Resumen: Se juzga al acusado, Diputado del Parlamento de Cataluña (aforado), por la pluralidad de conductas que se integran en el acto de desobediencia, dada la conducta rebelde de reconocer la vinculación a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se detallan hasta al menos 10 mandatos de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Su desobediencia fue consciente y voluntaria. Actuó en la Mesa del Parlamento, como órgano rector colegiado del Parlamento con funciones de carácter gubernativo y de organización del trabajo parlamentario, ajenas a la finalidad prevista en la proclamación de la inviolabilidad parlamentaria. Se analiza especialmente la conducta consistente en la admisión a trámite de la proposición de ley de referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, para conformar la tipicidad en el delito objeto de la acusación, por ser la más clara y la que resulta más relevante de las que fueron objeto de la acusación.
Resumen: La denuncia de error facti debe ser desestimada, al haberse formulado con abierta inobservancia de los mínimos requisitos legales, ya que se apoya en pruebas personales -testificales- o en documentos que carecen de la literosuficiencia necesaria, al carecer del poder demostrativo directo exigido legalmente. La autoincriminación del acusado ante sus superiores no puede ser tenida en cuenta como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia, al no haberse respetado en ella el derecho de defensa del acusado, que no estuvo asistido de abogado. Pero ello no significa que no existan otras pruebas válidamente practicadas de las que se infiere razonablemente la culpabilidad del recurrente, como la declaración de la víctima-perjudicado o el visionado de las grabaciones -en las que se aprecia que el acusado accedió con llave al dormitorio de la víctima, lo registró, cacheando la ropa y rebuscando entre sus pertenencias, y realizó una serie de actos que manifiestamente ponen de relieve que pretendía llevar a cabo una nueva sustracción de dinero-. Ese conjunto probatorio, unido a otros datos periféricos, como los referidos a la sustracción de la llave maestra, justifican suficientemente la conclusión de condena alcanzada por el tribunal de instancia. El motivo de casación invocado al amparo del art. 849.1.º LECRIM por infracción de ley penal sustantiva debe analizarse desde el respeto al relato de hechos probados, relato que contradice abiertamente el recurrente.
Resumen: La Sala analiza las quejas deducidas por el recurrente a propósito de la denegación de la prueba anticipada consistente en la emisión de un informe pericial sobre su teléfono para comprobar ciertos mensajes de Whatsapp. La prueba se practicó en los términos interesados por la defensa. El hecho de que el resultado de la prueba no hubiera sido satisfactorio para la parte que la propuso, no implica ni que no se haya realizado tal prueba, ni que se hayan vulnerado garantías del proceso. No puede decirse ahora que la búsqueda se debería haber ampliado a mensajes borrados, que no es que no se pidiese por el recurrente, sino que precisamente habría sido él quien los hubiera borrado, de manera que dicha parte era quien estaba en condiciones de conocerlo y solicitarlo. Sobre el delito de agresión sexual, la Sala recuerda que la fuerza que se exige ha de ser eficaz y de suficiente entidad objetiva, pero este dato debe matizarse en relación a las condiciones concretas de la víctima, bastando simplemente la acreditación del doblegamiento de la víctima por la superior posición y dominio del actor, lo que supone valorar la vía física más con criterios relativos y circunstanciales alejados de la nota de la irresistibilidad. No se precisa, pues, la causación de lesiones para estimar cometida la agresión sexual.
Resumen: La declaración de la víctima puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, una vez que se contrasta con los datos objetivos corroboradores que figuran en la causa. Y ello incluso cuando fuera la única prueba disponible, lo que no es extraño que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en lugares ocultos y ajenos a la visión de terceros, no suele ser fácil hallar pruebas concluyentes diferentes a las manifestaciones de la víctima. El principio in dubio pro reo nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación. El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo.
Resumen: La Sala concluye la plena validez del auto de intervenciones telefónicas, a partir de la existencia de razonables indicios relativos a que el acusado, interno en ese momento en un centro penitenciario, pudiera estar utilizando la línea telefónica cuya intervención se acordó, para contactar con terceras personas, en aras a la gestión y destino del patrimonio obtenido como consecuencia de sus actividades delictivas, así como para la realización de otra serie de delitos graves que siguieron una investigación paralela. No concurre autoblanqueo impune, dada su vinculación con el tráfico de drogas, el afloramiento de un importante patrimonio que no obedece a sus ingresos económicos lícitos y ordinarios, y la circunstancia de que algunos de esos bienes fueran puesto a nombre de testaferros de su núcleo más cercano y familiar, constituyen indicios sólidos, congruentes y consistentes para concluir que concurre prueba de cargo suficiente para estimar que se dan los presupuestos fácticos tipificados en el art. 301 CP. Se estima el recurso en lo relativo a la existencia de dilaciones indebidas tras el dictado de sentencia. Su apreciación es, en principio, excepcional, si bien en el caso concurren méritos bastantes para que la atenuante muy cualificada, que la propia sentencia recurrida proclama, produzca el efecto de reducir la pena prevista en abstracto para el delito cometido, en dos grados.
