Resumen: La revocación del absuelto, mediante el recurso de casación, solo resulta posible si el gravamen en que se basa adquiere una sustancial dimensión normativa. Esto es, que de los hechos que se declaran probados, sin ningún elemento fáctico aditivo ni revalorización de las informaciones probatorias, se identifiquen todos los elementos normativos y descriptivos que permitan el juicio de subsunción en el tipo que ha sido objeto de acusación. El principio acusatorio obliga, en efecto, al Tribunal a valorar exclusivamente los hechos sobre los que las acusaciones fundan su pretensión. Entre los hechos objeto de acusación y los enjuiciados ha de existir esencial identidad. Ni siquiera a través del expediente del art. 733 LECrim puede desligarse el Tribunal de esa vinculación al sustrato fáctico. No está habilitado para introducir hechos nuevos incriminatorios. Admitirlo supondría una quiebra del principio acusatorio y, singularmente, del derecho de defensa. El delito de falsedad societaria del artículo 290 CP debe recaer, como objeto típico, sobre las cuentas anuales que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y su memoria, o sobre los documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, entendiéndose por tales, entre otros, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, el libro de actas y los certificados correspondientes.
Resumen: El delito de apropiación indebida requiere la existencia concatenada de cuatro elementos: a) recepción por un sujeto activo de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción que se produce de forma legítima, b) que ese objeto haya sido recibido, no en propiedad, sino en virtud de un título jurídico que obliga a quien lo recibe a devolverlo o a entregarlo a otra persona, c) que el sujeto posteriormente realice una conducta de apropiación con ánimo de lucro o de distracción dando a la cosa un destino distinto y d) esta conducta ocasione un perjuicio patrimonial a una persona. El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses. Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal. El canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una "defensa efectiva".
Resumen: Infracción de ley. Venta de unos trasteros desafectados por la Junta de una Comunidad a un tercero, sin advertirle de que las autoridades urbanísticas habían requerido a aquélla para la legalización de esas piezas, bajo sanción de demolición. El acusado, en su condición de presidente de la Comunidad, recibió una notificación para solicitar licencia para esas obras o, en su caso, se podría acordar su demolición. El engaño constituye el elemento esencial del delito de estafa. El engaño no tiene solamente una significación positiva, sino también negativa. Alcanza al deber de proporcionar toda la información que sea procedente para la valoración de los riesgos de las operaciones mercantiles. En el delito de estafa, el engaño es antecedente. En el caso objeto de enjuiciamiento, se trata de negocios jurídicos criminalizados, en los que el autor finge voluntad de negociar, para lucrarse con las contraprestaciones de la parte contraria. Distinción entre el dolo penal y el dolo ciivl, como clave para delimitar el negocio jurídico criminalizado. Se estima que el acusado no desplegó ninguna maniobra defraudatoria ni le correspondia como garante de la operación. Lo primero se acredita por no haber intervenido en la venta, en la que el denunciante era comprador. Lo segundo porque tenía obligación de notificar a la Comunidad el requerimiento administrativo, pero no al denunciante.
Resumen: Para afirmar que el juicio paralelo ha supuesto la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se precisa que en el caso concreto se constate que el juicio de autoría proclamado en la sentencia ha tenido como soporte, no el material probatorio generado en el plenario, sino la percepción anticipada e inducida por los medios de comunicación. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto del asesinato que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem), sino un bis in altera, por lo que no impide la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal de los hechos referidos. El art. 140.1.1 del CP no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. La alevosía concurre en todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido.
Resumen: Canciones interpretadas por dos grupos musicales en un concierto. Hecho cometidos con anterioridad a la reforma del CP por LO 1/2015, y problemas sobre su aplicación retroactiva. El TS examina el denominado "discurso del odio" y los límites del derecho fundamental a la libertad de expresión, que no ampara mensajes, en sí mismos ultrajantes y discriminatorios. Recuerda que es un delito de riesgo abstracto puro, potencial o posible; es, por lo tanto, también, un delito de mera actividad, que se consuma por la sola incitación a las variables discriminatorias que en el mismo ha contemplado el legislador; en consecuencia, los únicos elementos que exige el tipo son la emisión del mensaje provocador o discriminatorio (elemento objetivo) y la voluntad de emitirlo, pese a ser conocedor de ese contenido (elemento subjetivo), al que, si se quiere, habrá que añadir ese riesgo, pero insistiendo que se trata de un riesgo abstracto, entendido en el sentido de que sea potencialmente idóneo a la incitación, aunque sin necesidad de que se consiga lo que con ella se persiga. Asimismo, declara la responsabilidad penal de los distribuidores de las canciones, quienes también se dedicaban al merchandising y venta de productos de contenido racista, xenófobo, antisemita y homófobo, así como reproducción de simbología propia del régimen del III Reich de Alemania y de sus líderes.
