Resumen: La revaloración probatoria es una función que es ajena al tribunal de casación, cuando conoce de la impugnación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, afirma que, en el caso concreto, en las instancias precedentes los órganos jurisdiccionales han procedido a la función que les compete de forma racional y lógica, extremos que se constata a partir de la lectura de la fundamentación de la sentencia.
Resumen: La Sala Segunda viene haciendo una interpretación restrictiva de la aplicación de la agravación referente a recaer la estafa sobre vivienda, exigiendo que los elementos fácticos sobre los que se sustenta su aplicación, es decir, que se trate de viviendas que van a ser destinadas al primer domicilio del adquirente, deben constar sin ambigüedad alguna en el relato de hechos probados. Hay dos años de actividad, tres de inactividad y otros tres años en los que se llevan a cabo muy pocas actuaciones, todo ello entre periodos de inactividad -reconocidos en sentencia- de entre 5 y 9 meses. Y desde el año 2011 hasta la fecha de hoy, han transcurrido diez años. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama.
Resumen: La dispensa de declarar tiene por finalidad resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. El rechazo irregular de la prueba por el órgano jurisdiccional no determina necesariamente la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. La aplicación del artículo 20.1 CP es oportuna cuando se acredite que el sujeto activo padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión. Para poder apreciarse la drogadicción, sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adición a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la intensidad de la dependencia y a la singularizada alteración que sufriera en el momento de los hechos, con la influencia que por ello tuviera en las facultades intelectivas y volitivas, sin que la simple y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto a las drogas, sin mayores especificaciones y detalles pueda autorizar o configurar la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas manifestaciones.
Resumen: Se trata de un supuesto en el que los dos acusados (con fin de lucro ilícito) constituyen una sociedad cuyo objeto es gestionar cooperativas y también una Cooperativa, donde de manera ilícita conforman la Junta Rectora con "hombres de paja", para que ratifiquen lo que ellos acuerden, al tiempo que autocontratan la gestión de la cooperativa, a cambio del 10% (luego un 8%) de la facturación. En su operaciones (esencialmente compra del suelo) priman la consecución de esos porcentajes al margen de los intereses de la Cooperativa, con sobreprecios, inadecuación urbanística y desvíos injustificados a empresas familiares. El TS examina el delito de estafa y el elemento del engaño y afirma que se describe el engaño perpetrado por los acusados en el sentido expuesto.
Resumen: Estafa en la modalidad de cartas nigerianas. Condena por delito continuado de estafa de los arts. 248.1 y 250.1-5° en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 390.1 y 2 y 74. Indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia. Falta de relevancia de errores obstativos obvios en la redacción de la sentencia de instancia. Continuidad. Non bis in idem. Acuerdo Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007. Plazo de prescripción. Delito en concurso medial y en conexión material. Art. 131.4º CP
Resumen: Conductor de un vehículo oficial de una empresa pública, que tenía asignadas varias tarjetas para el pago del combustible. Acuerdo con varios empleados de distintas gasolineras para pasar la tarjeta simulando repostajes, apropiándose del importe equivalente que había en caja por pagos anteriores en metálico. Recurren los empleados de una de las gasolineras. Presunción de inocencia. La prueba principal es la declaración del conductor, coimputado, que afirma que todos los recurrentes participaron en una u otra medida en la defraudación. Como corroboración está la comprobación de suministros imposibles en momentos en que cada uno prestaba sus servicios en la gasolinera. Error en la apreciación de la prueba, 849.2º. Designa como documentos los cuadrantes de trabajo, que sostiene que fueron elaborados con posterioridad por el gerente, pero que no son exactos. No son documentos literosuficientes. Infracción de ley, art. 849.1º. Aplicación indebida del artículo 435 CP. No se le hicieron al conductor las advertencias que exige la jurisprudencia respecto de los depositarios de caudales públicos. No se trata en el caso de un particular nombrado depositario, sino de un funcionario desde la perspectiva penal, que sabía que prestaba una función pública y que las tarjetas se le entregaban solo para el adecuado cumplimiento de esa función.
