• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3589/2019
  • Fecha: 07/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Diferencia entre imprudencia grave y leve. Es evidente que quien lanza con fuerza su puño contra el ojo de otra persona conoce que genera un grave riesgo para el bien jurídico (integridad física). Ello no obstante, lo importante es determinar si el peligro de que se produjera el resultado concreto ocasionado, perdida de la visión del ojo, era muy elevado y se configuraba como probable, así como sí el autor de la agresión conocía el nivel de riesgo en el momento de ejecutar la acción, y no obstante conocerlo la ejecutó asumiendo y aceptando el resultado. No puede compartirse la conclusión a la que llega el Tribunal de instancia en el sentido de que la acción del acusado no tenía que encerrar una considerable probabilidad de que el golpe determinara la pérdida de visión de un ojo en la víctima, pero ninguna de las partes lo discute. En el supuesto sometido a consideración la imprudencia es grave, el riesgo no permitido era notable y nula era la utilidad social derivada de la actuación del acusado. Este, además, al proyectar su puño directamente contra el ojo de la víctima, conocía la posibilidad de que el riesgo se concretara en un resultado especialmente grave, al tratarse de una zona delicada y frágil, aunque no se representara este resultado como probable ni pretendiera causarlo. El recurso se estima en lo atinente a la aplicación del art. 77.2 CP, la imposición de la mitad superior de la infracción más grave es más beneficioso para el reo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3525/2019
  • Fecha: 07/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nada se opone a calificar como blanqueo una conducta consistente en ocultar el origen delictivo de una cantidad de dinero utilizándola para hacer pago de deudas realmente existentes. Es circunstancia atenuante la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos, exigiendo expresamente que tal conducta tenga lugar en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Con esta previsión se reconoce eficacia en orden a la disminución de la pena a algunos actos del culpable posteriores al delito, que por lo tanto no pueden influir en la cantidad de injusto ni en la imputación personal al autor, pero que sin embargo facilitan la protección de la víctima al orientar la conducta de aquél a la reparación o disminución de los daños causados. Al exigir una conducta personal y voluntaria de la persona penalmente responsable, se han excluido los supuestos de consignaciones efectuadas por compañías de seguro y los de prestación de fianza requerida judicialmente. El Tribunal ha omitido fijar la responsabilidad personal subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices. De manera que establecidas las cuotas de las que responde cada uno, la responsabilidad solidaria se establece dentro de cada clase, y la subsidiaria respecto de las demás.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 17/2021
  • Fecha: 06/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La incongruencia omisiva exige que se esté ante la formulación de verdaderas pretensiones jurídicas a las que no se hubiera dado respuesta ni directa ni indirectamente. No invoca el recurrente ninguna pretensión a la que no se diera respuesta, sino un mero argumento sobre las características de la falsedad en que incurrió su conducta. No se aprecia ninguna valoración probatoria del tribunal de instancia contraria a la lógica. El bien jurídico protegido es la lealtad -entendida en el sentido de veracidad- en el servicio, lo que supone un deber de veracidad en los asuntos del servicio. Se trata de un delito de mera actividad que no precisa de resultado lesivo para el servicio. Aunque cuando las falsedades documentales son tan burdas, patentes o groseras que pueden ser advertidas fácilmente por cualquiera no tienen potencialidad para lesionar el bien jurídico protegido, en el caso sí resultó lesionado este, porque junto a la burda falsedad documental aportada por el procesado -un justificante médico sin sello y con una rúbrica de persona desconocida-, este incurrió también en una falsedad verbal que no tuvo nada de burda, pues llamó a su capitán y le habló del referido justificante médico que informaba del nacimiento de un hijo suyo, falsedad que fue suficientemente apta como para que se tramitara a su favor un permiso de paternidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 3914/2019
  • Fecha: 06/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nueva concepción del recurso de casación tras la reforma Ley 41/2015. La misión de la Sala es verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y TS sobre el alcance de revisión, motivación y validez de las pruebas. Pertenencia a grupo criminal. No es necesario que cada integrante participe en los hechos delictivos cometidos por el grupo. Prueba indiciaria. Requisitos. Análisis conjunto de los indicios. Grupo criminal. Distinción organización y codelincuencia. Proporcionalidad penas y principio de igualdad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 4085/2019
  • Fecha: 05/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo. Cuando se trata de viviendas, para aplicar el artículo 250.1.1º CP es necesario que quede suficientemente acreditado que la adquirida va a ser destinada a primera vivienda o vivienda habitual, única forma de considerarla un bien de primera necesidad.El aumento de injusto que justifica la agravación se produce cuando la persona perjudicada ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad. Cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos del tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3122/2020
