Resumen: La recurrente se limita a señalar que ha sido condenada por un delito continuado de estafa del art. 249 CP, artículo que establece que para la fijación de la pena se tendrán en cuenta una serie de circunstancias para valorar la gravedad de la infracción, entre las que se recoge las relaciones entre el perjudicado y el defraudador. Estima que esas relaciones se refieren precisamente a la confianza que puede darse entre empleador/a y empleado/a. Y, como ha sido condenada por ejecutar los actos defraudatorios abusando de la relación confianza que le mantiene su empleadora, que tal circunstancia se ha tenido en cuenta doblemente, como agravación específica del art. 249 y la sexta del art. 22 CP. Esta cuestión ha sido resuelta de forma extensa y detallada por la Audiencia Provincial, que ha comprobado que la circunstancia de abuso de confianza únicamente ha sido tomada en consideración para aplicar la agravante de abuso de confianza prevista en el art. 22.6ª CP, no habiendo sido valorada para la individualización de la pena a imponer a la recurrente para lo que se ha atendido al importe de lo defraudado, a los perjuicios económicos ocasionados y a las circunstancias personales de la acusada. Además, no se justifica el interés casacional del recurso.
Resumen: Recurso contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial en apelación. Acuerdo del Pleno de la Sala IIª de 9 de junio de 2016. Requisitos para que prospere un recurso de casación formulado contra la sentencia dictada en apelación por una Audiencia. Sólo cabe recurso por infracción de ley, por lo que se ha de respetar en su totalidad la declaración de hechos probados. Además, las cuestiones formuladas han de revestir interés casacional. Supuesto en los que se entiende que las cuestiones planteadas revisten interés casacional. Inadmisión a limine de las cuestiones que no se formulen como infracción de ley, aunque las infracciones de derechos constitucionales pueden alegarse para reforzar la alegación de infracción de ley. Se alega falta de concreción de la fecha de la condena tomada en consideración para la agravante de reincidencia. Requisitos jurisprudenciales para poder apreciar la agravante de reincidencia. No resultan necesarios, cuando el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual. En caso contrario, se debe realizar una interpretación del plazo favorable al reo, pues cabe que la condena se haya extinguido antes por otras causas. No se pueden integrar los déficit del fáctum con datos incorporados en la fundamentación jurídica en perjuicio del reo. Toma en consideración de sentencias dictadas en otros Estados de la Unión Europea.
Resumen: Se casa y anula la sentencia de la AP que estimó el recurso de apelación del condenado como autor de un delito de maltrato familiar y apreció la eximente de legítima defensa. Se partía de que la perjudicada, que acudió hasta el domicilio de su ex pareja, no tenía título alguno respecto de dicha vivienda, con lo que se estimó que el agresor actuó en legítima defensa del derecho a la inviolabilidad domiciliaria. No obstante, la AP se aparta del factum, que no refleja que ésta pretendiera entrar en el domicilio, sino que se mantuvo en el rellano de la escalera, zona que no se encuentra amparada por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en cuanto extravasa los límites que integran el concepto de vivienda, por más que se encuentre en el interior del inmueble en el que aquella se ubica. Al acusado le habría bastado con cerrar la puerta del domicilio para preservar la inviolabilidad domiciliaria. De esta manera, aun cuando se apreciase que el acusado se encontró ante el riesgo potencial de verse perturbado en el espacio de intimidad que la vivienda supone, su reacción, que implicó que él voluntariamente saliera del propio domicilio, no solo fue desproporcionada en atención a la intensidad de la acción (que no se limitó al forcejeo, ya que concluyó con el arrastre de la visitante varios metros hasta fuera del inmueble) sino, sobre todo, fue innecesaria.
Resumen: Sólo cabría la apropiación indebida si hubiese existido una aportación de materiales por parte del principal o dueño de la obra; pero que no es viable conformar la apropiación indebida cuando es el contratista quien está encargado por su cuenta y riesgo de acopiar los materiales. En este último supuesto, el dueño se obliga a entregar el precio global pactado, y el contratista a efectuar la obra y a aportar para ello todo lo que sea necesario para culminarla, de modo que la pérdida fortuita de los materiales, su obtención a precio más o menos alto en relación a lo presupuestado o previsto, o cualquier otra incidencia que pueda suceder durante la ejecución de su contraprestación, por más que pueda llegar a tener repercusión en los efectos del contrato, carecerá de consecuencia en el precio convenido. La no devolución de un préstamo recibido comporta el incumplimiento de una obligación contractual que, aunque pudiera integrar una estafa si la subscripción del préstamo iba precedida del engaño de hacer creer falsamente al prestamista que se devolvería el objeto del anticipo, en ningún caso puede determinar un delito de apropiación indebida de lo ajeno. Los títulos a que se refiere la apropiación indebida, tienen en común el transferir la posesión de la cosa, pero no su propiedad y, por lo tanto, quedan excluidos del ámbito del tipo delictivo los contratos en los que se adquiere el dominio por parte del que recibe el dinero, siendo uno de esos casos el del prestatario.
