Resumen: No resultó vulnerado el derecho de defensa, ya que los aspectos nucleares del reproche penal pudieron ser rebatidos por la defensa sin limitación. Tampoco se infringió el principio acusatorio, habida cuenta de la homogeneidad entre los delitos por los que se acusó -los contemplados en los arts. 47 y 48 CPM, que tienen la misma naturaleza-, de la no alteración de los hechos en que se basaron las acusaciones y de la pena impuesta, inferior a la solicitada. No puede prosperar la queja relativa a quebrantamiento de forma por denegación de prueba anticipada, pues los argumentos para su denegación ponen de relieve su inutilidad para enervar el resto de elementos de juicio de que se disponía. Las quejas de inmotivación y de vulneración del derecho a la presunción de inocencia resultan manifiestamente infundadas, pues la sentencia recurrida, mediante un completo proceso discursivo, aborda minuciosamente todos los elementos probatorios y alcanza, sin género de dudas, una razonable inferencia, lo que hace además, inaplicable el principio in dubio pro reo. Las conductas del recurrente se incardinan claramente en la previsión típica, habida cuenta del grave atentado que supusieron contra la intimidad y la dignidad de la víctima en el trabajo. El tracto sucesivo de los hechos, los nocivos efectos producidos en la estabilidad psicológica y profesional de la víctima y la relación de superioridad jerárquica entre los agentes activo y pasivo abonan la consideración de su naturaleza grave.
Resumen: Varios recurrentes fueron condenados a la prisión permanente revisable en virtud de los arts. art. 139.1º y 3º y 140.1.1º CP, que no por el art. 140.2 CP, pese a haber cometido tres asesinatos. Al margen de descartarse en el caso la infracción del non bis in idem por la aplicación de la hiperagravación del art. 140.1.1º CP, se analiza la posible aplicación del art. 140.2 CP y considera que no se puede hacer depender del orden en la ejecución de las víctimas. La prisión permanente revisable no viene definida en el CP, sino que simplemente se describe en función o referencia a los criterios de su ejecución; donde el elemento que determina la posibilidad de cumplimiento es la denominada reversibilidad de la pena que se identifica con las condiciones de acceso a la libertad condicional. O dicho de otro modo, se impone prisión permanente, por vida, pero la pena es revisable; y las condiciones de revisión se regulan como una modalidad de libertad condicional o de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Plazos que vienen fijados en el art. 78 bis CP. El art. 140.2, en la agravación que implica, trata de simplificar e imponer una pena para el concreto supuesto real de las tres muertes, la de mayor gravedad posible. Esa conclusión de pena única por las tres muertes, permite concluir en obvia congruencia, que debe tratarse de muertes enjuiciadas conjuntamente. Lo que a su vez, cumplimenta que sean sancionados de esta manera, los asesinatos reiterados.
Resumen: La sentencia desestima la pretensión de la recurrente de que se rebaje la pena en dos grados, atendido el grado de ejecución y el peligro inherente a la acción, así como al planteamiento de la cuestión "per saltum". No obstante, estima parcialmente el recurso, atendida la petición del Ministerio Fiscal, al comprobarse que la pena se individualizó a partir del marco punitivo del art. 234.3 CP, al haber empleado una bolsa revestida de aluminio que inhibió la operatividad del sistema de alarma, cuando solo fue acusada y condenada como autora de un delito intentado de hurto del artículo 234.1 CP.
Resumen: Aunque el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, cuando se modifican las provisionales, es necesario respetar los hechos objeto de acusación y la identidad de los acusados Sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. El tipo hiperagravado no tendrá aplicación en aquellas personas que, por desempeñar una función plenamente secundaria en la mecánica delictiva, desconocen las circunstancias específicas de la operación a la que deciden aportar su apoyo y concretamente de aquellas que ha fijado el legislación para maximizar el reproche, con independencia de que el partícipe actúe en cooperación necesaria o complicidad. El deber de motivación incluye no solo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto.
