Resumen: Con independencia del reparto de papeles o roles en la agresión, los tres acusados realizaron actos de naturaleza ejecutiva, siendo así obligado concluir que ante la, por todos aceptada, agresión por parte de uno de ellos con un bate de beisbol u objeto semejante en la cabeza de la víctima, los acusados, si no perseguían directamente provocarle la muerte, hubieron de forma necesaria de representarse dicho desenlace como altamente probable. No es solo el instrumento contundente empleado en la agresión por uno de ellos, con la aceptación de los otros, el que así lo revela; ni solo el lugar al que se dirigieron los golpes; sino también la descrita conducta posterior de los tres acusados. La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos. La superioridad, el desequilibrio de fuerzas, entre agresores y agredido, no solo procedía del mayor número de éstos (superioridad personal) sino también del empleo por uno de ellos, con la aceptación de los otros dos, de un instrumento particularmente ofensivo. Procede acordar la medida de libertad vigilada por un tiempo no superior a cinco años.
Resumen: La sentencia recurrida es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia en apelación. Replanteamiento de las mismas cuestiones que en apelación. Principio in dubio pro reo: máxima dirigida al órgano de enjuiciamiento para que se interprete la prueba favorablemente al acusado. Diferencia con la presunción de inocencia: esta última es una garantía procesal que se configura como derecho fundamental. Modificación de la antigua doctrina jurisprudencial que negaba al principio in dubio pro reo la posibilidad de su alegación en casación. Sólo se justifica su alegación en los casos en los que el Tribunal anterior haya reconocido dudas en la valoración de la prueba y se hayan interpretado en contra del reo. No puede determinar la aparición de dudas donde no las hay. El pronunciamiento condenatorio, en el caso concreto, no se basa en simples conjeturas, sino en auténticas pruebas. Alevosía. la vía casacional del error de derecho exige el pleno respeto de la declaración de hechos probados. Inexistencia en el fáctum de una previa pelea entre el acusado y la víctima. Además, se declaraba probado que la víctima estaba fuertemente embriagada y con sus capacidades de defensa severamente afectadas por ello. Elementos integrantes de la circunstancia cualificadora de alevosía. Atenuante de embriaguez: inexistencia de base fáctica adecuada para su apreciación. Correcta individualización de la pena atendiendo a la brutalidad de la agresión. Indemnización: fijación razonable de su cuantía.
Resumen: La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su punto de partida, pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia. La acusada tuvo que plantearse que el apuñalamiento con ese cuchillo en varias ocasiones y en la zona del tórax podía provocar un resultado lesivo de extrema gravedad, incluyendo la muerte, resultado que, aunque fuera no querido, aceptó previamente a ejecutar su acción, por lo que no cabe duda que, cuanto menos, actuó con dolo eventual. Concurrió el animus necandi en el comportamiento de la recurrente, que conlleva la imposibilidad de que los hechos sean calificados como un delito de lesiones en concurso con un homicidio culposo. No basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del Código Penal está basado en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anomalías o alteraciones psíquicas. De esta manera, no basta con identificar como elemento biológico o biopatológico, un padecimiento mental englobable bajo la amplia rúbrica de anomalías o alteraciones psíquicas, sino que, por grave que sea, es necesario relacionarlo con el hecho concreto cometido.
Resumen: Se condena por asesinato y robo con violencia. En apelación, con modificación de ciertos datos de los Hechos Probados, se suprime la alevosía y se mantiene la condena por delito de homicidio con abuso de superioridad. Se recurre esencialmente por presunción de inocencia. Se desestima
Resumen: En el delito de robo con violencia, si la que se ejerce es connatural a la dinámica comisiva de la sustracción, por inherente al robo, no ha de llevar mayor reproche que el que corresponda por este, y solo cuando haya una sobreabundancia en el despliegue de esa violencia, merecerá un mayor reproche, en cuyo caso habrá que valorar la intensidad de esa sobreabundancia, porque si la misma es menor, de manera que no alcanza la autonomía como para definir un delito distinto, cabrá hablar de abuso de superioridad en el delito de robo, debido a su relación con la violencia, pero si esa violencia, por su mayor sobreabundancia, permite dar sustantividad propia a otro delito en que se vea afectado un bien jurídico personal, al ser éste el que justifica la aplicación de la agravante, a él le deberá ser aplicada, sin que quepa nueva aplicación al delito patrimonial. Tener en cuenta dos veces esa misma circunstancia, cuando es igual su fundamento en ambos casos, supone una reduplicación con perjudiciales efectos, que no es tolerable. Es, en el elemento violencia, por ser lo que afecta al bien jurídico personal, donde se ha de atender a la hora de decidir sobre la aplicación de la agravante de abuso de superioridad, por más que estemos ante un delito patrimonial, lo que no han hecho las sentencias de instancia y apelación, para si, en función su intensidad, ésta alcanza la autonomía como para dar sustantividad a un delito propio, aplicar la agravante en éste solo y no en los dos.
Resumen: El error de hecho sólo pueda prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce la ley. La obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe y que se concreta a la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables. Ahora bien sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa , sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas.
