Resumen: La sentencia resuelve sobre el derecho a la presunción de inocencia: prueba suficiente: exploración de la niña, contundente, y reiterada, con elementos de corroboración: a) aparición de un pañuelo con semen; b) lesiones en el cérvix de nulípara; c) informe de credibilidad (probablemente creíble). Prevalimiento: relación de superioridad: jurisprudencia. Relación de superioridad del tío por afinidad, no solamente derivada de la convivencia, sino de una situación de hecho como guardador los fines de semana, lo que le confiere una gran ascendencia sobre la menor (13 años); sin perjuicio, además, de que los hechos describen más bien una situación de fuerza, más que de consentimiento influenciado por tal relación de superioridad. Voto particular.
Resumen: El Juzgador basó el fallo en el reconocimiento del acusado por parte del testigo, en rueda y en el acto del juicio oral. El análisis de las huellas dactilares en la cinta aislante colocada por el autor de los hechos a la víctima había dado resultado negativo y el resultado del análisis del ADN en el pasamontañas que llevaba el autor de los hechos no se había emitido. El Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción el informe sobre el análisis del ADN hallado en el pasamontañas, indicando que se había detectado un perfil genético coincidente con el de otra persona distinta al recurrente. El Juzgado practicó rueda de reconocimiento con el citado testigo que reconoció a esta última persona con un 80% de seguridad, y, en auto se acordó el sobreseimiento de las Diligencias ya que por los mismos hechos había recaído la sentencia condenatoria contra el recurrente. Los datos expuestos ponen de manifiesto que si éstos hubiesen sido conocidos antes de la celebración del juicio seguramente el recurrente no hubiera sido condenado. El mismo fue reconocido sin ningún género de dudas por el testigo. El informe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil fue remitido al Juzgado de Instrucción cuando la sentencia condenatoria ya era firme.
Resumen: La estructura del delito de alzamiento de bienes se refiere a una actuación plural que absorbe los hechos aislados realizados todos con una común finalidad defraudatoria, lo que excluye también la posibilidad de aplicar la figura del delito continuado. Es un único delito que se comete a través de varios actos en periodos de tiempo distintos. Por eso no es factible entender prescritos unos actos. Es un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce una situación de insolvencia, aun parcial de un deudor, provocada con el propósito en el sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus acreedores. Basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia de los propios bienes. Cuando el deudor es una persona jurídica, la responsabilidad criminal recaerá en las personas físicas que desempeñen funciones de dirección o administración. No es exigible que el acreedor agote todos los medios de cobro. La responsabilidad civil no comprende el montante de la deuda, sino la restauración del orden jurídico alterado, y, excepcionalmente cuando ello no fuera posible, el resarcimiento del importe del crédito impagado. El artículo 82 del Código Penal debe ser interpretado en los términos más favorables para la tutela judicial efectiva, razón por la que, aunque el precepto guarde silencio, la decisión en sentencia sobre la suspensión debe ir precedida de un trámite de audiencia.
Resumen: La invocación de la vulneración de la presunción de inocencia y de error de hecho en la apreciación de la prueba se excluyen mutuamente por ser incongruentes. No resultaron vulnerados los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la defensa, ya que el tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo -confesiones espontáneas, testifical, pericial y documental- de la que, conforme a una inferencia razonable, obtuvo una conclusión consignada de forma lógica y no arbitraria en el relato de hechos probados. No se ha designado documento idóneo alguno en que apoyar el invocado error facti, pues los citados o son pruebas personales documentadas sin carácter externo a la causa o no son literosuficientes. En el inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, los condenados difundieron en un grupo de WhatsApp diversas expresiones ofensivas de contenido sexual dirigidas a una alumna que había abandonado el grupo previamente y que, en consecuencia, no tuvo conocimiento de los mismos hasta el día siguiente en que fue advertida por un compañero- concurren los elementos precisos para integrar el subtipo delictivo de injuriar gravemente o atentar de modo grave contra la dignidad personal de otro militar públicamente: acción típica -injurias graves y con publicidad por un militar respecto de otro con el que no mantiene relación jerárquica-; bien jurídico protegido -dignidad de la víctima-; tipo subjetivo -dolo directo o neutro-; y gravedad.
Resumen: Casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales (o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional): único motivo de impugnación admisible, artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Rechazo de cuestiones nuevas (no debatidas previamente en la apelación).
Resumen: Estafa de gravamen. No precisa engaño. La constitución de un gravamen con posterioridad a la venta del bien en documento privado, comporta un perjuicio para quien adquirió la cosa como libre de cargas si no se ha autorizado al vendedor a gravar o hipotecar el objeto de la compraventa. El delito se consuma desde el momento de la constitución de la carga. Litisconsorcio: en supuestos en los que se reclama la nulidad de un contrato surgido de una eventual actuación criminal, la correcta construcción de una relación jurídico procesal que no genere indefensión para ninguno de los afectados por la sentencia, pasa por incorporar al proceso a aquellos que pueden estar interesados en sostener la validez del contrato, quienes podrán hacerlo en la condición de responsables civiles. Prescripción: la proclamación de prescripción que realiza el Tribunal de instancia resulta precipitada, pues la resolución judicial no analiza en plenitud si los hechos sometidos a enjuiciamiento son subsumibles en los distintos tipos penales en lo que se basó la pretensión de condena. En el presente supuesto, el Tribunal de enjuiciamiento no se ha pronunciado sobre si los hechos pueden integrar el delito de estafa común agravada de los artículos 248 y 250 del Código Penal que la acusación pretendió, de modo que el Tribunal no puede proclamar la extinción de la responsabilidad por prescripción. La aplicación del instituto de la prescripción se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido.
