• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 4299/2021
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se considera delictiva toda relación sexual con personas que sufren trastorno mental (entre las que la doctrina ha incluido la debilidad mental), sino exclusivamente los supuestos de abuso. Y ese abuso puede afirmarse dado que el acusado abusó del retraso mental de la víctima para mantener actos de contenido sexual, consistentes en tocamientos en el pecho y en el sexo, en una ocasión le introdujo el dedo en la vagina, reiteradamente el pene en la boca e intentó la penetración vaginal y anal sin conseguirlo. No basta con el dato de que el sujeto pasivo padezca un trastorno mental: deberá además comprobarse que el sujeto activo ha abusado o se ha aprovechado de tal circunstancia para llevar a cabo el acto atentatorio a la libertad sexual. Hay diferencia de edad, y el acusado fue ganándose la voluntad de las víctimas manipulándolas con el señuelo del ofrecimiento y entrega de pequeñas cantidades de dinero, aprovechando su inmadurez psíquica que les impedía captar o discernir la significación y connotaciones sociales de las acciones de trato carnal por precio, en un caso, o de acceder por cantidades irrisorias a prestar el propio cuerpo para la elaboración de imágenes pornografías, a las que fueron empujados por el ahora recurrente. No se trataba de comprobar si los afectados habían hecho uso de su capacidad de decisión en lo sexual en otros momentos; sino si el acusado había obtenido su consentimiento para esas concretas prácticas abusando de su discapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10262/2021
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la condena del recurrente -pareja de la madre de los niños-. En concreto, y sobre los déficits denunciados en relación con el testimonio de los menores, la Sala destaca que esto suele ser habitual en este tipo de sucesos en donde nos encontramos con un escenario de perversidad en el autor de los hechos sometiendo a un maltrato reiterado a modo de jerarquización de la violencia familiar y sometiendo a las víctimas a un estado de victimización permanente del que éstas no saben cuándo terminará. Asimismo, se confirma la condena de la recurrente; es obvio que si terceras personas extrañas a la familia advirtieron que los niños daban muestras de estar siendo maltratados, para la madre no podía pasar desapercibida semejante circunstancia. Lo que no integra ninguna suerte de cooperación necesaria por parte de ésta, ya que el acusado no precisaba de dicha cooperación para actuar como lo hizo; sino que su participación constituye un supuesto de comisión por omisión previsto en el art.11 CP. Por ello, se revoca la apreciación de la agravante de parentesco, pues se excluye la aplicación de la agravante de parentesco cuando se trata de un delito cometido por omisión, si ha sido esa relación de parentesco la que ha determinado la condena de la madre por revestir la "posición de garante" respecto de un hijo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3109/2021
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza la denuncia sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la suficiencia de la prueba practicada para su condena como cómplice en u delito contra la salud pública. Se descarta la vulneración del principio "in dubio pro reo".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 4463/2020
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En relación con esta circunstancia agravante recuerda que supone que el culpable ponga ese carácter público al servicio de sus propósitos criminales, de modo que, como tiene dicho gráficamente la jurisprudencia, en lugar de servir al cargo, el funcionario se sirve de él para delinquir. Se ha dicho que el plus de reproche que supone esta agravante y que justifica el plus de punibilidad se encuentra en las ventajas que el ejercicio de la función pública otorga para poder realizar el hecho delictivo, de suerte que, de alguna manera, se instrumentaliza el cargo para mejor ejecutar el delito. Pero, con independencia de esa perspectiva subjetiva como fundamento de la política criminal que lleva a establecer esa agravante, no puede olvidarse que del referido aprovechamiento deriva un indudable daño también para la función pública al instrumentalizarla para fines ajenos a los que la legitiman. En el caso concreto, el condenado, para la confección de un mandamiento judicial falso, se valió de una citación judicial válida, que había sido recibida en las dependencias de la Guardia Civil y del sello utilizado en las citadas dependencias (al que tuvo acceso en su condición de agente de la Guardia Civil). Por ello, el TS estima bien aplicada la circunstancia agravante de prevalimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1109/2021
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia se ha decantado por considerar que las exigencias del artículo 383 del Código Penal quedan colmadas con la negativa a la segunda medición prevista en la normativa administrativa; también cuando la primera arrojó un resultado positivo. Estamos ante una única prueba cuya fiabilidad plena (aspiración del proceso y de la justicia penal y no solo garantía del imputado) requiere dos mediciones con un intervalo de tiempo. Sin esas dos mediciones la prueba está incompleta reglamentariamente. La prueba reglamentada consta de dos mediciones con un intervalo de diez minutos. Si no se desarrolla así, no se respeta la legalidad reglamentaria. Cuando el artículo 383 del Código Penal está hablando de comprobación está pensando no en la averiguación de una supuesta infracción criminal concreta. Quiere describir en abstracto a qué pruebas se está refiriendo; esto es, a las establecidas en la ley para comprobar las tasas de alcoholemia. No es necesario que se trate de pruebas imprescindibles in casu. Sin duda la negativa radical a priori es muestra de una rebeldía mayor y podrá merecer una penalidad mayor. Pero esta apreciación no lleva a expulsar del tipo penal lo que también es una negativa en tanto la prueba no puede realizarse en su integridad cuando el sometido a ella se niega a su segunda fase. No es necesario que quien se niega lo haga con la finalidad de encubrir una infracción del artículo 379 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 4036/2020
