Resumen: No puede pretenderse que la imparcialidad suponga que el Magistrado-Presidente deba permanecer impasible ante alegaciones que puedan generar confusión, sino que las instrucciones han de ser el vehículo idóneo para corregir desviaciones o incorrecciones, y esto se puede y se debe hacer, señalando que es válido un material probatorio, sobre cuya validez ha habido debate en el juicio, sin necesidad de entrar a valorar el contenido de ese material, e indicando a los jurados que son ellos quienes han de realizar esa valoración, porque con ello les está indicando que eso que se ha cuestionado es un auténtico acto o medio de prueba, y que, por ser así, les autoriza a que lo valoren. De la valoración hecha por el Jurado se podrá decir que es sucinta, que no es ni más ni menos que lo que el art. 61.1 d) LOTJ exige al Jurado, pero lo que no se puede negar es que no sea certera y precisa, en cuanto permite apreciar con claridad el porqué de la decisión que toman, de manera que, si esto se pone en relación con la labor de complemento que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 LOTJ , le corresponde al Magistrado-Presidente, resulta perfectamente cumplido el requisito de motivación que, para toda sentencia, arranca del art. 120.3 CE. El Magistrado-Presidente debe tener en cuenta las explicaciones sucintas expresadas por el Jurado que complementará con sus propias consideraciones sobre la prueba de cargo tenida en cuenta por aquél. La sentencia de instancia cumple con dicho deber.
Resumen: La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de la casación consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado. El motivo de casación por error en la valoración de la prueba exige: a) que se funde en verdadera prueba documental; b) que evidencie algún error por su propio poder demostrativo; c) que el dato que el documento acredite no esté en contradicción con otros medios de prueba; d) que el dato sea importante para modificar, potencialmente, el fallo.
Resumen: Nueva concepción del recurso de casación tras la reforma Ley 41/2015. La misión es verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y TS sobre el alcance de revisión, motivación y validez de las pruebas. Atenuante de confesión tardía. El acusado reconoció los hechos en el juicio oral, cuando su autoría ya estaba acreditada por el resto de las pruebas. Defectos en la formalización del recurso e infracción art. 874 LECrim. Tenencia de moneda falsa para su expedición. Art. 386 CP. Alcance del tipo. La connivencia con el falsificador no es un elemento del tipo, sino criterio de individualización penológica. Tutela judicial y motivación de las sentencias. Principio in dubio pro reo. Atenuante de drogadicción. Requisitos para su apreciación.
Resumen: Inviolabilidad del domicilio. Motivación por remisión del auto que autoriza la injerencia. Párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal: no puede hablarse de escasa entidad cuando el delito se comete empleando una cierta infraestructura material y personal (narcopiso). Predeterminación del fallo. Error en la valoración de la prueba basado en documentos que obran en las actuaciones y que no resulten contradichos por otros elementos probatorios: exigencias.
Resumen: Apoderamiento de pendrive con grabación de escenas de contenido erótico grabadas en una fiesta y reclamación de cantidades de dinero bajo amenaza de difundir las mismas. La recurrente se apoderó en sentido material y sin consentimiento de su propietario, conducta que ambos preceptos contemplan, del dispositivo que no le pertenecía y que alojaba la grabación videográfica de escenas de alto contenido sexual, susceptibles de afectar a la intimidad y la imagen de quienes las protagonizaban. El pendrive, en cuanto dispositivo electrónico de almacenamiento de datos, encaja holgadamente en el concepto de documento que diseña el artículo 26 CP y a la vez encuentra acomodo entre los soportes "informáticos, electrónicos o telemáticos" a los que alude el 197.2 CP. El propósito de atacar la intimidad de quien aparecía como eje central de la actividad documentada y, colateralmente, el de las mujeres que interactuaban, y con él, el ánimo de perjuicio que esa última modalidad incorpora, fluyen con naturalidad del comportamiento de la recurrente, lo que resulta suficiente de cara a completar ambas tipicidades. A la vulneración de la privacidad que supuso el apoderamiento de la grabación, siguió el ataque a otro bien jurídico con entidad propia para integrar un ilícito distinto, un atentado a la libertad, al sosiego, al equilibrio anímico del perjudicado, a quien se amenazó con difundir las imágenes si no se aviene a pagar una cantidad de dinero.
