Resumen: La estrecha vía reparatoria que ofrece el artículo 849.2º LECrim se hace todavía mas angosta cuando la acusación la hace valer para pretender la reconstrucción del hecho probado sobre el que se ha fundado la decisión absolutoria de la instancia. El espacio en el que puede operar el motivo de casación previsto en el artículo 849.2 LECrim se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza como si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron. El legislador de 2015 estableció un modelo fuertemente restrictivo de revisión -llegando más allá de lo que las exigencias convencionales y constitucionales imponían- hasta el punto de privar al tribunal superior de toda facultad de revalorar la prueba -sea cual sea su naturaleza- sobre la que el tribunal inferior funda su decisión absolutoria.
Resumen: Analiza la motivación del veredicto, que debe expresar los elementos de convicción y una sucinta explicación, completada con las explicaciones contenidas en la sentencia del Magistrado Presidente. En este sentido, afirma que el deber de motivación tiene singularidades en el caso de sentencias dictadas en procedimiento del Tribunal del Jurado, por la intervención de jueces legos, no expertos en derecho. No puede exigirse a los ciudadanos que integran un Jurado el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que a un juez profesional. Solo se precisa que en el acta de votación figure la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como probados unos determinados hechos. Por tanto, la motivación del veredicto debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos.
Resumen: La testigo no acude al juicio (en la actualidad se encuentra en busca y captura) pero se le recibió declaración testifical en forma contradictoria, como prueba anticipada, a instancia precisamente del agente policial que llevaba la investigación, ante la posibilidad de coacciones, represalias o que no compareciese por temor. El TS afirma que la falta de comparecencia de la testigo es obvio que no se debe a inactividad del tribunal, sino a las prevenciones de la propia testigo, por una parte pendiente de cumplimiento de una pena de diez años de prisión y de otra, indica su representación, por el miedo a represalias. Asimismo, afirma que la declaración de la testigo debe reputarse creíble al estar corroborada por otras múltiples pruebas. Entre estas corroboraciones, la propia jurisprudencia del TEDH cita las declaraciones hechas por personas a las cuales el testigo ausente había narrado los hechos inmediatamente de haber sucedido.
Resumen: La diferencia entre una modalidad activa u omisiva del comportamiento típico radica en la creación del riesgo para el bien jurídico. Es activa la conducta que crea el riesgo, y es omisiva la que encontrándose en riesgo el bien jurídico no reacciona como le es exigible por su posición de garante, pudiendo hacerlo, para salvar el bien jurídico. Los elementos porpios de la circunstancia agravante de alevosía son: 1. Un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a los delitos contra las personas. 2. Un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. 3. Un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa. 4. Un elemento teleológico, que supone la comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión.
Resumen: No se niega la mayor fidelidad de la documentación mediante videograbación que la realizada por escrito, pero, aun siendo así, tampoco la primera ha sido considerada por el TC como suficiente a los efectos de suplir la inmediación imprescindible a los efectos de valoración de la prueba, pues entendió que el referido mecanismo no soluciona, en puridad, el problema, por cuanto que la esencia de la inmediación es el contacto directo con el material probatorio, y éste solo lo tiene el juez ante cuya presencia se practica la prueba. La formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto habrá de responder a una articulación lógica interna, de modo que las proposiciones alternativas o mutuamente excluyentes se relacionan entre sí con la advertencia expresa de tal alternatividad o relación lógica. No concurre la alevosía, no estaba presente la sorpresa o lo inesperado de la acción, ni la eliminación de todos los medios de defensa posible. El principio in dubio pro reo solo se justifica en aquellos casos en los que el tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado. Falta la base a partir de la cual se trata de construir la atenuante de arrebato, que es esa violenta agresión que se dice haber padecido por parte de la familia ofendida y que no ha quedado acreditada. Rechazo de la aplicación del tipo atenuado, pues el arma se utilizó para una finalidad ilícita.
Resumen: ABUSOS SEXUALES. Se aplica la doctrina reiterada de la Sala sobre presunción de inocencia y sobre la forma de valoración y relevancia probatoria de la declaración de la víctima en sentencias de apelación. DAÑO MORAL. Se reitera la doctrina de esta Sala de que no es preciso declarar la existencia del daño en los hechos probados, que los daños morales no precisan de secuelas psicológicas y se derivan de la gravedad del delito y de la lesión del bien jurídico y que su impugnación en casación sólo puede realizarse para supuestos de desproporción, debidamente justificada. La traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. Se podrán discutir las bases pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible cuando hablamos de daños morales. La medición de la indemnización por daños morales puede realizarse mediante la ponderación del hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o resultado causal, de tal suerte que la propia descripción del hecho puede constituir la base que fundamente el "quantum" indemnizatorio.No es preciso que los morales tengan que concretarse en alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, sino que pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital.