  • Fecha: 23/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Al delito de abandono de familia por impago de pensiones, se le ha catalogado en ocasiones como delito de tracto sucesivo acumulativo, planteándose también la conveniencia de reputarlo como un delito permanente, que, ciertamente, excluiría los supuestos de continuidad delictiva. Prescripción civil y prescripción penal son instituciones distintas y disciplinadas por regímenes diferenciados (significativo es por ej., que la prescripción civil solo es apreciable a instancia de parte, y la penal puede y debe decretarse de oficio) aunque tengan en último término una raíz común...ni toda la responsabilidad civil nacida de un delito se ejercita en el proceso penal (responsabilidad contable, supuestos de rebeldía o de reserva por el perjudicado, denegación de un suplicatorio, o fallecimiento del acusado); ni -y esto es lo relevante en este caso- todas las acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal constituyen responsabilidad civil ex delicto. El dato del marco procesal en que se ejercitan unas y otras no varía ni su naturaleza ni su régimen sustantivo, aunque pueda incidir indirectamente en algunas cuestiones. La responsabilidad civil nacida de delito, aunque se ejercite en un proceso civil, no pierde su específico régimen, lo que significa, entre otras cosas, que su plazo de prescripción no será de un año, sino de cinco. El abono de las cuantías adeudadas no constituye responsabilidad civil derivada del delito, sino presupuesto de la conducta delictiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 59/2021
  • Fecha: 22/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida contiene una minuciosa exposición tanto de los hechos que declara probados como de los fundamentos de convicción sobre su certeza, sin incurrir en contradicciones, confusiones u omisiones que impidan la correcta comprensión de la conducta atribuida al condenado. El tribunal sentenciador dispuso de abundante prueba de cargo, legalmente obtenida, válidamente practicada y valorada de manera razonable, lógica y no arbitraria. El informe médico del que pretende servirse el recurrente no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos para poder modificar el relato de hechos probados, pues no es el único ni inequívoco medio de prueba de que se sirvió el tribunal sentenciador, además de que de su contenido tampoco se desprende que, como consecuencia de su enfermedad, el paciente debiera ser eximido de residir en su domicilio habitual en su unidad. Del inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente estuvo ausente del domicilio habitual en su unidad militar en el que se le había autorizado su residencia durante el periodo de su baja laboral- se desprende la concurrencia de todos los elementos del tipo, al incumplirse los deberes de disponibilidad y sometimiento al control de los mandos, cuya observancia constituye el interés protegido por la norma. El tribunal sentenciador razonó adecuadamente tanto la conclusión de no entender concurrente la circunstancia de anomalía o alteración psíquica, como la extensión de la pena impuesta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 5325/2020
  • Fecha: 22/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Elección de la pena aplicable en función de la gravedad de los hechos, entre prisión o multa, aplicando después la circunstancia agravante de reincidencia. Se rehabilita la pena que se impuso en el Juzgado de lo Penal. Se excluye la infracción del principio non bis in idem cuando se eleva la pena conforme a los parámetros del art. 74.1 del Código Penal, y después se aplicar el art. 66-3º del propio texto legal. La razón es clara: el delito continuado es más grave que un delito único, pues se compone de una continuidad de varios hechos. Consecuentemente, si cada uno de los hechos de la continuidad por sí mismos son ya más graves que los del tipo básico, es lógico que la agravación por la continuidad no puede quedar sin contenido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10717/2021
  • Fecha: 22/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los requisitos para la condena en comisión por omisión son: posición de garante del acusado; conocimiento de esa posición; que la no evitación del resultado sea equivalente estructural y materialmente en el plano normativo a la modalidad comisiva activa; que el acusado tenga la capacidad y la posibilidad de evitación del resultado; y que su inacción albergue un componente doloso en cuanto a la consecución del resultado homicida. La circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP se refiere, entre los vínculos de parentesco, el de encontrarse ligado de forma estable por una relación de afectividad análoga a la conyugal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1849/2020
  • Fecha: 22/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Continuidad delictiva en los delitos patrimoniales: cuando de la aplicación del número 2 del art. 74 no se haya derivado modificación en la calificación de las conductas individuales que integran el delito continuado, entonces recupera su operatividad el art. 74.1 del Código Penal, determinando la necesidad de imponer la pena en su mitad superior, con posibilidad de elevar la pena hasta la mitad inferior de la pena superior. Es decir, cuando todas o varias de las conductas agrupadas como una única infracción continuada son constitutivas de delito por rebasar lo sustraído la cifra de 400 euros, la pena se impondrá conforme al núm. 1 del art. 74, en la medida en que del núm. 2 no se ha derivado agravación alguna y no hay, por tanto, riesgo de erosión del non bis in idem. Igual cabe decir de un delito continuado integrado por varias acciones en las que al menos dos rebasen la cuantía establecida en el art. 250.1.5 del CP, de manera que sobre la pena prevista para tal precepto habrá que imponer al menos la mitad superior por imperativo del art. 74.1 CP. No se admite en ningún caso es que la regla del art. 74.1, general, bloquee la calificación con arreglo a la previsión del art. 74.2 especial para los delitos patrimoniales. Se ensamblan ambas reglas cuando la consideración del total perjuicio causado no representa cambio agravatorio de calificación. En los otros casos cede la del art. 74.1. CP.

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