Resumen: El recurrente no cita una sola expresión o concepto de los hechos probados que implique predeterminación del fallo. El tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo -declaración del testigo víctima con aptitud suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y declaración de dos testigos presenciales que corroboran la versión de aquel-, válidamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada, y expresó de forma lógica el nexo entre aquella y los hechos que de ella extrae. El recurrente no expresa cuál es el supuesto error facti, basado en auténtica prueba documental, en el que incurre el relato de hechos probados ni propone redacción alternativa alguna, sino que se limita a exponer su propia valoración de la prueba. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el cabo recurrente increpó a la víctima, de su mismo empleo militar, lanzándole diversos insultos, acercándose a él en actitud amenazante hasta que llegaron a tocarse las caras y señalándole con el dedo, de forma que consiguió hacerle retroceder, amenazándole con que le iba a "escachar" la cabeza y retándole para que se vieran fuera del cuartel- se subsume adecuadamente en el tipo penal del delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares, en su modalidad de amenazas e injurias graves de un militar hacia otro de su mismo empleo en dependencias de las FF.AA. o en acto de servicio.
Resumen: La testifical de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar si va revestida de una motivación fáctica reforzada que muestre la ausencia de fisuras de fuste en la credibilidad del testimonio. En este contexto recuerda el triple test que establece la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del testigo víctima. No se está definiendo con ello un presupuesto de validez o de utilizabilidad. Son orientaciones que ayudan a acertar en el juicio, puntos de contraste que no se pueden soslayar. Eso no significa que cuando se cubran las tres condiciones haya que otorgar crédito al testimonio "por imperativo legal". Ni, tampoco, en sentido inverso, que cuando falte una o varias, la prueba ya no pueda ser valorada y, ex lege, por ministerio de la ley -o de la doctrina legal en este caso-, se considere insuficiente para fundar una condena. Cuando se trata de abusos continuados sobre menores por parte de personas de su entorno familiar, resulta en muchas ocasiones imposible identificar las fechas, las ocasiones y el número de acciones abusivas cometidas, precisamente por ello se recurre en estos supuestos a la aplicación del instituto de delito continuado. Para que la renuncia a las acciones civiles tenga una efectividad extintiva, debe ser formal, expresa y terminante, que no deje lugar a duda sobre su claridad y contundencia. El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado.
Resumen: Compatibilidad alevosía y atenuante de estado pasional. La alevosía no es incompatible con lo que la defensa del recurrente describe como una grave merma en el control de los actos ejecutados por el autor. La jurisprudencia de la Sala ha admitido, frente a lo que sostiene el motivo, la plena compatibilidad, no ya con lo que en la instancia ha sido etiquetado como un estado pasional, sino incluso en los supuestos de perturbación anímica, eximente incompleta de enajenación mental, con el trastorno mental transitorio, con el arrebato y en general con los estados pasionales. No es atendible la alegada incompatibilidad entre la agravante genérica de alevosía (art. 22.1 CP) y el tipo agravado de lesiones (art. 148.1 CP). Es indudable que la solución a esa convergencia habrá de ser resuelta caso por caso, huyendo de fórmulas jurídicas generales que pueden oscurecer los matices que la realidad ofrece en cada supuesto. El tipo agravado de lesiones a que se refiere el art. 148.1 del CP presenta una neta significación instrumental, basada en la peligrosidad objetiva del medio empleado. Por el contrario, la alevosía implica una estrategia comisiva que busca, ante todo, el aseguramiento de la ejecución. La individualización realizada por el Tribunal de instancia al amparo del art. 66.1.7 CP es correcta, por conforme con la jurisprudencia de la Sala Segunda.
Resumen: La sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador. La misión de un tribunal de casación, cuando conoce de la impugnación por denuncia del derecho a la presunción de inocencia, no es la de decidir el relato fáctico, ni elegir la actividad probatoria a valorar, sino controlar la función jurisdiccional realizada por otro tribunal que ha percibido de forma inmediata la prueba y para ello ha de examinar la existencia de una actividad probatoria ilícita y regular, la suficiencia de esa actividad probatoria como prueba de cargo capaz de enervar el derecho que asiste al imputado, y comprobar la racionalidad de la motivación. El escrito de conclusiones presenta una calificación alternativa, pues considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa, apropiación indebida y falsedad documental y solicita unas penas. Se olvida de hacer mención expresa al delito de apropiación indebida, pero, que así sea, no se puede entender que suponía que no se continuaba la acusación por este delito. La sentencia da respuesta a esa doble y alternativa calificación jurídica. En el escrito de conclusiones había un relato fáctico, al que se asoció una doble calificación jurídica, para cualquiera de las cuales la pretensión punitiva era la misma. No existe vulneración del derecho de defensa.
Resumen: Se admite la validez de las intervenciones telefónicas como prueba documental, sin necesidad de audición o de cotejo, siempre que no se interese por las partes, que se introduzcan en el juicio a través de los interrogatorios y sean sometidas a la contradicción del plenario. Las conversaciones intervenidas pueden ser aportadas también mediante transcripción, si bien su autenticidad sólo será incontrovertible si han sido debidamente cotejadas bajo la fe del Letrado de la Administración de Justicia. Se reseña la doctrina sobre la necesaria corroboración de las declaraciones héteroincriminatorias de los coacusados, siempre que se aporte algún elemento de corroboración externa. En relación con la atenuante de reincidencia, la acusación tiene la carga de acreditar el delito de la condena previa, su duración, la fecha de firmeza y de extinción de la condena. Sin embargo la simple alegación de que la certificación no es correcta no le priva de valor probatorio y será quien impugne el documento el que deba aportar los documentos que acrediten que cualquiera de los datos del certificado oficial es erróneo o inexacto.
