. La prosperabilidad del motivo exige que el tenor de los documentos acredite en casación, de la misma forma incontrovertible a como lo debió hacer en la instancia, una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad o para cualquiera de las cuestiones que son objeto de proceso, y que lo hagan de forma tan manifiesta, indiscutible y clara, que evidencien la arbitrariedad de la decisión del Tribunal por haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba. El fundamento de la responsabilidad civil de los organismos públicos se caracteriza por la falta de adopción de las medidas de control para evitación de ilícitos criminales dentro del ámbito de la organización de la entidad pública responsable, lo que ha dado origen a los clásicos parámetros de la culpa in vigilando o in eligendo, así como al de la creación del riesgo. La culpa en la vigilancia delimita como esfera de exigencia de su responsabilidad el contexto temporal y espacial en el que la actividad funcionarial está sujeta a supervisión y control disciplinario, por más que el funcionario se extralimite.
Resumen: La invocación de la vulneración de la presunción de inocencia por ausencia de prueba de cargo y simultáneamente de error en la apreciación de la prueba se excluyen mutuamente. La sala de instancia dispuso de prueba de cargo lícitamente obtenida, practicada con las garantías necesarias y referida a todos los elementos esenciales del delito, de la que cabe inferir razonablemente los hechos y la participación en ellos del recurrente. Ni en el escrito de preparación ni en el de formalización del recurso se citan los particulares de documento alguno ni se concretan los términos en que hubiera de adicionarse, suprimirse o modificarse el relato de hechos probados de la sentencia. No constituyen documentos a efectos casacionales las pruebas personales, como tampoco los informes periciales invocados, que no reúnen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para ser tenidos por tales. Las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad criminal han de hallarse tan probadas como el hecho típico, sin que en las actuaciones conste el elemento fáctico constitutivo de la eximente incompleta de alteración o anomalía psíquica alegada. La baja por enfermedad no suspende la relación jurídica que vincula al militar con las FAS ni le dispensa del cumplimiento de los deberes de disponibilidad, localización y sometimiento al control de sus superiores. El órgano a quo motivó suficientemente la elección de la pena impuesta con observancia de lo estipulado en el art. 19.2 CPM.
Resumen: Sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado. Testimonio de la víctima menor de edad: La presencia de un niño en el proceso penal no permite un debilitamiento de las garantías que informan la valoración probatoria. Pero esa afirmación no es incompatible con la irrenunciable necesidad de preservar otros bienes que también convergen en el acto de enjuiciamiento y que cuentan con una tutela reforzada de nuestro sistema jurídico. Incongruencia omisiva: El silencio del Tribunal a quo que tiene virtualidad para generar un error in iudicando y que de ordinario conlleva una vulneración de relieve constitucional, ligada al derecho a la tutela judicial efectiva, es aquel que afecta a genuinas pretensiones, no a la línea argumental en la que cada una de aquéllas pretende apoyarse. Cuestión distinta es que esa falta de atendimiento por la Audiencia de argumentos íntimamente enlazados con la prueba de descargo, implique el menoscabo del derecho a la presunción de inocencia desde la perspectiva de la exigencia de valoración de la prueba de descargo.
