Resumen: Renuncia al letrado defensor. Derecho a la elección de Letrado defensor. Cambio de Letrado. Carácter no ilimitado del derecho. Desestimación acertada de la Audiencia: el recurrente estuvo asistido por la misma Letrada desde un principio, sin que manifestara en modo alguno su deseo de cambiar hasta el inicio de la vista oral. En ese momento procesal, la Letrada no pudo acudir por el estado de alarma existente, pero mandó a un compañero, que asumió la defensa sin oposición del recurrente. Derecho al secreto de la comunicaciones: diferencia entre las comunicaciones en marcha y las terminadas. Las últimas quedan amparadas por el derecho a la intimidad. Diferencia de intensidad en la protección de esos derechos. Inviolabilidad del domicilio. No todo espacio cerrado es susceptible de protección constitucional. No se trataba del domicilio del recurrente. Ni la información del teléfono ni el registro del garage dieron resultados probatorios. El material procedía de las declaraciones de los agentes de los dispositivos de vigilancia. Valor de la posible ruptura de la cadena de custodia: justificación del lapso de tiempo desde la intervención hasta la entrega al Laboratorio. Existencia de prueba de cargo bastante, constituida por las declaraciones de los agentes actuantes. Subtipo atenuado de escasa entidad: inexistencia de indicio ni circunstancia personal que excluya su aplicación, sin que baste su previa condena por hechos similares.
Resumen: Los documentos designados por la recurrente en los que ampara su recurso por error facti reúnen los requisitos jurisprudencialmente exigidos y debieron ser valorados al calificar jurídicamente los hechos, ya que resultaban trascendentes para subsumir la conducta enjuiciada en el tipo por el que fue acusada y condenada. De tales documentos se desprende que la recurrente se encontraba de baja médica durante todo el tiempo en el que le fue apreciado el abandono de destino y que estuvo perfectamente localizada en el domicilio en el que había sido autorizada a residir con motivo de su baja médica, datos fácticos que han de ser adicionados al relato de hechos probados de la sentencia de instancia, con la consiguiente repercusión jurídica en el examen del siguiente motivo de recurso por infracción de ley. Integrados así los hechos, el recurso debe ser estimado, ya que el abandono de destino no es un tipo penal en blanco ni de naturaleza formal que se integre por remisión a preceptos reglamentarios reguladores del deber de presencia -la Instrucción 1/2013, por la que se dictan normas sobre la determinación y control de las bajas temporales para el servicio del personal militar-, sino que es preciso indagar si la conducta del autor lesionó o no el bien jurídico tutelado por la norma -los deberes de localización, disponibilidad y sometimiento al control de los mandos-, lo que no concurre en el caso, pues la ausencia de la recurrente estaba plenamente justificada.
Resumen: Se admite la aptitud de la declaración del coimputado (o coacusado) como prueba apta para enervar la presunción de inocencia, aun cuando sea prueba única, siempre que su contenido esté corroborado por hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención del acusado en el hecho concernido. El recurso al testigo de referencia ha de quedar limitado a aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo y principal. La individualización corresponde al juez o tribunal de instancia y sólo puede ser cuestionada en casación cuando en su fijación se haya acudido a fines de la pena inadmisibles cuando se hayan tenido en consideración factores de individualización incorrectos o cuando se haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria. El cooperador, sea o no necesario, es un partícipe en el hecho delictivo que se caracteriza por una nota negativa: a diferencia del autor no interviene directamente en la ejecución material del hecho, pero contribuye al mismo mediante la aportación adyacente, colateral y distinta pero íntimamente relacionada con la del autor material, de tal manera que esa contribución resulta imprescindible para los comunes propósitos de todos.
Resumen: Cuando se recurre un auto de sobreseimiento libre el juicio de revisión casacional debe extenderse a comprobar si los hechos investigados pueden ser o no constitutivos de infracción penal teniendo en cuenta el fundamento de la imputación a la vista de los indicios racionales de criminalidad existentes en las diligencias. La muerte de una persona en accidente de tráfico concurriendo algún grado de imprudencia puede dar lugar a un delito de homicidio por imprudencia grave (art. 142.1 CP), por imprudencia menos grave (art. 142.2 CP) o por imprudencia leve que actualmente es una conducta penalmente atípica. Imprudencia grave: Dentro de este concepto normativo han de incluirse en todo caso grave la imprudencia cuyo resultado traiga causa en algunas de las circunstancias previstas en el art. 379 (exceso de velocidad relevante en los términos allí previstos, o conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas). Imprudencia menos grave: La nueva caracterización de la imprudencia menos grave, presenta un relevante matiz frente a la especificación de la imprudencia grave. La presencia de una infracción grave de tráfico, según la catalogación administrativa, empuja en principio al marco de la imprudencia menos grave y aleja de la imprudencia leve no punible. Se trata de un atropello con resultado de muerte en un paso de cebra con señalización horizontal reforzada; poco antes había señal de stop y en la zona había limitación de velocidad; la vía era estrecha.
