Resumen: El hecho que se enjuicia, es la muerte de un aficionado como consecuencia del impacto en la región cefálica derecha de una pelota de goma. La sentencia de instancia declaró que no se ha probado quien fue el agente que realizó el letal disparo y el motivo por infracción de ley no permite alteración alguna de los hechos probados; y tratándose además de la revisión de una sentencia absolutoria, la jurisprudencia del TC y del TEDH, impide cualquier cambió factual, ya se encuentre en la declaración de hechos probados o vertido dentro de la fundamentación. Sustantivamente, tampoco era viable conforme la doctrina científica y la jurisprudencial, la coautoría imprudente que se propugna. La condena del agente es por su participación omisiva imprudente; y a diferencia de los comportamientos activos, donde debe concurrir un nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), e imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico); en los comportamientos omisivos no es dable proyectar para determinar su concurrencia criterios naturalísticos en el nexo de causalidad, sino que habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal.
Resumen: Delito contra la salud pública. El TS examina la doctrina del error. Estima el recurso del MF y anula la sentencia dictada por el Tribunal de enjuiciamiento. En concreto, examina el error de prohibición vencible y afirma que una situación de conciencia de la elevada probabilidad del carácter antijurídico de la conducta, aunque conviva con una cierta duda residual, no es suficiente para activar el régimen del error previsto en el art. 14 CP. Sostiene que la afirmación del hecho probado (contenida en sentencia) parece completada o aclarada o matizada en la fundamentación jurídica. Se explica allí que los acusados podían albergar una cierta creencia en la licitud de la conducta, pero se trataría en todo caso, de una creencia no absoluta, sino más bien tenue y compatible con dudas. La duda, no casa bien con el concepto de creencia errónea. La creencia, para que sea propiamente tal, ha de ser firme, es decir, indubitada un conocimiento equivocado. La sospecha o duda fundada de que el actuar puede ser antijurídico, pueden excluir el error. Finalmente, al estimar el recurso, recuerda que la visión contra reo a través de un recurso devolutivo de cuestiones fácticas no es posible. Solo cabe decretar la nulidad si la prueba no ha sido valorada en su integridad, o se han omitido en el hecho probado precisiones fácticas no descartadas o incluso implicítamente asumidas en la fundamentación jurídica o aspectos necesitados de aclaración.
Resumen: Una de las manifestaciones del principio acusatorio es el deber de congruencia entre la acusación y el fallo: nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado, entendiendo por "cosa", en este contexto, no únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no solo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica. Esta correlación entre el delito del que se acusa y el delito por el que se condena abarca: a) identidad de la persona acusada; b) identidad de los hechos objeto de acusación; c) identidad de la calificación jurídica, de forma que no se puede condenar por un delito más grave o que, no siéndolo, no sea homogéneo con el contenido en la acusación; d) prohibición de rebasar la pena más grave solicitada
Resumen: El ánimo o intención de matar, elemento subjetivo del homicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y requiere un juicio de inferencia para su fijación en el proceso penal, operación compleja que partiendo de datos fácticos demostrados, conduce -a través de las reglas lógicas o de experiencia- a la certeza moral que la resolución judicial necesita; y ese juicio de inferencia obliga a una indagación cuidadosa de todas circunstancias del hecho, en cuanto pueden facilitar datos o elementos significativos de la voluntad o intención del sujeto y se vienen destacando el arma o medios utilizados, la zona a la que se dirige el ataque, número de golpes, violencia o intensidad de los mismos, condiciones de espacio y tiempo en que se produjo la agresión, circunstancias conexas, las palabras del autor, previas, coetáneas y posteriores a la agresión, móvil del delito y cualesquiera otras que en función de las circunstancias del hecho puedan determinar el alcance de la intención lesiva. La Sala II ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. Se trataría de una alevosía doméstica, derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día.
Resumen: A falta de prueba directa de cargo, también la indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia siempre que se cumplan ciertos requisitos. Se considera insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. Quien reitera la agresión innecesariamente para el fin perseguido lo hace con el deseo de causar al ofendido padecimientos mayores de los comprendidos en el resultado perseguido, padecimientos mayores que el de la propia muerte, esto es, con ensañamiento. La eliminación de toda posibilidad de defensa que la alevosía exige ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, y es compatible con intentos defensivos nacidos del propio instinto de conservación pero sin capacidad verdadera de surtir efecto contra el agresor y la acción homicida.
Resumen: Concepto de documento mercantil: No lo es el contrato de préstamo entre particulares, ni el realizado a un comerciante si no se destina a actos u operaciones de comercio. Requisitos del delito masa. El delito masa no necesariamente se caracteriza por una cantidad incontable de personas finalmente perjudicadas, pero sí precisa que el destinatario potencial de la actividad defraudadora sea una amplia e indiscriminada colectividad de individuos no singularizados por el dolo unitario del sujeto activo y sobre los que se irá replicando el engaño eficazmente generador de un menoscabo patrimonial en cada una de las víctimas. Marco punitivo previsto en el artículo 74.1 Código Penal. La norma fija un marco punitivo específico y propio para la continuidad delictiva, el cual discurre entre la mitad de la pena correspondiente a la infracción más grave y la mitad de la pena superior en grado. Esta específica previsión punitiva afecta a los condicionamientos normativos de individualización que se contemplan en el artículo 66 del Código Penal, no solo en el sentido de perfilar el límite mínimo y máximo desde el que aplicar las reglas 2.ª, 4.ª, 5.ª y 7.ª del mencionado precepto, sino resituando como punto medio lo que normalmente sería el extremo y reubicando con ello los tramos superior e inferior en los que deben operar las reglas 1.