Resumen: No se produjo indefensión por el hecho de que parte de la documental recabada se recibiera e incorporara a la instrucción con posterioridad al pliego de cargos, pues tales pruebas no fueron discutidas por el encartado con posterioridad cuando tuvo posibilidad legal para ello, en particular, en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución. Los elementos probatorios, válidamente obtenidos y regularmente practicados -documental y diversas testificales-, llevan a la más firme convicción de la certeza de los hechos que se declaran probados, por lo que resultan suficientes para enervar la presunción de inocencia. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente cogió un vehículo oficial, permitió que lo condujera un paisano como consecuencia de su falta de capacidad personal para ello, así como que accionara las señales luminosas de circulación prioritaria, dejó de informar a su unidad sobre su situación y sobre su estado, dio lugar a la intervención de la policía local primero y luego de un Juzgado de Instrucción y devolvió el vehículo con diversos desperfectos que no existían antes sin dar cuenta de ello- conforma una conducta manifiestamente contraria al recto comportamiento que cabe esperar de un miembro de la Guardia Civil, obligado a comportarse con seriedad, decoro, dignidad y honor militar. No está acreditado que el recurrente actuara privado de sus facultades intelectivas o volitivas, por lo que no puede apreciarse la inimputabilidad planteada.
Resumen: En el relato de hechos probados consta que el procesado se dirigió a gritos a un superior que se encontraba dentro de la cámara de suboficiales llamándole "negro de mierda". Este grave insulto no fue proferido en presencia de su destinatario, sino ante una concurrencia de personas, si bien, el tribunal de instancia matizó que el insulto solo fue escuchado por una persona. La conducta enjuiciada, en consecuencia, no se subsume en ninguna de las dos modalidades por las que fue calificada, sino en la modalidad atenuada prevista en el último inciso del art. 43 CPM. No obstante, esta consideración carece de efectos prácticos, ya que el recurrente fue condenado por el tipo genérico del art. 43 CPM, habiéndosele impuesto la pena de tres meses de prisión, por debajo del límite inferior de seis meses previsto para cualquiera de aquellas dos modalidades. Por su parte, las expresiones dirigidas al superior -"ya te cogeré"; "ya te pillaré"- no pueden ser calificadas como de menor entidad, pues implican la posibilidad de que el recurrente infiriera a su superior un daño en su integridad física en cuanto tuviera oportunidad, es decir, "en cuanto le pillara". Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y en mayor medida las eximentes, han de estar probadas por quien las alega como los mismos hechos, no constando como probados en el caso los elementos configuradores de la eximente de intoxicación alcohólica plena alegada, ni de su modalidad degradada a mera atenuante.
Resumen: Delito contra la salud pública. Presunción de inocencia: alcance cuando se invoca en casación y ha mediado previamente un recurso de apelación. La valoración de la prueba efectuada por la Audiencia Provincial ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación. La alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia implica la realización de una triple comprobación. Elementos del delito contra la salud pública: elementos subjetivo y objetivo. Preordenación de la droga al trafico: inferencia a partir de prueba indiciaria. Requisitos de la prueba indiciaria. La vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuciamiento Criminal exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. Valor testifical de las declaraciones sumariales, siempre que se integren en el acto de la vista oral. En el caso de retractación o rectificación del testimonio, es válida la introducción de la declaración sumarial mediante su lectura. Complicidad en los delitos contra la salud pública. Dificultad de su apreciación. Tentativa: apreciación restringida en los delitos contra la salud pública. Drogadicción: requisitos para su apreciación. Es necesario que haya una merma de las capacidades volitivas y cognitivas, no bastando simplemente con la acreditación del consumo. Individualización de la pena: fundamentación bastante. Campo de revisión de la pena en casación. Error en la apreciación de la prueba: falta de literosuficiencia.
Resumen: La sentencia desestima el recurso del condenado, que centraba su queja en la preconstitución de la prueba antes de haber sido declarado incapaz y en la posterior dispensa del perjudicado a declarar en el juicio oral. Los presupuestos de aplicación de los arts. 433 y 438 LECrim no parten de una previa declaración de incapacidad, como requisito formal. La aplicación de las normas que tutelan a las personas con discapacidad, recogidos en estatutos de protección, no quedan supeditadas a la declaración formal de discapacidad, sino que han de ser dispuestas en el momento que se detecte la concurrencia de circunstancias que precisa la adopción de medidas dirigidas a compensar la discapacidad que resulta evidente. La prueba se preconstituye por las razones que se expusieron y las partes se aquietaron a esa decisión participando en su realización, sin que sea factible un cuestionamiento posterior a su realización cuando la prueba se realizó para evitar un riesgo que se puso de manifiesto, se valoró y se trató de impedir. Para eso, precisamente, la ley prevé esa posibilidad cohonestando la eficacia de la prueba con las garantías del derecho de defensa. Se estima el recurso de la acusación particular, que reclamaba la imposición de las costas causadas en el previo recurso de apelación, al tratarse de una actuación acorde con las exigencias del proceso debido.
Resumen: El grupo criminal requiere exclusivamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos. Si bien la jurisprudencia ha distinguido entre participación plural de personas, encuadrable en el ámbito de la coautoría, y aquella otra configurada por varias personas coordinadas que integran un aliud y un plus frente a la mera codelincuencia, por hallarse integrada por más de dos personas y no haberse formado fortuitamente para la comisión inmediata de un solo delito. La organización criminal requiere, además, el carácter estable o su constitución o funcionamiento por tiempo indefinido, y que de manera concertada y coordinada se repartan las tareas o funciones entre sus miembros con aquella finalidad. El grupo criminal, sin embargo, puede apreciarse aunque no concurran ninguno de estos dos requisitos, o cuando lo haga solo uno de ellos. En el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada. Es suficiente con que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamente en la remisión a los elementos fácticos que consten en la correspondiente solicitud policial, o en el informe o dictamen del Ministerio Fiscal, cuando se ha solicitado y emitido
