Resumen: La reforma de La ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015 modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función consiste en verificar que el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.1 LECrim exige el respeto al relato de hechos probados. Los delitos contra la libertad sexual no requieren un elemento subjetivo especifico sino que como delito contra la libertad requiere en su tipicidad subjetiva el dolo, entendido, en su acepción clásica, como conocimiento y voluntad de agredir la libertad sexual o la indemnidad de una persona, sin necesidad de que se concrete en un ánimo lúbrico o libidinoso, que no viene requerido por la tipicidad. Para la atenuante de colaboración con la justicia se exige que se trate una cooperación eficaz, seria y relevante aportando a la investigación datos especialmente significativos para esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados y que la confesión sea veraz.
Resumen: Non bis in ídem. Cosa juzgada: requisitos. Identidad objetiva e identidad subjetiva. Elaboración doctrinal por el Tribunal Constitucional. La excepción de cosa juzgada es una consecuencia inherente al principio non bis in ídem. Inexistencia de eficacia de la cosa juzgada material en el campo penal por prejudicialidad. La única eficacia de la cosa juzgada material es la negativa. Elementos identificadores de la cosa juzgada. Supuesto en que los procedimientos que han dado lugar a distintas sentencias deberían haberse acumulado en un único proceso. Doble mecanismo de tratamiento en estos casos: el de proporcionalidad de la pena y el de descuento de la pena impuesta en el primer proceso. Incongruencia omisiva: requisitos. Vínculo con el derecho a la tutela judicial efectiva. Debe referirse a pretensiones. Necesidad de solicitar previamente la aclaración de la resolución. Delito continuado. Doble sanción: delito continuado y delito agravado por la cuantía. Acuerdos del Pleno de 18 de julio de 2007 y de 30 de octubre del mismo año. Interpretación del artículo 74.2º del Código Penal en los delitos patrimoniales. Exclusión en supuestos en los que exista una doble incriminación. Continuidad delictiva: necesidad de que se trate de una pluralidad de acciones y omisiones. Requisitos. Supuestos en los que hay una acción que debía haberse integrado en un delito continuado. Disminución de la pena consecuente. Error en la apreciación de la prueba: elementos que han de concurrir.
Resumen: El TS recuerda la doctrina de la Sala relativa al recurso de casación contra las sentencias dictadas por la Sala de apelación y, en concreto, que el recurso de casación ha de proponerse como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo sin la más mínima alteración.
Resumen: En el acto del plenario se practicó prueba de cargo bastante y la misma fue racionalmente valorada, por lo que no se produjo la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia de los recurrentes, que fueron examinados dentro de los límites propios de las facultades de revisión del Tribunal de casación cuando lo que se recurre es la sentencia dictada por el TSJ en su función de Tribunal de apelación. A tal efecto, el TS recuerda que respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.
Resumen: En el ámbito del control casacional en relación a la prueba indiciaria se satisface con la verificación de que las conclusiones alcanzadas por la Sala sentenciadora sean lógicas y ajustadas a las máximas de experiencia, aunque cupieran otras igualmente lógicas. La especialidad de las presunciones como método probatorio reside en que, en el proceso penal, la acreditación de la conducta punible, es decir de los presupuestos fácticos que configuran la conducta típica y de la participación en ellos del acusado, se produce no a través de la valoración de un medio de prueba directo, sino de la acreditación de otra afirmación de hecho de la que puede desprenderse, en un proceso de razonamiento lógico, tales presupuestos. Cuando se trata de la denominada prueba de indicios, la exigencia de razonabilidad del iter discursivo del Tribunal cobra una especial trascendencia pues, en estos casos es preciso analizar tanto que el hecho base ha resultado probado, como que el razonamiento (en definitiva el engarce entre el hecho acreditado y el hecho presumido) es coherente, lógico y racional. Los tocamientos fugaces en zonas erógenas o próximas a ellas son constitutivos de delito de abuso sexual. El concepto "libertad sexual" o "sexual" es un concepto común, no jurídico. Por ello, no puede ser apreciado como concepto jurídico que predetermine el fallo. Las cuestiones planteadas al Tribunal se cierran definitivamente en el trámite de conclusiones definitivas.
