Resumen: La sentencia recurrida es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia en apelación. Replanteamiento de las mismas cuestiones que en apelación. Principio in dubio pro reo: máxima dirigida al órgano de enjuiciamiento para que se interprete la prueba favorablemente al acusado. Diferencia con la presunción de inocencia: esta última es una garantía procesal que se configura como derecho fundamental. Modificación de la antigua doctrina jurisprudencial que negaba al principio in dubio pro reo la posibilidad de su alegación en casación. Sólo se justifica su alegación en los casos en los que el Tribunal anterior haya reconocido dudas en la valoración de la prueba y se hayan interpretado en contra del reo. No puede determinar la aparición de dudas donde no las hay. El pronunciamiento condenatorio, en el caso concreto, no se basa en simples conjeturas, sino en auténticas pruebas. Alevosía. la vía casacional del error de derecho exige el pleno respeto de la declaración de hechos probados. Inexistencia en el fáctum de una previa pelea entre el acusado y la víctima. Además, se declaraba probado que la víctima estaba fuertemente embriagada y con sus capacidades de defensa severamente afectadas por ello. Elementos integrantes de la circunstancia cualificadora de alevosía. Atenuante de embriaguez: inexistencia de base fáctica adecuada para su apreciación. Correcta individualización de la pena atendiendo a la brutalidad de la agresión. Indemnización: fijación razonable de su cuantía.
Resumen: La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su punto de partida, pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia. La acusada tuvo que plantearse que el apuñalamiento con ese cuchillo en varias ocasiones y en la zona del tórax podía provocar un resultado lesivo de extrema gravedad, incluyendo la muerte, resultado que, aunque fuera no querido, aceptó previamente a ejecutar su acción, por lo que no cabe duda que, cuanto menos, actuó con dolo eventual. Concurrió el animus necandi en el comportamiento de la recurrente, que conlleva la imposibilidad de que los hechos sean calificados como un delito de lesiones en concurso con un homicidio culposo. No basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del Código Penal está basado en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anomalías o alteraciones psíquicas. De esta manera, no basta con identificar como elemento biológico o biopatológico, un padecimiento mental englobable bajo la amplia rúbrica de anomalías o alteraciones psíquicas, sino que, por grave que sea, es necesario relacionarlo con el hecho concreto cometido.
Resumen: Constitucionalidad del artículo 172.3 CP. Se tipifica la atmósfera de sometimiento y humillación a la que se somete a los integrantes del entorno familiar. La habitualidad a la que se refiere ese artículo es la reiteración de actos violentos, que conforman un clima de dominación. Usualmente se considera que se satisface esa exigencia con una tercera acción violenta, que se apoya en la aplicación analógica del concepto de habitualidad del artículo 94 CP para la sustitución de la pena. Otra corriente huye del automatismo numérico. Lo relevante es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento, siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. No es, por lo tanto, la pluralidad de actos violentos lo que determina la habitualidad, sino la permanencia del trato violento. Acreditación de ambiente de miedo: declaraciones de los hijos comunes y los informes psicológicos. Necesidad de motivación de la pena. Proporcionalidad de la pena: no se plateó en apelación. Motivación insuficiente de la pena impuesta que se aproxima al límite máximo. Sin embargo, la pena no se desvela exacerbada, atendiendo a la enorme duración de la situación de maltrato y el miedo que conllevaba. Pena por el delito de asesinato: correcta disminución de la pena en un solo grado por tentativa. Doctrina de la Sala sobre penalidad en la tentativa. Daños morales: correcta determinación.
Resumen: En el delito de robo con violencia, si la que se ejerce es connatural a la dinámica comisiva de la sustracción, por inherente al robo, no ha de llevar mayor reproche que el que corresponda por este, y solo cuando haya una sobreabundancia en el despliegue de esa violencia, merecerá un mayor reproche, en cuyo caso habrá que valorar la intensidad de esa sobreabundancia, porque si la misma es menor, de manera que no alcanza la autonomía como para definir un delito distinto, cabrá hablar de abuso de superioridad en el delito de robo, debido a su relación con la violencia, pero si esa violencia, por su mayor sobreabundancia, permite dar sustantividad propia a otro delito en que se vea afectado un bien jurídico personal, al ser éste el que justifica la aplicación de la agravante, a él le deberá ser aplicada, sin que quepa nueva aplicación al delito patrimonial. Tener en cuenta dos veces esa misma circunstancia, cuando es igual su fundamento en ambos casos, supone una reduplicación con perjudiciales efectos, que no es tolerable. Es, en el elemento violencia, por ser lo que afecta al bien jurídico personal, donde se ha de atender a la hora de decidir sobre la aplicación de la agravante de abuso de superioridad, por más que estemos ante un delito patrimonial, lo que no han hecho las sentencias de instancia y apelación, para si, en función su intensidad, ésta alcanza la autonomía como para dar sustantividad a un delito propio, aplicar la agravante en éste solo y no en los dos.
Resumen: El error de hecho sólo pueda prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce la ley. La obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe y que se concreta a la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables. Ahora bien sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa , sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas.
