Resumen: Recurso de casación contra sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales: naturaleza y límites. Delito de lesiones con instrumento peligroso: necesidad de que el mismo aparezca debidamente descrito en el relato de hechos probados. Expulsión de extranjeros como sustitución de la pena privativa de libertad impuesta: exigencias normativas, proporcionalidad y motivación. Riña mutuamente aceptada y legítima defensa.
Resumen: Análisis de la circunstancia de multirreincidencia del artículo 66. 1.5º CP. Riesgos de fricción constitucional. Interpretación restrictiva. Exigencia de una motivación muy cualificada para superar la pena prevista en el tipo. Delitos de la misma naturaleza: interpretación. La posibilidad de castigar una conducta con pena superior a la prevista en el tipo consumado reclama no solo acreditar, como presupuesto objetivo, que la persona ha sido ejecutoriamente condenada al menos tres veces por delitos del mismo título y de la misma naturaleza al que es objeto de la actual condena. Es necesario, además, formular un juicio normativo de mayor merecimiento de pena que, respetando el campo de juego de la agravación por reincidencia, permita patentizar un plus de desvalor del injusto y de culpabilidad por el hecho, neutralizando riesgos de mayor sanción solo con base en la llamada culpabilidad por conducción de la vida.
Resumen: La agravación debe operar cuando los actos de tráfico de drogas realizados en el establecimiento abierto al público por el regente o empleado del mismo revelen una cierta dedicación y pluralidad, por lo que no deberá apreciarse la agravante específica cuando solo conste un acto aislado de tráfico de poco entidad, en cuanto en tal supuesto no concurre la razón justificativa de la agravante, consistente en el aumento de peligro contra la salud pública, por el incremento de las transmisiones que facilita la apertura al público del bar. La circunstancia de que solo se haya dado como probado la transmisión de la papelina que la funcionaria observa que hace la acusada a un tercero, no se puede considerar como un acto aislado, sino que es una muestra del negocio ilícito que había montado en el bar, con proyección de habitual dedicación, como precisa la jurisprudencia para acudir al subtipo agravado, lo que tiene reflejo en los hechos probados, avalado por la prueba practicada. En efecto, el hecho de tener escondida en la cámara frigorífica la lata de Coca-Cola, acondicionada para guardar papelinas de cocaína de dos tamaños y preparadas para ser suministradas en el mismo establecimiento, solo se entiende por la dedicación a ese ilícito negocio que se había montado dentro del bar. No es obstáculo que los hechos sucedan en establecimiento abierto al público por cuanto la Ley permite aplicar el subtipo atenuado a todos los casos en que concurran los supuestos del art. 369 CP.
Resumen: La jurisprudencia de la Sala II ha considerado delictiva la conducta consistente en la constitución de asociaciones de consumidores de cannabis, también conocidas como clubs de cannabis, en las que se venden o regalan derivados de la planta cannabis sativa a terceros o a quienes, de una forma u otra, generalmente con una simple anotación, se registran como socios, cuando no es posible aplicar la doctrina, ya bien desarrollada y delimitada, del consumo compartido. La conciencia de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el comportamiento de que se trate, ni tampoco el conocimiento de que genéricamente el hecho está castigado como delito. Los acusados bien pudieron entender que la inscripción definitiva suponía que se habían descartado las sospechas de ilegalidad que habían motivado la suspensión de la inscripción, y que, consecuentemente, su actividad no era ilegal. Las dudas a las que arribaron al tener conocimiento de la suspensión de la inscripción pudieron considerarlas resueltas al saber que finalmente se había producido, ignorando que había sido un efecto del transcurso del plazo y que el Fiscal no había emitido informe favorable. Es razonable, por lo tanto, concluir, que los acusados actuaron en la convicción de que su conducta se mantenía dentro de la legalidad y, habiendo sido inscrita la asociación, no tenían razones para procurarse mayor información.
Resumen: Engaño a la víctima, que necesitaba un préstamo, encontrándose de baja por depresión, no percibía ingresos y los plazos hipotecarios iban venciendo, la engañaron, haciéndole creer que recibiría un préstamo de 35.000 euros que podría devolver en un año y lo que le hicieron fue quitarle su vivienda por 28.500 euros, además de ocultarle y no entregarle un segundo talón por 78.500 que se hizo constar en la escritura para completar el precio que se designó, descontada la carga de la hipoteca. La sentencia analiza la posible indefensión por el alcance de la vinculación del órgano judicial al principio acusatorio, la declaración del testigo-perito y la aportación de documentos al amparo del art. 786.2 LECrim. Dilaciones indebidas: el plazo debe computarse desde que el procedimiento se dirige contra el culpable. No concurre y, en todo caso, la pena impuesta no puede tacharse de desproporcionada, máxime cuando pudo apreciarse no sólo la agravación del art. 250.1.1º CP, sino también la del art. 250.1.5º CP.
