Resumen: En el relato de hechos probados de la sentencia impugnada no se hacen constar los fundamentos fácticos que determinan la comisión del delito de simulación para eximirse del servicio, por lo que procede estimar el recurso en este punto y casar la sentencia. Del inamovible relato de hechos probados se desprende que el recurrente, tras no presentarse a la lista de ordenanza en su unidad y haber aportado tardíamente justificantes de sufrir una fascitis plantar, no presentó bajas médicas ni partes de continuidad hasta que compareció voluntariamente en su destino, pese a haber sido requerido en diversas ocasiones para aportar documentación médica, habiendo permanecido ilocalizado y sustraído a todo control de sus mandos. El tribunal de instancia no niega la realidad de la dolencia leve del recurrente, pero estima con acierto que no quedó acreditada la justificación del incumplimiento de los deberes de disponibilidad, localización y sometimiento al control de los mandos. La conducta del recurrente excede del mero incumplimiento formal de la disposición reglamentaria que obliga a tramitar debidamente los partes de baja, pues, en definitiva, supone desatender la orden recibida y no someterse al debido control de sus jefes, en concreto, al preceptivo control médico. Tanto la autorización de la ausencia como la observancia por el ausente de los deberes de localización y control militar incumbe acreditarlos al acusado que los alega, en cuanto que constituyen elementos negativos del tipo.
Resumen: Del conjunto del material probatorio valorado por el tribunal de instancia -incluido el informe psiquiátrico incorporado a las actuaciones a los efectos de determinar el grado de imputabilidad del encausado en el momento de comisión del delito- se desprende que el recurrente padecía una patología psiquiátrica leve que, aunque podía interferir negativamente sobre su adecuada adaptación o respuesta al entorno, no afectaba a su capacidad de obrar y de entender en general, de lo que se desprende que la sentencia combatida efectuó una ponderación lógica y coherente del estado psíquico del encausado, por lo que no incurrió en error alguno en la valoración de la prueba. Del escrupuloso respeto al relato fáctico -conforme al cual, en síntesis, el recurrente, sin regularizar su situación tras haber incurrido en una baja médica, permaneció en situación de ilocalización para su unidad y para sus mandos, sin justificación alguna, durante un periodo de tiempo que rebasó con creces el plazo de tres días previsto en la normativa vigente- se desprende que la conducta del encausado fue debidamente incardinada en el tipo penal apreciado, al concurrir todos los elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito, así como lo relativo al bien jurídico protegido, los deberes del servicio, en particular, los ligados a los de presencia y prestación del servicio.
Resumen: El tipo de la deslealtad exige que el autor quiebre el deber de veracidad en los asuntos del servicio, lo que puede producirse mediante falsedad verbal o documental. Además, cuando la falsedad es documental puede darse en concurso ideal con un delito de falsedad. En el caso, la procesada aportó con ocasión de su declaración ante el juez instructor diversos informes médicos relativos a su situación de baja laboral durante todo el tiempo en que se mantuvo en la misma -que incluían el parte inicial de baja, los sucesivos partes de confirmación y el informe de alta-. Aunque estos partes no eran coincidentes con los que la procesada había ido remitiendo periódicamente a su unidad y que constaban en su expediente, mediante declaración firme y sin fisuras del médico que los suscribió se puso de manifiesto que eran suyos y que respondían a una situación real, de lo que cabe concluir que en la recurrente concurrían las condiciones para estar de baja durante toda la época en que se mantuvo en dicha situación. En consecuencia, con independencia de las irregularidades en que incurrieran los iniciales partes remitidos -alterados, pero no falsos desde el punto de vista penal-, no concurre uno de los elementos del tipo, el relativo a la emisión de una información falsa. No habiéndose ejercitado acusación por delito de falsedad, sino únicamente por deslealtad, procede la estimación del recurso y la absolución, al estar acreditado que la información proporcionada se ajustaba a la realidad.