Resumen: Las diligencias sumariales, también las personales, siempre que hayan sido debatidas en el juicio oral son prueba utilizable. Ese criterio impera igualmente en el procedimiento del Jurado con alguna peculiaridad (aportación del testimonio de la declaración sumarial en el momento del acto del juicio oral). La mera adicción a sustancias estupefacientes no se convierte automáticamente en atenuante. Es necesario como expresa el art. 21.2 CP que la adicción sea grave y, además, que sea instrumental respecto del delito. Alevosía frustrada: En nuestro ordenamiento lo más lógico y coherente es excluir sin más la alevosía en tanto no se ha producido plenamente. No caben agravaciones parciales o incompletas. Eso no empece a valorar ese componente inicial alevoso a través del art. 66 CP. En el caso de autos el Tribunal Supremo sustituye la alevosía por la agravante de abuso de superioridad (art. 22.2º) que llevará los hechos al homicidio y determinará una rebaja penológica.
Resumen: El relato fáctico refiere dos momentos con fechas distintas. El primero unos contratos de adjudicación por el Cabildo de Tenerife de los cubos de reciclaje ideados por el acusado y con cuya idea constituye una sociedad y que sirve de antecedente a otro contrato, falsificado con la Junta de Andalucía. Respecto del primero, el recurrente afirma que el dato sobre su falsedad no está acreditado. El recurrente tiene razón cuando afirma que no es un hecho probado, pero también lo es que no es un hecho relevante a la subsunción, pues refleja un antecedente histórico al relato fáctico descrito a partir del segundo párrafo donde se refiere el hecho relevante en la subsunción. El segundo hecho, típico de la falsedad, aparece redactado en el apartado 3.º de los hechos cuando se declara que el acusado falsifica unos documentos, también de adjudicación, que fueron determinantes para la orden de contratación y encargo de los cubos. Los documentos son falsos como resulta de la prueba practicada en el juicio, documental y testifical, de sus supuestos autores.
Resumen: Se estima el recurso de casación planteado por el Ministerio Fiscal en cuanto a la pena impuesta y se individualiza correctamente la pena de prisión, incrementándose la pena de 7 años de prisión impuesta en la instancia a 8 años, 6 meses y un día. Plantea la aplicabilidad de la especial vulnerabilidad y prevalimiento. Se desestima la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Nuevo régimen de recursos tras la modificación introducida por la Ley 41/2015. El recurso se formula contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en apelación. Error en la apreciación de la prueba: no tienen la consideración de documento las pruebas personales. Supuestos excepcionales en los que se admite que el recurso se funde en informes periciales. Valor de los informes de credibilidad. Informes contradictorios. Denegación de diligencia de prueba: declaraciones hechas en atestado, carecen de valor probatorios por tratarse de declaraciones policiales. La falta de incorporación de las grabaciones de las entrevistas ante el médico forense carece de transcendencia. Infracción de ley: el motivo exige pleno respeto a la declaración de hechos probados. Correcta calificación de los hechos: contactos corporales inconsentidos, en los que el acusado se prevalió de su condición de entrenador y director técnico de las menores, alumnas suyas de danza. Atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada: no procede. No se debatió sobre ella en el acto de la vista oral porque no se incluyó en las cuestiones a pronunciarse. La duración del proceso no es particularmente desmesurada. La atenuante como muy cualificada exige una gran intensidad en la causa atenuatoria. Presunción de inocencia: existencia de prueba de cargo bastante, constituida por las declaraciones de las menores, respaldadas por numerosas corroboraciones externas. Problemas en declaraciones de menores
Resumen: No existen indicios de alguna irregularidad en la cadena de custodia. Valga recordar que ninguno de los testigos y peritos que han declarado e informado en relación con esos vestigios digitales han manifestado dubitación sobre su mismidad. Y la falta de especificación de los signos o vestigios de posibles irregularidades referentes a la custodia policial, carecen de eficacia para cuestionar la validez de su contenido informado. Además en este caso se ha seguido y observado un procedimiento para posibilitar el seguimiento y autenticidad de esos vestigios digitales; se elaboró la copia espejo, siendo los documentos obtenidos del volcado del ordenador del acusado, los mismos que sirvieron de base al informe pericial de autos, como resaltan los propios peritos. Es patente que el envío de las misivas, dado su contenido ofensivo y amenazante, dirigidas a autoridades, no solo daña la consideración que en ese momento se tuviere del supuesto firmante sino que es susceptible de acarrear responsabilidades para quien aparece como firmante; tanto más si quien las emite tiene condición militar y son dirigidas a un superior; y y así mismo es patente que insertar la firma de tercero, lesiona la seguridad inherente al tráfico jurídico y no precisa la efectiva causación del perjuicio. En nuestro caso, ni existe un único acto de voluntad, ni la pluralidad de actuaciones puede ser percibida por un tercero no interviniente como una unidad. Se trata de cuatro cartas y tres destinatarios distintos.
Resumen: El TS afirma que la concreta participación de la recurrente no aparece mínimamente descrita en cuanto a su soporte puramente fáctico en la sentencia impugnada; ni los elementos probatorios tomados en cuenta por la Audiencia Provincial permiten arribar a las conclusiones que sustentan la condena; ni se explica tampoco el razonamiento que ha conducido a obtener, a través del correspondiente juicio de inferencia, el resultado fáctico que en la resolución impugnada se proclama; habiéndose así vulnerado el derecho fundamental a las presunción de inocencia y el que, inescindible de aquél, tiene a la tutela judicial efectiva, ofreciéndose una cumplida explicación, si quiera mínimamente razonable o comprensible para la generalidad, de las razones que fundamentan su condena.
