Resumen: Excusa absolutoria: no puede ser reconocida, aunque el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia recurrida aluda a situaciones antecedentes, los hechos enjuiciados (discrepancias a propósito de la gestión de la comunidad de bienes, su despatrimonialización, etc.) se cometieron cesada ya la relación sentimental de pareja que ambos mantuvieron. Alteración psíquica: un mismo padecimiento, anomalía o alteración psíquica, puede atenuar la responsabilidad respecto de un hecho, pero ese mismo padecimiento, concurriendo en la misma persona, en un momento distinto y/o con relación a un ilícito penal diferente, no resulta obstativo ni a la comprensión ni a la volición adecuadas de ese mismo individuo. La ideas delirantes de tipo celotípico en absoluto atenúan su responsabilidad respecto de los actos apropiatorios realizados durante años. Error invencible: No se advierte la existencia de error alguno, ni vencible ni invencible, ni de tipo ni de prohibición, en la actuación del acusado, que desplegó toda una operativa para aprovechar en su beneficio el trabajo de los propios empleados de la comunidad de bienes y hacer propios los depósitos de los que ésta era titular. Circunstancia mixta de parentesco: como en el caso, existen infracciones en que el vínculo familiar resulta indiferente, esto es que, aun dándose la relación familiar, no representa una mayor o menor reprochabilidad del hecho cometido.
Resumen: Planteamiento de cuestiones "per saltum": el recurrente no ha planteado cuestión alguna relacionada con el desistimiento, arrebato o concurrencia de atenuantes derivadas del consumo de alcohol, fármacos y marihuana. Concurre ánimo de matar a partir de las circunstancias concurrentes: el acusado se hizo con un cuchillo que clavó en el costado de su expareja cuando ésta se hallaba de espaldas. La zona elegida, considerada como capital, supuso grave riesgo para la vida de la víctima, y no solo asestó un golpe sino dos. Tras la agresión, el acusado procedió a borrar las huellas de su acción sin interesarse por la situación de su víctima. Finalmente se marchó del lugar, abandonando a la víctima a su suerte, habiendo podido perder la vida de no ser por la intervención de sus vecinos que alertaron a la policía. Todos estos elementos, sin lugar a duda, exteriorizan intenciones que exceden con mucho de las meramente lesivas. Excluyen también cualquier clase de desistimiento por parte del acusado quien llevó a cabo todos y cada uno de los actos necesarios e idóneos para ocasionar el resultado, y si este no se produjo fue por la acción de terceros y por causas totalmente ajenas a su voluntad. También aparece justificada la alevosía que califica el asesinato, en tanto que se pone de relieve la utilización de un cuchillo, el carácter súbito e inesperado del primer apuñalamiento, y el ataque por la espalda.
Resumen: El hecho mismo de propinar varios golpes (hasta seis se concretan en la fundamentación), con un instrumento tan peligroso y lesivo como es el cristal de una botella rota, dirigidos a una zona vital del cuerpo humano, como es el cuello, donde, si no se golpea más, es porque la víctima para los golpes con el brazo, evidencia una persistencia en la agresión propia de quien quiere acabar con la vida de aquél a quien agrede, de manera que, a la vista de estos datos, es razonable que se diera por probado el animus necandi. Expulsión de territorio nacional: resulta adecuada y proporcionada la medida, incluso a la luz del art. 8 de la Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre de 2003. El recurrente ha sido condenado por un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de seis años de prisión -lo que es ya un delito grave-, a lo los que habría que sumar las otras cuatro condenas producto de sus antecedentes penales, y todo ello en conjunto es revelador de que constituye una seria amenaza para el orden o la seguridad pública, por lo que difícilmente podría gozar de ese estatuto de residente de larga duración. El condenado ni acredita arraigo personal ni laboral en nuestro país y es un individuo potencialmente peligroso. La sola estancia en nuestro país, sin constancia de arraigo, es un factor más en orden a valorar su peligrosidad, por cuanto que, al ser así, siempre le ofrece mayores garantías de impunidad, por las dificultades para su localización.
Resumen: La Jurisprudencia ha ido concretando los títulos que permiten la comisión del delito de apropiación indebida, aparte de los recogidos en el artículo 252 CP. Y se han recogido, el mandato, la aparcería, el transporte, la prenda, el comodato, la compraventa con pacto de reserva de dominio, la sociedad, el arrendamiento de cosas, de obras o de servicios. El contrato de leasing es título apto para generar un delito de apropiación indebida en caso de incumplimiento del deber del arrendatario de devolución de los bienes, incorporándolos a su patrimonio. El art. 849.2 LECrim recoge los motivos basados en error en la apreciación de la prueba, respecto de los que exige que dicho error se encuentre basado en "documentos que obren en autos", que tales documentos demuestren la equivocación del Juzgador, y que tales documentos no resulten "contradichos por otros elementos probatorios". Así pues, en el recurso debe designarse el documento que acredite el error en la apreciación de la prueba que se alega . El artículo 849.2 LECrim exige: a) ha de fundarse en una verdadera prueba documental; b) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia por su poder demostrativo directo; c) el dato que el documento acredite no puede estar en contradicción con otros elementos de prueba; d) el dato contradictorio así acreditado ha de ser importante.
