Resumen: La contradicción que menciona el precepto es la interna del factum; cuando en él conviven aseveraciones contradictorias, incompatibles entre sí. No se está pensando en contradicción con la prueba. Los documentos señalados (sin concreción de sus particulares) no demuestran el error denunciado. Algunos han sido tachados de falsarios en virtud de indicios cualificados, otros muchos documentos reflejan datos que no son contradichos por la sentencia o son examinados minuciosamente por la sentencia que, con razón y justificadamente, les niega fiabilidad. Y es que la credibilidad del recurrente quedó muy erosionada por esos elementos falsarios y otras clamorosas evidencias de mendacidad. Tampoco puede usarse este motivo de casación para descalificar un informe pericial: ese esquema es incompatible con el art. 849.2º LECrim, que no está concebido para minar la credibilidad de periciales o testificales, sino para lograr que la sentencia plasme lo que se deduce de una documental. Como cierre puede apostillarse que en materia de fijación de indemnizaciones (responsabilidad civil) no rige un canon probatorio tan estricto como en materia penal. La certeza más allá de toda duda razonable se muta por lo más probable. La presunción de inocencia no condiciona los pronunciamientos sobre responsabilidad civil. No hay apropiación cuando se transmite la propiedad y no la posesión. Pero no es el caso, donde el recurrente tenía atribuida la administración del dinero apropiado.
Resumen: El recurrente cuestiona la falta de credibilidad del cauce empleado por los psicólogos para la redacción del informe pericial psicológico, pero ello no tiene cabida en una vía impugnativa, ya que se trata del proceder científico de los peritos que exponen al tribunal sus conclusiones sobre el examen llevado a cabo, siendo inviable cuestionar el proceso metodológico llevado a cabo por los expertos. Como señala la doctrina a este respecto es el perito el que debe decidir qué instrumentos utilizará para realizar su informe. No es adecuado indicar al mismo los test o métodos que debe emplear, ni por el juez ni por las partes, sino sólo qué es sobre lo que se le pide informe, siendo él mismo el que establece los mecanismos para obtener sus conclusiones de acuerdo con su capacidad profesional, si bien es conveniente la utilización de métodos científicamente aceptados para evitar un cuestionamiento de la pericia. El TS examina las técnicas SVA y CBCA y otras generalmente aplicadas en casos semejantes.
Resumen: El TS examina el concepto de intimidación y afirma que el concepto de intimidación típica viene constituida por el anuncio o conminación de un mal inmediato, grave, personal, concreto y posible que despierte o inspire en el ofendido una situación de miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de un daño real o imaginario, una inquietud anímica apremiante por aprensión racional o recelo más o menos justificado. No puede ceñirse la intimidación al supuesto de empleo de medios físicos o uso de armas, que integra un tipo agravado, bastando las palabras o actitudes conminatorias o amenazantes cuando por las circunstancias existentes (ausencia de terceros, superioridad física del agente, credibilidad de los males anunciados, etc.) hay que reconocer la idoneidad para la consecución del efecto inhibitorio pretendido. La intimidación no ha de ser poco menos que invencible, es suficiente con que el anuncio de un mal inminente sea susceptible de inspirar en el receptor un sentimiento de temor o angustia ante la contingencia de un daño real o imaginario.
Resumen: Responsabilidad civil compañia aseguradora: art. 117 CP. Seguro de caución y seguro de responsabilidad civil. Intereses moratorios: art. 20 Ley de Contrato de seguro.
Resumen: Cuando se recurre en casación invocando infracción de la presunción de inocencia el control casacional se desarrolla en diferentes planos. Debe comprobarse la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas, también debe analizarse la consistencia y suficiencia de las informaciones aportadas para considerar probados los hechos más allá de toda duda razonable. Además, debe comprobarse la racionalidad del discurso valorativo del tribunal de instancia determinando si el valor que se atribuye a las pruebas es conforme con criterios lógicos, con las máximas de experiencia y, en su caso, con el conocimiento científico aplicable. En el caso de autos la incorporación de las cantidades procedentes del patrimonio de la denunciante no estaban justificadas por el pago de una retribución pactada o por el ejercicio de las facultades de administración que le fueron conferidas sino que se realizaron para lucro personal del recurrente y sin conocimiento ni autorización de la denunciante, lo que conforma las exigencias típicas del delito de apropiación indebida. En el caso de sentencias privadas de la segunda instancia se han venido admitiendo en casación motivos de impugnación, planteados ex novo ante esta Sala, cuando la alegación estaba referida a infracciones de rango constitucional que pudieran acarrear indefensión y cuando se invocara la lesión de un derecho penal sustantivo en perjuicio del reo cuya procedencia fluyera del relato de hechos probados.
