Resumen: Se analizan los elementos de la tipicidad del uso de armas y el disfraz: atraco a estafeta de correos. Agravante de reincidencia. Se analiza la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia: doctrina general. Se desestima.
Resumen: El deber de motivación debe abarcar tres aspectos relevantes: Fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena. Aun reconociendo que la motivación fáctica referida a los hechos configuradores del delito de apropiación indebida es escueta no puede afirmarse que la sentencia carezca absolutamente de motivación si el análisis de la justificación ofrecida por el tribunal se hace desde una lectura de conjunto de la sentencia, desde una perspectiva global. La sentencia tiene el mérito de hacer una descripción muy detallada de los hechos acreditados, descripción que en modo alguno es combatida en el recurso y dada la multitud de operaciones es lógico hasta cierto punto que la valoración de todas ellas se realice de un modo general. En este caso se produjo fue una tramitación lenta de la instrucción y de la fase intermedia con una duración de 8 años. Así las cosas, la apreciación de la atenuante como muy cualificada es procedente y la reducción de la pena en un grado es proporcionada y conforme con los criterios de esta Sala que exige para una reducción de pena mayor no ya una dilación extraordinaria sino una que exceda de lo extraordinario y que, por cualquier circunstancia, haya producido a los acusados un perjuicio adicional que en este caso no consta.
Resumen: Quebrantamiento de forma por contradicción interna en los hechos declarados probados. El recurrente descontextualiza ciertas expresiones contenidas en el relato de hechos probados, separándolas para que pierdan sentido. También señala frases supuestamente contradictorias, pero existentes en los Fundamentos Jurídicos. Requisitos de la vía casacional de contradicción en los hechos declarados probados. Ha de referirse a aspectos sustanciales, no irrelevantes. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Los documentos designados no son literosuficientes. Aunque el acusado hubiese abonado algunas cantidades a la querellante, éstas no se correspondían con las debidas. Además, la querellante no sabía que había otorgado poderes generales. Presunción de inocencia: alcance cuando se invoca en casación vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El órgano de casación debe verificar una triple comprobación: la existencia de prueba bastante, lícitamente practicada y racionalmente valorada. No autoriza a sustituir por entero la valoración del material probatorio. Retroactividad de las leyes penales más favorables en relación a los subtipos de bienes de primera necesidad y de especial entidad por la cuantía. Inexistencia de modificación alguna sustancial de los preceptos aplicados. Dilaciones indebidas: naturaleza y criterios para su ponderación. Apreciación como muy cualificada
Resumen: La falta de incorporación del derecho a la doble instancia penal en el orden castrense no puede producir indefensión a quien resulta condenado en la instancia, por lo que la casación, en tal caso, ha de permitir la íntegra revisión de la sentencia incluso en lo relativo a la culpabilidad y participación en los hechos del condenado cuando se invocan la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. La sentencia combatida realizó una correcta y atinada ponderación de la prueba de cargo -consistente en las manifestaciones del acusado, las declaraciones testificales y el informe sobre el estado de la silla de la que se dejó caer el condenado-, por lo que no incurrió en infracción alguna del derecho fundamental a la presunción de inocencia. La falta de duda por el tribunal sentenciador del carácter incriminatorio de las pruebas practicadas hace inaplicable el principio in dubio pro reo. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente se dejó caer voluntariamente de una silla de trabajo, golpeándose en la muñeca de su mano derecha, afectada por una condromalacia degenerativa, con la intención de dejar de prestar el servicio asignado- cumple todas las exigencias objetivas y subjetivas del delito de mera actividad aplicado, al resultar palmario el engaño desplegado por el sujeto activo, vinculado al incumplimiento del deber militar que le atañía, conculcando los bienes jurídicos tutelados por la norma -la disciplina y lealtad-.
Resumen: No concurre el error en la valoración de la prueba que se denuncia.Tampoco la atenuante de dilaciones indebidas, no basta con medir el tiempo desde el inicio de la causa (que no desde la fecha de los hechos) hasta la sentencia, ni que no haya sido consecuencia del comportamiento procesal de quien reclama. Se estima parcialmente el recurso. De entrada, no concurre la agravante del art. 250.1.4 CP, la grave situación económica de la perjudicada era preexistente, aunque se haya visto agravada por la conducta delictiva. Tampoco puede operar lo dispuesto por el art. 74.1 CP, en tanto que ninguna de las operaciones defraudatorias aisladamente consideradas sobrepasa esa cifra (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta de 30 de octubre de 2007). Finalmente, el subtipo agravado del art. 250.1 6º CP por abuso de relaciones personales, exige constatar una relación de confianza preexistente a la maniobra defraudatoria de la que se prevale el autor para la más fácil comisión de la estafa. No se detecta aquí ese plus que vaya más allá de lo naturalmente asociado a la mayoría de las estafas en que siempre se traiciona una confianza que en este caso no existía con anterioridad. Se busca y se gana como forma de realizar la estafa.
Resumen: El TS afirma, en el caso concreto, que el recurrente no ha sido condenado como autor de un delito de lesiones "por estar allí", ni por ser testigo mudo de la agresión protagonizada por otros. Antes al contrario, el ahora recurrente asumió un papel decisivo en la causación del resultado lesivo asociado a la lluvia de golpes que acabó, entre otras graves heridas, con la pérdida del ojo derecho por parte de la víctima. El acusado actuó como factor primigenio en el desencadenamiento de una agresión colectiva. Ese primer puñetazo en el rostro de la víctima representó un menoscabo de la integridad física de la víctima que, a su vez, puso en marcha la actuación de otros agresores que, impulsados por el mismo fin, quebrantaron el bien jurídico tutelado. Esa acción inicial contó, en definitiva, con el relevo de otros agresores que culminaron el ataque, sin que conste otra actuación en contrario procedente del acusado. Éste se sumó con su aquiescencia a una agresión colectiva de potencial gravedad.