Resumen: Nuevo marco de estudio en casación tras la generalización del recurso de casación y el de apelación. Ampliación de los límites de la casación ante la inexistencia de segunda instancia. Evolución histórica del recurso de casación. Presunción de inocencia: valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la Policía. Diferencia en los supuestos en los que declaran como víctimas, sujetos activos o simples testigos. Declaraciones de los compradores en los delitos contra la salud pública. Hallazgo en los tres pisos de los recurrentes de cantidades notables de droga. In dubio pro reo: doctrina. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Falta de literosuficiencia de los documentos señalados. Cadena de custodia: alcance en el acervo probatorio. No constituye en sí vulneración de derecho fundamental alguno. Finalidad instrumental de la cadena de custodia. Inexistencia de dudas razonables. Toxicomanía: valor como eximente o como atenuante. No basta la acreditación de la condición de consumidor. Consecuencias atenuatorias de la drogadicción. La aplicación como eximente completa exige la existencia de una alteración psíquica que permita comprender la ilicitud de su conducta. Apreciación como muy cualificada. Subtipo atenuado de escasa entidad. Interpretación del término "circunstancias personales del delincuente". Interpretación del término escasa entidad del hecho. Proporcionalidad de la pena: necesidad de hacer explícito el proceso de individualización de la pena.
Resumen: Se condena por el Tribunal del Jurado por un delito de asesinato con alevosía, por especial vulnerabilidad de la víctima, con agravante de parentesco y género, a una pena de 23 años de prisión. El TSJ ratifica la condena en apelación por un delito de asesinato, al concurrir la agravante de alevosía, por sorpresa, pero aplica además el art. 140.1 CP, por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la agravante de parentesco y de género, por lo que se impone la pena de prisión permanente revisable. Se estima el recurso de casación y se condena por un delito de homicidio, agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y género, imponiendo una pena de 21 años de prisión.
Resumen: Para valorar y justificar la racionalidad del proceso valorativo de la declaración de una víctima deben utilizarse tres parámetros o criterios de análisis: La credibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva y la persistencia en la incriminación. En ámbito casacional, la función del TS cuando se alega vulneración del derecho de presunción de inocencia no es valorar de nuevo la prueba para determinar si coincide con el del tribunal de instancia, sino determinar si la valoración probatoria de la sentencia impugnada responde a criterios de racionalidad y suficiencia, de forma que la culpabilidad del acusado quede probada más allá de toda duda razonable. La motivación satisface el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la decisión judicial y garantiza y facilita el control de esa decisión a través de los recursos. Es posible en casación la revocación de sentencias absolutorias o la agravación de las condenatorias, aun no habiéndose celebrado vista pública, cuando no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas; o cuando tenga origen en una alteración fáctica que no resulte del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración, como es el caso de pruebas documentales. También es posible cuando la alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias.
Resumen: La policía estará constitucionalmente habilitada para realizar investigaciones que supongan una injerencia no grave o leve en el derecho general a la intimidad, siempre que además de suficiente habilitación legal, se ajuste a las exigencias del principio de proporcionalidad y se ponga a disposición posterior de la autoridad judicial, la totalidad de los datos personales obtenidos. Lo que permitirá, a la postre, realizar un control jurisdiccional de adecuación.El acceso a los datos bancarios, prima facie, no supondrá una intensa afectación del núcleo constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, cuando no permita trazar una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una determinada persona desarrolla su vida privada. En este supuesto, no reclamará la previa intervención judicial autorizante.El tribunal de Estrasburgo estableció que la acumulación de sanciones tributarias y penales sobre la misma infracción tributaria no viola el principio ne bis in idem garantizado por el CEDH, siempre y cuando exista un vínculo material y temporal suficiente entre ambos procedimientos. En todo caso, en aquellos supuestos de identidad de sujeto, hechos y fundamento en los que la tramitación previa del procedimiento administrativo haya concluido en una sanción firme y ejecutada, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido la obligación de descontar de la sanción penal que se imponga, la impuesta y ejecutada en el previo administrativo.
Resumen: Todos los coautores responden de aquello que haya sido concertado, aunque en la ejecución las aportaciones de algunos de ellos, no supongan la realización estricta del verbo típico. En segundo lugar, que aunque no haya sido pactado expresamente, todos los coautores responden de aquellos resultados que no puedan considerarse ajenos a desviaciones previsibles respecto de lo pactado. La Sala II ha elaborado la doctrina de los actos no previsibles, de los excesos, para no incluir en la coautoría supuestos en los que uno de los autores se aparta de lo razonablemente previsible. La agravante de abuso de superioridad concurre cuando la defensa de la víctima queda ostensiblemente debilitada por la superioridad personal, instrumental o medial del agresor (o agresores) que se ve por ello asistido de una mayor facilidad para la comisión del delito y el elemento subjetivo de abuso de superioridad reside simplemente en el conocimiento de la misma y en su consciente aprovechamiento. La embriaguez ha de implicar una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en la enajenación mental ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso, una afectación de las bases de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la afectación la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad desde la inoperancia hasta la exoneración completa e incompleta de la misma. La razón de la atenuante de confesión no estriba en el factor subjetivo de pesar y contrición.
Resumen: Se analiza la conexion de antijuridicidad. Secreto profesional y derecho a la defensa. Valoración de la declaración del investigado en fase de instrucción. Momento oportuno para resolver las cuestiones previas planteadas al inicio del Juicio Oral. Derecho a ser informado de la imputación. Delito falsedad y delito de prevaricación: principio de especialidad. Concurso de normas y concurso de delitos. Dilaciones indebidas.