Resumen: Derecho a la tutela judicial. Se alega indebida la admisión de unas prendas del menor para su análisis biológico, por contaminación de las pruebas de ADN. Obligación del Juez de recoger los objetos en condiciones que garanticen su autenticidad y eliminen cualquier riesgo. Inexistencia de riesgo concreto alguno de manipulación. No se explica en el recurso cómo se pudieron manipular las ropas del menor para que aparecieran restos de líquido seminal del acusado. En el caso, el escaso lapso temporal entre la orden judicial y su cumplimiento (unas horas) excluye toda posibilidad de que fueran manipuladas o contaminadas. La prueba fue recogida a los padres, que desconocían la marcha del procedimiento y que no estaban personados en la causa. Cadenas de custodia: el recurrente no justifica cómo se pudieron manipular los hallazgos. La ruptura de la cadena de custodia implica la expulsión de la prueba del acervo probatorio, aunque por otros medios de prueba pueda acreditarse lo mismo. No se alega y menos se justifica por qué motivos o hechos se considera que pudo existir una ruptura o una falta de control en la cadena de custodia. Presunción de inocencia: se impugna la credibilidad del menor. Contenido del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito cuando ha mediado una sentencia de apelación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo. La vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a los hechos probados.
Resumen: Cuando la declaración de la víctima constituye la única prueba de cargo está sujeta a una serie cautelas en su valoración, que deben ser ponderadas por jueces y tribunales y que son las siguientes: a) La comprobación de la credibilidad subjetiva que exige el análisis de las características físicas o psíquicas del testigo (minusvalías sensoriales o síquicas, ceguera, sordera, trastorno o debilidad mental, edad infantil), que sin anular el testimonio lo debilitan y también obliga al análisis de posibles motivaciones espurias, lo que conlleva el examen del entorno personal y social que constituye el contexto en el que se han desarrollado las relaciones entre el acusado y la víctima para constatar si la declaración inculpatoria se ha podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad. b) El segundo parámetro de valoración de la declaración de la víctima consiste en el análisis de su credibilidad objetiva, o verosimilitud del testimonio, que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico (coherencia externa). c) Por último, el tercer parámetro de valoración de la declaración de la víctima consiste en el análisis de la persistencia en la incriminación. Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima.
Resumen: Al no estar regulada en la jurisdicción militar la doble instancia penal, cuando el recurso de casación invoque vulneración de la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva cabe la íntegra revisión de la sentencia de condena. No se vio afectado el derecho a la presunción de inocencia, ya que el tribunal de instancia dispuso de prueba plenamente conforme, regularmente practicada y valorada de forma racional. El inamovible relato de hechos probados -y que, en síntesis, consiste en que el cabo acusado, siguiendo un rito de novatada de iniciación, golpeó fuertemente en la zona del esternón a una soldado de nueva incorporación, a la que causó una fractura costal-, cumple todos los elementos del tipo de abuso de autoridad: objetivos -cualquier agresión física de un superior a un inferior capaz de causar perturbación en el bienestar corporal de una persona, realizada en un contexto no ajeno al servicio- y subjetivos -dolo genérico-. Falta cualquier prueba , incluso el menor indicio, sobre la que sustentar el error de prohibición afirmado. La fractura costal provocada, lesión cuya gravedad no es irrelevante, precisó de tratamiento médico, pues para su curación era objetivamente precisa intervención médica para reducir y fijar la fractura y controlar su evolución. Ninguno de los documentos que se designan en el motivo de error facti contradice el relato de hechos probados ni tiene virtualidad para modificar ninguno de los pronunciamientos del fallo.
Resumen: Recuerda la sentencia que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual. Si no constan en los autos los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por circunstancias tales como abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. Se ha admitido, siempre que los datos relevantes consten en los hechos probados (la fecha de las sentencias y los delitos objeto de condena), que las dudas que pudieran surgir respecto de la interpretación y valoración de los mismos se despejen con datos de contenido fáctico incorporados en la fundamentación jurídica.
Resumen: La vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto; que los órganos hayan rechazado su práctica sin motivación; que la actividad probatoria inadmitida hubiera podido influir decisivamente en la resolución y que el recurrente en amparo alegue todo esto y lo fundamente. Ni el procesamiento ni la calificación provisional vinculan de manera absoluta al Tribunal sentenciador. El verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas y a él debe ser referida la relación a juicio de congruencia del fallo. En el delito de malversación de fondos públicos, la falta de reparo o control por parte del órgano concernido que interviene el pago no elimina la arbitrariedad del pago efectuado. La ausencia de reparo o control por parte del órgano concernido solo patentiza la falta de efectividad de la fiscalización del mismo. El recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba.