Resumen: La previa declaración de pertinencia y consiguiente admisión de las pruebas interesadas en el escrito de conclusiones provisionales de cualquiera de las partes, no obliga al Tribunal, de forma ineludible, a su práctica en el plenario. La pertinencia inicial de una determinada prueba no es obstáculo para que, a la vista del desarrollo de las sesiones del plenario, su práctica deje de ser útil. A diferencia de la pertinencia, que se mueve en el ámbito de la admisibilidad como facultad del Tribunal, la necesidad de su ejecución se desenvuelve en el terreno de la práctica, de manera que medios probatorios inicialmente admitidos como pertinentes pueden lícitamente no realizarse, por muy diversas circunstancias que eliminen de manera sobrevenida su condición de indispensable y forzosa, como cualidades distintas de la oportunidad y adecuación propias de la idea de pertinencia.El derecho a un proceso justo puede exigir, en no pocos casos, el ponderado sacrificio de la intimidad de la víctima. Error de hecho: El documento ha de poner de manifiesto el error en algún dato o elemento fáctico o material por su propio poder demostrativo directo. Ese dato o elemento no puede estar contradicho por cualquier otro elemento probatorio que haya sopesado el tribunal. Además, ese dato contradictorio, acreditado documentalmente, ha de ser relevante para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo.
Resumen: El razonamiento que culminó en la condena combatida justifica una convicción alcanzada como consecuencia del resultado de la prueba documental y testifical practicada, de la que se deduce con claridad la situación de irregularidad en la que se encontraba el acusado, por lo que, ostentando el tribunal de instancia plena facultad valorativa -que esta sala solo puede controlar si resultara que la inferencia discurrió por caminos ilógicos o irrazonables en el proceso deductivo incriminatorio, lo que no es el caso-, no resultó afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Del escrupuloso respeto al relato fáctico probatorio -presupuesto metodológico del motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva- se desprende que el recurrente permaneció fuera de la localización de su unidad y sus mandos, sin justificación alguna, desde el 14 al 22 de octubre de 2020, por lo que rebasó ampliamente, una vez concluida su baja médica, el plazo legal de tres días previsto en el art. 56.1 CPM para integrar el delito de abandono de destino, cuyos elementos -objetivos, normativos y subjetivos- se integran adecuadamente en la conducta enjuiciada, a través de la que el acusado infringió el bien jurídico tutelado -los deberes del servicio, en particular los ligados a los de presencia y prestación del servicio-.
Resumen: Principio acusatorio: no se ha vulnerado. Desde el primer momento el recurrente tuvo conocimiento de los hechos por los que se dirigía la acción penal y de la propia querella se desprende que todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del referido delito se encontraban denunciados, de modo que la instrucción versó en todo momento sobre dichas conductas. Auto del art. 779.1.4º LECrim: no tiene como función institucional ni la de fijar los términos normativos de la acusación ni tampoco de los concretos extremos del relato fáctico sobre los que se asiente la pretensión acusatoria. No obstante, es del escrito de calificación del que se defiende el acusado, no del contenido del auto de procedimiento abreviado. Fraude de subvenciones: no está excluido en modo alguno la entrega de cantidades con obligación de devolver y exigencia de cumplimiento de condiciones que se hurtan a la realidad, falsean o esconden por el autor del hecho para obtener la ayuda de forma fraudulenta. Esta conducta no es atípica por el mero hecho de que se trate de un "anticipo" con obligación devolutiva, ya que supone técnicamente una ayuda de la Administración o "préstamo sin interés" en base a proyectos concretos que evitan al empresario tener que acudir a un banco y soportar la carga de los costes financieros que ello lleva consigo. Apropiación indebida: No puede negarse su existencia en los actos declarados probados de disposición de la cuenta societaria. No es administración desleal.
Resumen: Los jurados tendrán que identificar (señalando su fuente) los concretos elementos de prueba tenidos en cuenta para dictar la sentencia condenatoria; acompañada de una indicación, siquiera elemental, del porqué de la atribución a éstos de un determinado valor convictivo. Lo que se debe apreciar y valorar si concurre en la afectación del sujeto es que la anomalía o alteración sea causa de la falta de comprensión de la ilicitud del hecho o del actuar conforme a esa comprensión, es decir, que exista una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo. El proceso pericial y de valoración de la prueba debe ser: analizar el material probatorio atinente al elemento biopatológico y extraer la conclusión sobre si el autor actuó comprendiendo la ilicitud del hecho. La actividad de confesión, por la colaboración que ello supone, debe ser recompensada, siendo tal recompensa la atenuación de la sanción a imponer al responsable del hecho delictivo.