Resumen: Condena por delito de estafa continuada, agravada por la cuantía, pues el acusado compró productos y solicitó servicios de distintas empresas sin haber tenido el acusado, desde el inicio de la compra, intención de abonar el importe de los mismos siendo una de las adquisiciones de mercaderías superior a 50.000 euros. Individualización: cabe apreciar la continuidad delictiva en la estafa agravada del art. 250.1.5º CP. La pena ha sido motivada a partir de la cuantía de defraudada (muy superior a lo que sería necesario para la cualificación) y continuidad y número de perjudicados (quince empresas, se enumeran). Prescripción: no concurre pese a los cinco años de paralización, pues tratándose de estafa agravada sancionada con multa y pena de prisión hasta seis años (y por razón de la continuidad inclusive hasta siete años y seis meses de prisión), el plazo de prescripción a ponderar es de diez años. Analógica de cuasiprescripción: no concurre, pues además de no acreditarse una estrategia dilatoria en la acusación tendente a socavar a posibilidad de defensa, el tiempo transcurrido ya ha sido ponderado en las dilaciones estimadas como muy cualificadas. En todo caso, igualmente, el fundamento de una (dilaciones indebidas) y otra (cuasiprescripción) están lejos de ser disímiles con entidad bastante como para poder apreciar ambas sin incurrir en un no aceptable bis in idem.
Resumen: Condena por delito de prevaricación y falsedad documental. Se describen los hechos consistentes en el diseño de un plan orquestado dentro y en el entorno del Ayuntamiento de Marbella para conseguir aprobar una permuta de dos bienes, por la que el Ayuntamiento recibe un bien sobrevalorado y este entrega un bien infravalorado, para satisfacer los intereses particulares de dos personas y con claro perjuicio del Ayuntamiento. Se articula el procedimiento para la adjudicación injusta de los bienes por la permuta a sabiendas de su injusticia. Determinación para ejecución de sentencia del real perjuicio municipal. Principio acusatorio. Uso de la vía del art. 788.4 LECRIM ante la modificación de las conclusiones definitivas por el Fiscal. Presunción de inocencia.
Resumen: En el caso de sentencias de los TSJ, que resuelven recursos de apelación, el recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada en apelación, por lo que el control casacional se limita a verificar la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la violación denunciada en la segunda instancia y que se reproduce en sede casacional. El recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. El delito continuado aparece integrado por varias unidades típicas de acción que, al darse ciertos supuestos objetivos y subjetivos previstos en el art. 74 CP, se unifican en un solo comportamiento delictivo. De este modo, el delito continuado se constituye por varias actuaciones individuales típicamente relevantes pero que, por su unidad de dolo, son finalmente contempladas como una unidad jurídica a la que, ante la intensificación del injusto, se le aplica sin embargo una pena más grave que la que resultaría imponible a la unidad típica de acción.
Resumen: La jurisprudencia ha llamado negocios civiles criminalizados a aquellos acuerdos contractuales en los que uno de los otorgantes ab initio está determinado a no cumplir ninguna de las obligaciones prestacionales que se derivan de su formalización. De esa manera, fingiendo una voluntad de cumplimiento, provoca el engaño en la otra parte, consiguiendo a su favor un desplazamiento patrimonial que colma su propósito lucrativo. Esta modalidad de estafa nace "en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo. En el presente procedimiento el TS estima el recurso y absuelve al recurrente por cuanto la Audiencia Provincial no hace un examen valorativo del resultado ofrecido por las distintas fuentes de prueba.
Resumen: Enajenación mental: exención de la responsabilidad criminal de anomalía o alteración psíquica del art. 20.1 del CP. Precisa la sentencia que todos los elementos concurrentes en la actuación del acusado, sin lugar a duda, exteriorizan intenciones dirigidas a ocasionar la muerte de la persona agredida. Cuestión distinta es que el acusado, como consecuencia del brote maniaco-depresivo de un trastorno bipolar que padecía, tuviera anulada su capacidad de comprender la ilicitud de los hechos o de actuar conforme a dicha comprensión, lo que afectaba a su imputabilidad como presupuesto objetivo necesario para soportar el reproche de la culpabilidad. Compatible con dolo homicida y alevosía.