Resumen: En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. Podríamos hablar de un exceso intensivo en la defensa por la repetición de las puñaladas, la intensidad de las mismas y el lugar al que fueron dirigidas, sin que se pueda hablar de situación de error alguno, pues nada al respecto se desprende del relato fáctico. En todo caso, se produce un exceso extensivo o impropio, bien porque la reacción se anticipa o bien porque se prorroga indebidamente y la legitima defensa no puede apreciarse en ninguno de estos casos, ni como completa ni incompleta. El reproche penal se excluiría por el miedo insuperable ante el intenso temor o situación de angustia en que se sitúa al autor. No se ha demostrado que el acusado sufriese una situación de temor a perder su vida que afectase a su capacidad de decisión en alguna medida. Tampoco existe ninguna referencia fáctica que pudiera siquiera valorarse como un estímulo relevante a los efectos de poder analizar si alcanza las exigencias que necesariamente deben cumplirse para apreciar la atenuante de arrebato u obcecación.
Resumen: Indefensión: se alega haber tenido conocimiento tardío del procedimiento abierto contra él. La tutela judicial exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa. Requisitos que han de concurrir para que se dé un supuesto de indefensión. Debe tratarse de una efectiva y real privación del derecho de defensa. No basta con la realidad de una infracción procesal. Esto implica que quien la alega debe demostrar la existencia de indefensión. La indefensión ha de ser atribuible al órgano judicial. Las pruebas deben ser practicadas en presencia del acusado, en la vista pública, con el fin de que puedan ser confrontadas. El principio de contradicción no solo rige en el plenario sino también en la fase de instrucción o sumarial. El retraso en conocer la acusación en su contra es imputable solamente al querellado. El acusado nunca alegó indefensión y pudo proponer la prueba que estimó necesaria. Infracción de ley: concepto penal de funcionario. El laboral contratado para ejercer sus funciones en un organismo público, adquiere la condición de funcionario. Diferencias entre el dolo penal y el dolo civil. Negocio jurídico criminalizado. Determinación de la suficiencia del engaño. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. No autoriza a una revaloración de la prueba. Presunción de inocencia: alcance de estudio, cuando se invoca en casación. Triple comprobación a practicar. No es posible sustituir la valoración del Tribunal de instancia.
Resumen: El bien jurídico protegido por el delito de alzamiento no es tanto el derecho de crédito que nace de una concreta relación jurídica o contractual, sino la propia seguridad del tráfico jurídico mediante el fortalecimiento del principio de responsabilidad universal para el cumplimiento de las obligaciones que se consagra en el art. 1911 CC. De ahí que la naturaleza del delito sea de mera actividad y que la lesión, o no, del crédito en concreto quede fuera de la descripción típica. Pero, apunta la sentencia del TS, el ordinal segundo introduce, frente a la regulación histórica del delito de alzamiento, una modalidad de acción, que extiende el espacio de prohibición a la realización de todo negocio jurídico que dilate, dificulte o impida la eficacia de un procedimiento en curso o de inminente activación de embargo, apremio o ejecución judicial o extrajudicial. Es cierto que dicha modalidad de conducta alzadora no comporta una suerte de prohibición general de disponer o un mandato de inmovilización patrimonial mientras dure o hasta que se inicie el proceso de ejecución por las deudas prexistentes. Pero siempre y cuando los negocios que se realicen generen nuevos activos que no provoquen el resultado de "frustración ejecutiva" prohibido. La previsión legal de niveles de punición diferenciados entre el autor y el cooperador necesario obliga a justificar, para excluir la degradación punitiva del artículo 65.3 CP, las razones que permiten identificar un mismo nivel de antijuridicidad.
Resumen: Los hechos probados narran un episodio de violencia de género en el matrimonio compuesto por el acusado y su víctima. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso confirmando íntegramente la sentencia de instancia. Se alega la vulneración de la presunción constitucional de inocencia, referenciada, en ocasiones, con la censura del derecho a la tutela judicial efectiva, por falta de motivación, sobre cada uno de los delitos por los que se le ha condenado. Declaración de la víctima: parámetros subjetivos, objetivos y temporales. Corroboraciones: análisis. Fases de la valoración probatoria: 1. Inmediación. 2. Valoración singular de tal rendimiento probatorio: significa trasladar lo expresado a conocimiento judicial, cristalizando en el contenido de su declaración. El Tribunal refleja aquello que resulta de utilidad para el enjuiciamiento de la causa; y se refuerza mediante otros elementos, como el grado de credibilidad en la prueba testifical o el índice de fiabilidad en la pericial. 3. Apreciación probatoria plural: las diversas fuentes probatorias, convergen en un ejercicio racional de convicción judicial. Pruebas directas e indirectas se entrelazan en esta misión, con objeto de dar por probado un relato de lo sucedido, que constituya paso previo para verificar una subsunción jurídica. 4. Todo este recorrido debe ser justificado mediante el ejercicio judicial de racionalidad, motivando cada uno de los pasos citados.
