Resumen: La jurisprudencia ha exigido para apreciar la alevosía: 1) Que se trate de un delito contra las personas. 2) Que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa 3) Que el dolo del autor se proyecte también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. 4) Que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades. La jurisprudencia ha distinguido varios tipos de alevosía: 1) La alevosía proditoria o traicionera cuando se ejecuta el homicidio mediante trampa, emboscada o a traición del que aguarda y acecha. 2) La alevosía sorpresiva, caracterizada por el ataque súbito, inesperado, repentino e imprevisto. 3) La alevosía por desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de una especial situación y desamparo de la víctima que impide cualquier reacción defensiva.
Resumen: El control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. La circunstancia de que el Tribunal de instancia se decante en su proceso de valoración de prueba por la de la víctima no quiere decir en modo alguno que suponga una traba o un ataque o vulneración de la presunción de inocencia, sino que entra en el proceso de valoración del Tribunal, que presidido por la inmediación opta por las pruebas que le llevan a su convicción en su proceso valorativo. No existe inconveniente en admitir como medio probatorio el testimonio de referencia de los terceros o de los funcionarios policiales receptores de esos comentarios espontáneos, siempre que no sean inducidos. En cualquier caso, se trata de un testimonio de referencia. No aporta fehaciencia en cuanto a la realidad o veracidad de lo manifestado, lo que es ajeno al conocimiento del testigo. Es directo en cuanto al hecho en sí de haberse producido esa manifestación y de las circunstancias que la rodearon. Las manifestaciones que fuera del atestado efectúa el detenido, voluntaria y espontáneamente, no pueden considerarse contrarias al ordenamiento jurídico.
Resumen: El rechazo de la pretensión indemnizatoria no es consecuencia de un error de cómputo de los saldos y apuntes bancarios. Tiene razón el tribunal de instancia cuando cuestiona que el simple sumatorio de las cantidades documentadas permita por sí concluir que todas responden al plan defraudatorio. Tampoco permite revertir el pronunciamiento absolutorio con relación a la entidad bancaria cuya responsabilidad civil subsidiaria se pretende. Lo que el tribunal provincial descarta con argumentos materiales sólidos es que en el caso pueda identificarse una omisión significativa de deberes de cuidado que permita trazar una relación de imputación objetiva específicamente civil del resultado de lesión. Ya desde la apertura de la cuenta-corriente en 2006, la práctica totalidad de los efectos descontados, negociados y abonados venían firmados por la acusada sin que la mercantil opusiera ninguna objeción o reserva al modo de actuación de la entidad bancaria. La cotidianidad en la gestión de la cuenta corriente, prolongada durante el curso de los años, impide, en los términos sostenidos por el tribunal provincial, identificar la infracción reglamentaria sobre la que se basa la responsabilidad civil subsidiaria ex delicto del artículo 120.3 CP. Aceptada por la parte la denegación del medio de prueba, no se recupera el componente reaccional del derecho a la prueba cuando a las resultas del juicio de instancia, en una valoración ex post, se considera que hubiera sido más conveniente oponerse.
Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa al prevalimiento y afirma que la agravación resulta de aplicación en los casos en que el sujeto activo se aprovecha dolosamente en una situación de superioridad con respecto a la víctima. Dicha superioridad ha de ser notoria y eficaz, esto es objetivamente apreciable y no solo subjetivamente percibida por una de las partes, así como suficiente para restringir de modo relevante la capacidad de la víctima para decidir libremente. Basta con la existencia de una situación de superioridad o ventaja del sujeto activo de la que se aprovecha. En el caso concreto, el TS afirma que la agravación no deriva del parentesco, sino del prevalimiento que supone una relación de superioridad que proviene, no de la edad de las víctimas, sino de la diferencia de edad entre agresor y víctimas y de la especial relación de afecto y confianza entre las víctimas y su agresor, que es aprovechada por éste para cometer el hecho. Todo ello evidencia una asimetría entre las posiciones de acusado y víctimas, que las colocaba en clara situación de inferioridad.
Resumen: La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal permite exclusivamente comprobar que la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. El debate sobre el resto de infracciones posibles queda clausurado con la resolución de la Audiencia Provincial. Quebrantamiento de condena: recuerda la sentencia que la jurisprudencia ha deslindado los conceptos de dolo y móvil del delito. El primero se colma cuando el autor sabe lo que hace y quiere hacerlo, con independencia de cuales sean las motivaciones que le determinaron a actuar como lo hizo. Los móviles o la intencionalidad de su actuación no conforman aquél. El dolo no debe confundirse con el móvil, pues en tanto que el primero es único e inmediato, el segundo es plural y mediato, de modo que mientras no se incorpore el móvil o ánimo especial al tipo de injusto, no tendrá ningún efecto destipificador, sin perjuicio de los efectos que produzca a través de las circunstancias modificativas que pudieran operar. El dolo en el delito de quebrantamiento del artículo 468.2 CP bastará con acreditar el conocimiento de la vigencia de la medida o pena que pesa sobre el acusado y de que se produce su vulneración mediante cualquier comunicación con la víctima o el acercamiento a ella más allá de los límites espaciales fijados.
