Resumen: La falta de certeza sobre la licitud de la conducta no supone un error de prohibición vencible. El error de hecho no permite una nueva valoración de la prueba documental, sino que autoriza la rectificación del factum, para incluir un hecho que el tribunal omitió erróneamente declarar probado y su existencia resulta incuestionable del particular del documento, o bien para excluir unos hechos que el tribunal declaró probados erróneamente. El ámbito casacional acerca de la presunción de inocencia consiste en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. La apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada requerirá de una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o que, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para su apreciación como simple.
Resumen: El hecho probado recoge dos momentos: de una parte, la adopción del acuerdo en el pleno de la Corporación convocado por iniciativa del acusado como Alcalde Presidente, con la propuesta de contratación de los servicios del letrado indicado (sin prever el seguimiento de los trámites preceptivos impuestos por la legislación administrativa, que queda detalladamente consignada en la sentencia de la Audiencia); y, posteriormente, los pagos realizados, por orden del acusado, en ejecución de esa contratación. Por ello, sostiene como correcta la calificación efectuada en la instancia, pues el acusado recabó efectivamente los servicios del letrado y dio cumplimiento a las exigencias de ese arrendamiento de servicios (pagos) pactado, al margen de toda la legalidad administrativa, desglosada y desmenuzada en la sentencia de instancia.
Resumen: El art. 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al apelante que en el mismo escrito de formalización del recurso, pueda pedir la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables. Esto es, dos tipos de pruebas: las previamente propuestas y las novedosamente interesadas en la segunda instancia. Las primeras, con la doble alternativa, de indebidamente denegadas, o bien, no practicadas por imposibilidad. Dentro de las novedosamente propuestas, podría practicarse un nuevo testigo que apareciera entre la celebración del juicio oral y la vista de apelación, o al llamamiento al fallo, sin vista. En los supuestos de la retractación de las declaraciones efectuadas por el testigo que previamente ha declarado en el acto del juicio oral ante la Audiencia, al confesar que sus declaraciones anteriores fueron mendaces; no basta con la remisión de un escrito, como el acompañado por el apelante, sino que es necesaria la presentación de una denuncia en el correspondiente Juzgado de Instrucción, ante la comisión de un presunto delito de falso testimonio. El Tribunal Supremo concluye dicha solución en paralelismo con la causa de revisión prevista en el art. 954-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Resumen: No existe razón de política criminal que justifique que, siempre y en todo caso, cuando el imputado por un delito confiesa su participación en los hechos, deba ver atenuada su responsabilidad por aplicación de una atenuante analógica del art. 21.7 del CP. Razones pragmáticas ligadas a la conveniencia de estimular una confesión relevante para el esclarecimiento de los hechos, hacen explicable que la ausencia de un presupuesto cronológico -que la confesión se produzca antes de conocer el imputado que el procedimiento se dirige contra él- no se erija en requisito excluyente, sobre todo, cuando entre la atenuante genérica de confesión. Para que se estime integrante de atenuante analógica de confesión la autoinculpación prestada cuando ya el procedimiento -policial o judicial- se dirigía contra el confesante, será necesario que la colaboración proporcionada por las manifestaciones del inculpado sea de gran relevancia a efectos de la investigación. Si bien el control judicial de la ejecución de la medida se integra en el contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, para considerar cumplido el requisito de que las intervenciones se ejecuten bajo control y supervisión judicial es suficiente con señalar que los Autos de autorización y prórroga fijaban términos y requerían de la fuerza policial ejecutante dar cuenta al Juzgado del resultado de las intervenciones, así como que el órgano judicial hizo un seguimiento.
Resumen: La prosperabilidad de una demanda de revisión basada en el art. 954.1.d) LECrim exige, en primer lugar, un elemento de prueba de conocimiento sobrevenido. Esto presupone que fuese ignorado durante el curso del procedimiento; o sea, que haya aparecido o haya sido conocido después de la fecha de la sentencia, cuya revisión se pretende. Reclama, además, que la prueba no aportada en su momento sea de tal naturaleza que pueda afirmarse en un juicio hipotético que su consideración hubiese variado el sentido de la sentencia; habiendo podido determinar la absolución o una condena inferior. Y que las pruebas no hubiesen podido proponerse con anterioridad a la celebración del juicio oral, por causas que resulten de razonable apreciación. El TS afirma que el calificativo sobrevenidas que maneja el precepto permite tal lógica exégesis.
