Resumen: No está legitimado un responsable penal para enarbolar en casación la pretensión de que se declare la eventual responsabilidad civil subsidiaria. Es parte pasiva. Su rol procesal viene constreñido a lo que es su propia y exclusiva defensa. Ni puede acusar formalmente a terceros (podrá argumentar que un tercero es autor para combatir la acusación formulada contra él; pero jamás podrá solicitar su condena); ni puede reclamar la condena como responsable civil de otros. Si se había abierto el juicio oral por un delito sancionado con pena superior a la que marca la competencia de los Juzgados de lo Penal, quien podrá absolver por tal delito es la Audiencia Provincial. No puede negarse su competencia para conocer los hechos así calificados y no se puede anticipadamente rechazar por motivos de fondo una acusación que ha traspasado el trámite de apertura del juicio oral. Que luego recaiga absolución por esa infracción no implica falta de competencia objetiva. Un escrito de acusación no ajustado a derecho no es nulo, si respeta los requisitos de forma. Podrá ser improcedente en sus peticiones, pero nunca nulo. En el juicio se dilucidará su corrección jurídica o no. No cabe la estafa básica porque con el engaño hacía frente a una reclamación pecuniaria. No buscaba obtener una prestación. Se ha falseado un documento con intención de causar un perjuicio. El art. 395 CP no solo es homogéneo frente a la estafa, sino que, además, era invocado formalmente por la acusación.
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de la casación consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado. La existencia de un recurso previo de apelación impone la exigencia de que las cuestiones que se plantean en el recurso de casación lo hayan sido antes en aquel. Dicho de otra forma, en el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. El motivo planteado por la vía del artículo 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba.
Resumen: Nuevo recurso de casación tras la reforma operada por Ley 41/2015: Ámbito. Imparcialidad judicial, subjetiva y objetiva. Doctrina TEDH, TC y TS. Intervenciones telefónicas a terceras personas utilizadas por los investigados. La previa identificación de los titulares no es imprescindible. Testigos anónimos y testigos protegidos cuya identidad no se revela. Doctrina TEDH y TC. Requisitos para poder erigirse como prueba de cargo: que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial de forma motivada; que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan evaluar la credibilidad del testigo; y que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá por si sola enervar la presunción de inocencia. Posibilidad de la valoración declaraciones anteriores en el procedimiento del Jurado. Análisis del art. 46.5 LOTJ y en relación con el art. 714 LECrim. Doctrina de la Sala. Publicidad del juicio oral, art. 649.2 LECrim. El juicio no se celebró a puerta cerrada, sino con restricciones debidas a la situación sanitaria generada por el Covid-19. Validez del testimonio de testigos de referencia. Motivación del veredicto. Distinción entre coautoría, cooperador necesario y complicidad.
Resumen: Recurre el acusado para cuestionar exclusivamente la motivación del jurado en la respuesta a tres de las posposiciones que fueron objeto de veredicto, que en su caso, podrían dar lugar a la estimación de una atenuante analógica de confesión. Cuando se trata de la motivación del objeto del veredicto, en la Sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado que no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. Basta con que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley. La motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, pues contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que el colegio decisorio ha admitido o rechazado determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados.
Resumen: La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de la casación consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado. El motivo de casación por error en la valoración de la prueba exige: a) que se funde en verdadera prueba documental; b) que evidencie algún error por su propio poder demostrativo; c) que el dato que el documento acredite no esté en contradicción con otros medios de prueba; d) que el dato sea importante para modificar, potencialmente, el fallo.
Resumen: No puede pretenderse que la imparcialidad suponga que el Magistrado-Presidente deba permanecer impasible ante alegaciones que puedan generar confusión, sino que las instrucciones han de ser el vehículo idóneo para corregir desviaciones o incorrecciones, y esto se puede y se debe hacer, señalando que es válido un material probatorio, sobre cuya validez ha habido debate en el juicio, sin necesidad de entrar a valorar el contenido de ese material, e indicando a los jurados que son ellos quienes han de realizar esa valoración, porque con ello les está indicando que eso que se ha cuestionado es un auténtico acto o medio de prueba, y que, por ser así, les autoriza a que lo valoren. De la valoración hecha por el Jurado se podrá decir que es sucinta, que no es ni más ni menos que lo que el art. 61.1 d) LOTJ exige al Jurado, pero lo que no se puede negar es que no sea certera y precisa, en cuanto permite apreciar con claridad el porqué de la decisión que toman, de manera que, si esto se pone en relación con la labor de complemento que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 LOTJ , le corresponde al Magistrado-Presidente, resulta perfectamente cumplido el requisito de motivación que, para toda sentencia, arranca del art. 120.3 CE. El Magistrado-Presidente debe tener en cuenta las explicaciones sucintas expresadas por el Jurado que complementará con sus propias consideraciones sobre la prueba de cargo tenida en cuenta por aquél. La sentencia de instancia cumple con dicho deber.
