Resumen: Si de los datos valorados, cabe afirmar que el autor actuó con conciencia del riesgo que creaba para la vida de la víctima, y a pesar de ello ejecutó su acción, la conclusión correcta es que estamos ante un delito de homicidio, al existir al menos dolo eventual respecto al resultado de muerte. El dolo de matar se deduce de distintos aspectos como la clase de arma utilizada y, de otro, el lugar de cuerpo elegido para el mencionado golpe, que ha de ser una zona vital, como la cabeza o el tronco, donde se albergan órganos cuya lesión puede determinar la pérdida de la vida humana. Para apreciar la alevosía, se exige: a) que se trate de un delito contra las personas; b) que el autor haya utilizado medios, modos o formas que sean objetivamente adecuados para asegurar el resultado; c) que con tales medios se pretenda evitar las posibilidades de defensa del perjudicado; d) y que, como consecuencia, la conducta revista un plus de antijuridicidad. Se ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial, basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado.
Resumen: El delito de falsedad no es de propia mano, de manera que se convierte en partícipe de su comisión aquel que se aprovecha de la mendacidad que hubiere ejecutado un tercero, si con ello convierte su acción en beneficiosa para los planes de aquél. Por lo tanto admite tanto la coautoría como la autoría mediata (a través de otro) y, naturalmente la inducción. Asimismo, desde el punto de vista de la prueba de la acción, se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos, la autoría mediata o la inducción para la ejecución de la falsedad. La "dilación indebida" es un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. La duración total del proceso a ha sido de cinco años, cuatro meses y unos días, con una causa que ha sido declarada compleja y con la actividad instructora que describe la sentencia de instancia, sin que se indiquen paralizaciones. Las expresiones empleadas "con el propósito de que prosperase la demanda interpuesta" y "para causar error en el juzgador", son expresiones utilizadas en el lenguaje común y no son técnicas en sentido estricto.
Resumen: Una ampliación en el relato histórico del escrito de acusación en relación con la descripción de hechos contenida en el auto de transformación a procedimiento abreviado, no implica siempre una mutación sustancial a los efectos del principio acusatorio y del correlativo derecho de defensa. No se incluía en la calificación provisional, con la mención de un perjudicado que no aparecía en el auto de Procedimiento Abreviado, nada que alterase, en lo fundamental, el objeto del proceso. La inutilizabilidad de una diligencia de investigación extemporánea no afecta, desde luego, a los presupuestos estructurales que condicionan su validez. De hecho, puede ser incorporada al debate del plenario si así se solicita por el Fiscal o cualquiera de las partes mediante la propuesta probatoria que cada una de ellas puede formalizar en sus respectivos escritos de acusación y defensa. No puede quejarse el recurrente del desarrollo del interrogatorio de los testigos portugueses tal como se desarrolló, porque admitió la traducción que ofrecía el presidente del Tribunal, porque, no obstante las deficiencias que observó, no formuló protesta, y, fundamentalmente, porque, pese a esas deficiencias, el mensaje que transmitieron ofreció la suficiente claridad como para comprender lo que declaraban. Se produce una repetición de acciones separadas por ocasiones temporales diferentes, más o menos distantes en su cronología. En este supuesto no hay unidad natural de la acción.
Resumen: Condena a los recurrentes por el art. 335.2 CP, por realizar actividad de caza en zona calificada de aprovechamiento cinegético especial como coto privado de caza mayor. Aplicación de la Ley de caza y la normativa autonómica de Extremadura al tratarse de precepto considerado como norma penal en blanco. Los recurrentes se fueron a cazar en terreno cinegético, que era coto privado de caza mayor, considerado cinegético de protección especial, pero sin autorización alguna de su titular. Quisieron aprovecharse de la zona para cazar sin derecho, permiso o autorización alguna del titular y hacerlo en zona cinegética en coto privado de caza. Existió un aprovechamiento del aprovechamiento cinegético, que compete en exclusiva al titular del coto, permitiendo el ordenamiento jurídico otorgar a los titulares de estos terrenos una especial protección ante situaciones como la descrita en los hechos probados, al entrar los recurrentes con todo el instrumental para cazar y desoír la expresa prohibición que sabían que tenían, porque eran cazadores que iban a cazar. Pero se aprovecharon del terreno calificado de una de las maneras que la Ley de caza y la normativa de Extremadura otorga a los terrenos protegidos frente a terceros que pretendan cazar. Queda clara la ofensividad y que la actuación excedió de la infracción administrativa.
Resumen: Abuso sexual a menor de edad. Infracción de precepto constitucional. Presunción de inocencia. Se desestima el primer motivo. La Sala ratifica la suficiencia probatoria. La declaración de la menor se ve corroborada por la declaración de su madre y de su abuela y por dictámenes periciales. Prueba preconstituida. El recurrente alega indefensión porque la declaración de la menor no se practicó en el acto del juicio, sino que se introdujo por vía del Art. 730 de la LECRIM. La Sala niega indefensión porque la alegación no se hizo en el acto juicio. Tampoco en el previo recurso de apelación. No pueden plantearse en casación cuestiones per saltum. Infracción de ley. El recurrente alega que no se puede aplicar la reforma del CP, operada por la LO 10/2010, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, porque no se puede acreditar que los hechos se prolongaran más allá del 23 de diciembre de 2010. El motivo se desestima. En los hechos probados se considera que los abusos sexuales se prolongaron hasta 2011. La conexión por continuidad, al producir una unidad jurídico-material, obliga a aplicar la norma vigente al momento de producción de la última acción que la integra, aunque se incorpore consecuencias más gravosas. Error en la valoración de la prueba basada en documentos. Artículo 849.2 LECRIM. Se desestima el motivo, porque se interesa una revaloración de la prueba, lo que excede del cauce casacional invocado.