  • Fecha: 02/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho de las partes a conocer y examinar las actuaciones procesales, plasmado en los artículos 118, 627 , 780.1 y 784.1 de la LECRIM no faculta conocer la investigación preprocesal que no se haya reflejado en las actuaciones. Tampoco existe un derecho a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de investigación policial desarrolladas en nuestros límites territoriales, como no lo hay tampoco a conocer la identidad de los agentes que hayan intervenido en la investigación. Coautoría: El acuerdo, especialmente en los delitos en que la ejecución es prácticamente simultánea a la idea criminal, se identifica con la mera coincidencia de voluntades de los partícipes, esto es, con lo que se ha llamado el dolo compartido. Existe tratamiento desde el punto de vista penal, en toda actividad tendente a la sanidad de las personas, si está prescrita por el médico, incluida la administración de fármacos o la fijación de comportamientos a seguir, donde el reposo como concreción de esos comportamientos, puede conformar por sí mismo el único tratamiento admisible para algunas lesiones. El elemento del tratamiento médico se debe entender de una manera normativa, en tanto su significado es el de caracterizar una forma de lesión cuya gravedad no es irrelevante; y en este sentido el tratamiento del dolor y la necesidad de reposo para permitir la curación también configuran una gravedad de la lesión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3564/2019
  • Fecha: 02/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No está legitimado un responsable penal para enarbolar en casación la pretensión de que se declare la eventual responsabilidad civil subsidiaria. Es parte pasiva. Su rol procesal viene constreñido a lo que es su propia y exclusiva defensa. Ni puede acusar formalmente a terceros (podrá argumentar que un tercero es autor para combatir la acusación formulada contra él; pero jamás podrá solicitar su condena); ni puede reclamar la condena como responsable civil de otros. Si se había abierto el juicio oral por un delito sancionado con pena superior a la que marca la competencia de los Juzgados de lo Penal, quien podrá absolver por tal delito es la Audiencia Provincial. No puede negarse su competencia para conocer los hechos así calificados y no se puede anticipadamente rechazar por motivos de fondo una acusación que ha traspasado el trámite de apertura del juicio oral. Que luego recaiga absolución por esa infracción no implica falta de competencia objetiva. Un escrito de acusación no ajustado a derecho no es nulo, si respeta los requisitos de forma. Podrá ser improcedente en sus peticiones, pero nunca nulo. En el juicio se dilucidará su corrección jurídica o no. No cabe la estafa básica porque con el engaño hacía frente a una reclamación pecuniaria. No buscaba obtener una prestación. Se ha falseado un documento con intención de causar un perjuicio. El art. 395 CP no solo es homogéneo frente a la estafa, sino que, además, era invocado formalmente por la acusación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3802/2019
  • Fecha: 01/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de la casación consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado. La existencia de un recurso previo de apelación impone la exigencia de que las cuestiones que se plantean en el recurso de casación lo hayan sido antes en aquel. Dicho de otra forma, en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. El motivo planteado por la vía del artículo 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10076/2021
  • Fecha: 01/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nuevo recurso de casación tras la reforma operada por Ley 41/2015: Ámbito. Imparcialidad judicial, subjetiva y objetiva. Doctrina TEDH, TC y TS. Intervenciones telefónicas a terceras personas utilizadas por los investigados. La previa identificación de los titulares no es imprescindible. Testigos anónimos y testigos protegidos cuya identidad no se revela. Doctrina TEDH y TC. Requisitos para poder erigirse como prueba de cargo: que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial de forma motivada; que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan evaluar la credibilidad del testigo; y que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá por si sola enervar la presunción de inocencia. Posibilidad de la valoración declaraciones anteriores en el procedimiento del Jurado. Análisis del art. 46.5 LOTJ y en relación con el art. 714 LECrim. Doctrina de la Sala. Publicidad del juicio oral, art. 649.2 LECrim. El juicio no se celebró a puerta cerrada, sino con restricciones debidas a la situación sanitaria generada por el Covid-19. Validez del testimonio de testigos de referencia. Motivación del veredicto. Distinción entre coautoría, cooperador necesario y complicidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10126/2021
  • Fecha: 01/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el acusado para cuestionar exclusivamente la motivación del jurado en la respuesta a tres de las posposiciones que fueron objeto de veredicto, que en su caso, podrían dar lugar a la estimación de una atenuante analógica de confesión. Cuando se trata de la motivación del objeto del veredicto, en la Sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado que no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. Basta con que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley. La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.