Resumen: Nueva concepción del recurso de casación tras la reforma Ley 41/2015. La misión es verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y TS sobre el alcance de revisión, motivación y validez de las pruebas. Atenuante de confesión tardía. El acusado reconoció los hechos en el juicio oral, cuando su autoría ya estaba acreditada por el resto de las pruebas. Defectos en la formalización del recurso e infracción art. 874 LECrim. Tenencia de moneda falsa para su expedición. Art. 386 CP. Alcance del tipo. La connivencia con el falsificador no es un elemento del tipo, sino criterio de individualización penológica. Tutela judicial y motivación de las sentencias. Principio in dubio pro reo. Atenuante de drogadicción. Requisitos para su apreciación.
Resumen: Apoderamiento de pendrive con grabación de escenas de contenido erótico grabadas en una fiesta y reclamación de cantidades de dinero bajo amenaza de difundir las mismas. La recurrente se apoderó en sentido material y sin consentimiento de su propietario, conducta que ambos preceptos contemplan, del dispositivo que no le pertenecía y que alojaba la grabación videográfica de escenas de alto contenido sexual, susceptibles de afectar a la intimidad y la imagen de quienes las protagonizaban. El pendrive, en cuanto dispositivo electrónico de almacenamiento de datos, encaja holgadamente en el concepto de documento que diseña el artículo 26 CP y a la vez encuentra acomodo entre los soportes "informáticos, electrónicos o telemáticos" a los que alude el 197.2 CP. El propósito de atacar la intimidad de quien aparecía como eje central de la actividad documentada y, colateralmente, el de las mujeres que interactuaban, y con él, el ánimo de perjuicio que esa última modalidad incorpora, fluyen con naturalidad del comportamiento de la recurrente, lo que resulta suficiente de cara a completar ambas tipicidades. A la vulneración de la privacidad que supuso el apoderamiento de la grabación, siguió el ataque a otro bien jurídico con entidad propia para integrar un ilícito distinto, un atentado a la libertad, al sosiego, al equilibrio anímico del perjudicado, a quien se amenazó con difundir las imágenes si no se aviene a pagar una cantidad de dinero.
Resumen: Presunción de inocencia. Extensión del ámbito de análisis por el Tribunal Supremo, cuando se alega en casación. Acreditación en el delito de blanqueo de capitales del elemento subjetivo esencial, consistente en el conocimiento de la actividad delictiva previa de la que proceden los fondos objeto de blanqueo. Doctrina jurisprudencial sobre el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Ni la relación de hechos ni la valoración de la prueba tienen entidad bastante para dictar sentencia condenatoria por ese delito. Diferenciación en el delito de blanqueo entre el dinero "negro" y el dinero "sucio". La operativa para procesar dinero "negro" en el tráfico normal no constituye de por sí delito de blanqueo. Solamente sería delictivo el "lavado" de los efectos y beneficios obtenidos a partir de una actividad delictiva previa. Se exige, además, que el autor actúe a sabiendas. No son admisibles deducciones no concluyentes o inferencias demasiado abiertas. El delito de blanqueo no es un delito de sospecha ni está sometido a un régimen probatorio relajado ni legal ni jurisprudencial. El tipo penal del artículo 301 del Código Penal (blanqueo de capitales) describe dos conductas, que se configuran de manera disyuntiva. En el presente supuesto, la prueba no es suficiente para permitir una deducción concluyente sobre la concurrencia del elemento subjetivo cognitivo del tipo: que los hechos se realizasen a sabiendas, sin que fuese de apreciar el quebrantamiento de una norma de prudencia.
Resumen: Una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. En ese marco de referencia encaja bien el triple test que se establece por la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del testigo víctima -persistencia en sus manifestaciones, elementos corroboradores, ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva-. Si la probabilidad de que el resultado lesivo se produzca, a partir del comportamiento, activo u omisivo, desplegado por el autor, es alta o muy alta, obligadamente ha de concluirse que el mismo debía conocerla (la alta probabilidad) y aceptarla o asumirla (por elevada) para el caso de que efectivamente se produjera. La imputación subjetiva del resultado a título de dolo (eventual), cuando de lesiones se trata, lo mismo que sucede en el ámbito propio del dolo directo, no demanda que el sujeto activo se represente y acepte, por altamente probable, el resultado exacto y concretamente producido (la lesión específica y particularmente causada, el tratamiento médico que demandara o las secuelas resultantes para la víctima a la fecha del alta médica), siendo bastante, en el marco normativo perfilado por el art. 149.1 CP, con que dicha representación abarque la alta probabilidad de una grave lesión, apta, en el caso que ahora nos ocupa, para integrar uno de aquellos delitos (pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido..., o una grave deformidad).