Resumen: El delito contra el medio ambiente es un delito de peligro abstracto-concreto que no exige para su aplicación un resultado concreto de peligro, sino un comportamiento idóneo para producir ese peligro para el bien jurídico protegido. El elemento subjetivo se integra por el conocimiento del grave riesgo creado por la conducta activa u omisiva y también puede ser apreciado por la concurrencia de un dolo eventual. No se vulnera el principio acusatorio por la modificación de las conclusiones provisionales. Lo que se impide es una alteración de los limites de la acción descrita en la calificación provisional y las personas a las que se le imputa.
Resumen: El recurso de casación, cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. No hay ninguna incompatibilidad, ni conceptual ni ontológica, en que el agente trate de asegurar la ejecución evitando la reacción de la víctima --aseguramiento de la ejecución-- y que al mismo tiempo continúe con la acción que puede tener como resultado de alta probabilidad la muerte de la víctima, la que acepta en la medida que no renuncia a los actos efectuados.
Resumen: Cuando el motivo se articula por la vía del error iuris, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1.º LECRIM, se ha de partir del escrupuloso respeto a los hechos declarados probados en la resolución recurrida. Concurren todos los elementos precisos para la integración del delito básico de desobediencia previsto en el primer párrafo del art. 44.1 CPM de 2015. En cuanto al elemento objetivo, consta la legitimidad de la orden emitida por un superior directo -y reiterada hasta en más de cinco ocasiones-, de contenido personalísimo y que no dejaba margen alguno de discrecionalidad, relativa al servicio -consistente en la introducción en el sistema operativo SIGO de los vehículos y personas identificados durante un determinado servicio de seguridad ciudadana-, dirigida y transmitida al recurrente de forma adecuada, clara, directa y taxativa, y recepcionada por este. Consta también la gravedad de la conducta, por el reiterado y contumaz incumplimiento de la orden recibida y la radical negativa a su cumplimiento, exteriorizada públicamente en presencia de compañeros mediante el empleo de afirmaciones absolutamente fuera de lugar dirigidas a su superior, lo que supuso una importante infracción de la disciplina. En cuanto al tipo subjetivo, concurre el dolo directo, natural, genérico o neutro.
Resumen: Conforme al relato de hechos probados, el brigada recurrente agredió a un caballero legionario propinándole un empujón con la mano abierta a la altura del pecho, lo que provocó que la bocana del fusil que portaba este le golpease en la cara produciéndole una pequeña herida sangrante. La supuesta relación de enemistad o enfrentamiento previo entre los sujetos activo y pasivo por una cuestión privada no puede sobreponerse o anular la relación jerárquica existente entre ellos, ya que la relación superior-inferior es permanente, pues el comportamiento del militar está sujeto a las normas que comportan tal estatus, sin que el militar pueda sustraerse a ellas por propia voluntad. Concurren, en consecuencia, todos los elementos del tipo penal apreciado -delito pluriofensivo, en el que, además de protegerse bienes de carácter personal, se protege la disciplina-, ya que el maltrato de obra consiste en toda agresión física susceptible de causar una perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de la integridad, salud y capacidad de la misma, siempre que el hecho se produzca en un contexto no ajeno al servicio que ambos militares prestan en las FF.AA. La aplicación de la eximente de legítima defensa exige el más escrupuloso respeto a los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, en la que nada se refiere sobre la realidad de ninguna agresión ni provocación por parte del caballero legionario, por lo que procede desestimar el motivo.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación. Agresión sexual: la intimidación típica del delito de agresión sexual no ha de ser poco menos que invencible, es suficiente con que el anuncio de un mal inminente sea susceptible de inspirar en el receptor un sentimiento de temor o angustia ante la contingencia de un daño real o imaginario. Hay agresión sexual en el caso de la intimidación ambiental. Surge allí donde, aun en ausencia de una admonición concreta... el sujeto activo aprovecha con este fin, el temor, el sojuzgamiento de su víctima, resultante de actos previos concluyentes y del conjunto de circunstancias que en el caso concurran. Agresión sexual, agravación por la comisión en grupo. La circunstancia no encuentra su razón de ser en el acuerdo previo, sino en la contribución eficaz para lograr el objetivo antijurídico. El derecho de defensa incorpora el derecho a la libre designación que, a su vez, implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses. Ahora bien, no es un derecho ilimitado.
Resumen: Vulneración de derechos fundamentales. La recurrente alega que no se le dio traslado de la denuncia que contra ella interpuso una testigo protegida, la cual, además de incorporarse a las actuaciones, fue utilizada por el Ministerio Fiscal en el juicio. La sentencia concluye que nos encontramos ante una irregularidad procesal que no produce indefensión, porque la defensa conocía el contenido de la denuncia. Revelaciones inesperadas. La Sala refiere que solo es procesalmente admisible la retroacción de las actuaciones y la demora en la celebración del juicio cuando se descubren aspectos que no eran conocidos y que resultan relevantes para el objeto de proceso. La sentencia avala que se otorgara credibilidad a la menor, aunque la versión inculpatoria que ofreció en el acto del juicio difiera de la prestada previamente en fase sumarial. Error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos. Se desestima porque no se aporta ningún documento que evidencie una omisión o error en el factum. Infracción de ley. Estudio del artículo 177 bis, 4, b) . Puede darse, en este delito, una triple fase: i) de captación, ii) de traslado, y iii) de explotación. No obstante, es suficiente, para la consumación, que se proyecte una intención sobre cualquier de las tres finalidades señaladas. Debe concurrir violencia, intimidación o engaño. Para la aplicación del subtipo agravado, debe probarse un plus de antijuricidad.
