Resumen: La configuración típica de la amenaza como infracción de mera actividad en la que no caben fórmulas imperfectas de consumación, ya que conceptualmente no es separable acción y resultado, reclama una correlación tiempo-espacial concluyente entre la emisión y la recepción de la expresión amenazante por la persona a quien se dirige o por algunas a las que se refiere el artículo 169 CP. El delito de amenazas exige una relación de consecuencias necesarias entre emisión y lesión del bien jurídico que resulte previsible, eficaz y abarcada por el dolo del agente. La eximente completa de enfermedad mental precisa para su apreciación la falta de capacidad del sujeto activo de comprender la ilicitud de un hecho y, la capacidad de actuar de acuerdo a esa comprensión. Ambos módulos conforman la imputabilidad entendida como la aptitud psicofísica necesaria para actuar culpablemente. La apreciación de la agravante de reincidencia requiere que el relato de hechos probados de la sentencia contenga, la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas y las fechas en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Esto último no será necesario en aquellos supuestos en los que resulte evidente que el plazo de cancelación no ha podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho objeto del enjuiciamiento.
Resumen: Las razones para excluir la circunstancia ofrecidas, tanto por el Juzgado (auto de aclaración) como por la Audiencia, no son aceptables: a) El Juzgado de lo Penal evoca una vieja jurisprudencia, ya superada, que excluía la agravación cuando no persistía un vínculo afectivo o estaba muy deteriorado. Desde el momento en que en 2003 se asimiló a la relación matrimonial vigente, la condición de ex cónyuge es inviable esa exégesis restrictiva. Por lo demás, su apreciación no queda confiada al arbitrio del juzgador. Si concurren sus elementos es de obligada aplicación. Que otra persona haya sido objeto de amenazas iguales no desvanece la mayor antijuricidad propiciada por el distinto sujeto pasivo: la madre de su hijo, con la que había mantenido una relación afectiva prolongada, lo que le obligaba a un mayor respeto. b) La Audiencia maneja una redacción del art. 23 ya derogada. Desde la reforma de 2003 el art. 23 CP habla de persona que esté o haya estado ligada de forma estable por igual relación de afectividad. La ex pareja está expresamente contemplada. No es necesario acudir a la analogía (una analogía que estaría prohibida al ser in malam partem) para hacer aplicable el precepto.
Resumen: Sobre la aplicación de esta agravante, tiene declarado la Sala II que se requiere que la condición de funcionario público, en sentido amplio, sea real y además se ponga al servicio del propósito criminal, aprovechándose así de las ventajas que el cargo le ofrezca para ejecutar el hecho delictivo con mayor facilidad y menor riesgo. Esta agravante encuentra su fundamento en el abuso de superioridad en el plano moral, utilizado en beneficio particular por el delincuente y requiere que se ponga el carácter público al servicio de los propósitos criminales. Lo decisivo será el uso del cargo para facilitar la conducta delictiva. Lo que hace falta es que la condición de funcionario o el carácter público del que se prevaliese el culpable sean reales y no ficticios. La agravante no podrá aplicarse en los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, pero sí cuando el sujeto abusa de su carácter público al margen de las funciones que desempeña en concreto como tal funcionario. El uso de la fuerza no puede ser la primera de las alternativas a emplear ante un caso concreto que requiera de la actuación policial, sino cuando esta es una alternativa sobre la que se han construido otras vías previas que han fracasado, o cuando la urgencia del caso exige y aconseja la inmediata intervención de la fuerza. Es cierto que los agentes pueden no disponer de tiempo en algunos casos, pero en estos es preciso analizar ex post si el uso de la fuerza estuvo justificado.
Resumen: Supuesto de un "bar que genera un nivel de ruido insoportable". El artículo 325 CP se presenta como un tipo de estructura compleja, cuya base es la infracción del ordenamiento que sobrepasa los límites de lo permitido, para lo que es preciso acudir a la normativa específica, en este caso emanada del ayuntamiento, que regula el ámbito de lo permitido por la actividad industrial para compaginarlo con el derecho a una convivencia ordenada. Por otra parte, desde la tipicidad subjetiva, el dolo este delito consiste en el conocimiento de que la acción realizada, en el caso las emisiones acústicas, genera un riesgo grave en el bien jurídico. Se trata de conductas delictivas de peligro, reprochándose penalmente un comportamiento idóneo para producir un peligro para el bien jurídico protegido.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: A partir de la reforma de 2015 lo impugnable en casación es la sentencia dictada en segunda instancia, es decir la que resuelve la apelación. Cuando es desestimatoria, la casación no puede convertirse en una apelación bis o una segunda vuelta del previo recurso, como un nuevo intento en paralelo y al margen de la previa impugnación fracasada. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación; actuar como si no existiese una resolución dictada por un Tribunal Superior. El recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia. La individualización de la pena es cuestión propia del arbitrio judicial, sujeta, por tanto, a control casacional a través de la motivación. Dilaciones indebidas muy cualificadas: la dilación habrá de ser superextraordinaria o hiperextraordinaria.
