Resumen: La sentencia recuerda la habilidad de las declaraciones testificales de las víctimas para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. La Sala II ha brindado criterios de valoración cuyo objeto es el de proporcionar elementos de racionalidad para valorar la prueba testifical, conforme al artículo 717 de la Ley procesal penal, correspondiendo al tribunal, que con inmediación percibe la prueba, la valoración de la misma, máxime cuando esta prueba es de carácter personal y por lo tanto aparece sujeta a las condiciones de valoración del tribunal que las percibe con inmediación. El error de derecho parte de un absoluto respeto al hecho declarado probado. Las circunstancias del art. 22.2ª CP reclaman un ingrediente subjetivo que está implícito en el verbo "aprovechar" que, usado en su forma de gerundio, caracteriza el resto de circunstancias contenidas en tal norma (lugar, tiempo, auxilio de terceros...); y en el sustantivo "abuso" que acota los casos de superioridad determinantes de la agravación. No es suficiente el desequilibrio objetivo de fuerzas; es necesario abusar de él, aprovecharse, prevalerse, a las que el relato fáctico se refiere.
Resumen: Se analiza la prueba pericial. El informe pericial sobre la credibilidad de la víctima es un elemento de contraste cuya utilidad es más que apreciable en aquellos casos en los que la víctima es menor de edad. Las limitaciones propias de esa etapa de la vida en que la fantasía y la imaginación filtran de un modo tan apreciable el discurso evocador de cualquier niño, obligan a someter su testimonio al criterio y a la metodología de expertos capaces de dictaminar acerca del grado de presencia de esos recursos imaginativos en su declaración. Sin embargo, esa utilidad deja de ser tal cuando lo que se pide del perito es que informe sobre si un mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y sin alteraciones cognitivas, dice o no la verdad. Si bien se mira, esa pretendida labor de auxilio jurisdiccional está abriendo una falsa puerta en nuestro sistema a algo similar a los dispositivos técnicos capaces de detectar la veracidad o la falsedad de un testimonio. En la penalidad se analiza la restricción del art. 36.2 del CP, que limita la capacidad de la administración penitenciaria para promover el paso al tercer grado del condenado. No es facultativa cuando se trata de delitos del art. 183 del CP que tienen como víctima a menores de 13 años. El Tribunal debe acordarla aunque no haya sido solicitada por el Fiscal. Acuerdo Pleno no jurisdiccional de 27 diciembre 2017.
Resumen: No se trató de una investigación prospectiva, sino de una investigación policial basada en indicios plurales y con base objetiva, siendo la motivación del auto suficiente. Para la obtención del IMEI no es necesario el consentimiento de los titulares, tampoco parece dudoso que pueda también servirse la policía de la voluntaria exhibición del aparato por el portador accediendo a su petición, cuando no consta ni se alega el empleo para su consecución de fuerza, coacción, presión intimidativa o engaño. Son válidas las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones telefónicas como prueba documental aunque no se proceda a su audición en el juicio. Por otra parte, la identificación del recurrente en las conversaciones se deduce con claridad de su contenido y de las diligencias practicadas con posterioridad a partir de las mismas. No hubo un solo indicios, sino varios, y ninguna inversión en la carga de la prueba se produjo, lo que la sentencia viene a señalar al destacar la falta de una explicación convincente por parte del acusado es la ausencia de esa explicación no ha neutralizado enervado la relevancia y solidez de los indicios incriminatorios. No basta con ser drogadicto, cuando no alcanza una gravedad que le compele a la conducta delictiva, para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes. Tampoco es cómplice quien no se limitó a gestiones auxiliares, sino que fue la persona que gestionó, organizó y planificó las transacciones.