Resumen: Las sentencias son similares, porque idénticos han sido los hechos, sus autores y las pruebas practicadas en el enjuiciamiento, y como la nulidad de la primera sentencia acordada por esta Sala Segunda estuvo motivada por la vulneración del derecho al juez imparcial en su vertiente objetiva, esto es, sin referencia alguna a las pruebas practicadas, lo que resultó probado en el juicio anterior podía serlo en el presente. Consecuentemente, la utilización de la sentencia anterior en la redacción de la nueva no implica la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente. Para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero, es necesario que se haya superado el "punto sin retorno", es decir, que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o la imposibilidad de entrega o devolución. En los casos de delito continuado, el plazo de prescripción comenzará desde el día en que se realizó la última infracción o desde el día en que se eliminó la situación ilícita o cesó la conducta. No hay dato alguno revelador de esta conducta interesada del querellante en retrasar la interposición de la querella. No concurren los requisitos del período de seguridad previsto en el artículo 36.2º del Código Penal. Nos encontramos ante un delito contra el patrimonio en el que las víctimas ya han sido indemnizadas. En el escrito de acusación se contenían los elementos identificadores del tipo delictivo imputado. No hay indefensión.
Resumen: Detención ilegal:cuando la privación de libertad sea un instrumento necesario y proporcionado para alcanzar el principal objetivo delictivo que orienta la actuación del autor, la respuesta punitiva oportuna es la inherente a la apreciación de concurrencia de un concurso de normas, con absorción de la detención ilegal por el robo violento. Cuando la privación de la libertad deambulatoria supera la mínima restricción temporal o de potencia que resulta precisa, afectando de manera acumulada y relevante al bien jurídico protegido por el delito de detención ilegal, nos encontraremos con el concurso ideal impropio (o concurso medial) entre ambas conductas. El concurso real entre ambos delitos sobreviene cuando el exceso de duración o la intensidad de la privación de libertad se alejan notoriamente de la dinámica comisiva del robo. Agravante de abuso de superioridad: Circunstancia de apreciación excepcional para el delito de robo con violencia o intimidación. Doctrina de la Sala: para evitar la vulneración del principio del "non bis in ídem", la agravación sólo debería aplicarse como agravante en la sanción de los actos de violencia física realizados con ocasión del robo. La superioridad no puede venir dada por el uso del arma, puede proceder del elevado número de agresores unido al uso de una violencia sobreabundante. Delito de extorsión: Requisitos. Diferenciación respecto del delito de robo con violencia o intimidación.
Resumen: El tribunal sentenciador no vulneró el principio de causalidad, pues no declaró probado que el recurrente fuera el autor material del documento que presentó para acreditar que había superado las pruebas físicas requeridas en la convocatoria para ascenso a cabo, sino que, dentro del plazo de subsanación de defectos, presentó un certificado que, además de tener un formato obsoleto, figuraba firmado en determinada fecha por quien ya había cesado en su cargo previamente. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia, dando por acreditado, sin duda alguna: que las bases de la convocatoria exigían tener superadas determinadas pruebas físicas dentro del año anterior a la fecha límite de admisión de solicitudes; que el recurrente fue excluido por falta de justificación de dicho extremo; que, dentro del plazo concedido para subsanar el defecto, aportó un certificado que resultó no ajustarse a la realidad; que no negó la realidad de los hechos determinantes de la condena, ya que manifestó que entendía que las pruebas físicas realizadas 2 años antes eran válidas a tenor de la normativa de la Armada; que presentó el certificado siendo consciente de su falsedad, para que surtiera efectos. El relato fáctico integra todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo -pues el certificado era apto para acreditar la superación de las pruebas físicas requeridas y se aportó a sabiendas de su falsedad-.
Resumen: La sentencia analiza el elemento subjetivo del animus necandi en un supuesto en el que las lesiones causadas con un cuchillo no fueron graves y se concluye que el simple hecho de que las heridas causadas no fueran muy profundas no excluye la voluntad de matar ya que la acción se vio interrumpida por la defensa de la hija. La inexistencia de señales defensivas tampoco es un dato que excluya el ánimo homicida, dado que ese tipo de señales o vestigios no son necesarios para acreditar ese ánimo. Se analiza el desistimiento y sus formas y se concluye, asimismo, que no hubo desistimiento voluntario y eficaz por parte del recurrente. En este caso, el autor estaba ejecutando su plan criminal y no lo concluyó debido a dos factores concurrentes: la interposición de su hija y el desmayo posterior, al ver la sangre que ésta tenía por consecuencia del corte de su mano con el cuchillo. La interrupción del curso causal no tuvo su origen en un acto voluntario del autor, que no realizó acto alguno dirigido a desistir de la acción. Se aprecia dolo eventual en las lesiones sufridas por la hija. Sin embargo, se considera improcedente la apreciación del subtipo agravado de uso de armas, que no es de aplicación automática, atendidas las circunstancias concurrentes. Finalmente, se aprecia la atenuante de reparación del daño reclamada por el recurrente. No es necesario que la víctima ejerza la acción civil, basta la reparación y que se trate de un delito de resultado.