Resumen: Se analiza el delito de robo con fuerza y se realiza una especial consideración a la agravante de multireincidencia. Establecido el previo recurso de apelación contra la sentencia de instancia, la jurisprudencia ha venido insistiendo en la necesidad de que las cuestiones que se plantean en casación lo hayan sido anteriormente en apelación. La existencia de un recurso previo de apelación impone la exigencia de que las cuestiones que se plantean en el recurso de casación lo hayan sido antes en aquel. Dicho de otra forma, en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. Estima el recurso y rebaja la pena impuesta.
Resumen: Condena la Audiencia al acusado, ahora recurrente, como autor de un delito contra la salud pública, de sustancias que ocasionan grave daño a la salud, en el subtipo atenuado previsto en el párrafo segundo del art. 368 del Código Penal, con la atenuante de drogadicción. El Tribunal Superior de Justicia ratificó tal fallo condenatorio. Valoración del testigo como prueba de cargo. Desde el plano impugnativo de la estricta infracción de ley, el motivo no puede ser estimado pues los hechos probados referencian la dedicación del recurrente a la venta a terceros de sustancias estupefacientes, aunque la pena de multa no esté correctamente impuesta. Y desde el plano de la consistencia de la inferencia, a la luz de las declaraciones del testigo, no puede ser tildada de irrazonable, ilógica o arbitraria, pues cuando admitía tal testigo que llevaba en su vehículo elementos con los que fabricar dosis de sustancias estupefacientes, que le habían sido proporcionados por el acusado para que se los guardase, a cambio de precio, en realidad, se estaba igualmente inculpando en un delito de tales características, por lo que la valoración de su testimonio por los órganos judiciales fue correcta. Igualmente expresó que el acusado le había vendido con anterioridad, en alguna ocasión, cocaína. En definitiva, la declaración del testigo ha contado con corroboraciones.
Resumen: El tocamiento sorpresivo y fugaz o momentáneo no excluye el abuso sexual, sino que, por el contrario, ha de ser considerado como delictivo en el tipo penal de abusos sexuales, apreciando caso por caso, y tomando en consideración el contexto del supuesto concreto. Los actos de tocamientos a menores en sus órganos sexuales que queden perfectamente descritos en los hechos probados con un evidente contenido sexual no pueden ser calificados en modo alguno como coacciones o vejaciones, sino como delito de abusos sexuales a menores. La exigencia de un elemento subjetivo distinto, concretado en el ánimo libidinoso, no resulta admisible, pues el legislador en la regulación del delito de abuso y agresión sexual no incluye ningún móvil distinto al dolo, elevado a la categoría de elemento subjetivo del injusto para su inclusión típica; basta que el sujeto conozca la transcendencia de su acción, el significado sexual de su conducta. El tipo subjetivo de abuso sexual exige el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que se ejecuta, lo que implica a su vez la conciencia de afectación del bien jurídico. Un contacto corporal inconsentido que tenga una significación indudablemente sexual implica un ataque a la libertad sexual. No puede compelerse a soportar un acto no deseado, sino que la propia configuración del acto, el ánimo tendencial que persigue y la naturaleza de la acción desarrollada, interesando zonas erógenas, constituye un ataque a la libertad sexual.
Resumen: Límites a la revocación de las sentencias absolutorias. Los recurrentes alegan que la venta de la empresa a un tercero, que procedió a su cierre, se realizó sin observancia de los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la posibilidad de revocar una sentencia absolutoria. No es posible valorar la prueba de nuevo, si no se concede audiencia al acusado. Pleno no Jurisidiccional de 19 de diciembre de 2012: la citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en La Ley. La revocación sólo es posible cuando el recurso se mueve dentro de los márgenes de la infracción de ley, es decir cuando se limita a corregir errores de subsunción. Consecuentemente, la única vía de ataque a la sentencia absolutoria es la infracción de ley. La parte recurrente introduce en su argumentación un elemento que no figura en el relato fáctico de la sentencia, relativa a la voluntad maliciosa del acusado, con la venta, de sustraerse a sus obligaciones laborales. Motivación lógica y racional sobre la que se construye el pronunciamiento absolutorio.
Resumen: En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación. Pero sí es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación si tiene cabida en uno de los motivos tasados de casación (arts. 849 a 852 LECrim) en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior de Justicia perpetua el defecto. Cuando se pone en duda la presunción de inocencia, este Tribunal ha de comprobar tres únicos aspectos: que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. Cuando se denuncia la ruptura de la cadena de custodia, ha de aportarse los datos objetivos que racionalmente puedan llevar a esa convicción, argumentando con datos que fundamenten la denuncia. Para apreciar la atenuante de drogadicción, no es suficiente con probar un consumo habitual. Tiene que estar afectada la imputabilidad.