Resumen: Una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. En ese marco de referencia encaja bien el triple test que se establece por la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del testigo víctima -persistencia en sus manifestaciones, elementos corroboradores, ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva-. Si la probabilidad de que el resultado lesivo se produzca, a partir del comportamiento, activo u omisivo, desplegado por el autor, es alta o muy alta, obligadamente ha de concluirse que el mismo debía conocerla (la alta probabilidad) y aceptarla o asumirla (por elevada) para el caso de que efectivamente se produjera. La imputación subjetiva del resultado a título de dolo (eventual), cuando de lesiones se trata, lo mismo que sucede en el ámbito propio del dolo directo, no demanda que el sujeto activo se represente y acepte, por altamente probable, el resultado exacto y concretamente producido (la lesión específica y particularmente causada, el tratamiento médico que demandara o las secuelas resultantes para la víctima a la fecha del alta médica), siendo bastante, en el marco normativo perfilado por el art. 149.1 CP, con que dicha representación abarque la alta probabilidad de una grave lesión, apta, en el caso que ahora nos ocupa, para integrar uno de aquellos delitos (pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido..., o una grave deformidad).
Resumen: La sentencia estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, y con base en ello, procede, al no concurrir la atenuante de reparación del daño y sí la atenuante analógica de drogadicción, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.1ª CP: imposición al acusado de la pena mínima por el tipo agravado de delito contra la salud pública (sustancias que no causan grave daño a la salud y notoria importancia) que prevén los artículos 368 y 369 del Código Penal; es decir la pena de tres años y un día de prisión. Reparación daño en el delito de tráfico de drogas.
Resumen: El delito de blanqueo de capitales no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos para ocultar o encubrir su origen ilícito. Las fases del delito de blanqueo de capitales son las siguientes: a) De colocación, cuando el dinero entra por primera vez en el sistema financiero vía, por regla general, en metálico a través de persona interpuesta que no es su verdadero titular; b) De encubrimiento o ensombrecimiento, cuando se efectúan acciones para la total ocultación de la fuente o propiedad de los bienes, maquillándose su origen, y c) De integración, cuando el dinero o los bienes, tras múltiples operaciones y transferencias, retorna al circuito financiero legítimo, convenientemente confundido o mezclado con otras actividades lícitas del sistema como puede ser la compra de bienes. Pero no tienen por qué agotarse las tres fases, ya que el aprovechamiento de los capitales blanqueados por su titular, formaría parte del agotamiento del delito. Las transferencias dinerarias a través de terceros son constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.
Resumen: Una falsedad, en cuanto alteración de la verdad del documento, realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial, público o mercantil, no puede homologarse analógicamente a la falsedad de un documento de la naturaleza que tenga el original, por lo que sólo podrá considerarse como una falsedad en un documento privado. Cuando se utiliza una fotocopia o reproducción fotográfica para simular la autenticidad de un documento, y disimular la falsedad, la naturaleza a efectos de la tipificación es la del documento que se pretende simular -en este caso documento mercantil u oficial- no la del medio empleado, pues lo que se falsifica no es la fotocopia -mero instrumento- sino el propio documento que se pretende simular. El delito de blanqueo de capitales no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos para ocultar o encubrir su origen ilícito. No resulta que el vehículo fuera adquirido con dinero procedente del tráfico de drogas, ni que la finalidad de su adquisición fuera la de ocultar o encubrir tales bienes. No consta pago con dinero procedente de la droga de tal vehículo, ni se expresa tampoco la procedencia delictiva de tal automóvil, existiendo, por lo demás, alternativas más favorables para el acusado. No es posible la concurrencia de los requisitos del delito de blanqueo de capitales.
Resumen: La jurisprudencia de la Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona y que con el castigo de las conductas atentatorias contra la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo sin que quepa "cosificarlo". La expresión manifestada a un compañero de clase, de 12 años, al que preguntó "¿Tú te acostarías con ella?, ¿no?, pues que tonto, aunque con esa personalidad tan insegura, yo tampoco", expresión, inequívocamente, impropia pero por ser ocasional en el marco de una duración docente larga, es procedente apartarla de la tipicidad. Ya señalamos que es factible la comisión delictiva a partir de un único hecho, pero, precisamente para obviar la exigencia de una permanencia, el trato, se requiere una mayor entidad en el hecho aislado que permita, por la gravedad del hecho realizar el menoscabo grave a la integridad que requiere el tipo penal. La conducta objetiva declarada probada, de tocamientos en zonas erógenas, hacen que la conducta se subsuma en el tipo penal de abuso sexual continuado de los artículos 74 y 181 del Código Penal. El criterio empleado para distinguirla de la que pudiera consistir en un delito leve de coacciones, han de encontrarse en la razonabilidad con la que una persona adulta considera que esos actos son intromisiones en el área de la intimidad sexual, susceptible de ser rechazadas sin mediar consentimiento.