Resumen: La sentencia confirma su condena. En el caso, se tuvo por acreditado de modo lógico y razonable que ambos condenados actuaron de acuerdo con el falso adquirente, que presentó documentación falsa para adquirir siete vehículos, dos de los cuales fueron adquiridos por éstos e inmediatamente vendidos. La circunstancia de no haber participado materialmente en la fraudulenta adquisición no desvirtúa su consideración de cooperadores necesarios. Su aportación fue esencial e imprescindible para la consumación del delito, pues determina el desplazamiento patrimonial hasta entonces no acaecido; la entrega por la concesionaria a través de la financiación concertada, conllevaba la posesión del vehículo para el adquirente, pero la titularidad, consecuencia del consiguiente pacto de reserva de dominio, correspondía a la financiera; son los recurrentes quienes, de acuerdo con el falso comprador, evitan la eficacia de la reserva y logran la disponibilidad efectiva del dominio de la que se carecía y posibilitan así la obtención del disfrute patrimonial programado, ultimando la mendaz puesta en escena, con la célere transferencia de la titularidad del vehículo en favor de su entidad, que resulta registrada, antes que la referida reserva de dominio. Supone un caso concomitante con la coautoría sucesiva. Lo mismo sucede con el otro vehículo, por más que la tramitación se efectuase por otro acusado en connivencia con todos ellos.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente, que recibió unas obras de arte en depósito para su venta, lo que no verificó, ni devolvió más que algunas de las obras tras la interposición de denuncia. Su responsabilidad penal aparece acreditada con independencia de que se discuta la concreta entrega de un cuadro y de la identidad del titular de parte de las obras entregadas para su venta. La obligación contraída por el acusado lo fue, con independencia del titular dominical de las obras que recibió con el encargo de proceder a su venta, con la persona que se las entregó con dicho fin. Su compromiso obligacional era únicamente con éste y era a él a quien debería hacer entrega del precio una vez vendidas las obras o, en caso de no conseguirse la venta, a quien debía restituirlas. Se estima parcialmente el recurso en lo concerniente a la continuidad delictiva. La circunstancia de que la posesión legítima de los bienes se obtuvo en momentos distintos en absoluto permite construir la figura del delito continuado de apropiación indebida, en tanto no haya constancia de que también los actos de apropiación hubieran sido varios, teniendo lugar en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En el caso, no puede excluirse que el acusado se apropiase de las obras recibidas en diferentes momentos de una sola vez, con lo que debió calificarse su conducta como constitutiva de un delito de apropiación indebida, sin apreciar la continuidad.
Resumen: El recurso de apelación, cuando lo es por error en la apreciación de la prueba, no pierde su función, ya sea contra sentencias condenatorias o absolutorias, pues es un juicio de revisión, en lo que toca al control sobre la estructura racional del proceso valorativo de la prueba, para lo que el principio de inmediación poco aporta, lo que no quiere decir que no pueda contribuir a un mejor control el visionado de la grabación del juicio. Así, por la vía de la presunción de inocencia, de la interdicción de la arbitrariedad, o el tratamiento de la prueba arbitraria, aspectos a los que poco puede aportar la inmediación, cabe fiscalizar la valoración de la prueba, a los efectos de verificar la razonabilidad del discurso valorativo; de esta manera, hay posibilidad de revisión del juicio fáctico a través de la presunción de inocencia. Cuestión distinta es que las consecuencias sean distintas en caso de que prospere el recurso, dado el sistema de reenvío al tribunal sentenciador si se trata de sentencias absolutorias, no contemplado respecto de las condenatorias. Las penas accesorias, de prohibición de acercamiento a las víctimas, la gravedad de los hechos, por sí sola, justifica su adopción, más si se tiene en cuenta las secuelas psicológicas que han quedado a la ofendida, pues, como explica el tribunal sentenciador, "la imposición de esta clase de pena contribuye a garantizar la indemnidad física y psicológica de la víctima y a lograr que esa secuela en particular pueda mitigarse.
Resumen: El recurrente olvida en su argumentación partir de que no se predica tras la sentencia del TSJ, que la factura no respondía a ninguna operación real; la 'simulación' es borrada del relato probado; por lo que su argumentación conlleva una alteración de los hechos probadas no tolerada por el cauce casacional elegido. Estamos ante una sentencia absolutoria, donde no es dable trocar la valoración probatoria o cambiar el apartado fáctico de la resolución recurrida, sin haber practicado el tribunal que ahora resuelve prueba alguna y sin oír a los acusados. Los datos fácticos de resoluciones precedentes, aunque lo sean de la jurisdicción penal, carecen de virtualidad suficiente como para que, en proceso distinto y por jueces diferentes, se haya de estar o pasar por los hechos antes declarados probados. No es posible por esta vía de corregir los hechos probados, máxime cuando la sentencia recurrida ha tocado el corazón del delito; ha modificado los hechos probados para suprimir el inciso de que "la factura no respondía a operación alguna", con lo que eliminaba de un plumazo su condición falsaria y ha evaporizado el engaño, el de estafa procesal intentada. El TSJ no excluye en irracional modo, prueba alguna; es la sentencia inicial de la Audiencia Provincial, la que en su motivación para dar por probada la simulación del contrato de intermediación y de las facturas emitidas con cargo a aquel, únicamente se remite a la valoración realizada en otros dos procedimientos penales.
