Resumen: El delito de homicidio o asesinato exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera intima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho. La alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. Los tipos de alevosía son: proditoria, súbita o inopinada (llamada también "sorpresiva"), de desvalimiento y convivencial. Esta última, se trata de una alevosía doméstica, derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día. Incluso, aunque hubiera habido alguna discusión previa ello no desnaturaliza a la alevosía si la indefensión es patente. No hay desistimiento, el recurrente creyó haber matado a la víctima, y así lo manifestó a la Policía cuando fue a entregarse. Cualquier forma de reparación del delito o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución, de la indemnización de los perjuicios, o de la reparación moral, puede integrar las previsiones de la atenuante. No basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El baremo de la circulación es orientativo.
Resumen: El delito de homicidio exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar, que, por pertenecer a la esfera íntima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que podemos señalar como criterios de inferencia, los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido, el comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro dato relevante; el arma o los instrumentos empleados; la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así como de las demás características de ésta, la repetición o reiteración de los golpes; la forma en que finaliza la secuencia agresiva; y en general cualquier otro dato que pueda resultar del caso.
Resumen: El recurso de casación tiene por objeto rebatir las argumentaciones vertidas en la sentencia de apelación, no de nuevo la dictada en primera instancia. Revisada por el órgano de apelación la valoración de la prueba practicada en primera instancia, la revisión casacional se centra en el examen de la racionalidad de la motivación de la sentencia de apelación, sin adentrarse en una nueva reevaluación de una prueba, que no se practica en presencia de este Tribunal. El motivo de infracción de ley debe partir del absoluto respeto a los hechos declarados probados.
Resumen: Se confirma la condena por diversos delitos contra la salud pública y contra la libertad sexual en concurso con seis asesinatos, tres de ellos consumados, concurriendo la agravante de género. La sucesión cronológica de los hechos cometidos, denota que el mismo ya sabía cuál iba a ser la reacción de las víctimas y los resultados provocados por su acción delictiva, siéndole indiferente y asumiendo el elevado riesgo de acabar con la vida de las mujeres, porque conocía directamente lo que les pasaba si les introducía por sus órganos sexuales la gran cantidad de cocaína que utilizaba y sin su consentimiento. Se estima el recurso de las acusaciones, en cuanto a la imposición de la prisión permanente revisable, no por la operatividad del art. 140.1.2º CP, pues el crimen no fue "subsiguiente" a un delito contra la libertad sexual, sino que al perpetrar éste con el uso de la cocaína se causa la muerte de las tres víctimas. La prisión permanente revisable es procedente al amparo del art. 140.2 CP, que no puede interpretarse en el sentido de exigir la existencia de condenas previas firmes a aquel hecho sobre el que gira la aplicación de la prisión permanente revisable en el tercero de los crímenes, sino que puede que en el juicio se enjuicien tres asesinatos. Ello afecta a los asesinos en serie, a los múltiples y atentados terroristas, por ejemplo, con varios resultados, pero sin exigir condenas previas firmes.
Resumen: No puede apreciarse atenuación alguna cuando la confesión es tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del acusado de eludir sus responsabilidades. No se considera confesión la sola inculpación de otros si el acusado no confiesa su hecho, siendo preciso que se mantenga en todas las fases del procedimiento. La duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria e indebida cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, por la actividad procesal desordenada o por incidencias procesales provocadas por errores de tramitación. Con carácter general, la agravante de abuso de superioridad es aplicable cuando del uso de armas se trata, incluso aunque sean armas blancas, tanto más si se trata de arma de fuego en perfecto estado de funcionamiento. La apreciación de las circunstancias por afectaciones mentales exige no sólo un diagnóstico que aprecie una anomalía o alteración psíquica como elemento biológico o biopatológico, sino que a él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto, o le dificulta la comprensión de la ilicitud de su conducta o bien la actuación conforme a esa comprensión (elemento psicológico-normativo).
