Resumen: Los gravámenes generados por la sentencia de instancia deben intentar repararse mediante el primero de los recursos devolutivos que lo permita. De no hacerse así, cabe presumir razonablemente que la parte ha renunciado a hacerlo valer. La casación no puede convertirse, por razones de oportunidad pretensional de la parte, en segunda instancia sin riego de desnaturalizar intensamente la función y la finalidad que cumple en el sistema de recursos. Tanto por el modo en que fue lesionada la libertad ambulatoria de la víctima como por la propia dinámica comisiva de los otros hechos delictivos, se produjo una profunda ruptura no solo funcional sino también normativa entre los distintos ilícitos que impide no solo la consunción pretendida sino también trazar la relación medial subsidiariamente interesada por el recurrente. Los hechos identifican una intención final y principal, por su duración e intensidad, de privar de libertad a la víctima, sin perjuicio de que se aprovechara su encierro para infringirle de manera cruel golpes, humillaciones y ataques a su intimidad e indemnidad sexual. Dicho aprovechamiento sobrevenido, situacional, oportunista para cometer delitos sobre la persona encerrada ni permite que estos absorban la antijuricidad de la lesión del bien jurídico de la libertad ambulatoria ni, tampoco, que se module el reproche mediante fórmulas concursales mediales. La detención, en el caso, se convirtió en un objetivo autónomo y diferente a los otros delitos cometidos.
Resumen: Teniendo en cuenta las circunstancias, concretamente el hecho de que fueron varios los conductores que, circulando correctamente, advirtieron al acusado, la conclusión de los jurados no solo es inteligible, sino que resulta la más lógica, en la medida en la que entendieron que, ante las sucesivas advertencias, lo natural era concluir que el acusado se percató de que conducía en sentido contrario. Y si, a pesar de ello, continuó conduciendo, sin reducir la velocidad ni adoptar ninguna medida de precaución, es igualmente lógico concluir que, al menos, manifestó indiferencia ante cualquier resultado gravemente dañoso que, con altísima probabilidad, podría resultar de una colisión frontal con otro vehículo. Tanto la decisión de los jurados, como la del Tribunal plasmada en la sentencia de instancia, están suficientemente motivadas. En el caso, no se ha infringido el principio acusatorio. El Ministerio Fiscal apreció la concurrencia de una circunstancia atenuante y solicitó una pena de 12 años y 6 meses de prisión. Ese era el límite máximo que el Tribunal no podía superar al individualizar la pena, límite que no quedaba afectado por la solicitud de pena inferior por otras acusaciones. Las máximas de experiencia conducen a sostener que, tras las reiteradas advertencias de otros conductores, el recurrente necesariamente se dio cuenta de que circulaba incorrectamente y continuó circulando. Existe prueba sobre las bases fácticas del dolo eventual.
Resumen: La cuestión de competencia territorial no puede suscitarse, per saltum, en el marco del recurso de casación y tras la celebración del juicio. No supone la vulneración del derecho al juez legalmente predeterminado la aplicación razonable, aunque discutible, de las normas de competencia. El art. 324 de la LECrim parte de la idea de que la fase fundamental dentro del procedimiento penal es el juicio oral, donde se deben practicar las pruebas. Considera que la instrucción debe servir para discernir acerca de la apertura o no del juicio oral.
Resumen: El hecho probado no ofrece la información necesaria para estimar que concurren, en la conducta de los acusados, los elementos típicos de las infracciones penales que les atribuían las acusaciones. Los márgenes que autorizan la facultad de revisión de sentencias absolutorias a través del cauce casacional de infracción de ley es muy restringido.
Resumen: La reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015 de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) habilitó la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las AP y la Sala de lo Penal de la AN. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde. Patinetes: la velocidad que puedan desarrollar es un dato esencial para incidir en el bien jurídico protegido (la seguridad vial). El enjuiciamiento de una conducción sin licencia ha de exigir la concurrencia en el factum de todos y cada uno de los elementos que configuran la conceptuación administrativa como ciclomotor, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 LSV. Deben constar en los hechos probados de la Sentencia aquellos elementos configurativos del vehículo con el que se circulaba, como lo es su potencia (tanto sea de motor de explosión como eléctrico), su velocidad máxima, si cuenta o no con sillín (y sus características), si tiene o no sistema de autoequilibrado, y cuantas características sean necesarias para su clasificación, lo que llevará a exigir que, para su uso, sea necesario obtener el oportuno permiso o licencia de conducción, y, en suma, a falta de los elementos documentales que consten en autos, sea precisa su categorización mediante el oportuno dictamen pericial que sea necesario para su determinación.