Resumen: La sentencia recurrida confirmó la apreciación de una eximente incompleta de legítima defensa. el TS analiza los presupuestos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar la eximente plena reclamada. En particular, analiza la diferencia entre la provocación preordenada a lograr una agresión que justifique la reacción defensiva -que neutraliza la legítima defensa- y aquella otra que carece de dicha intención, pero que, de algún modo, puede provocar al agresor. Lo que obliga a identificar qué tipo de provocación, de esta segunda categoría, reduce o limita el efecto justificante. Para ello cabe atender a dos módulos de valoración: uno, que atiende a la relevancia de la acción provocadora, en especial sobre la esfera de los intereses o expectativas del agresor, para lo que deberá identificarse el grado de desaprobación, al menos, ético-social que merece. Otro, relativo a la previsibilidad, en términos tempo-espaciales, de la reacción del provocado. En el caso, no se aprecia una conexión espacio-temporal entre la provocación y la reacción defensiva, al darse tres episodios diferenciados. La conducta provocadora previa puede merecer un intenso reproche ético-social, incluso penal si se dieran notas de tipicidad. O, también, pudo haber provocado en el agresor arrebato, obcecación o estado pasional de entidad semejante que reduzca su culpabilidad y atenúe su reproche, según el artículo 21.3º CP, pero no puede valorarse para privar de plena justificación a una acción defensiva.
Resumen: La contradicción en los hechos probados sólo se produce, cuando la antinomia entre dos pasajes reales y ciertos del hecho probado, es de tal manera que el sentido de uno sea absolutamente incompatible con el otro, debiéndose proceder a la eliminación de uno de ellos para que el relato mantenga sentido. Es necesario que la prueba cuya omisión va a determinar la retroacción del procedimiento sea no solo pertinente y posible sino también indispensable o necesaria. El error de hecho no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados La teoría de la autoprotección no puede conducir al absurdo de anular el engaño sufrido por quien ha sido víctima de la actuación insidiosa de un cualificado profesional, en el que ha depositado su confianza. Cuando la obligación indemnizatoria consista en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurra en mora, la indemnización de daños y perjuicios supondrá el pago de los intereses de demora, que tienen por finalidad indemnizar el lucro cesante. La responsabilidad civil subsidiaria para su apreciación es preciso que cumpla algunos requisitos, y entre ellos es exigible que haya tenido lugar una infracción de normas, aunque en ellas se incluya, incluso, el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para evitar daños a terceros.
Resumen: En el caso concreto y dadas las circunstancias en las que se produjeron los tocamientos, no puede apreciarse la concurrencia del error acerca de la edad de la menor. El factum de la sentencia impugnada relata que el acusado era la pareja sentimental de la hermana de la madre de la víctima menor de 16 años, así como que durante el año 2016 mantuvo con ella un frecuente contacto telefónico, trascribiéndose parte de los elocuentes mensajes que le enviaba. Para seguidamente explicar que, en el mes de abril de ese año, el acusado se trasladó hasta para encontrarse con la menor, siendo sorprendidos mientras se besaban y acariciaban en el coche, estacionado en una zona próxima al domicilio. En este contexto histórico,queda despejada cualquier posible interpretación razonable que no comporte la existencia de actos de contenido sexual realizados por el acusado con una menor de dieciséis años.
Resumen: Se entenderá consumado el delito de robo con violencia cuando el autor de los hechos haya tenido la disponibilidad de los objetos de valor que porte la víctima. Para la aplicación de la agravante de reincidencia es necesario que en el relato fáctico de la sentencia consten todos los datos que permitan su apreciación.
Resumen: Lesiones psíquicas. Supuesto de consunción en el tipo de robo con violencia del artículo 242 CP. Exigencias de precisión fáctica en la redacción de los Hechos Probados. La cláusula "tratamiento médico" es un concepto normativo cuya inclusión en el hecho probado puede predeterminar el fallo. El delito de lesiones del artículo 147.1 CP reclama, como elemento esencial de la tipicidad, la objetiva necesidad del tratamiento médico para alcanzar la sanidad.
Resumen: La LEC sólo es de aplicación en el proceso penal en defecto de disposición adjetiva penal y el último inciso del art. 788.1 LECrim, prevé que la determinación cuantitativa de la responsabilidad civil quede diferida al trámite de ejecución, fijándose en la sentencia las bases de la misma; y a su vez, el art. 794.1ª LECrim, contiene disposiciones específicas penales que autorizan plenamente la relegación a ejecución de sentencia