Resumen: No cabe apreciar el supuesto error de derecho alegado como motivo único del recurso con fundamento en una pretendida incorrecta interpretación del tipo penal inaplicado por el tribunal de instancia. La interpretación del apartado 2 del art. 77 CPM, en el sentido de que la imprudencia no sea grave para que sea integrante del tipo, no debe equipararse con la imprudencia anteriormente calificada como leve en el CP, sino con la imprudencia menos grave castigada en este último, por lo que es este grado de imprudencia el mínimo exigido para que resulte aplicable el referido tipo penal, resultando penalmente irrelevante la leve imprudencia. En lo que realmente radica la discrepancia es en la distinta valoración del grado o intensidad de culpa del conductor del microbús y de la víctima en la producción del resultado lesivo, pues, mientras que la parte recurrente considera que el atropello obedeció a una infracción del más elemental deber de cuidado por parte del cabo conductor del microbús, sin concurrencia de culpa alguna de la víctima, el tribunal de instancia, valorando todas las circunstancias concurrentes, consideró que la conducta del peatón -que no observó el más elemental deber de cuidado- contribuyó determinantemente a la producción del accidente. La inferencia realizada en la resolución recurrida de que la posible concurrencia de culpas no es suficiente para integrar el tipo subjetivo del injusto exigido por el tipo no ha sido desvirtuada por las alegaciones del recurrente.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 25.1 CE (principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad); b) infracción del art. 24.2 CE (presunción de inocencia); y c) no apreciación de error de prohibición. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 Ley 29/1998, reformada por LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Delito de violación. La perjudicada fue violada por la pareja sentimental de su madre biológica, en un hostal. La madre, también acusada, vio que su pareja penetraba a su hija y no hizo nada. Resultó absuelta. Recurren tanto el condenado como la acusación particular. El condenado alega vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, indebida aplicación de los artículos 178 y 179 del CP, indebida inaplicación de la atenuante de drogadicción, falta de motivación de la pena impuesta e incorrecta fijación del quantum indemnizatorio. Se desestima íntegramente el recurso interpuesto por el condenado. La sentencia, en relación con el recurso interpuesto por la acusación particular, examina la absolución de la madre de la recurrente. La Sala realiza trata la comisión por omisión en los delitos de resultado y descarta su aplicación al caso concreto. La comisión por omisión requiere que la omisión equivalga, conforme al sentido de la ley, a la producción activa del resultado lesivo. En el caso, se concluye que no hay posición de garantía de la acusada respecto a la recurrente porque mantenía una vida independiente y autónoma de su madre, residiendo en otra ciudad, con la que mantenía contactos personales no excesivamente frecuentes y que no tenía ninguna enfermedad o discapacidad psíquica o física. Condiciones relacionales y personales de la víctima que impiden observar que su progenitora, al tiempo de los hechos, asumiera una posición de garantía.
Resumen: Los condenados formulan recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial que les condenó por un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad contable. Delito de apropiación indebida. Antes de la reforma de la LO 1/2015, la Sala entendió, a partir de la distinción de los dos verbos nucleares que incorporaba el artículo 252 del Código Penal, que el mismo proyectaba su tipificación sobre dos modalidades distintas de apropiación indebida: la clásica apropiación de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido; y la distracción de dinero cuya disposición tiene el acusado a su alcance, pero que ha recibido con la obligación de darle un destino específico. Delito de falsedad contable. La conducta típica consiste en alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Doctrina de la Sala sobre la concurrencia de apropiación indebida y de falsedad contable. Existencia de concurso de delitos y no de normas. Auto de Procedimiento Abreviado: alcance y contenido.
Resumen: La aplicación de una legislación más favorable ha de ser íntegra. La norma más favorable ha de resultar de la comparación completa de las concurrentes, aplicando íntegramente la que resulte más favorable, sin que pueda crearse una tercera norma, artificial e inexistente, formada mediante la agregación de los aspectos más favorables de una y otra. No obstante, esa regla general cuenta con excepciones muy particulares. Uno de los casos en que es factible la fragmentación normativa a efectos de revisión viene constituido por los supuestos de concurso real. No es necesario que la nueva norma se aplique a la totalidad de las condenas autónomas: es posible que la reforma se proyecte en exclusiva sobre algunas; y no sobre otras que se verían agravadas. Solo cuando entran en juego los mecanismos penológicos del art. 76 CP será necesario contemplar conjuntamente el resultado final de las dos legislaciones. No sucede eso aquí en que las condenas mantienen su autonomía. Solo respecto de uno de los hechos la nueva norma es más favorable. A ese hecho debe limitarse la adaptación. La apreciación de una eximente incompleta o, en su caso, la doble atenuación, agotarán su eficacia en la degradación de la pena privativa de libertad lo que, indirectamente, también menguará la pena complementaria de inhabilitación cuya duración se fija con referencia a aquélla. Habrá de concretarse siempre estableciendo un mínimo de, al menos, cinco años más que la pena de prisión ya degradada.