Resumen: Vulneración de derechos fundamentales. Acordada la intervención telefónica, ha de entenderse que las actuaciones son secretas, aunque no se acuerde expresamente. Duración de las intervenciones. Se alega excesiva duración de la intervención telefónica (4 años). El motivo se desestima porque no estaba en vigor el art. 588 bis e) de la LECrim (limita la intervención a 18 meses) y porque nos encontramos ante una operación de clara importancia. Prueba practicada en el extranjero. Deben cumplir los requisitos de la ley procesal que las regula, sin que sea exigible que se ajusten a las exigencias formales contenidas en la legislación española. Cadena de custodia. No es suficiente con el planteamiento de dudas de carácter genérico. Es necesario que la parte precise en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción, pudiendo proponer en la instancia las pruebas encaminadas a su acreditación. Error en la valoración de la prueba derivado de documentos que obran en autos. Los documentos designados carecen de literosuficiencia. Prueba pericial. No constan elementos probatorios que puedan cuestionar la solvencia del análisis pericial y no se solicitó un contranálisis. Desistimiento. Se desestima porque el desistimiento fue por las dificultades que surgieron y el delito ya estaba consumado. Dilaciones indebidas. Se estima parcialmente el motivo y se aprecia como muy cualificada en atención a la duración global del procedimiento. Multa proporcional.
Resumen: Denegación de prueba: la parte se limita a denunciar una infracción cuantitativa del derecho a la prueba, pero no solicitó su práctica en la segunda instancia, ni pidió la nulidad. Validez de las grabaciones aportadas: tanto las grabaciones como las transcripciones se encontraban a disposición del recurrente desde el momento de su propia inculpación, pudo contrastar el cotejo realizado por la Letrada de la Administración de Justicia, solicitar la audición o la práctica de cuantas diligencias hubiera tenido por conveniente. Y no sólo renunció a la audición de las cintas, sino que expresamente se opuso a la misma. Principio acusatorio: el auto de procesamiento no incluyó el delito leve de estafa, pero dicha omisión no comprometió el derecho del hoy recurrente a conocer la acusación y a poder desarrollar una estrategia de defensa respecto a dicho subhecho punible. La omisión de petición de pena fue un error, cabe su subsanación sin merma de la imparcialidad judicial. Correcta aplicación del art. 730 LECrim: quedó garantizada la contradicción en la instrucción y se intentó la citación de la testigo. Prevalimiento: la víctima se encontraba en una situación desesperada, careciendo de alimentos básicos para sus hijos de corta edad a su cargo, lo que era conocido por el recurrente, quien se ofreció a ayudarla con la entrega de los alimentos si ella a su vez mantenía relaciones sexuales con él. La pobreza severa, cuando además afecta a menores, es un factor de extrema vulnerabilidad.
Resumen: El objeto del recurso de casación no está integrado por la sentencia dictada en la instancia, en la que se han valorado las pruebas con inmediación, sino por la sentencia dictada por la Sala de Apelación No parece correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso, ya desestimado, contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación. El Tribunal de instancia constata en primer lugar que el testimonio de la denunciante ha sido fiable y sólido con detalles espontáneos, coherentes en todo momento, sin contradicciones inexplicables en lo esencial, la declaración en comisaría detallada y no se contradice con la declaración del juzgado de instrucción y con la del plenario. El órgano de apelación ha confirmado la sentencia de instancia, reafirmando la existencia de pruebas válidas, sometidas a contradicción y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos que se reflejan en el apartado de hechos probados. Tales pruebas, además, han sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a criterios lógicos y razonables, constando en la sentencia el razonamiento lógico de la convicción alcanzada por el Tribunal. Más allá de lo ya expresado a lo largo de la exposición realizada, no procede realizar en este momento un nuevo análisis de la prueba que ha sido practicada, y que esta Sala no ha presenciado, con la finalidad de efectuar una nueva valoración de la misma.