Resumen: Se condena por asesinato y robo con violencia. En apelación, con modificación de ciertos datos de los Hechos Probados, se suprime la alevosía y se mantiene la condena por delito de homicidio con abuso de superioridad. Se recurre esencialmente por presunción de inocencia. Se desestima
Resumen: La falta de previsión de la doble instancia penal en el ámbito militar no puede provocar indefensión, por lo que el recurso de casación en el que se invoque infracción de la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia ha de permitir la revisión íntegra de la sentencia condenatoria, también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos de los recurrentes. La conducta inveraz imputada al primero de los condenados quedó acreditada por suficiente prueba directa -testificales y reconocimiento del propio acusado-, por lo que, al no albergar duda alguna el tribunal sentenciador respecto de los hechos que declaró probados, no puede aplicarse el principio in dubio pro reo. Resulta inviable el motivo basado en error facti, pues no se apoya en prueba documental alguna que soporte ningún error manifiesto y palmario con relevancia para modificar el relato fáctico y el sentido del fallo. La conducta del cabo legionario y de su esposa, dama legionaria, condenados por faltar a la verdad en sus explicaciones a los mandos para justificar un retraso de aquel en la presentación a la primera lista de ordenanza carece de la entidad y relevancia necesarias para su castigo como delito, tanto desde la perspectiva de la lesividad para el servicio, como desde la de la proporcionalidad, habida cuenta de la especial relevancia constitucional que ostenta la privación de libertad y de que, aun impuesta la pena mínima, esta se elevó a 6 meses de privación de libertad.
Resumen: Continuidad delictiva: La imposibilidad de concretar temporalmente los diferentes acometimientos sexuales que padece una menor a lo largo de un periodo dilatado de tiempo, durante el que el agresor aprovecha una relación cercana con él, no merman la fuerza incriminatoria de su testimonio. Prevalimiento: el autor se aprovechó de una relación de superioridad, no sólo comisiva, sino esencialmente de la superioridad moral derivada del rol de primo mayor que el acusado representaba, con las ventajas de todo tipo inherentes al mismo. No se trata de extender por esta vía el parentesco que el legislador ha fijado como determinante de la modalidad agravada, pues prescindiendo del mismo, lo relevante es esa superioridad que coloca al acusado en el polo superior de una situación asimétrica con el niño. Alteración psíquica: correcta apreciación de la Sala en lugar de una alteración de la percepción. Se admite su concurrencia como eximente incompleta y no como atenuante simple. Reparación: cantidad que no se ofreció a la víctima. Dilaciones: no se planteó en la instancia. No es un obstáculo insalvable, sin embargo, no es un proceder acorde con las reglas de la buena fe. Las vulneraciones de derechos han de ser denunciadas tan pronto como se conozcan; y al no haberlo hecho, el recurrente ha privado al Tribunal sentenciador de la oportunidad de proporcionar una respuesta razonada a lo planteado, y a las acusaciones la de combatir en la instancia sus alegaciones.
Resumen: Una denegación del derecho a deducir en circunstancias que demuestran la existencia de un fraude fiscal por parte del sujeto pasivo que pretende disfrutar de este derecho no puede considerarse contraria al principio de neutralidad fiscal, ya que éste no puede ser válidamente invocado por un sujeto pasivo que ha participado deliberadamente en tal fraude y ha puesto en peligro el funcionamiento del sistema común del IVA. Para determinar si en los supuestos de fraude en los que la operación se ha ocultado a la administración tributaria, es posible considerar que las cantidades entregadas y recibidas no incluyen el IVA, para realizar la oportuna liquidación e imponer la correspondiente sanción. Los sujetos pasivos que hayan cometido un fraude fiscal consistente, en particular, en ocultar operaciones imponibles e ingresos relativos a las mismas no se hallan en una situación comparable a la de los sujetos pasivos que cumplen sus obligaciones en materia de contabilidad, de declaración y de pago del IVA. Por consiguiente, este principio no puede ser válidamente invocado por un sujeto pasivo que ha participado deliberadamente en tal fraude y ha puesto en peligro el funcionamiento del sistema común del IVA. La Administración tributaria puede denegar a un sujeto pasivo el derecho a la deducción del IVA cuando se acredita que actuó de manera fraudulenta para poder disfrutar de tal derecho.
Resumen: En el dolo eventual el agente se representa el resultado como posible. En la culpa consciente no se quiere causar la lesión, aunque también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro pero se confía que no se va a producir el resultado. Los acusados no tenían la intención de provocar la muerte de su hija pero fueron conscientes de su malnutrición, de la situación de peligro en la que debido a ello se encontraba la menor y también que ello podría provocarle graves problemas de salud, e "incluso la muerte" dada la situación de absoluta indefensión de la misma por ser un bebé. Tal descripción en el hecho probado de la sentencia sí recoge elementos configuradores del dolo eventual. Obra con dolo eventual quien conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continúa realizando -u omitiendo- la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar, y aunque no persiga directamente la causación del resultado, no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidades de que se produzca. En la fundamentación jurídica del Tribunal Superior de Justicia, se contienen los presupuestos fácticos que le llevan a inclinarse, sin duda alguna, por un comportamiento de grave ignorancia e imprudencia, lo que está en contradicción con el mantenimiento del indicado relato fáctico. Procede declarar la nulidad de la sentencia al generarse indefensión al recurrente.