Resumen: Valora el elemento de la notoria importancia. Afectación del derecho de defensa, cuando se renuncia de abogado con abuso de derecho por intempestiva, forzando la suspensión del juicio. Derecho a la autodefensa. Se analiza la vulneración de derechos fundamentales. Intervenciones telefónicas. Registro domiciliario: presencia del detenido. Cadena de custodia. Dilaciones indebidas. Requisitos para la apreciación de la reincidencia.
Resumen: Nueva modalidad de recurso de casación introducido por la Ley Orgánica 41/2015 contra las sentencias dictadas en apelación por una Audiencia Provincial. Se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El marco legal establecido por esa reforma sólo admite como motivo casacional la infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, el motivo se inadmite a limine. Se alega que la violencia física desplegada para realizar la acción no fue desproporcionada ante la resistencia que ofrecía la víctima. En casación, no se aporta ningún nuevo argumento que evidencie una supuesta incorrección de lo razonado en la sentencia de segunda instancia. Conforme a la jurisprudencia, para que concurra abuso de superioridad es preciso que se dé un importante desequilibrio de fuerzas a favor del agresor; y que de él se siga la notable disminución de las posibilidades defensivas del ofendido. La agravante de se aplica de forma excepcional en supuestos en que esa superioridad es manifiesta. En el caso, hay abuso de superioridad, aunque sólo sea atendiendo al número de atacantes. Investigación de la capacidad económica del condenado para fijación de la pena de multa. Matización de esta exigencia. Criterios para fijación de la pena de multa, cuando se desconoce la situación económica del condenado. La insuficiencia no supone automáticamente que se deba imponer la multa en su cuota mínima, reservada para casos de indigencia.
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia del recurrente ha sido respetado. Sobre los distintos hechos que conforman el supuesto de la causa, existen indicios y, en ocasiones, pruebas directas suficientes para acreditarlos. Indicios y pruebas que están debidamente argumentadas en la sentencia recurrida y en la sentencia del Tribunal del Jurado. El motivo formulado por infracción de ley también se desestima, al no respetar los hechos declarados probados y de los que se desprende claramente la alevosía discutida. Respecto del "error facti", los documentos citados (el informe de la autopsia, ampliación y estudio larvario cadavérico, el estudio de ADN y lofoscópico-dactiloscópico y los informes relativos a la geolocalización de los teléfonos y llamadas) no tienen el carácter de literosuficientes.
Resumen: Se condena por dos delitos continuados de abuso sexual a menores con acceso carnal y uno de ellos con prevalimiento y de un delito de exhibicionismo. Se alegan cuatro motivos pero el recurso es repetitivo de presunción de inocencia, aunque lo enmarque con diferentes enfoques. Alega motivos que no desarrolla y solo hace mención en todo su recurso a que las declaraciones de las dos menores agredidas sexualmente no son creíbles. Es el único discurso del recurrente. Hay sentencia del TSJ que analiza el proceso de racionalidad de la valoración de la prueba de la Audiencia Provincial. La prueba es de cargo y debidamente valorada y analizada.
Resumen: Condena al autor directo del delito, que es a su vez, el Secretario del Comité Local de partido político, por haberse abonado una cantidad con cargo a fondos de la Concejalía de Desarrollo Local por obras llevadas a cabo en la sede de partido político de forma privada. Es condenado como autor de un delito continuado de fraude en concurso medial con delitos continuados de malversación y falsedad en documento oficial, junto con otros autores. El Fiscal ejercita la acción civil. No hay renuncia expresa del perjudicado. Para que sea operativa una renuncia de indemnización debe ser esta expresa, no tácita. Solo la renuncia expresa del perjudicado veta al Fiscal para reclamar una responsabilidad civil y, en este caso, esto no se ha producido. En caso de entidades locales como Ayuntamientos ha de estar sometida a diversas formalidades, como acuerdo del Pleno. La acción civil es contingente, no todos los ilícitos penales producen un perjuicio evaluable económicamente a personas determinadas, y su ejercicio puede resultar exceptuado bien por la renuncia de su titular, bien por la reserva de acciones. Debe descartarse una interpretación estricta del art. 120.4, de tal manera que cualquier extralimitación o desobediencia del empleado pueda considerarse que rompe la conexión con el empresario. La acción por responsabilidad civil tiene el plazo de prescripción del delito, y la acción civil contra el partícipe a título lucrativo tiene el plazo de prescripción de las acciones personales.