Resumen: La contabilidad llevada a cabo por el acusado ha sido más que deficitaria, llena de lagunas y carente por completo de las más elementales normas contables. Cualquier administrador ha de ser consciente de que siquiera los estadillos que él mismo se había comprometido a confeccionar mensual y anualmente, tenían que tener un mínimo soporte documental, Ante la existencia de varias pruebas periciales el tribunal puede optar por aquella que le resulte más convincente, bien entendido que no cabe centrar su juicio valorativo en una de ellas sin emitir un juicio de ponderación valorativo o desvalorativo sobre las restantes que la contradicen, pues la mayor credibilidad de una u otra otorgada en su libre valoración, requiere un juicio motivado. La línea diferencial entre un incumplimiento contractual (que pretende el recurrente) y el delito de apropiación indebida, radica en que, en el primer supuesto, no existe voluntad apropiativa sino solamente un retraso o imposibilidad transitoria de cumplimiento de la obligación de devolver, o una mala gestión empresarial, mientras que en el segundo existe un propósito de hacer la cosa como propia incorporándola al patrimonio del infractor. De los hechos probados, resulta la existencia de ánimo de lucro en la conducta del acusado, pues quien se apropia de lo que no es suyo, a falta de cualquier otra explicación, actúa con intención de hacerse con tal numerario, sin que sobre esto haya que hacer complejas conjeturas jurídicas.
Resumen: El tribunal sentenciador no dejó de incluir en el relato fáctico ningún hecho o dato relevante derivado de los documentos citados por la recurrente, aunque no valorara que la recomendación del informe médico de que la afectada no se desplazara por sus propios medios constituyera justificación de la ausencia del lugar de residencia autorizado durante su baja laboral. Las consecuencias jurídicas justificativas de la ausencia que pretende la recurrente no son propias de una denuncia por error facti sino por error iuris. El relato fáctico -consistente, en síntesis, en la ausencia de la recurrente durante 7 días del lugar de residencia expresamente fijado en la resolución por la que se había modificado dicho lugar para que continuara una baja temporal para el servicio- se integra adecuadamente en el tipo aplicado. La recurrente, de forma consciente y voluntaria y con conocimiento de que estaba incumpliendo la normativa vigente en la materia, abandonó su lugar de residencia para marcharse a otra localidad durante 7 días. En las ausencias de residencia de quienes se encuentran de baja por enfermedad no se excluyen los sábados y domingos -como en el delito de abandono de destino-, porque no concurre el presupuesto de estar libres de servicio, lo que, en el caso, además, sería indiferente, pues, aunque así fuera, restarían 4 días de ausencia.
Resumen: En el artículo 320 del Código Penal se tipifican determinadas intervenciones en el procedimiento administrativo sobre actuaciones con respecto a la ordenación del territorio, cuando son realizadas en contra de las leyes y a sabiendas de la ilegalidad. El dolo consiste en el conocimiento de la ilegalidad de la decisión que adoptó y en la voluntad de acordarla. No lo elimina que el condenado pensara que la licencia podía dejarse sin efecto, ya que actuar conforme a esa idea contribuye a la banalización de la normativa urbanística. Tanto el Secretario municipal, como los servicios de asistencia jurídica de la Diputación provincial advirtieron al Alcalde de la ilegalidad de la concesión de la licencia, por ir contra la ordenación territorial y urbanística de la zona en donde se hallaban enclavadas las parcelas cuya construcción se pretendía llevar a cabo. Y a pesar de ello, se dictó resolución concediendo la licencia. El Código Penal de 1995 ha clarificado el tipo objetivo del delito, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, al calificar como "arbitrarias" las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir aquellos actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho Conforma, por tanto, el elemento objetivo de cualquier tipo de prevaricación, el dictado de resoluciones arbitrarias entendidas como los actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho.