Resumen: Sin perjuicio de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el deber constitucional de protección de la presunción de inocencia impone diferentes planos de intervención que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas; la consistencia de las informaciones aportadas para considerar suficientemente acreditados más allá de toda duda razonable los hechos sobre los que se funda la declaración de existencia del delito y de participación del recurrente; hasta la propia evaluación del proceso valorativo del tribunal de instancia. La acusación delimita el objeto del proceso y, con él, los límites del poder de decantación fáctica y normativa del tribunal que viene, por ello, constitucionalmente impedido a condenar por cosa distinta. Entendiéndose por tal, no solo un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos pues el debate contradictorio recae "no solo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica". Una de las consecuencias que se derivan del principio acusatorio, como eje rector de nuestro modelo procesal, es que la persona investigada o acusada, ya desde los primeros momentos de su imputación, debe ser ilustrada expresa y detalladamente del hecho punible en su doble dimensión fáctica y normativa relativa al derecho al a información en los procesos penales.
Resumen: Régimen del recurso de casación tras la introducción y generalización de la segunda instancia penal. La sentencia contra la que se plantea el recurso es la de apelación. Presunción de inocencia: se alega la toma en consideración de delitos ya prescritos en contra de los recurrentes. Se trataba de hechos por los que se elevaba acusación y que el Tribunal tenía que anallizar. La apreciación como cuestión previa del instituto de la prescripción sólo es posible si los requisitos concurren de manera diáfana. Para medir la prescripición el delito a tener en cuenta es aquél por el que ha sido condenado. Fundamento de la prescripción. Cuestión introducida per saltum. Desestimación a limine. Dos excepciones al tratamientoe de cuestiones nuevas. Apreciación de oficio de la prescripción. Denegación de diligencia de prueba propuesta en tiempo y forma. Coacciones: infracción de ley. Elementos de este tipo penal. Diferencia entre el delito menos grave y el leve: radica en la diferente gravedad de la fuerza empleada y en la mayor o menor incidencia. Consumación y tentativa. La inhabilitación para una profesión o actividad depende la la relación directa del delito con su comisión. Los acusados actuaron como miembros de la Policía Local. Requisito de procedibilidad en el delito de denuncia falsa. Error en la apreciación de la prueba: el documento señalado carece de la condición de literosuficiencia. Falso testimonio y denuncia falsa: progresión delictiva. Concurso. Proporcionalidad de la pena
Resumen: Cuando los diferentes actos naturales no presentan la inmediatez y proximidad propias de la unidad natural de acción subsumible en un solo tipo penal, pero tampoco alcanzan la autonomía fáctica propia del concurso de delitos, ha de acudirse a la figura intermedia del delito continuado. Los hechos en conexión de continuidad se sustraen por mandato legal a la disciplina del concurso real incorporando un régimen de punibilidad por lo general más beneficioso que el que pudiera derivarse de la simple conexión real. Esta relación latente de alternatividad entre una y otra forma de conexión en caso de pluralidad de acciones naturales a la luz de las distintas, en términos de gravedad, consecuencias punitivas que pueden derivarse obliga, por un lado, a aplicar estándares de deferencia interpretativa de los presupuestos de continuidad y, por otro, a resolver, en caso de duda, a favor de la fórmula concursal más beneficiosa para la persona acusada. El principio de prohibición de la reformatio in peius constituye una vigorosa garantía institucional del derecho fundamental al recurso contra una sentencia condenatoria consagrado en el artículo 24.2 CE. Y que se traduce en que ningún recurrente puede ver empeorada o agravada su situación jurídica declarada en la resolución impugnada en virtud de su propio recurso.
Resumen: Recurso contra una sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de lo Penal. Posibilidad de recurso contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales restringida al un error de derecho, por infracción de ley. Se trata de una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1º (tutela judicial efectiva), orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica. Concepto de interés casacional. Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016: supuestos en los que concurre el interés casacional. Son requisitos de su admisión que se trate de un error de subsunción y que concurra el interés casacional. No pueden formularse ex novo y per saltum alegaciones relativas a otros que, pudiendo haberlo sido, no fueron suscitados con anterioridad. Admisión de dos excepciones: las infracciones de ley que beneificen al reo y sean fáciles de apreciar y las vulneraciones de derechos que causen indefensión. Es consustancial al recurso de casación, dada su naturaleza de recurso devolutivo, que el mismo se circunscriba al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de instancia -en el presente caso, el órgano ad quem llamado a resolver la apelación- al enjuiciar los temas que las partes le plantearon. En el presente supuesto, ninguna de las alegaciones se plantearon en apelación, por lo que procede su desestimación a limine.