Resumen: Alevosía por desvalimiento: Como se establece en la sentencia, existe una situación de desvalimiento para la víctima, pues el recurrente consuma su acción cuando esta se encontraba en el suelo afectada por el golpe recibido al abrir la puerta, debiendo tenerse en cuenta además que estamos ante una persona de avanzada edad. Lo que hace la víctima para, como consecuencia del natural instinto de conservación, tratar de autoprotegerse, que en el presente caso estaría constituido por levantar los brazos para intentar evitar los golpes, no impide la aplicación de la alevosía porque tal acción defensiva no supone ningún obstáculo para que la acción del agresor se lleve a cabo sin riesgo para él. Eximente incompleta: es compatible con la alevosía, pero no cabe apreciar una atenuante de drogadicción. Lo que se ha reconocido es la alteración psíquica por consumo crónico de drogas, pero no la alteración psíquica por un lado, y, por otro, la drogadicción aislada de la primera. Esta última es la que provoca la primera. La eximente incompleta del artículo 21.1 CP, en relación con el artículo 20.1 CP, absorbe, en concurso de normas, la atenuante de drogadicción que ha contribuido a lograr la alteración psíquica producto del consumo antiguo y crónico. Imposición de la medida de libertad vigilada. Análisis acerca de la imposición de esta medida por la vía del art. 140 bis en casos de asesinato concurriendo eximente incompleta. Fijación de libertad vigilada en cinco años art. 105.2.a CP.
Resumen: La estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad. El desplazamiento patrimonial puede consistir en cualquier acción del engañado que causa un perjuicio patrimonial propio o de tercero, entendiéndose por tal, tanto la entrega de una cosa como la prestación de un servicio por el que no se obtiene la contraprestación El engaño puede concebirse a través de las más diversas actuaciones, dado lo ilimitado del engaño humano y la ilimitada variedad de los supuestos que la vida real ofrece y puede consistir en toda una operación de "puesta en escena" fingida que no responda a la verdad, y por consiguiente, constituye un dolo antecedente. Engaño bastante que debe valorarse por tanto "intuitu personae", teniendo en cuenta que el sujeto engañado, puede ser más sugestionable por su incultura, situación, edad, o déficit intelectual, idoneidad valorada tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de la totalidad de circunstancias del caso concreto.
Resumen: La Sala tiene establecido que el trastorno mental transitorio, que afecta de modo notorio a la imputabilidad, supone una perturbación de intensidad psíquica idéntica a la enajenación, si bien diferenciada por su temporal incidencia. Viene estimándose que dicho trastorno, con fuerza para fundamentar la eximente, supone, generalmente sobre una base constitucional morbosa o patológica, sin perjuicio de que en persona sin tara alguna sea posible la aparición de indicada perturbación fugaz, una reacción vivencial anormal, tan enérgica y avasalladora para la mente del sujeto, que le priva de toda capacidad de raciocinio, eliminando y anulando su potencia decisoria y sus libres determinaciones volitivas, siempre ante el choque psíquico originado por un agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza. Una reiterada jurisprudencia ha declarado que, desaparecido el criterio ya superado de la base patológica como requisito del trastorno mental transitorio, ante la realidad de alteraciones de la mente de origen meramente psíquico, que por su intensidad merecían la exención de responsabilidad, se viene entendiendo que tal trastorno puede tener también origen exógeno, atribuyendo su aparición a un choque psíquico producido por un agente exterior cualquiera que sea su naturaleza. La medida de libertad vigilada deberá cumplirse con posterioridad a la pena privativa de libertad, sin perjuicio de las medidas de control que puedan adoptarse en caso de permisos penitenciarios, tercer grado.
Resumen: En la causa existió prueba suficiente que conduce al relato de hechos probados contenido en la sentencia recurrida -declaración del acusado, testificales y documental-. El recurso infringe el contenido del art. 849.2.º LECRIM, dado que no indica documento alguno que pueda avalar la queja de error de hecho en la valoración de la prueba. Se cuestiona en el recurso la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, referido a la intención de sustraerse de la unidad con carácter de permanencia. Conforme al relato de hechos probados, el soldado recurrente, tras disfrutar de una licencia y un permiso, se ausentó de su unidad durante casi 5 años, permaneciendo primero en el continente americano y viajando luego a Oceanía, lugares en los que desarrolló diversos trabajos retribuidos, sin que, durante dicho tiempo, se pusiera en contacto con ningún miembro de su unidad, hasta que fue detenido en el aeropuerto de Madrid. Deducir de estos hechos que el encausado tenía ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones y que, con tal ánimo, se ausentó de su unidad, no es una conclusión que infrinja ninguna de las reglas de la lógica, sino que es lo que impone la lógica más elemental. No se está ante el tipo penal del art. 56 CPM, sino ante el del 57, que tipifica el delito de deserción, norma especial aplicable cuando la sustracción al cumplimiento de las obligaciones tiene carácter permanente -lo que se desprende de los casi 5 años de ausencia del acusado-.