Resumen: Estudio de los requisitos exigidos para una eventual estimación del recurso. Se requiere que sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. El recurso de revisión es un remedio excepcional, al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada. Implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. Se estima el recurso, al incorporarse documentos que acreditan dolencias psíquicas del condenado en la época de la comisión delictiva objeto de condena y una dificultad, derivada de esa dolencia, para tener conciencia crítica de su comportamiento. El recurso de revisión se limita a declarar la nulidad parcial de la sentencia revisada y acuerda la remisión de las actuaciones al tribunal de instancia a fin de practicar prueba (la que puedan proponer defensa y acusación, incluida la declaración del acusado), pero exclusivamente en relación con la posible concurrencia de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado.
Resumen: El recurso de casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal, solo cabe invocar el art. 849.1º LECrim. Otras discrepancias en cuanto a la valoración probatoria, defectos procesales, o violación de normas constitucionales de relieve procesal quedan al margen de esa modalidad impugnativa pensada en exclusiva para unificar la interpretación de las normas sustantivas con trascendencia penal. Respecto a los contornos del tipo de falsedad en documento mercantil del art. 392 CP, el ámbito de la tipicidad ha de ceñirse a los documentos que generan un grado de confianza que pueda afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil; en otros casos, resulta suficiente la protección penal mediante el tipo del art. 395 CP para la falsedad de documentos que, aunque plasman operaciones mercantiles, carecen de dicha especial idoneidad lesiva colectiva. Los contratos de compraventa de vehículos tienen vocación de acceder a un registro público con importantes efectos en el tráfico jurídico lo que justifica su encaje en el art. 392 CP como documento mercantil. La simulación del clausulado de un contrato otorgado entre particulares, aunque estos puedan ostentar la condición de comerciantes y fijen una regla negocial de naturaleza mercantil, carece de eficacia más allá de la relación negocial entre aquellos y de pontencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en un sentido colectivo.
Resumen: Delito de estafa continuada, cualificada por cuantía superior a 50.000 €. Elementos del delito de estafa: en particular, consideraciones en torno al dolo del autor y su diferenciación del móvil de su actuación, indiferente a efectos típicos y también en torno al ánimo de lucro, que ha de concurrir, ya sea propio o de tercero. Tratamiento de la continuidad delictiva en delitos patrimoniales, cuando la cantidad supera los 50.000 €. Incongruencia omisiva por no hacer pronunciamiento la sentencia respecto de un hecho del que el acusado se considera víctima, que se rechaza por no ser objeto del proceso (no ser el hecho justiciable). Vulneración del principio acusatorio, al ir acusado como autor y resultar condenado como cooperador necesario, que se rechaza, fundamentalmente, porque no hay mutación en lo fáctico. Límites a la legitimación del responsable civil subsidiario en su impugnación con ocasión de su recurso.
Resumen: Imputación a agentes de policía de distintas actuaciones delictivas inveraces. Dos agentes de policía que actuaron en el legítimo ejercicio de sus funciones fueron acusados en la página de Facebook del querellante de un inexistente historial de tortura, de golpear a una anciana y a su familia, de entrometerse sin autorización en los móviles de los que presenciaban los hechos y de actuar bajo los efectos de la cocaína. Es incuestionable que toda actuación de los poderes públicos está sometida a la crítica de cualquier espectador, que detecte una acción contraria a los principios constitucionales que hacen legítima la función de los agentes de la autoridad encaminada a la prevención e investigación de los delitos. Está también fuera de dudas que una interpretación restrictiva de la capacidad del ciudadano para oponerse a la actuación de los poderes públicos podría generar un indeseable efecto inhibitorio en el ejercicio legítimo del círculo de derechos que la Constitución reconoce como barrera de protección de los ciudadanos frente a los poderes públicos. Tampoco puede cuestionarse que el ejercicio del derecho de defensa puede invitar al imputado -no obligado a decir verdad- a poner en tela de juicio la versión oficial de los hechos reflejados en un atestado. Pero en el presente caso, sin embargo, el acusado no vierte sus imputaciones en el marco de un proceso penal, sino en una red social -Facebook- a sabiendas de la absoluta desconexión de la verdad.