Resumen: El recurrente cuestiona la suficiencia de la totalidad de la prueba, haciendo expresa mención a la declaración de los testigos que, previamente, en la instrucción tuvieron la condición de investigados y que fueron tenidos en cuenta por la Sala como elemento de cargo. La actuación es conforme con el Acuerdo de Pleno de 16/12/2008 y las declaraciones de los testigos que inicialmente prestaron declaración como imputados contaron con corroboraciones periféricas. El recurso se estima en lo concerniente a la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas cualificadas, pues el Tribunal de instancia no motivó la rebaja de la pena en un solo grado. Por el contrario, puede afirmarse que la causa ha sufrido una injustificada demora de extremada intensidad, ya que la denuncia se interpone en el 2005 y se juzgan los hechos en el 2020, casi 15 años de duración de la causa que no se compadece con la complejidad de la misma, demora que supera lo que podría entenderse como extraordinaria, con periodos de paralización importantes, algunos superiores a los tres años, que dieron lugar al archivo de las actuaciones para el resto de imputados. En consecuencia, existen datos objetivos en la causa conectados con la excesiva duración del proceso y las paralizaciones del mismo, que imponen la rebaja en dos grados de la pena correspondiente, desde las exigencias del principio de proporcionalidad de la misma
Resumen: El único motivo del recurso lucha por disminuir la penalidad al mínimo legal posible. Esta queja aparece por primera vez en casación en lo que podría catalogarse de estrategia Guadiana. Solo cabe casación contra la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia; no contra la dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial. Esa premisa no puede burlarse entablando un recurso directo de casación conta la sentencia de la Audiencia tras una parada técnica en el Tribunal Superior de Justicia encaminada a cubrir formalmente el itinerario impuesto por el legislador. La parte que se siente agraviada por la decisión de la Audiencia Provincial habrá de hacer valer todas sus quejas ante el Tribunal Superior de Justicia. La resolución de este Tribunal de apelación es fiscalizable en casación. Puede traerse a casación todo lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, pero no otras cuestiones sobre las que no se ha pronunciado pues nadie las suscitó. Se trata pura y simplemente de un recurso per saltum. La apelación versó en exclusiva sobre temas de presunción de inocencia ligados en algún particular a supuestas irregularidades en la práctica de la prueba. Las quejas fueron desestimadas. Nada se dijo sobre la corrección y oportunidad de la individualización penológica. De cualquier forma estamos ante un tema de discrecionalidad del Tribunal de instancia -individualización penológíca-no susceptible de revisión en casación.
Resumen: El recurso se desestima de plano en lo relativo a la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que no se suscitó en el recurso de apelación y, por ende, se plantea "per saltum". En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. El resto de asuntos decididos y no cuestionados ni impugnados han de considerarse consentidos (tantum devolutum quantum apellatum). La apelación no es un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos prefijados por el apelante -y, en su caso el impugnante adhesivo- en su recurso. También se desestima el error facti, que se denuncia sobre la base de pruebas testificales y que, por ello, no tienen la consideración de documento a efectos casacionales. Finalmente, se rechaza la infracción de ley denunciada, al expresarse en el factum que la menor, en ocasiones, se resistía a los tocamientos del acusado. Es evidente que la fuerza física necesaria para que un varón adulto doblegue la oposición de una niña de ocho años no ha de ser mucha. Pero no por ello deja de ser resistencia apta para mutar el contacto sexual de abuso en agresión; aunque no se produjesen golpes ni se causasen lesiones.
Resumen: En los supuestos de envío de droga desde el extranjero la tentativa es admisible cuando se estime acreditado que la intervención del acusado no tuvo lugar hasta después de que la droga se encontrase ya en nuestro país, habiéndose solicitado por un tercero la colaboración del acusado para que participase, de un modo accesorio y secundario, en los pasos previos a la recepción de la mercancía por sus originales destinatarios, pero: 1º) sin haber intervenido en la operación previa destinada a traer la droga desde el extranjero; 2º) sin ser el destinatario de la mercancía; 3º) sin que llegue a tener disponibilidad efectiva de la droga intervenida, por ser detenido antes de hacerse cargo efectivo de la misma. Tales requisitos deben darse de manera conjunta. Así: a) Si el acusado ha participado en la solicitud o en la operación de importación, o figura como destinatario de la sustancia, es autor del delito consumado; b) Si la intervención del acusado tiene lugar después de que la sustancia se encuentre en nuestro país, habiéndose solicitado su colaboración por un tercero, sin haber intervenido en la operación previa, sin ser destinatario de la mercancía y sin llegar a tener la disponibilidad de la droga intervenida, hay tentativa.
Resumen: La base de la punición descansa en que el administrador de la entidad bancaria, eludiendo intencionalmente los mecanismos de evaluación de riesgo a los que estaba sujeto para conceder un préstamo, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Comisión Ejecutiva de la entidad financiera, y ocultando por último que los préstamos sobrepasaban el nivel de concentración de riesgo en un solo cliente que estaba permitido por la entidad, les concedió el préstamo más elevado de cuantos otorgó la entidad financiera en toda su historia, lo que hizo sin garantías de retorno bastantes para cubrir la totalidad del importe en caso de impago. El perjuicio económicamente evaluable existió, y no sólo se materializó en la disposición no autorizada de un préstamo, sino en que el préstamo se concedió con un nivel de riesgo que no pudo computarse ni repercutirse en el coste de la operación. Esta circunstancia perfila nuevos contornos del perjuicio irrogado. Nuestra jurisprudencia considera también que es perjuicio la pérdida de cualquier incremento que fuera posible y ciertamente esperado, entendiéndose incluso que el daño es económicamente evaluable siempre que pueda concretarse su valor en dinero. Consideración de perjudicado que tiene el FROB cuando asume la reestructuración de una entidad financiera y, consecuentemente, realiza una inyección de recursos económicos a partir de la suscripción de ampliaciones de su capital social.
