Resumen: Una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. En ese marco de referencia encaja bien el triple test que se establece por la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del testigo víctima -persistencia en sus manifestaciones, elementos corroboradores, ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva-. Si la probabilidad de que el resultado lesivo se produzca, a partir del comportamiento, activo u omisivo, desplegado por el autor, es alta o muy alta, obligadamente ha de concluirse que el mismo debía conocerla (la alta probabilidad) y aceptarla o asumirla (por elevada) para el caso de que efectivamente se produjera. La imputación subjetiva del resultado a título de dolo (eventual), cuando de lesiones se trata, lo mismo que sucede en el ámbito propio del dolo directo, no demanda que el sujeto activo se represente y acepte, por altamente probable, el resultado exacto y concretamente producido (la lesión específica y particularmente causada, el tratamiento médico que demandara o las secuelas resultantes para la víctima a la fecha del alta médica), siendo bastante, en el marco normativo perfilado por el art. 149.1 CP, con que dicha representación abarque la alta probabilidad de una grave lesión, apta, en el caso que ahora nos ocupa, para integrar uno de aquellos delitos (pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido..., o una grave deformidad).
Resumen: La sentencia estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, y con base en ello, procede, al no concurrir la atenuante de reparación del daño y sí la atenuante analógica de drogadicción, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.1ª CP: imposición al acusado de la pena mínima por el tipo agravado de delito contra la salud pública (sustancias que no causan grave daño a la salud y notoria importancia) que prevén los artículos 368 y 369 del Código Penal; es decir la pena de tres años y un día de prisión. Reparación daño en el delito de tráfico de drogas.
Resumen: Se podrá apreciar la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto; pues en esos casos la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece para la actuación administrativa concreta, en la que adopta su resolución. En el caso concreto, el TS afirma que, de conformidad con el factum, la acusada bloqueó deliberadamente el funcionamiento correcto de la Administración, cuyo impulso como Alcaldesa le correspondía, evitando de esta manera dar curso, como era su obligación, al procedimiento que propiciara la concurrencia de otras entidades y personas físicas distintas de la sociedad que inicialmente resultó beneficiada, integrada por parientes de su ámbito familiar más cercano.
Resumen: Ámbito de estudio en casación cuando se alega vulneración del principio de presunción de inocencia. El control casacional se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y la racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio, de manera que no es posible que el Tribunal de casación, que no ha presenciado las pruebas personales practicadas en el plenario, sustituya la realizada por el Tribunal de instancia ante el cual se practicaron. Nuevo marco de estudio cuando ha precedido un recurso de apelación. Como el Tribunal Superior de Justicia no presencia la práctica de la prueba y no ha dispuesto de la inmediación que ha tenido el de instancia. Por eso, el contenido de análisis consiste en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y respeta la doctrina de esta Sala y del Constitucional. Suficiencia de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante. Agravante de parentesco: se alegaba por el recurrente la ausencia de relación sentimental como lo demostraba la inexistencia de convivencia. Improcedencia de la aplicación analógica de la circunstancia de parentesco del artículo 23 del Código Penal a la situación de noviazgo de unos meses de duración sin convivencia, sin perjuicio de que en cierto tipo de delitos pueda ser criterio de individualización de la pena. Se trataría de una aplicación analógica en contra del reo.
Resumen: Inviolabilidad del domicilio. Motivación por remisión del auto que autoriza la injerencia. Párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal: no puede hablarse de escasa entidad cuando el delito se comete empleando una cierta infraestructura material y personal (narcopiso). Predeterminación del fallo. Error en la valoración de la prueba basado en documentos que obran en las actuaciones y que no resulten contradichos por otros elementos probatorios: exigencias.
Resumen: El delito de blanqueo de capitales no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos para ocultar o encubrir su origen ilícito. Las fases del delito de blanqueo de capitales son las siguientes: a) De colocación, cuando el dinero entra por primera vez en el sistema financiero vía, por regla general, en metálico a través de persona interpuesta que no es su verdadero titular; b) De encubrimiento o ensombrecimiento, cuando se efectúan acciones para la total ocultación de la fuente o propiedad de los bienes, maquillándose su origen, y c) De integración, cuando el dinero o los bienes, tras múltiples operaciones y transferencias, retorna al circuito financiero legítimo, convenientemente confundido o mezclado con otras actividades lícitas del sistema como puede ser la compra de bienes. Pero no tienen por qué agotarse las tres fases, ya que el aprovechamiento de los capitales blanqueados por su titular, formaría parte del agotamiento del delito. Las transferencias dinerarias a través de terceros son constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.
