• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 275/2019
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cabe la casación contra un auto de sobreseimiento libre recaído en un procedimiento abreviado competencia del Juzgado de lo Penal, y dictado por la Audiencia Provincial, sin necesidad de previa apelación, siempre que exista resolución judicial de imputación, por vía del art. 848 LECrim, y exclusivamente por infracción de ley del art. 849.1 LECrim. Si el asunto es competencia de la Audiencia, sí será preciso el previo recurso de apelación del art. 846 ter LECrim. El uso por el no titular de una tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad es atípico. Se trata de un documento oficial, con lo que su uso debe penarse por vía del art. 393 CP, que exige el perjuicio a tercero. Este elemento intencional debe identificarse con un perjuicio real y efectivo, no meramente hipotético, por respeto al principio de intervención mínima. Tampoco puede identificarse con un interés general cuya tutela corresponde al Estado porque se daría un efecto expansivo que penaría toda conducta de uso, en contradicción con el art. 393 CP. Pese a la analogía con el uso de otros certificados (tarjeta ITV), se trata de un documento oficial, cuyo uso ineludiblemente nos sitúa en el art. 393 CP. Algo de paradójico hay en esa conclusión. Lo más grave (uso de una certificación oficial de trascendencia en el tráfico jurídico por quien no es su titular) resultará atípico; siendo punible, en cambio, lo menos grave, pero esa falta de lógica es predicable de la ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2688/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de estafa se caracteriza por la conducta de quien con ánimo de lucro utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero. Precisa, por tanto, como elemento característico la utilización de engaño que consiste en instigar, persuadir, convencer o mover la voluntad de otro, determinándola a tener por cierto lo que no lo es. El engaño es el nervio y alma de la infracción, es el elemento fundamental del delito de estafa. En el caso de relaciones contractuales se entiende por engaño la apariencia o simulación de un inexistente propósito y voluntad de cumplimiento contractual. Por lo tanto, en los negocios civiles y mercantiles habrá delito de estafa cuando el propósito de defraudar se produzca antes o en el momento de la celebración del contrato. Si es posterior, si la voluntad de incumplir se produce una vez celebrado el contrato, la conducta no será penalmente típica. No se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas porque es una causa compleja (42 perjudicados y 4 investigados), y si bien con una duración total cercana a los 5 años, en todo ese periodo no ha habido una paralización relevante. Se aprecia la reincidencia, a pesar de que en los hechos probados no se hizo constar la fecha de la firmeza dado que del propio relato fáctico se infiere que se tuvo en consideración la fecha de la firmeza, fecha que figuraba en las actuaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2664/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los hechos probados describen la conducta de recepción de fondos procedentes de narcotráfico a través de un tercero con los que se compran mercancías textiles para su reventa en Marruecos. La remisión a través de un mandatario de dinero procedente de droga y su entrega a un tercero para la compra de productos textiles y su posterior reventa en otro país es un mecanismo no sólo dirigido a la obtención de mayores ganancias, sino que posibilita la ocultación del origen ilícito del dinero y su transformación para introducir esos fondos en el circuito legal. Se analizan los presupuestos jurisprudencialmente exigidos para apreciar la atenuante de confesión tardía como muy cualificada. Se desestima la atenuante de dilaciones indebidas ante una causa compleja sin paralizaciones y con una duración total de 5 años. Por más que el proceso haya concluido con la condena de solo dos personas, se dirigió contra diez y la investigación ha incluido numerosas diligencias. No procede la nulidad de los autos que autorizaron las escuchas por el simple hecho de que se acordaran un gran número de intervenciones y que alguna de ellas se levantara por resultar innecesaria, una vez comprobado su resultado, tampoco el número de ellas ni su duración permiten per se afirmar la desproporción de la injerencia. Se analiza, por último, el valor de la declaración del coacusado y la relevancia de la prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2806/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contenido de estudio y análisis cuando se invoca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La obligación del Tribunal de casación no es la de volver a valorar la prueba sino comprobar que el órgano judicial de instancia ha contado con prueba de cargo bastante y que su valoración se ajusta a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Existencia de prueba de cargo bastante, constituida esencialmente por las declaraciones de la perjudicada y de los testigos presentes en los contratos suscritos, así como la documental obrante en actuaciones. Infracción de ley: obligación de respetar los hechos declarados probados, lo que el recurrente no realiza. Se cuestionan las condiciones subjetivas de la víctima para afirmar su vulnerabilidad. Engaño: elemento nuclear del delito de estafa. Baremo para medir la suficiencia del engaño. Se debe tener en cuenta la conducta engañosa y la situación subjetiva de la víctima. En el caso presente, se describen unas circunstancias subjetivas que expresan la vulnerabilidad de la víctima. Correcta aplicación de los apartados 4 y 6 del articulo 250 del Código Penal: la víctima quedó en situación de penuria económica e indigencia, a tenor de los hechos declarados probados. Error en la valoración de la prueba: no se designa un documento literosuficiente. Los informes señalados, que intentaban acreditar que la víctima no era vulnerable, fueron objeto de un amplio desarrollo en el juicio oral con sometimiento a interrogatorio
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 3/2021
