Resumen: Presunción de inocencia. Declaración de la víctima. Incredibilidad subjetiva por enemistad. Persistencia. Error en la apreciación de la prueba. Art. 849.2 CP. Requisitos: no afecta a elementos esenciales y trascendentes para la subsunción. Indebida aplicación art. 467.2 CP. Deslealtad profesional. Requisitos. Solo hubo simples demoras y no se causó perjuicio alguno a la denunciante. El perjuicio puede ser tanto económico como moral. En dos supuestos la recurrente no realizó actuación profesional. Delito continuado y unidad de acción. Distinción. Requisitos delito continuado. Delito doloso o imprudente. Distinción dolo eventual y culpa consciente. Extensión de la pena. La sentencia incurre en un error al imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía. El mínimo de la mitad superior, al ser delito continuado, es 2 años y 6 meses. Atenuante de reparación. La acusada se limitó a devolver la provisión de fondos, siendo la cantidad reclamada y la fijada en sentencia como indemnización muy superior. Dilaciones indebidas. Doctrina de la Sala. Atenuante analógica de cuasiprescripción. Presupuestos para su aplicación. No concurren. Indemnización del daño moral. No precisa una determinación objetiva, ni concretarse en alteraciones patológicas o psicológicas.
Resumen: El control casacional de la presunción de inocencia se centra en constatar la existencia de una actividad probatoria sobre todos los elementos del tipo penal, con todas las garantías, de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. El animus necandi comprende tanto el dolo directo como el eventual. En el primero, la acción viene guiada por la intención de causar la muerte; en el segundo, tal intención no puede ser afirmada, si bien el autor conoce los elementos del tipo objetivo, de manera que sabe el peligro concreto que crea con su conducta para el bien jurídico protegido, a pesar de lo cual continúa su ejecución, bien porque acepta el resultado probable o bien porque su producción le resulta indiferente. Los requisitos para la apreciación de la atenuante de dilaciones como muy cualificada requiere, que la dilación sea indebida; extraordinaria; y no atribuible al propio inculpado. También se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa. Para su apreciación como muy cualificada el retraso debe ser desmesurado, fuera de toda normalidad.
Resumen: Condena de agente de entidad bancaria. Confesión muy cualificada: no procede al no existir un reconocimiento pleno de los hechos, sino negativo en hechos sustanciales y que se refieren a la cuantía más relevante de la estafa piramidal. No se trata de que en un momento determinado haya recapacitado y reflexionado de lo que estaba haciendo procediendo a la devolución inmediata, sino que cuando el desenlace final no es otro que el de la reclamación penal por el ilícito penal provoca la confesión que solamente puede tener el carácter de simple. Reparación: no concurre ningún esfuerzo reparador, sin que por tal pueda tenerse una genérica afirmación de poner a disposición de los perjudicados los bienes embargados, ni el juzgado debe llevar a cabo colaboración alguna para tasar bienes y facilitar su venta. Indemnización: no cabe ninguna compensación con las cantidades que en concepto de "intereses" fue entregando el condenado, ya que ello es lo que propició la continuidad delictiva, como parte del engaño desplegado para cometer la estafa. Responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria: el condenado actuaba como agente de la misma, lo que era conocido por la entidad y se han excluido las cantidades correspondientes a entregas posteriores a su cese. No se ha actuado bajo la tesis anglosajona del "Deep pocket"; no hay una especie de "búsqueda" de un "pagador solvente", sino una derivación de responsabilidad civil ex lege, en virtud de lo dispuesto en el art. 120.4 CP.
Resumen: Se condena por el juzgado penal al recurrente por delito del art. 384 CP confirmada por la Audiencia Provincial. Fue sorprendido conduciendo el último día de cumplimiento de la condena. Se alega presunción de inocencia y art. 849.2 LECRIM. No cabe admitir el motivo en la vía de los recursos ante sentencias de las Audiencias Provinciales resolviendo recursos de apelación ante sentencias de juzgados de lo penal. Solo cabe por infracción de ley ex art. 849.1 LECRIM. Infracción de ley ex art. 849.1 LECRIM. Se alega error de tipo o de prohibición del art. 14 CP por entender que consideró que ese último día podía conducir, más aún cuando el juzgado de paz le avisó de que compareciera a recoger el permiso de conducir. No cabe alegar el error en estas circunstancias. El último día está incluido en el cálculo del cumplimiento de la pena. Los hechos probados recogen que el recurrente conocía la extensión y duración de la pena desde el día de inicio al de término, y, pese a ello, lo infringe, porque es sorprendido el mismo día de término que estaba incluido en el cómputo. Planteándose por infracción de ley ex art. 849.1 LECRIM no se respetan los hechos probados.
Resumen: Presunción de inocencia: alcance del control casacional. El control de la calidad concluyente de la inferencia debe de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo, y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio, de modo que sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. Alevosía sorpresiva: No se desvanece en supuestos de previo enfrentamiento, cuando el ataque mortal supone un cambio cualitativo en la disputa, de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en función de las concretas circunstancias del hecho. Esto es, existirá alevosía sorpresiva cuando, pese a existir un enfrentamiento previo entre los implicados en los hechos, se produzca un cambio en la potencia agresiva del sujeto activo que resulte letal e inusitada para la víctima.