Resumen: El factum dispone que la víctima, hasta el mismo día del accidente, se encargaba del cuidado y atención diurna de su hija, persona que necesita una atención y cuidados permanentes pues tiene una discapacidad del 95%. Tras el accidente, la familia ha tenido que contratar diferente personal especializado en enfermería para acometer los cuidados y atenciones que antes dispensaba a su hija durante el día. La sentencia recurrida mantiene la indemnización acordada en la instancia, originada por la necesidad de contratar a varias personas para proveer a los cuidados que precisa la hija que padece la discapacidad. El Tribunal se apoya en los artículos 113 y siguientes y 142.2 de la Ley 35/2015, que modifica el TR de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. El TS declara correcto tal importe, pues el importe de los ingresos (a que se refiere aquel precepto), resulta equivalente al de los gastos necesarios para seguir prestando los mismos servicios.
Resumen: La caída de la víctima es consecuencia de la acción del acusado, sin que existan datos para suponer lo contrario. Es más, lo lógico es que la secuencia de acontecimientos, discusión, golpe y caída, es un todo, pero sin que, a su vez, se pueda atribuir al acusado el querer intencionadamente infligir las gravísimas heridas que se produjo el lesionado. Estos supuestos que antes se resolvían por la vía de la preterintencionalidad, actualmente se subsumen en el concurso ideal de delitos. Se considera que una misma acción tiene un componente doloso en lo que atañe a la acción agresora y a su resultado natural, frecuente o habitual, y un componente culposo o imprudente en lo que atañe al resultado más gravoso que resulta inhabitual o infrecuente. El ultra propositum o plus in effectum, al diferir notablemente el resultado de la intención animadora, lleva a la ruptura del título de imputación, reputándose al reo autor de una infracción dolosa en cuanto lo que quiso ejecutar y culposa por lo demás. En general, se destaca que en el delito preterintencional se da cita una especie de "mixtura de dolo y culpa", es decir, nos hallamos ante un hecho base de contornos intencionales, entrevisto y aceptado en su fundamental subtratum, y otro hecho consecuencia que, escapando a las previsiones del agente, aunque ciertamente previsible (culpa inconsciente) o previsto pero no aceptado (culpa consciente), acaba de imponerse, sin que se eche de menos, naturalmente, el preciso nexo causal.
Resumen: No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización del mismo se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum scaeleris" y del condominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo, como la de quienes planifican, organizan y dirigen a distancia la operación, sin intervenir directa y materialmente en su ejecución. El partícipe no ejecutor material del acto homicida o lesivo que prevé y admite del modo más o menos implícito que en el "iter" del acto depredatorio pueda llegarse a ataques corporales, cuando menos se sitúa en el plano del dolo eventual, justificándose tanto en el campo de la causalidad como en el de la culpabilidad su responsabilidad en la acción omisiva o lesiva. Se ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. El Tribunal debe llegar a apreciar que el grado del temor, por la descripción de la situación, fue de tal intensidad que le provocó la imposibilidad de actuar de una manera distinta a como lo hizo. Nada de esto se admitió por el Jurado.
Resumen: El recurrente denuncia la infracción principio acusatorio. Se trata de un supuesto en el que se condena por estafa agravada del art. 250.1-6 en lugar del art. 250.1-5. El TS afirma que se trata de mero error tipográfico, pues lo debatido fue la cuantía de la defraudación. El tipo agravado del art. 250.1-6 era el vigente en el momento de los hechos, que se correspondía con art. 250.1-5, vigente en el momento de los escritos de calificación. Asimismo, afirma que no existe vulneración del derecho a conocer la acusación, al haberse sustentado la condena en elementos fácticos no contemplados en el auto de acomodación de procedimiento abreviado, ya que no existe vinculación absoluta entre los escritos de acusación y aquel auto. Examina, de igual modo el alcance de las modificaciones de las conclusiones definitivas y el margen de vinculación entre los escritos de acusación y la sentencia. Por ello, afirma que la denuncia de acusación sorpresiva no concurre, ya que los datos introducidos en la sentencia no son hechos punibles y constan en los fundamentos jurídicos para reforzar la tesis acusatoria. Finalmente, recuerda su Acuerdo Pleno no Jurisdiccional de 26-10-2010 en el que se afirma que: "En los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado".
Resumen: El recurso de casación por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECRIM exige absoluto respeto al relato de hechos probados. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal no se presumen, sino que requieren plena acreditación de la base fáctica que las justifica, correspondiendo a la parte que las alega la carga de su prueba. El único motivo de casación articulado en el recurso se basa en la discrepancia sobre la valoración llevada a cabo por el tribunal sentenciador de los medios de prueba de que dispuso, que le llevó a entender que no concurría la eximente completa del art. 20.1 CP, sino la circunstancia atenuante del art. 21.1 CP. Teniendo en cuenta que la prueba pericial es prueba personal, su valoración corresponde exclusivamente al tribunal que conoce de la causa, ante el que se lleva a efecto bajo los principios de imparcialidad, contradicción, oralidad, inmediación y publicidad. De los fundamentos de convicción de la sentencia recurrida se desprende que el tribunal de instancia examinó y valoró pormenorizadamente -en uso de las facultades que tiene atribuidas para la libre apreciación de la prueba- tanto el informe pericial -carente por sí solo de aptitud para demostrar la completa anulación de facultades del recurrente- como el resto de los medios de prueba, alcanzando -de forma no ilógica, arbitraria, inverosímil o absurda- la conclusión de que no concurrían en aquel los requisitos necesarios para aplicar la eximente completa del art. 20.1 CP.
