Resumen: El factum de la sentencia dispone que el acusado con un mechero procedió a quemar el material alojado en el interior de un contenedor destinado a la recogida de papel. Refiere que abrió la tapa de un contenedor de papel y utilizando un mechero le prendió fuego. Esa conducta la realizó con otro contenedor y al ir a realizar la misma conducta en un tercer contenedor fue detenido por unos vigilantes de seguridad que llamaron a la policía. El relato fáctico declara que los contenedores objeto del incendio eran de titularidad de la empresa y argumenta que es un hecho notorio que ésta era concesionaria en la prestación de un servicio público esencial. El TS, con acogimiento del criterio de la Sala de apelación, afirma que lo relevante de cara a la concurrencia del tipo agravado no es tanto la titularidad, pública o privada del contenedor, que la sentencia considera de titularidad privada de la empresa concesionaria, sino la afectación a la prestación al servicio público de la recogida de residuos cumpliendo así una previsión legal que califica de competencia esencial de la Administración Local. Desde la perspectiva expuesta, el contenedor sobre el que se realiza una acción de destrucción, que aparece dispuesto para la recogida de residuos, en el desarrollo de una competencia que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración tiene la consideración de bien de uso público o comunal.
Resumen: Condena de varios cooperadores necesarios en delitos de prevaricación y falsedad documental en relación con varias adjudicaciones de contratos públicos por el Ayuntamiento de Jerez. La sentencia analiza varias cuestiones ya resueltas en la STS 507/2020, de 14 octubre (Gürtel-primera época), en particular, sobre la validez de las grabaciones subrepticias realizadas por particular, efectos de la nulidad de las intervenciones de las comunicaciones de los abogados defensores, infracción de las normas de reparto de la AN, tramitación en piezas separadas de causas complejas o el acceso a la documentación de la causa a través de la plataforma Alfresco. Analiza, asimismo, las conductas supuestamente prevaricadoras, y acuerda la absolución de los recurrentes al ceñirse su participación a actos de ejecución de los acuerdos prevaricadores. Por el contrario, se confirma su condena por los delitos de falsedad, al haber participado en la elaboración de documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los acuerdos prevaricadores. Por último, se examina la posible prescripción de los hechos objeto de enjuiciamiento, el dies a quo de los mismos, con especial incidencia de los motivos aducidos por el Ministerio Fiscal en su recurso para defender la operatividad de la reforma del CO operada por la LO 15/2003.
Resumen: Es necesario que la denegación de la prueba suponga una verdadera indefensión. La apreciación de la atenuante de reparación del daño precisa que la reparación sea suficientemente significativa y relevante debiendo contribuir de modo eficiente y significativo a la efectiva reparación. La invocación de la atenuante de dilaciones indebidas requiere la determinación de las actuaciones procesales no ajustadas a una razonabilidad temporal. La atenuante de confesión precisa para su aplicabilidad que se produzca un acto de confesión por parte del sujeto activo, que debe ser veraz y mantenerse a lo largo de todo el proceso. Debe realizarse ante la autoridad y antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él. No cabe como regla general dictar segunda sentencia condenatoria o agravatoria como consecuencia de la estimación de un motivo apoyado en el art. 849.2º LECrim que en todo caso debe basarse en documentos literosuficientes. Debe interpretarse de manera extensiva la responsabilidad civil subsidiaria e incluirse en este caso que la actuación del agente financiero que actuaba con vigencia de su contrato debe dar lugar a la inclusión de la entidad para la que trabajaba como responsable civil subsidiario. Es preciso solicitar el complemento de la sentencia al órgano que la dicta, para formalizar un recurso de casación por quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva.
Resumen: En la estafa, el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe. No siempre es necesario exigir que el dolo sea antecedente. El engaño no tiene solamente una significación positiva, sino igualmente omisiva. Es obligación del recurrente, además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del documento que acrediten claramente el error, no siendo competencia de esta Sala de casación "adivinar" tales extremos. No puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida. Situación equiparable a la presente, en la que, aun cuando el desistimiento de un letrado no sea atribuible al propio acusado, se trata de un hecho que afecta al derecho de defensa, por lo que debe considerarse justificada la dilación que se produzca en la causa por este motivo. No existe falta de claridad ni contradicción en el relato fáctico. La cuestión relativa a la falta de determinación del beneficio personal del recurrente no afecta a la tipicidad de los hechos. No hay predeterminación del fallo. La concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, puede utilizarse legítimamente dentro del relato fáctico para dar mayor expresividad al relato, siempre que luego se explique como ha quedado acreditado dicho elemento.