Resumen: La falta de previsión de la doble instancia penal en el ámbito militar no puede provocar indefensión, por lo que el recurso de casación en el que se invoque infracción de la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia ha de permitir la revisión íntegra de la sentencia condenatoria, también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos de los recurrentes. La conducta inveraz imputada al primero de los condenados quedó acreditada por suficiente prueba directa -testificales y reconocimiento del propio acusado-, por lo que, al no albergar duda alguna el tribunal sentenciador respecto de los hechos que declaró probados, no puede aplicarse el principio in dubio pro reo. Resulta inviable el motivo basado en error facti, pues no se apoya en prueba documental alguna que soporte ningún error manifiesto y palmario con relevancia para modificar el relato fáctico y el sentido del fallo. La conducta del cabo legionario y de su esposa, dama legionaria, condenados por faltar a la verdad en sus explicaciones a los mandos para justificar un retraso de aquel en la presentación a la primera lista de ordenanza carece de la entidad y relevancia necesarias para su castigo como delito, tanto desde la perspectiva de la lesividad para el servicio, como desde la de la proporcionalidad, habida cuenta de la especial relevancia constitucional que ostenta la privación de libertad y de que, aun impuesta la pena mínima, esta se elevó a 6 meses de privación de libertad.
Resumen: Continuidad delictiva: La imposibilidad de concretar temporalmente los diferentes acometimientos sexuales que padece una menor a lo largo de un periodo dilatado de tiempo, durante el que el agresor aprovecha una relación cercana con él, no merman la fuerza incriminatoria de su testimonio. Prevalimiento: el autor se aprovechó de una relación de superioridad, no sólo comisiva, sino esencialmente de la superioridad moral derivada del rol de primo mayor que el acusado representaba, con las ventajas de todo tipo inherentes al mismo. No se trata de extender por esta vía el parentesco que el legislador ha fijado como determinante de la modalidad agravada, pues prescindiendo del mismo, lo relevante es esa superioridad que coloca al acusado en el polo superior de una situación asimétrica con el niño. Alteración psíquica: correcta apreciación de la Sala en lugar de una alteración de la percepción. Se admite su concurrencia como eximente incompleta y no como atenuante simple. Reparación: cantidad que no se ofreció a la víctima. Dilaciones: no se planteó en la instancia. No es un obstáculo insalvable, sin embargo, no es un proceder acorde con las reglas de la buena fe. Las vulneraciones de derechos han de ser denunciadas tan pronto como se conozcan; y al no haberlo hecho, el recurrente ha privado al Tribunal sentenciador de la oportunidad de proporcionar una respuesta razonada a lo planteado, y a las acusaciones la de combatir en la instancia sus alegaciones.
Resumen: En el dolo eventual el agente se representa el resultado como posible. En la culpa consciente no se quiere causar la lesión, aunque también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro pero se confía que no se va a producir el resultado. Los acusados no tenían la intención de provocar la muerte de su hija pero fueron conscientes de su malnutrición, de la situación de peligro en la que debido a ello se encontraba la menor y también que ello podría provocarle graves problemas de salud, e "incluso la muerte" dada la situación de absoluta indefensión de la misma por ser un bebé. Tal descripción en el hecho probado de la sentencia sí recoge elementos configuradores del dolo eventual. Obra con dolo eventual quien conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continúa realizando -u omitiendo- la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar, y aunque no persiga directamente la causación del resultado, no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidades de que se produzca. En la fundamentación jurídica del Tribunal Superior de Justicia, se contienen los presupuestos fácticos que le llevan a inclinarse, sin duda alguna, por un comportamiento de grave ignorancia e imprudencia, lo que está en contradicción con el mantenimiento del indicado relato fáctico. Procede declarar la nulidad de la sentencia al generarse indefensión al recurrente.
Resumen: Delito de abusos sexuales reiterados desde los seis años, de padre a su propia hija. La denunciante, víctima de los hechos, su madre y su hermano, se habían acogido a la dispensa de la obligación de declarar, del art. 416 LECrim., en el acto del juicio oral. El TSJ revoca parcialmente la sentencia recurrida, al estimar el recurso de apelación del acusado, entendiendo que tal acogimiento impedía tener por probados determinados aspectos como la introducción de sus dedos en la vagina de la menor, pero no la realidad de los abusos, que venían acreditados por prueba personal (testigos de referencia), una carta dirigida a su hija, muy explícita, y el propio perdón llevado a cabo en el trámite de última palabra. El testimonio de lo reproducido por la menor en sus conversaciones ante los testigos de referencia, no queda neutralizado por tal mecanismo procesal. Se podrá borrar del cuadro probatorio lo anteriormente expresado por quien se acoge su derecho a la dispensa, pero no se puede eliminar lo escuchado de ella por los testigos que depusieron en el juicio oral. Este fenómeno solamente ocurre cuando estamos tratando sobre prueba ilícita, de manera que tal ilegalidad contamina en cascada a las demás fuentes de prueba. Pero aquí no hay prueba ilícita, sino la utilización del derecho a no declarar contra un pariente.