Resumen: En la estafa, el ataque patrimonial se lleva a cabo mediante un engaño con el consiguiente desplazamiento en el patrimonio. En la apropiación indebida el desplazamiento no tiene su origen en aquel engaño motor, sino en el abuso de la confianza ya depositada en el sujeto activo, lo que conlleva que éste recibe el dinero o cosa apropiada de forma legítima, trasmutando dicha posesión legítima en disposición ilegítima, abusando de aquella confianza. Por eso hay escaso "espacio operativo", en el marco del delito de apropiación indebida, para la eventual aplicación del subtipo contemplado en el artículo 250.1.6º CP. Para evaluar como indebido el transcurso del tiempo, siempre deben utilizarse elementos relacionales pues exige partir del tiempo estimado en el que, en condiciones objetivas de adecuación funcional, debería haberse desarrollado o producido la actuación o el trámite procesal. Sin que, para ello, puedan tomarse en cuenta, como factores atemperadores, circunstancias estructurales de saturación o sobrecarga del propio sistema judicial.
Resumen: La alevosía exige: a) que se trate de un delito contra las personas; b) que el autor utilice medios objetivamente adecuados para asegurar la ejecución; c) que el dolo se proyecte sobre el aseguramiento de la ejecución; d) que se aprecia mayor antijuridicidad en la conducta. Si bien unas se veces ha destacado su carácter subjetivo, lo que supone mayor culpabilidad, y otras su carácter objetivo, lo que implica mayor antijuridicidad, en los últimos tiempos, aun admitiendo su carácter mixto, se ha resaltado su aspecto predominante objetivo, pero exigiendo un plus de culpabilidad, al precisar una previa excogitación de medios disponibles, siendo imprescindible que el infractor se haya representado que su modus operandi suprime todo eventual riesgo y toda posibilidad de defensa procedente del ofendido, y queriendo el agente obrar de modo consecuente a lo proyectado y representado. El artículo 267.1 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza a rectificar, en cualquier momento, los errores materiales advertidos en las resoluciones.
Resumen: La sentencia estima el recurso de los condenados. La prueba indiciaria sobre la que descansa el juicio acerca de la procedencia ilícita del dinero objeto de blanqueo se basa en dos investigaciones llevadas a cabo en Irlanda e Inglaterra. En cuanto a la primera, fue incorporada por prueba testifical y documental, pero se refiere a una operación cuyos orígenes se remontan al año 2010, cuando el grueso de las compras de inmuebles que el relato de hechos incorpora tuvieron lugar entre los años 2005 y 2008, lo que debilita la potencia indiciaria del dato aisladamente considerado, y no se contó con prueba específica sobre actuaciones cronológicamente anteriores. Respecto de la investigación seguida en Inglaterra, su consideración como fuente indiciaria no puede desvincularse de resultado procesal alcanzado por esa investigación, cuyo resultado ha sido un veredicto de inculpabilidad por el rechazo por parte de la autoridad judicial de las pruebas obtenidas a partir del micrófono colocado en el vehículo que usaban los investigados. No se trata de cuestionar la legalidad de la intervención consistente en la colocación de un micrófono ambiental desde el punto de vista del ordenamiento legal y constitucional español, sino de determinar el efecto reflejo de esta nulidad. En el caso, tras excluir todos los datos procedentes de esta prueba nula, no es posible discriminar otras fuentes de prueba autónoma.
Resumen: El TS declara la nulidad del juicio oral por vulneración del derecho de defensa. A tal efecto, examina la Jurisprudencia del TEDH y, en concreto, la STEDH Murtazaliyeva c. Rusia. Explica que la STEDH reelabora, añadiendo nuevos elementos de evaluación, el estándar fijado en la STEDH, caso Perna c. Italia, de 6 de marzo de 2003, sobre juicios de inadmisión probatoria. Estándar que había sido tachado de excesivamente indiferente con las posiciones defensivas. El estándar Perna sobre decisiones de inadmisión probatorias giraba sobre dos cuestiones esenciales: primera, ¿La parte agraviada ha fundamentado su solicitud de práctica de prueba especificando su importancia para la "manifestación de la verdad"?; segunda, ¿La negativa de los tribunales nacionales a su práctica menoscabó la equidad del juicio? La sentencia Murtazaliyeva aclara algunos contenidos e incorpora un nuevo, e importante: ¿Los tribunales nacionales a la hora de rechazar la práctica del medio de prueba propuesto dieron razones suficientes para fundar su decisión?. En el caso concreto, el TS estima que una prueba pericial propuesta por uno de los acusados junto a su escrito de defensa que fue inadmitida, debió ser admitida y valorada; y lo contrario supone una merma de las opciones de defensa, e imposibilidad de acreditar lo contrario a lo que se desprende de la otra pericial obrante en autos.
Resumen: Criterios de distinción en la extorsión: uno de ellos es el cronológico que se fija en la inmediatez del mal, de suerte que una extorsión, además del ánimo de lucro, existe una violencia o intimidación directa en el comportamiento del sujeto activo. En el delito de amenazas lucrativas la inmediatez del mal se difiere más en el tiempo, es decir, por supuesto que con ánimo de lucro, es una acción más "a distancia". Elemento temporal que sirve para diferenciar estas amenazas de otras figuras delictivas, además de la extorsión, como son las coacciones y el robo con intimidación. La amenaza es una conducta formal que no precisa para la integración que se produzca un efecto especial en el destinatario, esto es, no es necesario la producción de la perturbación anímica que el autor persigue, de manera que basta con que las expresiones utilizadas sean aptas para amedrentar a la víctima, aunque normalmente lo produzca. Las comúnmente denominadas extorsiones a empresarios y profesionales destinadas a allegar fondos a organizaciones terroristas, constituyen, en sentido técnico y jurídico penal, un supuesto de amenazas condicionales de un mal constitutivo de delito, en el que se exige una cantidad de dinero y por tanto, deberá canalizarse en el art. 572.1.3 CP (actual 573 bis1.4).
