Resumen: Depósito de armas: estando las armas a disposición de todos los integrantes de la asociación delictiva y habiéndolas utilizado el grupo en los dos robos descritos en el relato fáctico, todos ellos son responsables del depósito. Pero para ser considerado promotor u organizador del mismo es preciso algo más, que, generalmente, se traduce en la asunción de la iniciativa o de la responsabilidad en su formación o en su utilización. Agravante de disfraz: resulta apreciable la agravante a aquellos que, aunque no tienen una actuación directa, sí conocen y aceptaban la utilización del embozo en beneficio de todos. Reparación del daño: la reparación no solo se refiere al resarcimiento de los perjuicios materiales, siempre que el acto reparatorio pueda considerarse significativo en relación con la índole del delito cometido. Reparación del daños, atenuante muy cualificada: la jurisprudencia ha entendido que no puede basarse exclusivamente en una reparación total del daño causado, requiriéndose un especial esfuerzo indemnizatorio para justificar una mayor reducción en la pena. El consumo de drogas puede causar efectos atenuatorios. De un lado, cuando a causa de sus características, especialmente la intensidad, la duración temporal y el tipo de droga, puede provocar una alteración de las facultades del sujeto. De otro lado, cuando una grave adicción suponga un impulso relevante en la conducta, que aparece así dirigida a obtener los medios para acceder a las sustancias para su consumo.
Resumen: El TS desestima el recurso. A tal efecto, examina el incidente de acumulación de condenas y la acreditación documental de los antecedentes penales. En este sentido, afirma que el art. 988 LECrim, en la escasa previsión del procedimiento que contiene, nos sirve para determinar el ámbito del recurso; pues al conformar que el acopio documental del incidente se integra con la hoja histórico-penal del Registro central de penados y rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias. Por ende, toda tarea ajena a esta limitación, que determine la modificación del contenido de una ejecutoria, excede del ámbito de este incidente; en primer y fundamental lugar porque no se corresponde con su previsión normativa, pero también, porque ni siquiera el órgano judicial que determina el límite de cumplimiento, dispone de los procedimientos que han dado lugar a esa sentencia. La exclusión de cualquier cuestión, ajena a la fijación del límite máximo de cumplimiento, es tal, que ni siquiera cabe en este trámite, declarar la existencia de prisión preventiva abonable, que no ha sido estimada previamente por el órgano judicial encargado de la ejecución; como tampoco lo sería concretar la extensión de la redención de pena por trabajo, en caso de subsistente ejecución aún por el Código Penal anterior.
Resumen: Imputación objetiva: quien genera el peligro indebidamente causado, debe correr con sus consecuencias. En los llamados delitos de resultado, para solucionar los problemas de causalidad, la doctrina acude al concepto de imputación objetiva, entendiendo que hay tal relación de causalidad cuando el sujeto, cuya responsabilidad se examina, con su comportamiento origina un riesgo no permitido, o aumenta ilícitamente un riesgo permitido. Y es precisamente en el ámbito de ese riesgo donde el resultado se produce. Dolo eventual. Representación del resultado como posible. La sanción por dolo eventual no requiere que el conocimiento y voluntad del sujeto abarquen la producción del resultado en su sentido jurídico, es decir la calificación de "deformidad" que constituye una mera cuestión de "subsunción" ajena a la subjetividad del agente, pero sí el resultado en su sentido natural.
Resumen: Falta de motivación respecto al reconocimiento de las tres circunstancias solicitadas. Exigencia de motivación en las resoluciones judiciales. Presunción de inocencia: implica, cuando se alega en casación, una triple comprobación. Especialidad cuando ha mediado previamente un recurso de apelación: en tal caso, lo fundamental es comprobar la racionalidad de la valoración de la prueba. Dolo de matar: correcta y suficiente inferencia a partir del lugar del cuerpo al que se disparó y el arma utilizada. Agravante de género: afirmaciones en los hechos probados descriptivos de desprecios y de actos de control del acusado hacia la víctima. Existencia de la base fáctica precisa para la apreciación de la agravante. Atenuante de arrebato: doctrina de la Sala al respecto. Dado que el acusado sabía desde tiempo atrás que la víctima tenía una relación extramatrimonial, ésta no pudo funcionar como desencadenante. Tampoco la percepción traumática de la ruptura conyugal es bastante. Los presupuestos de la atenuación han de ser lícitos y acordes con las normas de la convivencia. Atenuante de embriaguez: pese a la tasa alta de alcoholemia, los testigos manifestaron que tras los hechos el acusado estaba tranquilo. Incidencia de la embriaguez en la imputabilidad: grados. Reparación del daño: fundamento de la atenuante. Las reparaciones ofrecidas no implican un actus contrarius ni tienen efecto solutorio. Arrepentimiento: solamente tiene valor atenuatorio cuando implica una aportación relevante.
Resumen: La presentación fuera de plazo de un escrito de acusación no acarrea sin más su ineficacia. Si se trata del Fiscal, exceptuado el caso contemplado en el art. 800.5 LECrim, estaremos ante una irregularidad que podrá influir, si el retraso fuese insólito o desmesurado, en la apreciación de una atenuante de dilaciones indebidas. Tampoco en el caso de una acusación no pública podría llegarse automáticamente a su apartamiento del proceso, si no hubo previo requerimiento judicial. Se aprecia la existencia de dilaciones indebidas muy cualificadas. Una parte muy significativa de las dilaciones indebidas, del "abuso del proceso", trae causa de la propia pasividad de quien se personó en el procedimiento como acusación particular. Se revoca la apreciación del subtipo agravado del art. 250.1.6º CP: sin negar la existencia de un perjuicio económico sensible, al ver frustradas sus legítimas expectativas, que se concretaban en la entrega del nuevo local, no creemos que pueda hablarse de una situación económica precaria, inestable, seriamente significativa, menos todavía que la misma pudiera estar abarcada por el dolo del deudor, so pena de respaldar, en otro caso, una interpretación desmesurada por excesivamente amplia del subtipo agravado. La calificación de los hechos por vía del art. 249 CP es correcta. Puede no conocerse con certeza el exacto valor económico de lo defraudado y aparecer, en cambio, acreditado, con estándares de certeza, que los producidos superan los 400 euros.