Resumen: La forma omisiva en el delito de estafa no puede ser otra que la comisión por omisión, siempre que concurran los requisitos siguientes: 1) Que la infracción penal consista en la producción de un resultado 2) Que la no evitación del resultado por parte del sujeto activo equivalga a su causación. 3) Que la no evitación del resultado vaya acompañada de la infracción por el autor de un especial deber jurídico de haberlo impedido. Deber jurídico que la doctrina ha entendido en el sentido de que la acción que se espera que realice el agente "sea exigible" en el caso concreto (posición de garante), al venir impuesta por un precepto jurídico; por la propia aceptación de la obligación por el agente; por su conducta precedente e, incluso, en virtud de un deber moral, siempre que esta obligación ética tenga una plasmación de deber jurídico de la mano de los principios generales informadores del Derecho recogidos en nuestro ordenamiento. Es necesario que el perjuicio pueda ser considerado como el resultado de una omisión "engañosa", siempre que el sujeto activo, ya sea como consecuencia de una especifica obligación legal o contractual, o por ser responsable de la creación de la situación de riesgo, ostente la posición de garante.
Resumen: La cuestión controvertida recae sobre la aplicación del instituto de la continuidad delictiva al delito de quebrantamiento de la condena de prohibición de comunicación o de aproximación. La sentencia recuerda que para que pueda existir un nuevo acto, por lo tanto un nuevo hecho delictivo por quebrantamiento, es preciso que nuevamente se haya repuesto la situación jurídica susceptible de ser quebrantada (por ejemplo, reiteración de actos de escapismo tras sucesivas detenciones). Sin embargo, advierte que la referida construcción presenta determinadas singularidades respecto de las medidas contempladas en el art. 48 del Código penal, a las que se refiere el art. 468 también del Código penal y ello desde una doble consideración: i) En primer lugar, tiene un contenido claro de pena de carácter aflictivo que dispone una restricción de derechos a la persona a la que se impone. ii) Además, se integra como una medida especialmente dispuesta para la protección de la víctima. Por lo tanto, es una consecuencia jurídica del delito, objeto de la condena o de la imputación, con una doble dimensión, como pena y como medida de aseguramiento para prevenir el peligro a la víctima. Esta doble dimensión de la medida permite individualizar cada acto de aproximación a la víctima como acto típico del delito de quebrantamiento pues en cada acto se reproduce el ataque a la seguridad dispuesta por la prohibición de acercamiento.
Resumen: En los casos de deficitaria grabación del juicio oral, son dos las circunstancias a tener en cuenta, fundamentalmente, para llegar a unas consecuencias tan traumáticas como es la repetición del juicio, máxime si tenemos en cuenta el principio de conservación de los actos judiciales; bien, que tal déficit haya ocasionado indefensión material, real y efectiva a alguna de las partes, bien, que sea imprescindible acudir a lo videograbado para resolver el recurso, ninguna de cuyas dos circunstancias se dan en el presente caso. Al concurrir la circunstancia 1ª con la 6ª del art. 250 CP vigente en la fecha de los hechos, la pena imponible oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, la misma que lo sería de estar a la reforma habida tras la LO 5/2010, partiendo siempre de la inamovilidad de los hechos probados, que concretan en 60.000 euros la cantidad indebidamente apropiada, y así es, si tenemos en cuenta que la circunstancia del número 1º (vivienda) no varía, y que, al margen la de especial gravedad, se introdujo una (la del número 5º), relativa a que el valor de la defraudación supere los 50.000 €, que, si concurren ambas, como sucede en el caso presente, llevan a la agravación indicada. En las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio.