Resumen: Una falsedad, en cuanto alteración de la verdad del documento, realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial, público o mercantil, no puede homologarse analógicamente a la falsedad de un documento de la naturaleza que tenga el original, por lo que sólo podrá considerarse como una falsedad en un documento privado. Cuando se utiliza una fotocopia o reproducción fotográfica para simular la autenticidad de un documento, y disimular la falsedad, la naturaleza a efectos de la tipificación es la del documento que se pretende simular -en este caso documento mercantil u oficial- no la del medio empleado, pues lo que se falsifica no es la fotocopia -mero instrumento- sino el propio documento que se pretende simular. El delito de blanqueo de capitales no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos para ocultar o encubrir su origen ilícito. No resulta que el vehículo fuera adquirido con dinero procedente del tráfico de drogas, ni que la finalidad de su adquisición fuera la de ocultar o encubrir tales bienes. No consta pago con dinero procedente de la droga de tal vehículo, ni se expresa tampoco la procedencia delictiva de tal automóvil, existiendo, por lo demás, alternativas más favorables para el acusado. No es posible la concurrencia de los requisitos del delito de blanqueo de capitales.
Resumen: La codelincuencia se apreciaría, en primer lugar, en aquellos casos en los que la unión o agrupación fuera solo de dos personas. Cuando el número de integrantes sea mayor, no siempre será posible apreciar la presencia de un grupo criminal. En el caso concreto, no se identifican en el factum, de forma mínima, qué tres personas integrarían el grupo criminal, por lo que absuelve a un recurrente de tal delito. Asimismo, afirma que ni siquiera se distinguen en el factum los distintos roles o funciones de los supuestos integrantes del grupo. Es decir, concluye que se trata de un supuesto de codelincuencia, pues es insuficiente para esa tipicidad autónoma (grupo criminal) la relación que se establece entre un proveedor de droga y distribuidores que actúan por cuenta propia sin que quede perfilado un consorcio o una empresa común. En este sentido, recuerda que el art. 570 ter, in fine, CP describe el grupo criminal como "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas".
Resumen: La jurisprudencia de la Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona y que con el castigo de las conductas atentatorias contra la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo sin que quepa "cosificarlo". La expresión manifestada a un compañero de clase, de 12 años, al que preguntó "¿Tú te acostarías con ella?, ¿no?, pues que tonto, aunque con esa personalidad tan insegura, yo tampoco", expresión, inequívocamente, impropia pero por ser ocasional en el marco de una duración docente larga, es procedente apartarla de la tipicidad. Ya señalamos que es factible la comisión delictiva a partir de un único hecho, pero, precisamente para obviar la exigencia de una permanencia, el trato, se requiere una mayor entidad en el hecho aislado que permita, por la gravedad del hecho realizar el menoscabo grave a la integridad que requiere el tipo penal. La conducta objetiva declarada probada, de tocamientos en zonas erógenas, hacen que la conducta se subsuma en el tipo penal de abuso sexual continuado de los artículos 74 y 181 del Código Penal. El criterio empleado para distinguirla de la que pudiera consistir en un delito leve de coacciones, han de encontrarse en la razonabilidad con la que una persona adulta considera que esos actos son intromisiones en el área de la intimidad sexual, susceptible de ser rechazadas sin mediar consentimiento.
Resumen: Con independencia del reparto de papeles o roles en la agresión, los tres acusados realizaron actos de naturaleza ejecutiva, siendo así obligado concluir que ante la, por todos aceptada, agresión por parte de uno de ellos con un bate de beisbol u objeto semejante en la cabeza de la víctima, los acusados, si no perseguían directamente provocarle la muerte, hubieron de forma necesaria de representarse dicho desenlace como altamente probable. No es solo el instrumento contundente empleado en la agresión por uno de ellos, con la aceptación de los otros, el que así lo revela; ni solo el lugar al que se dirigieron los golpes; sino también la descrita conducta posterior de los tres acusados. La coautoría requiere un elemento subjetivo consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos. La superioridad, el desequilibrio de fuerzas, entre agresores y agredido, no solo procedía del mayor número de éstos (superioridad personal) sino también del empleo por uno de ellos, con la aceptación de los otros dos, de un instrumento particularmente ofensivo. Procede acordar la medida de libertad vigilada por un tiempo no superior a cinco años.