Resumen: Falta de expresión de los hechos declarados probados del art. 851.2 LECrim. Doctrina de la Sala. El motivo no puede prosperar. La acusación pretende la modificación del hecho probado en perjuicio del reo, lo que está prohibido. En todo caso, el factum expresa que el acusado no albergaba la intención real de prender fuego y, en todo caso, describe un desistimiento voluntario impune. También se postula la existencia de unas amenazas continuadas, lo que tampoco puede prosperar porque ninguna de las acusaciones calificó los hechos como tal. En realidad, pretende romper la unidad de acción apreciada a efectos del art. 77 CP. Como acertadamente razona el Tribunal, la incorporación de otras dos personas amenazadas a una secuencia en la que no se percibe solución de continuidad, incrementa el número de ofensas pero no destruye esa unidad de acción que llevará a la aplicación del instituto del concurso ideal homogéneo del art. 77 CP. Otra solución llevaría a un absurdo. Los hechos serían menos graves si los dos grupos de amenazas que artificiosamente quiere atomizar la recurrente, se hubiesen hecho en presencia de los tres sujetos pasivos.
Resumen: Se desestima el recurso del condenado y se estima parcialmente el recurso interpuesto por la acusación particular. El Tribunal de instancia denegó la indemnización porque el propietario de la finca, aun habiendo resultado engañado, no acreditaba ningún perjuicio. Lo que es rechazado por la Sala, ya que el engaño desplegado por el condenado consistió en hacer creer al perjudicado que había vendido la finca, haciéndole desistir temporalmente de cualquier otro intento de enajenar la finca, con lo que no puede exigírsele que acredite haber intentado la venta. Además, el condenado otorgó un contrato falso de venta a nombre de su esposa. De esa manera, el falso contrato se introdujo plenamente en la mecánica defraudatoria. No sólo pudo utilizarse para lograr que la propiedad no vendiera la finca antes de la ejecución hipotecaria y alertara de ese modo al perjudicado del fraude sufrido, sino que se utilizó para que el vendedor aceptara adelantar la transmisión de la posesión de la finca. Lo expuesto muestra que convencer mendazmente al recurrente de que la finca se había vendido por el precio que reclamaba, no sólo supuso un incumplimiento de la obligación civil de mediación, sino que fue un comportamiento inserto en la mecánica defraudatoria y susceptible de generar perjuicios en un tercero. No puede eludirse que la frustración de la expectativa de realizar el valor de la cosa comportó un daño moral indemnizable, por el importe que el perjudicado podía razonablemente haber obtenido
Resumen: Sí cabe la revisión de pronunciamientos absolutorios en casación cuando la pretensión punitiva de la parte recurrente no ha obtenido respuesta alguna del Tribunal de instancia o ésta ha sido arbitraria, irrazonable o absurda, de manera que se han vulnerado los artículos 24.1, 9.3 y 120.e CE, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos. Se tipifica el cultivo a gran escala de cannabis destinado a abastecer a consumidores reunidos en asociaciones constituidas al efecto y la tipicidad de los comportamientos concretados en organizar un sistema de cultivo, acopio, o adquisición de sustancias tóxica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirentes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar, y aun cuando no concurra ánimo de lucro. Para descartar el error de prohibición, basta con conocer la ilicitud del propio obrar.
Resumen: Afirma que existe una dilación en el plazo para dictar sentencia que no aparece justificada en la complejidad de la causa ni en alguna razón expuesta en la sentencia que pudiera hacer entender que la demora temporal fuera debida, y ese retraso en el ejercicio de la función jurisdiccional perjudica al acusado que durante ese tiempo espera la resolución de un conflicto en el que ha proclamado su inocencia, cuya valoración depende de un tribunal que debe proceder a la resolución de forma inmediata, en términos generales, a la celebración del juicio y deliberación de la sentencia, sin que conste que esta última se hubiera retrasado para facilitar un examen de la causa y circunstancias concurrentes. Asimismo, valida la relación concursal entre ambos delitos como medial, a cuyo efecto, afirma que para la existencia de concurso medial no basta el propósito de una relación de medio a fin existente simplemente en el ánimo del sujeto, sino que entre los diversos hechos constitutivos de diferentes delitos ha de haber una conexión de necesidad de carácter objetivo, a deducir en cada supuesto de los distintos elementos concurrentes en el caso, de modo tal que puede decirse que uno de ellos fue imprescindible para la comisión del otro.
Resumen: Se excluye la apreciación de la agravante contemplada en el art. 250.1.4º CP. Establece la sentencia que no cabe duda de que el valor total de la defraudación es elevado y desde luego se ha originado un perjuicio real y determinado para los proveedores de las mercancías, pero la sentencia no hace referencia alguna a que ello haya ocasionado a éstos un grave quebranto económico. Se limita a fijar el importe total de la defraudación en 365.716,16 euros, sin distinguir lo que corresponde a cada proveedor y la afectación concreta en su patrimonio. En definitiva se desconoce, porque no se explica, la situación económica en que han quedado las víctimas. Dilaciones indebidas. No se aprecia.
