Resumen: En los casos de deficitaria grabación del juicio oral, son dos las circunstancias a tener en cuenta, fundamentalmente, para llegar a unas consecuencias tan traumáticas como es la repetición del juicio, máxime si tenemos en cuenta el principio de conservación de los actos judiciales; bien, que tal déficit haya ocasionado indefensión material, real y efectiva a alguna de las partes, bien, que sea imprescindible acudir a lo videograbado para resolver el recurso, ninguna de cuyas dos circunstancias se dan en el presente caso. Al concurrir la circunstancia 1ª con la 6ª del art. 250 CP vigente en la fecha de los hechos, la pena imponible oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, la misma que lo sería de estar a la reforma habida tras la LO 5/2010, partiendo siempre de la inamovilidad de los hechos probados, que concretan en 60.000 euros la cantidad indebidamente apropiada, y así es, si tenemos en cuenta que la circunstancia del número 1º (vivienda) no varía, y que, al margen la de especial gravedad, se introdujo una (la del número 5º), relativa a que el valor de la defraudación supere los 50.000 €, que, si concurren ambas, como sucede en el caso presente, llevan a la agravación indicada. En las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio.
Resumen: Suele ser objeto de alegación con frecuencia la existencia de contradicciones en las declaraciones de los acusados, víctimas o testigos en sus diversas manifestaciones que llevan a cabo tanto en sede policial, como ante el juzgado de instrucción y su comparación con la llevada a cabo en el plenario. No obstante, cuando se alega el concepto de contradicción no debe perderse de vista que, técnicamente, por tal debería entenderse aquello que es antagónico u opuesto a otra cosa. Y en la mayoría de los supuestos en que se alega la pretendida contradicción se centra o ciñe más en cuestiones de matices respecto al contenido propio de las declaraciones. En casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Comete violación y no está amparado por causa alguna de justificación quien, usando fuerza o intimidación, tuviese acceso carnal con su cónyuge. No existen supuestos "derechos" a la prestación sexual, debiendo primar el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona. La Sala II ha entendido que la conducta que se sanciona en el art. 173.2 es distinta de las concretas agresiones cometidas contra esas personas. La conducta típica viene, pues, integrada por una forma de actuar y de comportarse de manera habitual en la que la violencia está constantemente presente, creando una situación permanente de dominación.
Resumen: El acusado no se limitaba a tener los referidos sistemas de captación de imágenes, sino que, además procedía después al archivo y grabación de las imágenes así obtenidas, vulnerando abiertamente la intimidad de sus subordinadas con plena conciencia y voluntad de hacerlo. El Tribunal considera que el prevalimiento del cargo público al que el artículo 198 del Código Penal alude debe ser interpretado no en el sentido de mero aprovechamiento (laboral) del cargo, de la categoría profesional o de las facultades de dirección que el mismo proyecta sobre sus subordinados (también funcionarios públicos de ordinario), sino en atención a que el delito sea cometido prevaliéndose el sujeto activo de su condición o cargo público frente a particulares (o naturalmente frente a autoridades o funcionarios públicos al margen de su función). El citado tipo requiere en primer lugar que el sujeto activo sea autoridad o funcionario público. Ahora bien, no nos encontramos ante un tipo anudado a la función pública. No es suficiente con la condición de funcionario público del sujeto activo. Es necesario que actúe en el área de sus funciones específicas, de tal modo que aun cuando la acción sea ejecutada por una autoridad o funcionario público, si su actuación no se refiere específicamente a tales funciones y únicamente se ha aprovechado de su condición de autoridad o funcionario para facilitar la comisión del hecho, su actuación deberá ser calificada conforme al artículo 197 del Código Penal.
Resumen: El ánimo o intención de matar, elemento subjetivo del homicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y requiere un juicio de inferencia para su fijación en el proceso penal, operación compleja que partiendo de datos fácticos demostrados, conduce -a través de las reglas lógicas o de experiencia- a la certeza moral que la resolución judicial necesita; y ese juicio de inferencia obliga a una indagación cuidadosa de todas circunstancias del hecho, en cuanto pueden facilitar datos o elementos significativos de la voluntad o intención del sujeto y se vienen destacando el arma o medios utilizados, la zona a la que se dirige el ataque, número de golpes, violencia o intensidad de los mismos, condiciones de espacio y tiempo en que se produjo la agresión, circunstancias conexas, las palabras del autor, previas, coetáneas y posteriores a la agresión, móvil del delito y cualesquiera otras que en función de las circunstancias del hecho puedan determinar el alcance de la intención lesiva. La Sala II ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. Se trataría de una alevosía doméstica, derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día.
Resumen: La ratificación en el juicio oral de los reconocimientos en rueda y su sometimiento a la contradicción de las partes permitió al Tribunal valorar las circunstancias en que tales reconocimientos tuvieron lugar. Para poder apreciar la circunstancia de drogadicción, es imprescindible que conste probada la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo. Para la especial cualificación de la atenuante de reparación del daño, se requiere que el esfuerzo realizado por el culpable sea particularmente notable, en atención a sus circunstancias personales (posición económica, obligaciones familiares y sociales, especiales circunstancias coyunturales, etc.) y al contexto global en que la acción se lleve a cabo. Para la apreciación de la reparación del daño como muy cualificada, el Tribunal únicamente ha atendido a la cuantía consignada, la cual considera relevante por ser superior a la cuantía de la responsabilidad civil interesada por el Ministerio Fiscal y cercana a la solicitada por la acusación particular. No aprecia ningún otro dato que revele una especial intensidad en los elementos que integran la atenuante o que justifique que la conducta del acusado fue más allá de la material reparación. Por su parte el condenado, en su escrito contestando el recurso, únicamente señala que ha tenido que vender un vehículo de su propiedad, sin que este hecho, por si solo, denote un especial esfuerzo reparador. Tampoco consta sentimiento de constricción.