Resumen: Para apreciar el delito de prevaricación administrativa, esta Sala exige: 1) una resolución dictada por autoridad/funcionario; 2) que sea ilegal; 3) que la ilegalidad se manifieste en la falta de competencia; en la omisión de trámites esenciales del procedimiento; o en el propio contenido sustancial de la resolución sea de tal entidad que no pueda ser explicada; 4) que ocasione un resultado materialmente injusto; 5) 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. El Código Penal de 1995 ha clarificado el tipo objetivo del delito, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, al calificar como arbitrarias las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir aquellos actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho.
Resumen: Quebrantamiento de forma del art. 851.5 LECrim: no concurre cuando, como en el caso, uno de los Magistrados deliberó y votó, pero no pudo firmar la sentencia por encontrarse de baja prolongada. Error de tipo: se tuvo por acreditado que el acusado conocía la edad de la menor, según declaró la víctima, a quien se otorgó plena credibilidad. El hecho de que el Tribunal no haya estimado acreditada la violencia o intimidación en la relación sexual mantenida entre acusado y víctima, no determina necesariamente que igualmente deba tener por no acreditado el conocimiento por parte del acusado de la edad de la menor. Son hechos distintos. Cláusula exoneratoria del art. 183 quater CP: debe aplicarse en el caso. La diferencia de edad era de 7 años, pero debe atenderse: al grado de desarrollo y madurez del acusado; al desarrollo físico de la menor, que mantenía relaciones sexuales habituales con su pareja; a las páginas a las que accedía en internet y el contenido de los mensajes publicados; y a los actos y conductas previos de denunciante y denunciado en momentos inmediatamente anteriores a los hechos, de una forma que denota una mentalidad y madurez afín entre ambos. El modo de aproximación del acusado a la menor; el cortejo que mantuvieron al mismo nivel. Este comportamiento, junto con el intercambio de mensajes y fotos entre ellos, son datos reveladores de un grado de madurez y de desarrollo psicológico del acusado no muy distante del de ella.
Resumen: Condena por lesiones imprudentes por la lesión causada por parte de un agente de policía que en el curso de un acto de instrucción de defensa con empleo de arma simulada utilizó su arma personal cargada y con balas de forma irregular, e improcedente, así como imprudente, efectuándose un disparo en el acto de instrucción a una de las asistentes que le impactó en la pierna causándole graves lesiones y secuelas que constan en el informe médico forense. Concurrencia de imprudencia grave, al no haberse adoptado ninguna medida de precaución y prevención por el recurrente en un acto que así lo exigía, tanto desde un punto de vista objetivo, como subjetivo en la adopción de las medidas del deber de cuidado que se requieren en estos casos no solamente en un profesional, sino en cualquier persona que utilice un arma de exhibición, o enseñanza a unas personas que se encuentran presentes, ya que la ausencia absoluta de control acerca de si el arma estaba cargada, o no lo estaba, es una medida básica e indispensable que se debe exigir, y sobre todo a un profesional. Son delitos generalmente homogéneos los que constituyan modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que, estando contenidos todos los elementos del segundo tipo en el tipo delictivo objeto de la acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse. Aplicación del baremo orientativa en supuestos de una actuación imprudente ajena a la circulación.
Resumen: La pretensión de condena del acusado que ha sido absuelto mediante el recurso de casación, solo resulta posible si la infracción en la que se basa tiene una naturaleza jurídica. Es decir, que de los hechos declarados probados, sin añadir ningún elemento fáctico ni realizar nuevas valoraciones probatorias, sean identificables todos los elementos normativos y descriptivos que permitan el juicio de subsunción en el tipo que ha sido objeto de acusación. Para la comisión del delito de desordenes públicos resulta exigible, que el mensaje objeto del procedimiento contenga un mínimo de precisión respecto a las circunstancias espaciotemporales de producción del hecho delictivo que se incita a cometer. La acción debe conllevar un incremento apreciable del riesgo de que la incitación pueda resultar eficaz.
Resumen: La estructura del delito imprudente tiene dos elementos fundamentales: el psicológico (previsibilidad del resultado) y el normativo (deber de evitar el concreto daño causado). La operación de conexión jurídica entre la conducta imprudente y el resultado será objetivamente imputable a una conducta infractora de la norma de cuidado, siempre que, constatada entre ambos la relación de causalidad, pueda afirmarse que dicho comportamiento descuidado ha producido una situación de riesgo para el bien jurídico protegido, que se haya materializado en un determinado resultado lesivo. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a un proceso con todas las garantías, lo que supone permitir a la parte acusada la posibilidad de preparar su defensa en condiciones de igualdad de armas con la acusación y exige que el órgano jurisdiccional mantenga un equilibrio, concediendo a ambas del proceso la posibilidad de someter a debate sus pretensiones probatorias, sin que se produzca indefensión.