Resumen: Cuando los diferentes actos naturales no presentan la inmediatez y proximidad propias de la unidad natural de acción subsumible en un solo tipo penal, pero tampoco alcanzan la autonomía fáctica propia del concurso real de delitos, habrá de acudirse a la figura intermedia del delito continuado. La unidad de medida que debe utilizarse para analizar si la sentencia no resolvió todos los puntos que hayan sido objeto de acusación y defensa no es la que marca la relación entre la alegación de la parte y el fundamento de la decisión, sino entre lo que se pretende y lo que se decide. La distinción entre alegaciones de las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, comporta que mientras que para las primeras basta una respuesta global o genérica, las segundas entrañan un deber cualificado de respuesta judicial. Cuando el hecho probado describe con claridad los elementos fácticos que sirven de base al juicio normativo de tipicidad se cumple la función pragmática de fijar en términos inteligibles los presupuestos fácticos del juicio normativo de tipicidad.
Resumen: El logotipo de dicha empresa y la dirección de la misma coinciden con el formato de documentos; y el informe grafológico indica que existe una alta probabilidad de que la falsificación la realizaría la acusada. La eficacia extraordinaria de la atenuante de dilaciones solo podrá aparecer ante una dilación "archiextraordinaria". En autos, el tiempo de tramitación de siete años ha merecido la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas como simple, sin que se detecte ni haya sido alegado algún otro marcador que deba ser ponderado además de ese tiempo de duración del procedimiento para la cualificación instada. Concurren, en sentido inverso, denegatorio de su mayor intensidad, las circunstancias ya expuestas en la sentencia recurrida, como fue la necesidad de practicar unas diligencias de investigación tendentes a esclarecer lo que primero fue denunciado como una desaparición. El carácter "claim made" del seguro contratado con la compañía (es decir, que la cobertura se activa con la reclamación, no con el hecho determinante de la misma), viene reconocido en diferentes apartados de la póliza. La cláusula "claim made" que invoca la recurrente, con previsión legal en el art. 73.2 LCS, es oponible al perjudicado, en cuanto configura los términos objetivos de la cobertura del contrato de seguro, al desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produzca la reclamación.
Resumen: Diversos indicios avalan la naturaleza ilícita de la adquisición del vehículo que se puso a nombre de la otra condenada: la naturaleza de la operación adquisitiva como idónea para integrar un supuesto de blanqueo; que no se trató de la utilización del dinero para el abono de lo que serían gastos ordinarios de consumo, que pudieran entenderse actos neutros; los indicios reveladores de que el capital con que se pagó el vehículo procedía de una actividad ilícita, concretamente, del tráfico de sustancias estupefacientes, dado el elevado nivel de vida mantenido durante años, la acreditación de gastos suntuarios mayoritariamente abonados en metálico, la incautación de importantes cantidades de droga, de dinero en efectivo y de útiles propios para su venta hallados en su domicilio. La finalidad de ocultación puede coexistir con otras distintas (como el alzamiento de bienes alegado) y está acreditada, pues, más allá de que se puso a nombre de su pareja y se destinó al uso familiar, se aprovechó la operación para completar el valor del vehículo con otros 27.000 euros. Se trata de un autoblanqueo que excluye la comisión imprudente. Sin embargo, se acuerda la absolución de la condenada, al no justificarse que ésta conociese de dicho concreto extremo, ni que infringiera ningún especial deber por no haberse cuestionado los pormenores de la operación.
Resumen: Así como la diferencia entre grupo y organización criminal es clara, para esclarecer la diferencia entre el grupo criminal y los supuestos de simple codelincuencia o coparticipación es conveniente tener en cuenta lo expresado en la Convención de Palermo al definir el grupo organizado: un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito. Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras de grupo ni de organización. Cuando el grupo u organización tenga por objeto la realización concertada de una actividad de tráfico de drogas integrada por una pluralidad de acciones de tráfico, aun cuando en estos delitos el conjunto de la actividad de tráfico pueda sancionarse como un delito único, por su naturaleza de tipos con conceptos globales (expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda consumado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir, sin embargo a los efectos de la tipificación del grupo u organización el tráfico reiterado de drogas debe considerarse como una actividad delictiva plural. La decisión judicial se encontraba suficientemente motivada y basada en indicios suficientes por remisión al oficio policial.
Resumen: Contradicción en los hechos probados: consiste en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos resultan incompatibles entre sí, de tal suerte que la afirmación de una, resta eficacia a la otra, al excluirse uno al otro, produciendo una laguna en la fijación de los hechos. Control casacional cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde evaluarla al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de casación le compete el control de la valoración realizada por el Tribunal de apelación en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia. Error de hecho, presupuestos. Abusos sexuales a personas con discapacidad. Se exige discernir si el contacto sexual mantenido por una persona con discapacidad psíquica deriva de su propia determinación o si, por el contrario, sólo encuentra explicación en la prevalencia abusiva del acusado que, conocedor de esas limitaciones, logró hacer realidad el encuentro que le permitió satisfacer sus apetencias sexuales. Para que exista el abuso sexual, el déficit intelecto- volitivo de la víctima debe de proyectarse necesariamente sobre la significación del acto sexual y sobre la capacidad de decidir del sujeto, con independencia de cuáles sean las motivaciones últimas que le lleven a mantener la relación. Se estima el recurso por considerar que existió un consentimiento válido.