Resumen: Se ha de considerar que una conducta es dolosa en los supuestos en que se representa el resultado dañoso de manera clara, y el ataque se produce en una zona vital del cuerpo. La atenuante de arrebato requiere que la reacción pasional o colérica provoque un estímulo provocador del disturbio emocional en orden a tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor, lo que no es predicable de los celos cuando no concurren situaciones especiales y patológicas de celopatía o celotipia. Respecto de la atenuante de confesión, para su apreciación, es preciso que se produzca un reconocimiento veraz de lo acontecido. En cuanto a la atenuante de reparación del daño es preciso que se hayan intentado reponer los perjuicios derivados de la acción delictiva de manera real y efectiva. La alevosía no exige de la efectiva eliminación de toda manifestación de defensa, sino que basta con que los medios, modos o formas utilizados tengan idoneidad para producirla y que se desplieguen con esa tendencia, lo que supone que no falta la alevosía cuando concurren intentos de defensa y es funcionalmente imposible obtenerla, porque los intentos defensivos son una mera reacción instintiva de quien no tiene escapatoria frente a la eficacia de un ataque ejecutado sobre seguro. La agravante de género no puede ser susceptible de una interpretación extensiva para su operatividad.
Resumen: El tipo de apropiación indebida no requiere como necesaria una previa liquidación, que solo ha sido exigida por la jurisprudencia de esta Sala en aquellos casos en los que la complejidad de las relaciones entabladas entre las partes con deudas y créditos recíprocos hacían imposible determinar la cantidad objeto de apropiación. En este caso no cabe hablar de relaciones complejas, ningún crédito podía mantener el acusado frente a la titular de los fondos, más allá de algún puntual gasto, una vez descontado que se hubiera acordado una retribución por sus servicios. Pero es que además, una vez requerido, el mismo presento su liquidación de cuentas, si bien no consiguió respaldar probatoriamente los conceptos que incluyó en la misma, razón por la que no ha sido aceptada. La apreciación de la continuidad delictiva no ofrece problema en el caso, pues los hechos se calificaron bajo las modalidades agravadas de los arts. 250.1.5 (defraudación superior a 50.000 euros) y 250.1.6 (abuso de las relaciones personales). Sobre las dilaciones indebidas, nada se argumentó sobre el particular, ni pidió a la Sala sentenciadora que recogiera dicha pretensión. Es cierto que en la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que el hecho de que no se haya suscitado previamente la cuestión en la instancia no es obstáculo procesal insalvable. Sin embargo, no es un proceder acorde con las reglas de la buena fe.
Resumen: La prueba practicada, de naturaleza indiciaria, fue bastante a fin de atribuir al acusado los hechos por los que fue condenado. La prueba indiciaria, indirecta o circunstancial presenta dos perspectivas relevantes para el control casacional: a) desde el punto de vista formal, deben constar los indicios o hechos-base plenamente acreditados que permitan acceder mediante un juicio de inferencia al hecho-consecuencia; el razonamiento de inferencia también ha de ser debidamente explicitado en la sentencia; y b), desde un punto material, el control casacional se contrae en la verificación de que existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
Resumen: Condena por delito continuado de falsedad en documento oficial tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal, en relación con el número 3º del artículo 390 del mismo Código, en concurso medial con un delito continuado de estafa tipificado en el artículo 248.1 del Código Penal. Se analiza la conducta de la recurrente que, con el fin de que por su empresa de camiones no se paguen varias sanciones de tráfico por exceso de velocidad por sus conductores, designa a un tercero que no trabajaba en su empresa ya, pero del que tenía sus datos, engañando a la Administración y causando perjuicio en el identificando y, además, cuando la Administración se dirige a la empresa de la condenada, por haber dado esta ese domicilio como el del identificado, falsea las alegaciones del mismo, haciéndose pasar por él firmando escritos como si fueran del mismo dirigidos a la Administración. Correcta individualización judicial de la pena. Análisis del art. 11 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Resumen: Atenuante de dilaciones indebidas. Se aprecia como atenuante simple.
Resumen: Registro domiciliario: la ausencia del letrado de la administración de justicia no constituye una violación del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio -al estar amparada la intervención domiciliaria por una autorización judicial válida, que es lo que se exige constitucionalmente- y en consecuencia no determina el efecto prevenido en el art. 11.1. LOPJ, por lo que nada impide que mediante otros medios de prueba complementarios se evidencie la ocupación de los efectos intervenidos en el domicilio registrado con autorización judicial, pudiendo suplirse tal defecto con la declaración de los intervinientes en el registro en dicho acto, por ejemplo, funcionarios de policía. La posibilidad de condenar o agravar la condena sin audiencia personal del acusado se reduce a los supuestos en que el debate planteado en segunda instancia versa sobre estrictas cuestiones jurídicas. Una detención ilegal, arbitrada e instrumentalizada como medio para perpetrar otro delito, pero cuya duración excede del estrictamente necesario para ejecutar el acto que integra este ilícito constituye un concurso medial. En el caso enjuiciado los agresores procedieron a "atarle de pies y manos con bridas", así como también a amordazarle para sofocar cualquier protesta o petición de auxilio. Trascendieron aquí el mero propósito de lesionar o menoscabar su integridad física, para, privándole de toda posibilidad de movimiento efectivo. Estamos ante un concurso medial.