Resumen: La ratificación en el juicio oral de los reconocimientos en rueda y su sometimiento a la contradicción de las partes permitió al Tribunal valorar las circunstancias en que tales reconocimientos tuvieron lugar. Para poder apreciar la circunstancia de drogadicción, es imprescindible que conste probada la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo. Para la especial cualificación de la atenuante de reparación del daño, se requiere que el esfuerzo realizado por el culpable sea particularmente notable, en atención a sus circunstancias personales (posición económica, obligaciones familiares y sociales, especiales circunstancias coyunturales, etc.) y al contexto global en que la acción se lleve a cabo. Para la apreciación de la reparación del daño como muy cualificada, el Tribunal únicamente ha atendido a la cuantía consignada, la cual considera relevante por ser superior a la cuantía de la responsabilidad civil interesada por el Ministerio Fiscal y cercana a la solicitada por la acusación particular. No aprecia ningún otro dato que revele una especial intensidad en los elementos que integran la atenuante o que justifique que la conducta del acusado fue más allá de la material reparación. Por su parte el condenado, en su escrito contestando el recurso, únicamente señala que ha tenido que vender un vehículo de su propiedad, sin que este hecho, por si solo, denote un especial esfuerzo reparador. Tampoco consta sentimiento de constricción.
Resumen: Denegación probatoria: se condiciona una pericial psicológica de las denunciantes, que pretende acreditar el perfil psicológico de las mismas, al consentimiento de las mismas, que no lo prestan. Prueba improcedente. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, que se encuadra en la denegación de la reseña y detección de llamadas entrantes y salientes entre el teléfono del acusado y el de la víctima, y en la denegación de la declaración de dos testigos. Presunción de inocencia. Delito de agresión sexual. Características de la declaración de la víctima. Parámetros para su apreciación. Doctrina jurisprudencial. Infracción de ley: doctrina jurisprudencial sobre los delitos contra la libertad sexual. Recurso de las acusaciones particulares: agravante específica de concurrir una relación de superioridad del acusado sobre las trabajadoras del colegio, denunciantes de los hechos. En los tocamientos fugaces o episódicos, evidentemente inconsentidos, llevados a cabo en zonas erógenas y con inequívoco sentido sexual, como ocurre en muchos de los episodios analizados, el consentimiento se obtiene de forma viciada o se aprovecha el agente del estado de incapacidad para obtenerlo. No se describe propiamente una «relación de superioridad» que conforma un prevalimiento.
Resumen: Presunción de inocencia: declaraciones de las menores en el juicio oral; parámetros interpretativos para la convicción judicial. Doctrina jurisprudencial. El Tribunal sentenciador declara la credibilidad de las declaraciones de las menores en el juicio oral. Informes periciales psicológicos: aunque es cierto que la apreciación probatoria de los medios de acreditación que se ofrecen y practican ante el Tribunal sentenciador, corresponde de forma exclusiva al mismo,no es menos cierto que cuando se trata de declaraciones o testimonios de menores de edad, con desarrollo aún inmaduro de su personalidad, con resortes mentales todavía en formación, que pueden incidir en su manera de narrar aquello que han presenciado, de forma que puedan incurrir en fabulaciones o inexactitudes, la prueba pericial psicológica se revela como una fuente probatoria de indiscutible valor para apreciar el testimonio de un menor, víctima de un delito de naturaleza sexual, siempre que se encuentre practicada con todas las garantías (entre ellas, la imparcialidad y la fiabilidad derivada de sus conocimientos). Estudio de las características de un informe pericial de credibilidad de menores.
Resumen: El TS recuerda el las exigencias derivadas del control casacional de la inadmisión de prueba y se remite a la doctrina del TEDH -estándar Murtazalayeva-. En este sentido, afirma que la sentencia de Gran Sala del TEDH, de 18 de diciembre de 2018, caso Murtazalayeva c. Rusia, ofrece un método muy funcional para evaluar la compatibilidad de las decisiones de inadmisión probatoria, en particular cuando afectan a la defensa, con las exigencias del artículo 6.3 d) CEDH, que puede servir de interesante guía a los tribunales nacionales para el desarrollo de su función de control. Criterios de evaluación: (i) el potencial informativo del medio propuesto debe ir destinado a determinar la verdad o influir en el resultado del juicio; (ii) el grado de razonabilidad de la respuesta ofrecida por el tribunal, indicando que debe corresponder a las razones expuestas por la defensa, es decir, debe ser tan sustancial y detallado como aquellas; (iii) tercer nivel de control, el relativo a si la decisión del rechazo del medio de prueba propuesto afectó negativamente a la equidad del juicio, valoración del desarrollo del proceso en su conjunto pues ello permite evitar que la aplicación del estándar de control se convierta en excesivamente rígida y mecánica. El TS declara la nulidad de la sentencia y la retroacción de las actuaciones para que se celebre un nuevo juicio.