Resumen: En el Pleno no jurisdiccional celebrado el 19 de diciembre de 2012, se decidió que "La citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en La Ley ". La indemnización por daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor; y que en caso de dolo el deudor responde de todos los daños y perjuicios conocidos (artículo 1.107 CC) y el artículo 1.108 CC establece que cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurra en mora, la indemnización de daños y perjuicios consistirá en el pago de los intereses de demora, que tienen por finalidad no el conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial, sino de indemnizar el lucro cesante.
Resumen: El derecho a obtener la tutela judicial efectiva "no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en el selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva. Existe una íntima relación que une la motivación y el derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al hecho probado, sino también, con carácter previo a estos supuestos, en los casos de falta de motivación del resultado de la valoración de las pruebas. En el caso de sentencias dictadas en un procedimiento de Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. El Magistrado-Presidente debe señalar en este apartado de la presunción de inocencia los elementos de convicción que ha tenido en cuenta el Jurado y además añadir sus propias consideraciones sobre la concurrencia en el caso de la prueba de cargo que técnicamente deba ser considerada como tal. Se ratifica la condena por alevosía de un recurrente al actuar de común acuerdo con los demás y según un plan previo, causante de su muerte, sin que tuviera posibilidad de defensa eficaz, encontrándose totalmente desprevenido por lo sorpresivo del ataque.
Resumen: La operatividad del art. 849.2º LECrim en el ámbito del proceso por jurado ha sido reconocida por la jurisprudencia pese a que podría generar dudas basadas en la inexistencia de un motivo parificable en la apelación especial ( art. 846 bis c) LECrim. El tema fue resuelto por un acuerdo no jurisdiccional de Pleno (22 de julio de 2008). Es factible revisar desde el art. 849.2 el veredicto del Jurado y no hay cuestión sobre la idoneidad de un informe pericial para ser considerado documento a efectos del art. 849.2º LECrim siempre que sea único y el apartamiento que se detecte en el juicio fáctico incorporado en la sentencia respecto de sus conclusiones (en este caso por parte del jurado) no esté justificado o basado en elementos probatorios diferentes con capacidad para cuestionarlas. Entre los requisitos legales del ensañamiento hay uno básico y nuclear: el incremento del dolor o del padecimiento de la víctima. Sobre ese extremo la prueba pericial, única sobre la que podríamos apoyarnos (lo demás son especulaciones más o menos fundadas, pero especulaciones), no es en absoluto concluyente; antes bien, conduce a la expulsión del ensañamiento. El informe en el juicio oral de los forenses que practicaron la autopsia no permite fundar la afirmación del veredicto relativa al plus de sufrimiento de la víctima, a pesar de la gran cantidad de puñaladas tanto en un primer momento como en el cuerpo ya tendido sobre el suelo.
Resumen: Bien jurídico protegido en las distintas conductas típicas recogidas en el artículo 189 CP. Captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico del artículo 189.1.a CP. Existencia de un delito por cada persona que es captada, sin que pueda configurarse el delito continuado sobre la base de acciones reiteradas que, sin embargo, ofenden a diferentes sujetos pasivos. Concurso real de tantos delitos cuantas personas sean objeto del delito. Delito continuado de captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico o su utilización en espectáculos pornográficos. Posibilidad de apreciar la existencia de un continuado en supuestos en los que la reiteración de conductas se proyecta sobre un mismo sujeto pasivo, por más que la conducta típica de elaborar un material pornográfico con el menor comporta, en ocasiones, que pueda tener que reiterarse el abuso sobre la misma persona. Corromper el proceso educativo del menor es socavar los criterios y las pautas éticas que deben acompañar su trayectoria hasta la madurez. El delito continuado es predicable en todos aquellos supuestos en los que la repetición de la acción presenta una entidad autónoma y claramente diferenciada, de modo que la conducta nuevamente desplegada introduce la capacidad de tallar el comportamiento futuro del menor de manera profunda y significativa.
Resumen: Los hechos enjuiciados se ciñen a una discusión en una celda entre dos reclusos. Se produjo un ataque primero de la víctima y la creación a continuación de una pelea espontánea, en la que el autor se aprovecha de su corpulencia y del conocimiento de las artes marciales. El recurso se desestima, al considerar correcta la apreciación del abuso de superioridad y no de la alevosía. Se apreciaría alevosía cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento previo sin circunstancias iniciales alevosas, se hubiera producido un cambio cualitativo en la situación, de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno, en función de las concretas circunstancias del hecho, especialmente cuando concurre una alteración sustancial en la potencia agresiva. En el caso, no hay cambio cualitativo sino continuación en la contundencia de los golpes. Llegar a otra conclusión, derivaría en que siempre habría alevosía cuando los golpes se producen con una mayor corpulencia física o con un mayor conocimiento o con una más intensa precisión en su producción. Es decir, se cumplen las exigencias del abuso de superioridad: un importante desequilibrio de fuerzas (indudablemente concurre en este caso), que deriva en un debilitamiento de la defensa que no la elimina totalmente, y un aprovechamiento de tal situación (personal, en este caso, aunque no plural, sino debido a su destreza) para llevar a cabo del ataque.