Resumen: La cuestión relacionada con la admisibilidad de un turno de intervenciones o turno de cuestiones previas en el procedimiento ordinario, en el que no existe previsión normativa al respecto, ha sido admitida por la Sala. Cuando lo que se pretende es obtener la nulidad de determinadas actuaciones por entender que se han producido con violación de derechos fundamentales no cabe hacer uso de la vía de los artículos de previo pronunciamiento, sino que las objeciones correspondientes deberán reservarse para el juicio oral. Debe ser rechazada cualquier duda acerca de la posibilidad de promover como cuestión previa -ya en el juicio oral- la vulneración de derechos fundamentales. El escrito de conclusiones incluye todos los elementos fácticos que integran los tipos delictivos objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del recurrente. Cuando se trata de abusos reiterados sobre menores por parte de personas de su entorno familiar, resulta en muchas ocasiones imposible identificar las fechas, las ocasiones y el número de acciones abusivas cometidas. No cabe invocar el principio "in dubio pro reo" para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda. La declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino directa.
Resumen: Se ha venido subrayando la necesidad de que en el factum de la sentencia se contengan la totalidad de los elementos del hecho, el soporte fáctico o histórico completo que, en cada caso, resulte preciso para colmar las exigencias del tipo penal aplicado. Y en tal sentido, se ha destacado también que entre dichos elementos fácticos no se incluyen únicamente los correspondientes a la descripción objetiva de la acción sino también los aspectos subjetivos que, nuevamente en cada caso, resulten indispensables para conformar las diferentes figuras delictivas, en la medida en que éstos forman parte indisociable del hecho mismo. Cuando de intimidación se trata, no resulta exigible que el sujeto activo verbalice de forma inmediatamente anterior a la imposición del acto sexual, cualquier concreta amenaza o anuncio de un mal inminente y razonablemente seguro, bastando con que el aparente consentimiento (la aquiescencia) se obtenga aprovechando la situación de temor creada en la víctima por el autor (o, incluso, aprovechada por éste), de tal modo que la misma no se halla en razonables condiciones para prestar, al margen de esta presión psíquica, su libre consentimiento ni, más precisamente, para rechazar de forma libre el acceso sexual pretendido. Se inserta en este contexto la denominada "intimidación ambiental". La circunstancia mixta de parentesco resulta aplicable cuando, en atención al tipo delictivo, la acción merece un reproche mayor o menor del que generalmente procede.
Resumen: Aunque en la doctrina, y parcialmente en la jurisprudencia, se manejan generalmente estos conceptos de tentativa acabada e inacabada, la redacción del art. 62 del Código Penal solo tiene en cuenta, para la determinación de la pena legalmente procedente, "el grado de ejecución alcanzado", y el "peligro inherente al intento", peligro que remite más a la intensidad de la acción que a la progresión de ésta", siendo estos los presupuestos de la penalidad. En realidad el fundamento esencial de la determinación de la pena radica en el peligro generado por la conducta, pues cuantos más actos ejecutivos se hayan realizado, más cerca se ha estado de la consumación del delito y, en consecuencia, el peligro de lesión es mayor y la lesividad de la conducta también. Por tanto en el nuevo sistema de punición de la tentativa lo determinante no es reproducir a través de los nuevos conceptos de la tentativa acabada o inacabada los viejos parámetros de la frustración y la tentativa, sino atender al criterio relevante y determinante del peligro para el bien jurídico que conlleva el intento. No resultan parámetros de extraordinaria cualificación para reducir la pena en dos grados. Antes al contrario, la sentencia motiva sobre la gravedad del hecho, la lesividad de la conducta y el grado de ejecución realizado, sin obviar que la intervención de la droga fue producto de una actuación inspectora y las indagaciones hubieran llevado a la detención de los acusados.