Resumen: Denegación probatoria: se condiciona una pericial psicológica de las denunciantes, que pretende acreditar el perfil psicológico de las mismas, al consentimiento de las mismas, que no lo prestan. Prueba improcedente. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, que se encuadra en la denegación de la reseña y detección de llamadas entrantes y salientes entre el teléfono del acusado y el de la víctima, y en la denegación de la declaración de dos testigos. Presunción de inocencia. Delito de agresión sexual. Características de la declaración de la víctima. Parámetros para su apreciación. Doctrina jurisprudencial. Infracción de ley: doctrina jurisprudencial sobre los delitos contra la libertad sexual. Recurso de las acusaciones particulares: agravante específica de concurrir una relación de superioridad del acusado sobre las trabajadoras del colegio, denunciantes de los hechos. En los tocamientos fugaces o episódicos, evidentemente inconsentidos, llevados a cabo en zonas erógenas y con inequívoco sentido sexual, como ocurre en muchos de los episodios analizados, el consentimiento se obtiene de forma viciada o se aprovecha el agente del estado de incapacidad para obtenerlo. No se describe propiamente una «relación de superioridad» que conforma un prevalimiento.
Resumen: Es correcto el juicio de inferencia que realiza la Audiencia Provincial para concluir, a partir de los hechos acreditados, imputando a los acusados un acuerdo previo para alterar el cuentakilómetros (fueran ellos o un tercero por su encargo quienes materialmente efectuaran la manipulación). Que no exista prueba directa de que el acusado fuere quien modificó el cuentakilómetros no excluye su responsabilidad, cabe sostenerla por prueba indiciaria. Sin exponer período de paralización alguno, la duración global del procedimiento tampoco ampara la reclamada apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas. Ninguno de los documentos señalados demuestra la equivocación que se dice cometida por el Juzgador. La responsabilidad civil debe consistir en el abono de la diferencia del valor del vehículo, incrementado en la cantidad señalada en el informe pericial como consecuencia o en compensación de la "pérdida de oportunidad referida". La alteración del cuentakilómetros de un vehículo, expuesto para su venta en un establecimiento comercial abierto al público, no puede considerarse en absoluto como una suerte de engaño burdo, pedestre o elemental. No existe predeterminación del fallo por la incorporación de aspectos relacionados con el elemento subjetivo.
Resumen: La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem), sino un bis in altera, por lo que no impide la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal de los hechos referidos. El art. 140.1.1 del CP no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. La reforma derivada de la LO 1/2015, introduce varias hipercualificaciones en el asesinato, que se enumeran en el nuevo art. 140, siendo la primera de ellas, que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. El fundamento de la prisión permanente revisable radica en la especial protección de los menores de 16 años (o personas vulnerables) más que sancionar el mayor reproche derivado del aseguramiento buscado por el autor frente a posibles reacciones defensivas, que es el fundamento de la alevosía. Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes: no hay bis in idem sino un legítimo bis in altera.
Resumen: Mantenimiento de relaciones sexuales consentidas por menor de dieciséis años. No es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación. El recurso de casación debe buscar rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación. Se invoca la precocidad en el mantenimiento de relaciones sexuales en Sudamérica, de donde son originarios el acusado y la víctima. Acreditación de que el acusado tenía conocimiento de la edad real de la menor. Existencia de informes que acreditan la asimetría de edad y de desarrollo de acusado y víctima. Razonabilidad de los razonamientos que excluyen el error de tipo y de prohibición. Interpretación del artículo 184 quáter del Código Penal. Se apreció como atenuante analógica muy cualificada por el Tribunal Superior de Justicia. El órgano de apelación estimó que la diferencia de cinco años no impedía la aplicación del artículo 183 quáter del Código Penal. El órgano de instancia reconocía dos de los tres elementos propios del artículo 183 quáter del Código Penal, el consentimiento y la proximidad de edad, pero no el grado de madurez similar, aunque la diferencia no era tampoco extrema. Por eso, lo aplica como atenuante, pero se rebaja la pena en un solo grado. Se estima, sin embargo, que no hay ningún dato que apunte a que esa diferencia fuera muy intensa. Por eso, se estima el recurso parcialmente, disminuyendo la pena en dos grados.
Resumen: La sola circunstancia de haber tenido contacto con la instrucción no es suficiente para generar sospechas de parcialidad, sino que hay que precisar si su actuación anterior es cuestión afectante a la existencia de indicios de culpabilidad del inculpado, como cuando el pronunciamiento es sobre la situación personal de prisión o es con ocasión del procesamiento o, en general, se realizan consideraciones que pudieran haber condicionado negativamente al inculpado, lo que no es del caso, pues la resolución que se invoca, como es el auto de transformación del procedimiento en sumario, es de un contenido básicamente procedimental, que no encierra decisión de fondo afectante a la culpabilidad. Por otra parte, mal puede prosperar una recusación planteada extemporáneamente, cuando, al menos desde el día 21 de mayo de 2019 la defensa conocía la composición del tribunal y hasta pasados cuatro meses después no presenta tal recusación, lo que, además de no respetar el plazo de diez días que establece el art. 223. LOPJ , no deja de ser una muestra de quien va contra sus propios actos, porque, dejar pasar el plazo, supone consentir una resolución, que luego se cuestiona. Es tan grande la diferencia que distancia la edad del acusado y la menor, no menos de 24 años, que, objetivamente considerado, no ya es que impida hablar de proximidad entre la edad de uno y otra, sino que es tanta su lejanía que hacen inviable apreciar el artículo 183 quáter del Código Penal como atenuante analaógica.