Resumen: Delito continuado de falsedad en documento oficial. Sentencia desestimatoria. Infracción de ley. Estudio del artículo 390 del Código Penal. Se recuerda: (i) que el delito de falsedad previsto y penado en el artículo 390 del CP exige la concurrencia del dolo, castigándose en el artículo 391 la comisión imprudente con una pena de menor entidad, (ii) que la mutación de la verdad debe poner en riesgo los bienes o intereses protegidos por el delito de falsedad documental, por lo que debería negarse su existencia cuando haya constancia de que tales intereses no han sufrido riesgo significativo de lesión, y (iii) que no es un elemento del tipo de falsedad que el sujeto alcance la finalidad pretendida con la actuación falsaria, pues basta la confección del documento en disposición de introducirse en el tráfico jurídico. La Sala concluye que en el presente caso sí concurre una alteración de la verdad, relevante penalmente, en cuanto que el agente actuante alteró el dato del lugar donde se comete la infracción, y esta alteración afectaba a aspectos esenciales del documento, en la medida en que determinaba la competencia para la sanción. La Sala también recuerda los requisitos que deben concurrir para considerar la unidad de acción y distinguirla del delito continuado.
Resumen: El recurrente defraudó a la Agencia Tributaria con pluralidad de operaciones de ventas del gasoil alterado en diferentes estaciones de servicio, principalmente ubicadas en lugares del sureste peninsular. Dejó de abonar el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Con el dinero obtenido del ilícito penal adquiere por sociedades con testaferros al frente, bienes inmuebles y vehículos. La sentencia concluye la suficiencia probatoria. Vulneración del principio de igualdad. Considera el recurrente absolutamente desproporcionadas las penas a las que se le condena, respecto a los demás acusados ya condenados en la presente causa. Afirma la sentencia que no puede pretenderse la igualdad de trato penal, cuando existe una desigualdad evidente en la funcionalidad y en la ejecución y responsabilidades del recurrente comparado con el resto de acusados en el proceso penal precedente. Cuestiona que se sancione el autoblanqueo por la fecha de los hechos cometidos. Análisis detallado de la doctrina de la Sala sobre el autoblanqueo y Acuerdo de Pleno del año 2006 al respecto. Estudio de la prescripción. Se recuerda al inexistencia de la continuidad delictiva en el delito de blanqueo. Dilaciones indebidas. Comiso de bienes.
Resumen: Delito de apropiación indebida. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La Sala, tras recordar las características propias del delito de apropiación indebida y establecer sus diferencias con el delito de administración desleal, estima parcialmente el motivo. Tras revisar la documental obrante en autos y el resto de la prueba practicada, concluye, con respecto a algunas de las cantidades por cuya distracción había sido condenado el recurrente, que no se había acreditado el ánimo de apoderamiento, de incorporación definitiva al propio patrimonio, que configura el delito de apropiación indebida. Atenuante de reparación de daño. Se recuerda la jurisprudencia de la Sala sobre la atenuante de reparación del daño y se señalan los requisitos que deben concurrir para su apreciación como muy cualificada. El motivo se estima. Se considera que concurre en el presente caso un particular valor cualificado en el acto consignativo que justifica la apreciación de la atenuante como muy cualificada. Dilaciones indebidas. Se señala que la duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, o por la actividad procesal desordenada o carente de justificación. Se estima el motivo.
Resumen: El tribunal de instancia efectuó una ponderación adecuada de los elementos de juicio que tuvo a su disposición, como se desprende de los hechos probados de la sentencia combatida, que acomodó su razonamiento y decisión al canon constitucional, con un discurrir lógico y racional, que avaló adecuadamente la condena del recurrente. El motivo del recurso relativo al quebrantamiento de forma por predetermianción del fallo resulta inviable, ya que en el relato de hechos de la sentencia se contemplan referencias a determinados preceptos sustantivos, pero estos están vinculados a un procedimiento precedente, cuya traída a colación resultaba imprescindible, habida cuenta de la naturaleza del delito de falso testimonio, cometido en el seno de ese procedimiento. El recurrente no trae a colación ninguna prueba documental relevante a efectos casacionales, mostrando un planteamiento genérico en el que se limita a cuestionar la valoración del acervo probatorio. Del relato de hechos probados de la sentencia recurrida, en correlación con los argumentos jurídicos contenidos en la misma al respecto, se desprende que el recurrente, en la declaración vertida en un proceso penal, incurrió en el delito de falso testimonio por el que fue condenado, al concurrir el tipo objetivo, consistente en la palmaria contradicción entre la realidad y lo por él expresado, limitándose el tipo subjetivo al conocimiento de dicha disparidad por parte del sujeto activo.
Resumen: El trastorno que padecía la recurrente era suficiente para justificar su baja médica temporal para el servicio o incluso su baja definitiva en las Fuerzas Armadas, pero ni le impedía cumplir las obligaciones que le incumbían como miembro en activo del Ejército de Tierra -en orden a la observancia de la normativa reguladora de la presencia, disponibilidad, localización y sometimiento al control de sus mandos y la más específica sobre determinación y control de bajas temporales para el servicio- ni le autorizaba a desentenderse por completo de dichas obligaciones mediante la decisión unilateral de dejar de dar noticias a los mandos de la unidad sobre su propia existencia, evolución de su enfermedad y disponibilidad, haciendo también caso omiso de las comunicaciones que de estos recibía. La pena impuesta de 2 meses y 1 día de prisión se ajusta a la primera alternativa de la regla penológica contemplada en el art. 68 CP para los casos de concurrencia de una eximente incompleta, complementada con la limitación prevenida en el art. 20 CPM, pues mientras que la primera obliga a reducir en uno o dos grados la pena mínima señalada por la ley para el delito cometido -3 meses y 1 día de prisión prevista en el art. 56.1 CPM para el delito de abandono de destino-, la segunda impide imponer pena de prisión inferior a 2 meses y 1 día, por lo que, en contra de lo alegado por la recurrente, el tribunal de instancia aplicó la eximente incompleta del art. 21.1. CP.
