Resumen: El derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso de la quaestio facti, se concreta en el derecho a saber del tratamiento dado por el tribunal al material probatorio y del porqué del mismo. Consecuencia de la acumulación accesoria de la acción civil a la acción penal es que mientras no prescriba el delito, no prescribe la acción civil dimanante del mismo
Resumen: Alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Cuestion per saltum: no se formuló en ninguna de las instancias previas. Solo pueden debatirse en casación cuestiones que hayan sido sometidas al previo recurso de apelación. Existencia de prueba de cargo bastante. Infracción de ley: en instancia se consideró concurrente el dolo eventual a los hechos consistentes en la pérdida de la visión de un ojo a consecuencia de un puñetazo y se aplicó el delito de lesiones con deformidad. En apelación, se consideró un supuesto da concurso ideal de un delito del artículo 150 del Código Penal y de lesiones culposas. Diferencia entre la culpa consciente y el dolo eventual. Criterio normativo del dolo a partir de la sentecnia de 23 de abril de 1992. Se orilla el elemento volitivo, aunque no se descarte totalmente. Teorías sobre el dolo eventual: teoría de la probabilidad, teoría del consentimiento, teoría de la representación y teorías objetivizadoras. En el dolo eventual, el actor coocer el posible resultado lesivo y lo acepta mientras que en la culpa consciente lo rechaza. No se menciona en el hecho declarado probado que el puñetazo se dirigiese específicamente hacia el ojo, por lo que se estima que es un delito de artículo 150 en concurso ideal con un delito culposo. Sin embargo, pese a la existencia de concurso, los hechos no se degradan a lesiones básicas. Posibilidad de que de un puñetazo propinado en la cara se derive deformidad.
Resumen: Voto por correo. Derecho a un Juez o Magistrado imparcial. El derecho a un proceso con todas las garantías.
Resumen: Una letra de cambio que nace a la vida del comercio, y por consiguiente, del derecho, a través de una superchería, mutándose la firma del librado-aceptante en el lugar que corresponde, es un instrumento apto para inducir a error y provocar un desplazamiento patrimonial en el Banco que descontó la letra en la confianza fundada de que sería pagada a su vencimiento, sin que sea exigible a la entidad bancaria que analice en profundidad y hasta pericialmente cada letra que se le presente al descuento para asegurarse que las firmas de las mismas no han sido falsificadas, practica que perturbaría toda la fluidez que es propia del tráfico mercantil, el que se apoya en una fiducia que debe resultar de las relaciones aparentes y creíbles entre comerciantes. Hay supuestos limítrofes ente estafa y apropiación indebida. Si se prescinde de las maniobras engañosas empleadas por la acusada, que el tribunal sentenciador, a efectos de la subsunción jurídica, considera que fueron neutralizadas por el incumplimiento del banco de los elementales deberes de autoprotección, esto es, que el error no fue causado directamente por la acusada -lo que daría lugar a una estafa-; lo cierto es que la entidad bancaria ingresó en la cuenta corriente de la acusada y, por tanto, con pleno conocimiento de ésta, los tres cheques presentados con tal finalidad, cheques que no se pudieron cobrar por el banco por su ilícita procedencia (robo), tal hecho comportaba la obligación de devolución por parte de la acusada.
Resumen: Condena por dos delitos continuados de abusos sexuales sobre menores, dos hermanas, por parte de un amigo de la familia. Alega el recurrente predeterminación del fallo en relación a la apreciación del delito continuado, pero las expresiones utilizadas son comunes y en modo alguno sustituyen subsunciones jurídicas. Adecuación del delito continuo cuando se trata de abusos continuados sobre menores por parte de personas de su entorno familiar, donde resulta en muchas ocasiones imposible identificar las fechas, las ocasiones y el número de acciones abusivas cometidas, pues la actuación abusiva es reiterada y comienza a temprana edad. Responsabilidad civil: daño moral derivado del ataque a la dignidad.El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado, pudiendo constatarse un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, imposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad.
Resumen: Condena por un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada y lesiones. Se alega insuficiente motivación de la pena. Doctrina jurisprudencial sobre la motivación de la pena. La determinación de la pena está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente. Vinculación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la motivación de las penas. La determinación de la pena es facultad discrecional del órgano enjuiciador. Supuestos en los que es necesaria una motivación especial de la pena. En el supuesto objeto de recurso, la pena se exacerba en razón a la violencia desplegada contra las víctimas. Presunción de inocencia: contenido cuando se invoca en vía casacional. Se alega inexistencia de concierto entre los participantes y el empleo de disfraz por uno de los recurrentes y se sostiene la nulidad de las intervenciones telefónicas. El auto de intervención telefónica se basó en el hallazgo de huellas dactilares en la escalera de mano utilizada para acceder al piso. La Audiencia deduce la presencia del recurrente en el lugar de los hechos, y su concierto para llevar a cabo el robo, pero no su participación en los hechos violentos, aunque permaneció en los alrededores haciendo labores de vigilancia. Sin embargo, no se razona de dónde se deduce el conocimiento que el asalto se iba a llevar a cabo utilizando disfraz. Se estima el recurso por esta agravación para el recurrente y se adapta la pena consecuentemente.
