Resumen: La presentación fuera de plazo de un escrito de acusación no acarrea sin más su ineficacia. Si se trata del Fiscal, exceptuado el caso contemplado en el art. 800.5 LECrim, estaremos ante una irregularidad que podrá influir, si el retraso fuese insólito o desmesurado, en la apreciación de una atenuante de dilaciones indebidas. Tampoco en el caso de una acusación no pública podría llegarse automáticamente a su apartamiento del proceso, si no hubo previo requerimiento judicial. Se aprecia la existencia de dilaciones indebidas muy cualificadas. Una parte muy significativa de las dilaciones indebidas, del "abuso del proceso", trae causa de la propia pasividad de quien se personó en el procedimiento como acusación particular. Se revoca la apreciación del subtipo agravado del art. 250.1.6º CP: sin negar la existencia de un perjuicio económico sensible, al ver frustradas sus legítimas expectativas, que se concretaban en la entrega del nuevo local, no creemos que pueda hablarse de una situación económica precaria, inestable, seriamente significativa, menos todavía que la misma pudiera estar abarcada por el dolo del deudor, so pena de respaldar, en otro caso, una interpretación desmesurada por excesivamente amplia del subtipo agravado. La calificación de los hechos por vía del art. 249 CP es correcta. Puede no conocerse con certeza el exacto valor económico de lo defraudado y aparecer, en cambio, acreditado, con estándares de certeza, que los producidos superan los 400 euros.
Resumen: Falta de expresión de los hechos declarados probados del art. 851.2 LECrim. Doctrina de la Sala. El motivo no puede prosperar. La acusación pretende la modificación del hecho probado en perjuicio del reo, lo que está prohibido. En todo caso, el factum expresa que el acusado no albergaba la intención real de prender fuego y, en todo caso, describe un desistimiento voluntario impune. También se postula la existencia de unas amenazas continuadas, lo que tampoco puede prosperar porque ninguna de las acusaciones calificó los hechos como tal. En realidad, pretende romper la unidad de acción apreciada a efectos del art. 77 CP. Como acertadamente razona el Tribunal, la incorporación de otras dos personas amenazadas a una secuencia en la que no se percibe solución de continuidad, incrementa el número de ofensas pero no destruye esa unidad de acción que llevará a la aplicación del instituto del concurso ideal homogéneo del art. 77 CP. Otra solución llevaría a un absurdo. Los hechos serían menos graves si los dos grupos de amenazas que artificiosamente quiere atomizar la recurrente, se hubiesen hecho en presencia de los tres sujetos pasivos.
Resumen: Se desestima el recurso del condenado y se estima parcialmente el recurso interpuesto por la acusación particular. El Tribunal de instancia denegó la indemnización porque el propietario de la finca, aun habiendo resultado engañado, no acreditaba ningún perjuicio. Lo que es rechazado por la Sala, ya que el engaño desplegado por el condenado consistió en hacer creer al perjudicado que había vendido la finca, haciéndole desistir temporalmente de cualquier otro intento de enajenar la finca, con lo que no puede exigírsele que acredite haber intentado la venta. Además, el condenado otorgó un contrato falso de venta a nombre de su esposa. De esa manera, el falso contrato se introdujo plenamente en la mecánica defraudatoria. No sólo pudo utilizarse para lograr que la propiedad no vendiera la finca antes de la ejecución hipotecaria y alertara de ese modo al perjudicado del fraude sufrido, sino que se utilizó para que el vendedor aceptara adelantar la transmisión de la posesión de la finca. Lo expuesto muestra que convencer mendazmente al recurrente de que la finca se había vendido por el precio que reclamaba, no sólo supuso un incumplimiento de la obligación civil de mediación, sino que fue un comportamiento inserto en la mecánica defraudatoria y susceptible de generar perjuicios en un tercero. No puede eludirse que la frustración de la expectativa de realizar el valor de la cosa comportó un daño moral indemnizable, por el importe que el perjudicado podía razonablemente haber obtenido
Resumen: Sí cabe la revisión de pronunciamientos absolutorios en casación cuando la pretensión punitiva de la parte recurrente no ha obtenido respuesta alguna del Tribunal de instancia o ésta ha sido arbitraria, irrazonable o absurda, de manera que se han vulnerado los artículos 24.1, 9.3 y 120.e CE, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos. Se tipifica el cultivo a gran escala de cannabis destinado a abastecer a consumidores reunidos en asociaciones constituidas al efecto y la tipicidad de los comportamientos concretados en organizar un sistema de cultivo, acopio, o adquisición de sustancias tóxica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirentes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar, y aun cuando no concurra ánimo de lucro. Para descartar el error de prohibición, basta con conocer la ilicitud del propio obrar.