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La convicción del tribunal sentenciador se conformó partiendo de suficiente prueba de cargo -declaración del ofendido corroborada por el resto de elementos de juicio, consistentes en documental, las propias manifestaciones del recurrente y las declaraciones de dos testigos-. Los pretendidos documentos a los que el recurrente alude para fundamentar su recurso por error facti -declaraciones y acta de juicio- carecen de la condición de documento a efectos casacionales y de literosuficiencia, además de no contradecir la narración fáctica de la sentencia combatida. El relato de hechos probados cumple todos los requisitos del tipo apreciado: la condición militar de ambos sujetos y la relación de subordinación entre ellos; la reiterada amenaza del inferior hacia el superior -de grave entidad, habida cuenta de la agresiva actitud del inferior y el contexto en que se produjo- y que, aunque viniera precedida de una pluralidad de insultos e injurias, se considera como una sola conducta cometida en unidad de acción, por lo que queda absorbida en una sola figura delictiva; y el dolo genérico. Con su conducta, el recurrente atentó contra los diversos bienes jurídicos protegidos: la dignidad y honor del superior, su tranquilidad personal, seguridad e integridad física, y la disciplina. No concurre legítima defensa, al no haber precedido ninguna agresión ilegítima. Tampoco concurre la reparación del daño, pues las disculpas del recurrente no fueron espontáneas, sino a sugerencia del mando.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10648/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Decisión de la Audiencia de no permitir la presencia de las menores víctimas del delito y reproducir la grabación de sus respectivas declaraciones en la instrucción. No basta, desde luego, constatar la existencia de un marco formal que proporciona cobertura para la decisión del Tribunal de que los menores no comparezcan en el plenario. La legitimidad de una medida de esta naturaleza sólo puede validarse a partir de un riguroso examen de su excepcionalidad. Se impone, por tanto, la búsqueda de un equilibrado punto de encuentro entre los intereses en juego, que no siempre convergen en la misma dirección. La aplicación de penas de la gravedad de las que han sido impuestas en la presente causa no puede abandonar su justificación a una amplia cobertura formal que, si se atiende sólo a su literalidad, conduciría a una relajación de los derechos que asisten a la parte pasiva del proceso. En delitos contra la indemnidad sexual de los menores de edad, resulta de especial importancia no validar una práctica que, con la recurrente invocación del interés del menor, determina que, desde el momento de la denuncia inicial, la víctima tenga que rememorar su lacerante vivencia ante psicólogos, educadores, asistentes sociales, agentes de policía y Juez de instrucción, pero no ante el órgano sentenciador que ha de imponer graves penas privativas de libertad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 2691/2019
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente se negó a realizar la segunda prueba de alcoholemia. En apelación, se absolvió al recurrente del delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, manteniendo la condena por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Se formula recurso por el Ministerio Fiscal. Se discute si la negativa a someterse a la segunda prueba constituye delito. Triple postura respecto de la negativa a someterse a la segunda prueba de alcoholemia. La segunda prueba no es sólo una garantía para el acusado sino también una garantía institucional. Se trata de una única prueba que requiere para su fiabilidad dos mediciones. No es admisible que se haga depender el delito de la posterior impugnación de la primera medida por quien se negó a someterse a ella. La respuesta debe ser afirmativa: el bien jurídico protegido es el principio de autoridad. La negativa a la segunda prueba constituye delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10351/2020
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La LOTJ ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa. El TC ha fijado el alcance, finalidad y límite de la motivación. La finalidad de la motivación será hacer constar las razones que tuvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. Esta Sala ha intentado definir el ámbito de los arts. 138, 139 y 140 CP, de posible aplicación cuando se produce el homicidio de un menor, partiendo de la constatación inicial de algunas posiciones doctrinales que entendían que la alevosía era apreciada por esta Sala de forma excesivamente amplia y que no debía aplicarse siempre que se daba muerte a un menor o a una persona desvalida sino cuando, entre varias alternativas, el autor elegía a esa clase de víctima para garantizar la falta de resistencia. La prisión permanente revisable procederá en este delito de asesinato cuando concurra alguna de las circunstancias detalladas y ello ocurrirá en tres clases de supuestos: 1º) por razón de la especial vulnerabilidad de la que se predica con carácter general para los menores de 16 años; 2º) si el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; 3º) si el autor pertenece a grupo/organización criminal
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 2488/2019
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia: existencia de prueba, obtenida lícitamente, racionalmente valorada y que se considera suficiente desde el plano del derecho fundamental invocado. La declaración de la víctima, ante el Tribunal sentenciador, fue corroborada mediante elementos probatorios que le conferían credibilidad. Tutela judicial efectiva: desestimación. El Tribunal «a quo» razona que los hechos se produjeron tanto en una localidad de la provincia de Ávila como en otra de Madrid, en donde el acusado tenía, en ambos casos, vivienda. Contradicción: la contradicción que exige tal vicio sentencial, disciplinado en el art. 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, requiere que sea interna y no entre los hechos probados y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida. Y además, que en el primer caso, sea relevante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2648/2019
  • Fecha: 30/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia. Ámbito de estudio cuando se alega su vulneración en casación. No supone una nueva valoración de la prueba practicada en presencia del juzgador. En el supuesto objeto de recurso, la condena del recurrente se asienta en la recepción del importe de dinero cuando estaba decidido a no devolverlo. Validez de la declaración de la víctima, corroborada por otras diligencias probatorias. Contradicción en los hechos probados: requisitos del vicio formal. Se plantean cuestiones sin repercusión en el fallo ni se señala contradicción alguna que impida la comprensión del relato fáctico y, además, no se suscitó en apelación. Error en la apreciación de la prueba: requisitos que deben concurrir. Los documentos citados por la parte recurrente estaban contradichos por otras pruebas de naturaleza distinta. No son literosuficientes. Se niega la concurrencia del dolo antecedente o concurrente y se postula que el incumplimiento tuvo su origen en circunstancias sobrevenidas. Defiende que se trata de un incumplimiento civil. La vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige pleno respeto a la declaración de hechos probados. El engaño constituye el elemento esencial del delito de estafa. Se admite que este delito se cometa a partir de negocios jurídicos bilaterales, en los que el engaño se emplee para hacer creer la existencia de una verdadera voluntad negocial. Se oculta el verdadero propósito de enriquecerse a costa de la contraparte.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.