Resumen: La cuestión suscitada es la de determinar si es válido el periodo de prueba que se ha pactado en el contrato de trabajo haciendo constar que su duración será "según convenio o art. 14 del ET". La trabajadora fue contratada el 2-1-2018 como Titulado Grado Medio, y con fecha 23-4-2018 se le comunica la finalización del contrato por no superar el periodo de prueba. El Convenio de aplicación se limitaba a establecer un plazo máximo de seis meses, al igual que el ET, lo que no es más que el límite temporal máximo previsto. La aludida decisión se calificó como despido (nulo por el estado de gravidez de la trabajadora), al tener por no establecido el periodo de prueba (art. 1288 CC). El TS comparte tal parecer y considera que tal pacto carece de eficacia porque si bien dicho periodo se ha pactado por escrito, no se ha consignado la duración máxima del mismo, lo que se erige en un derecho mínimo del trabajador, sin que la remisión al periodo regulado en el Convenio o art. 14 ET efectuada en el contrato satisfaga tal exigencia, porque no fijan una duración concreta del periodo de prueba, sino que establecen la duración máxima del mismo. Por lo tanto, al no establecer una duración concreta del periodo de prueba, se crea una grave inseguridad para la trabajadora ya que desconoce en qué momento, dentro de la horquilla de seis meses que fijan dichos preceptos, ha finalizado el periodo de prueba. El periodo de prueba pactado en el contrato es nulo.
Resumen: La Sala IV confirma la estimación parcial de las demandas de conflicto colectivo y declara que la empresa ha incumplido la obligación recogida en el Plan de Igualdad al establecer objetivos colectivos correspondientes al personal con reducción de jornada en concordancia con el trabajo efectivamente realizado. De los hechos probados se desprende que existe una adaptación de objetivos. Por otra parte, se rechaza la alegación de discriminación indirecta respecto del colectivo de mujeres, por el mayor perjuicio que se causa a dicho colectivo, con la indeterminación e inadecuación de los objetivos. En interpretación del Plan de Igualdad, sostiene que lo peticionado en demanda es que se declare el derecho de quienes disfrutan de jornada reducida - con independencia de que dicho personal sea hombre o mujer- a que sus objetivos se reduzcan en igual proporción, pero no así "la base total de incentivos", con alusión a que la base salarial para su cálculo no ha de verse mermada; así como que se declare que la empresa incumple el Plan de Igualdad por no establecer estos objetivos adaptados. Pues bien se estima que los objetivos constan adaptados, atendiendo a la literalidad del Plan de Igualdad, resultando ajenas al presente procedimiento las alegaciones de discriminación indirecta vertidas por el recurrente, pues la dimensión de género que no niega la sentencia de instancia, ciertamente deviene inhábil para modificar la pretensión, concediendo aquello que no se ha peticionado.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es la validez de la cláusula penal acordada por las partes en el pacto de no competencia postcontractual consistente en que, en caso de incumplimiento, el trabajador abonaría el doble de lo percibido por este concepto, lo que se traducía en el caso en 52.000 euros. La Sala de suplicación redujo la cantidad a abonar a la empresa el importe recibido por el trabajador en concepto de compensación por dicho pacto, que en el caso eran 26.000 euros, y no al doble de esa cantidad. Y dicho parecer es compartido por el TS, Efectúa el Alto Tribunal un recorrido por diversos pronunciamientos de la Sala a propósito del pacto de no competencia, y concluye que, en el caso, a la vista de las circunstancias concurrentes la cantidad a reintegrar por el trabajador es desproporcionada respecto de la compensación percibida (art. 21.2 b ET). Señala asimismo la prioridad aplicativa del art. 9.1 ET, incluso respecto del art. 1152 CC, que debe ser objeto de interpretación restrictiva según la jurisprudencia de la Sala Primera del TS, así como la discrecionalidad judicial que recoge el apartado segundo del art. 9.1 ET, y, en fin, la distinta proyección de la autonomía de la voluntad en el orden civil y en el orden social.