Resumen: Afirma que existe una dilación en el plazo para dictar sentencia que no aparece justificada en la complejidad de la causa ni en alguna razón expuesta en la sentencia que pudiera hacer entender que la demora temporal fuera debida, y ese retraso en el ejercicio de la función jurisdiccional perjudica al acusado que durante ese tiempo espera la resolución de un conflicto en el que ha proclamado su inocencia, cuya valoración depende de un tribunal que debe proceder a la resolución de forma inmediata, en términos generales, a la celebración del juicio y deliberación de la sentencia, sin que conste que esta última se hubiera retrasado para facilitar un examen de la causa y circunstancias concurrentes. Asimismo, valida la relación concursal entre ambos delitos como medial, a cuyo efecto, afirma que para la existencia de concurso medial no basta el propósito de una relación de medio a fin existente simplemente en el ánimo del sujeto, sino que entre los diversos hechos constitutivos de diferentes delitos ha de haber una conexión de necesidad de carácter objetivo, a deducir en cada supuesto de los distintos elementos concurrentes en el caso, de modo tal que puede decirse que uno de ellos fue imprescindible para la comisión del otro.
Resumen: Se excluye la apreciación de la agravante contemplada en el art. 250.1.4º CP. Establece la sentencia que no cabe duda de que el valor total de la defraudación es elevado y desde luego se ha originado un perjuicio real y determinado para los proveedores de las mercancías, pero la sentencia no hace referencia alguna a que ello haya ocasionado a éstos un grave quebranto económico. Se limita a fijar el importe total de la defraudación en 365.716,16 euros, sin distinguir lo que corresponde a cada proveedor y la afectación concreta en su patrimonio. En definitiva se desconoce, porque no se explica, la situación económica en que han quedado las víctimas. Dilaciones indebidas. No se aprecia.
Resumen: El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.1 LECrim es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. La cuantía de la cuota diaria de la sanción de multa ha de adecuarse a las condiciones económicas del condenado, teniendo que ser proporcional a las mismas. La insuficiencia de estos datos no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto.
Resumen: La revaloración probatoria es una función que es ajena al tribunal de casación, cuando conoce de la impugnación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, afirma que, en el caso concreto, en las instancias precedentes los órganos jurisdiccionales han procedido a la función que les compete de forma racional y lógica, extremos que se constata a partir de la lectura de la fundamentación de la sentencia.
Resumen: La Sala Segunda viene haciendo una interpretación restrictiva de la aplicación de la agravación referente a recaer la estafa sobre vivienda, exigiendo que los elementos fácticos sobre los que se sustenta su aplicación, es decir, que se trate de viviendas que van a ser destinadas al primer domicilio del adquirente, deben constar sin ambigüedad alguna en el relato de hechos probados. Hay dos años de actividad, tres de inactividad y otros tres años en los que se llevan a cabo muy pocas actuaciones, todo ello entre periodos de inactividad -reconocidos en sentencia- de entre 5 y 9 meses. Y desde el año 2011 hasta la fecha de hoy, han transcurrido diez años. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama.
Resumen: Estafa en la modalidad de cartas nigerianas. Condena por delito continuado de estafa de los arts. 248.1 y 250.1-5° en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 390.1 y 2 y 74. Indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia. Falta de relevancia de errores obstativos obvios en la redacción de la sentencia de instancia. Continuidad. Non bis in idem. Acuerdo Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007. Plazo de prescripción. Delito en concurso medial y en conexión material. Art. 131.4º CP