Resumen: Análisis del art. 305 del Código Penal. Establece doctrina. Para calcular la cuota devengada y defraudada por el impuesto del IVA, no resulta oportuno descontar el IVA soportado si el sujeto activo del delito no lo hubiera abonado, siempre que el IVA correspondiente a aquella operación anterior no se hubiera liquidado como consecuencia exclusivamente de la actuación defraudatoria del acusado, pese a no ser sujeto pasivo del impuesto en ese tramo anterior de la cadena de valor. Dilaciones indebidas: atenuante muy cualificada. Duración del procedimiento de 7 años, con procedimiento previo de inspección tributaria y con demoras en el procedimiento penal imputables a la inactividad de la Administración Tributaria. Se estima parcialmente. Determina la cuota del impuesto del IVA defraudada y se aprecia muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Empresa encargada de la gestión y cobro de los impuestos de un Ayuntamiento. Presunción de inocencia: Alcance de su análisis en casación. No supone la sustitución de la valoración de las pruebas practicadas por la del órgano de casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Dilaciones indebidas: debe considerarse que una duración temporal superior a cinco años es un plazo irrazonable e inasumible. Criterios para la estimación de si concurren o no dilaciones indebidas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos procesales. Se exige para su aplicación con efectos de atenuante simple que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que excluye los retrasos que no merezcan estas calificaciones; y, además, que no sea atribuible al propio inculpado. Motivación de las sentencias: conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Error en la apreciación de la prueba. Requisitos que han de concurrir: los documentos citados por la parte recurrente están contradicho por otro tipo de pruebas o no son literosuficientes. Elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de prevaricación administrativa: exigencia de que haya una resolución administrativa. Se excluyen los actos que no tengan carácter decisorio. Exigencia de dolo directo. Interpretación del término a sabiendas: exige un dolo directo y conciencia de que se actúa contra el ordenamiento jurídico.
Resumen: Se rechaza la queja consistente en la falta de valoración de las declaraciones sumariales, cuya introducción en dicho acto debiera haber corrido de cuenta de la parte que hubiera tenido interés en ello. Doctrina de la Sala sobre la validez de las grabaciones de conversaciones efectuadas por particulares. No cabe cuestionar la constitucionalidad de la grabación realizada por un particular, como en el caso fue la madre de la víctima, por cuanto que carece de conexión instrumental con actuaciones investigatorias, como son las llevadas a cabo por autoridades con la finalidad de que surtan efectos en un proceso. Tratamiento del principio acusatorio: se acusa por un delito de agresión sexual y se condena por dos delitos de abuso sexual. En definitiva, no estando en duda la homogeneidad entre estos dos delitos y habiendo resultado más beneficiado penalmente el condenado, no hay quiebra del principio acusatorio. La apreciación del prevalimiento, fundado en la relación cuasi paterno-filial, es correcta. Diferenciación entre tocamientos episódicos y fugaces leves y abuso sexual. Doctrina sobre continuidad delictiva sobre menores en caso de no precisión de fechas exactas. Se rechaza la existencia de dilaciones indebidas como muy cualificadas.
Resumen: Bajo el rótulo de falta de claridad, se muestra disconformidad con la valoración de la prueba efectuada. La claridad en la definición de los hechos probados es el último eslabón en el derecho del acusado a conocer los hechos que se le imputan. Presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se invoca su vulneración en casación. Improcedencia de la valoración aislada de los elementos fácticos. Existencia de prueba de cargo bastante de naturaleza testifical y pericial, corroborada por profusa documental, acreditativa de que las operaciones ofrecidas eran ficticias. Valor documental de las fotocopias: doctrina jurisprudencial. Admisión de las fotocopias con las debidas cautelas. En el caso, la convicción se alcanza no por la fotocopia aportada sino por el testimonio de quien lo hizo. A los documentos sin firmas sólo se les atribuye valor corroborador. Derecho a la tutela judicial efectiva: valoración de la inverosimilitud de la declaración del acusado: no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo. Error en la apreciación de la prueba: los documentos citados no acreditan error. Estafa: concurrencia de los elementos del delito. Contratos criminalizados. Engaño bastante. Autoprotección: interpretación restricitiva. Compatibilidad de la continuidad delictiva y de la agravación por la cuantía. Individualización de la pena. Interpretación de la gravedad de los hechos. Atenuante de dilaciones indebidas. Autoría, coautoría y cooperación necesaria. Costas procesales.