Resumen: El Servicio Canario de Empleo plantea en unificación de doctrina la determinación de la validez y eficacia del documento de adhesión de los trabajadores afectados por la reducción de jornada, por el que se aceptaba la percepción de las cantidades dejadas de percibir y la recuperación de la parte de jornada no realizada, reiterando, en consecuencia, la falta de acción del trabajador al haberse renunciado expresamente al ejercicio de acciones judiciales respecto del contenido del acuerdo. La sentencia recurrida desestimó el recurso de suplicación interpuesto por el mismo y confirmó la resolución de instancia que había estimado parcialmente la demanda de la trabajadora frente a dicho Organismo Autónomo, que fue condenado a abonar a la actora el importe de 1.643,66 € en concepto de horas extraordinarias. Se detecta una radical diferencia entre la sentencia recurrida y la referencial en que la cuestión litigiosa en la litis actual quedó circunscrita al debate sobre la pretensión de que se abonaran como horas extraordinarias las realizadas con posterioridad. Las pretensiones y el debate suscitado en suplicación se evidenciaron divergentes, toda vez que solo en la referencial no se enjuició, y resolvió, la naturaleza jurídica y la forma de retribución de las horas de recuperación, y la repercusión correlativa del documento de adhesión suscrito por la parte actora acuerdo del Gobierno de Canarias.
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:Servicio Canario de Empleo. Reclamación de cantidad. Valor hora realizada para recuperar la reducción jornada laboral impuesta por LPG Comunidad Autónoma de Canarias entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2013. Falta de contradicción: no concurren las identidades exigidas por el art. 219 de la LRJS.
Resumen: La controversia suscitada versa sobre la repercusión de la adhesión por los actores a un Acuerdo del Gobierno de Canarias, por el que se dejó sin efecto la reducción de jornada de trabajo y proporcional de retribuciones prevista en la LPG de la CCAA para 2013, sobre la retribución de las horas realizadas por los trabajadores para recuperar la jornada que fue objeto de la reducción. Cuestión de la naturaleza y retribución de las horas trabajadas con posterioridad para recuperar las no trabajadas en el periodo fijado. La Sala IV considera que no concurre el requisito de contradicción, porque ni las pretensiones deducidas fueron sustancialmente las mismas, ni lo fue el debate de suplicación, toda vez que solo en la sentencia recurrida se debatió sobre cuál era la naturaleza y cómo debían retribuirse las horas efectuadas con posterioridad para recuperar las que no se realizaron en el periodo enero-abril 2013, es decir, examinó la naturaleza de dicho tiempo de trabajo, así como la repercusión sobre ello de la adhesión al acuerdo del Gobierno de Canarias. Por el contrario, la sentencia de contraste no abordó dicho debate, lo que impide apreciar la existencia de divergencia judicial alguna que necesite ser unificada. Condena en costas. En línea con las SSTS de fechas 18/11/2020 rcuds. 4828/18, 4829/18, 644/19, 799/2019 y 2229/2019 y 25/11/2020 rcud. 4206/18, y otras resoluciones que las siguen.
Resumen: La cuestión planteada se ciñe a determinar cuál ha de ser el importe por el que deben retribuirse las horas de trabajo realizadas por los demandantes, para recuperar la jornada laboral que fue objeto de reducción a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, posteriormente dejada sin efecto por el Acuerdo del Gobierno de Canarias de abril de 2013. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas al ser diferente el contenido de las pretensiones ejercitadas por las partes y el debate de suplicación. Solo la sentencia recurrida sienta doctrina sobre la cuestión de la naturaleza y retribución de las horas trabajadas con posterioridad para recuperar las no trabajadas en el periodo citado, y de la repercusión sobre ello de la adhesión por parte de la trabajadora al acuerdo del Gobierno de Canarias, debate ausente en la de contraste que no contiene doctrina al respecto. La referencial se pronuncia únicamente sobre la conformidad a derecho de la adhesión de la demandante al acuerdo del Gobierno de Canarias. Es reiterada la jurisprudencia que señala que, si una de las sentencias aborda una cuestión y la otra no lo hace, es claro que el debate no fue el mismo en uno y otro supuesto y que una sentencia (la aquí recurrida) sentó doctrina sobre la cuestión, mientras que la otra (la referencial) no llegó en realidad a enjuiciar esa misma materia.
Resumen: Se pide la declaración del carácter salarial de los pluses de transporte y vestuario regulados en el Convenio de SAGITAL y su consideración a la hora de determinar los conceptos retributivos percibidos en cómputo anual. Pero la Sala de Suplicación entiende que la subida del salario mínimo interprofesional no absorbe la cuantía abonada en concepto de plus de transporte y plus de vestuario, pues no procede compensar el incremento de los conceptos retributivos salariales con los extrasalariales. La sentencia que se presenta como contradictoria parte de supuestos distintos y de la clara la naturaleza salarial de los pluses de vestuario y transporte. Hay precedentes, como la STS 25.05.2021, rcud 4329/2018, que declara la afectación general; existe una significativa litigiosidad real -y no meramente potencial- sobre la materia, habiendo sido además admitidos por la Sala otros recursos con el mismo objeto y la misma empresa demandada. Se debate el carácter salarial o extrasalarial de los pluses de transporte y vestuario, concluyendo anteriormente la Sala IV que tienen carácter extrasalarial, al margen de su denominación convencional, pues los mismos tienen por objeto la compensación de gastos, sin que obste a tal conclusión el que se perciban en cuantía fija, durante las vacaciones o en 14 pagas, lo que determina que no son compensables ni absorbibles. Reitera doctrina. Condena en costas. Falta de contradicción.
Resumen: El actor presentó demanda solicitando se le abonara el plus de radioscopia en razón del tiempo que permanece delante del monitor de rayos, en aplicación del art. 69 e) CC Estatal para las empresas de seguridad, en cuantía de 401,62 euros, que fue estimada por sentencia de instancia en que se declaró que no cabía recurso de suplicación por razón de la cuantía, si bien dicha sentencia se revocó por sentencia de suplicación. La Sala 4 tras declarar que las cuestiones relativas a competencia funcional son apreciables de oficio, casa y anula la de suplicación y confirma la de instancia, por cuanto la cuantía de lo reclamado no alanza los 3000 euros a que refiere el art. 192.3 LRJS, sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de afectación general, que no es necesario que se alegue previamente por la parte ni se pruebe la misma cuando sea notoria para el Tribunal, lo que concurriría por la existencia de numerosos procesos con idénticas pretensiones. En el supuesto, como se señaló en reiteradísima jurisprudencia de la propia Sala 4, no debe apreciarse porque las reclamaciones pertenecen a periodos anuales distintos, pudiendo ser los recursos relativos a los mismos litigantes, sin que la existencia de un conflicto colectivo suponga automáticamente que existe afectación general. Reitera doctrina idéntica
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba que se reconociera el derecho a cobrar la diferencia entre la cuantía de las prestaciones por desempleo y el salario que hubieran percibido en condiciones normales, por entender la Sala 4ª, ante la cuestión de si hay que resarcir por el perjuicio que ha causado en los trabajadores la medida se suspensión de sus contratos, puesto que perciben por prestaciones por desempleo menos de lo que percibirían trabajando, que ello no puede acogerse, ya que aunque se ha declarado por STC 148/2021, la inconstitucionalidad de determinadas medidas contempladas en el RD 463/2020, que declaró el estado de alarma, ello no afecta a la cuestión ahora suscitada, además de que la cuestión ya fue resuelta por la STS (Pleno) 83/2021, 25-01-2020 (Rec. 125/2020), en que se determinó que la solicitud de restablecimiento del equilibro económico del contrato público suspendido no constituye una medida prioritaria, alternativa y excluyente de la posibilidad de acudir a un ERTE por fuerza mayor para suspender los contratos de trabajo, ya que ni el art. 22 RDL 8/2020 excluye a las empresas contratistas del sector público de su ámbito de aplicación, ni el art. 34 RDL 8/2020 impide a estas empresas adoptar las medidas laborales oportunas, siendo preceptos distintos y complementarios, y si no han existido costes salariales de Seguridad Social no se puede instar el reequilibrio por dicha causa.
