Resumen: La sentencia reitera la jurisprudencia fijada en la STS de 5/4/2023 (rec. 7260/2021) y analiza (i) si la normativa nacional dispensa un tratamiento discriminatorio, incompatible con la libertad de circulación de capitales (63 TFUE) a las rentas por dividendos obtenidas por fondos de inversión libre, dependiendo de si son residentes o no en España (en particular, en Francia), (ii) en caso afirmativo y para restablecer la efectividad de la libertad de capitales, qué parámetros de la legislación deben considerarse para realizar el juicio de comparabilidad, (iii) a quién corresponde la carga de prueba sobre la comparabilidad y (iv) si cabe la neutralización del trato discriminatorio por aplicación del Convenio para evitar la doble imposición internacional. La sentencia concluye (i) que se produce una infracción originaria de la libertad de circulación de capitales (63 TFUE), (ii) que deben considerarse los elementos intrínsecos esenciales de la normativa (captación de recursos del público general, gestión por una gestora de fondos de inversión alternativa conforme la normativa UE, autorización y control por autoridad nacional), (iii) que la carga de la prueba recae en el FIL, pero a falta de norma nacional, no cabe imponer medios de prueba desproporcionados y si la Administración duda, debe emplear mecanismos de colaboración e intercambio de información disponibles, (iv) es posible la neutralización por efecto del CDI, que en este caso no se da. Voto particular sobre parámetros.
Resumen: IVA. Deducción de las cuotas soportadas. Se trata de un derecho del contribuyente. Improcedente asimilación a una opción tributaria de las reguladas en el artículo 119.3 LGT. Posibilidad de instar la rectificación y la correspondiente devolución de ingresos indebidos respecto de una autoliquidación complementaria del IVA, en la que se incluyeron mayores cuotas soportadas, presentada a fin de adecuarse al criterio seguido por la Administración tributaria en un procedimiento inspector previo y con el objetivo de evitar ser sancionado.
Resumen: Devolución de ingresos indebidos. Pago del recargo de apremio ordinario por un responsable tributario cuando otro responsable ya ha abonado toda la deuda derivada. Supuesto aplicable: art. 221.1.a) o 221.3 de la LGT. (1) Determinar qué procedimiento de devolución de ingresos indebidos resulta aplicable -si el del artículo 221.1 o el del artículo 221.3 de la Ley General Tributaria-, a la luz de la jurisprudencia fijada en la sentencia de 10 de diciembre de 2020 (rec. 2189/2018, ECLI:ES:TS:2020:4312), en aquellos supuestos en los que un responsable tributario abona el recargo de apremio ordinario exigido en el procedimiento de apremio seguido contra él, pero de forma previa otro responsable tributario ha abonado toda la deuda derivada -incluido el recargo-, y han devenido firmes tanto la providencia de apremio en la que se liquidó y requirió, originalmente, el pago del recargo a aquel responsable, así como el subsiguiente requerimiento de pago emitido tras el mencionado abono del otro responsable. (2) Precisar si la jurisprudencia emanada del recurso de casación ostenta carácter retrospectivo sobre los actos practicados por la Administración tributaria y, en particular, si resulta aplicable la doctrina fijada en la sentencia de 10 de diciembre de 2020 (rec. 2189/2018, ECLI:ES:TS:2020:4312) sobre aquellos recargos del periodo ejecutivo que se liquidaron, adquirieron firmeza, se requirió su pago y se abonaron antes de su dictado.
Resumen: Determinar si el ingreso excesivo hecho en el momento del pago fraccionado y a la luz de unos datos en ese momento válidos no impide que deba considerarse como ingreso indebido, también en el caso del cálculo de deterioro de los valores en las participadas que se hayan ingresado en los pagos fraccionados según un determinado modo de cálculo.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades (ejercicio 2015). Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. ¿Cómo procede imputar temporalmente en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades la devolución de un impuesto, contabilizado en su día como gasto, devolución que se efectúa por la administración tributaria como consecuencia de la declaración de no ser conforme al Derecho de la Unión Europea el tributo que se devuelve? ¿La devolución de un tributo efectuada por la administración tributaria como consecuencia de la declaración de no ser conforme al Derecho de la Unión Europea el citado tributo deben imputarse temporalmente en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se produjo el pago del tributo en cuestión o en la base imponible del ejercicio en que se reconoce el derecho a la devolución del tributo? Plantea idénticas cuestiones que el RCA/1739/2022.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar si la suspensión o limitación transitoria de la actividad de un determinado sector ordenada por las Comunidades Autónomas en aplicación del régimen de cogobernanza establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró nuevamente el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, permite considerar que debe reducirse proporcionalmente el importe de la Tasa Fiscal sobre el Juego durante el periodo en el que estuvo vigente tal medida y, con base en ello, ordenar la devolución de ingresos indebidos del 4º trimestre del ejercicio 2020.
Resumen: Legitimación administrativa. Legitimación en vía contencioso-admnistrativa. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Obligado al pago en virtud de pacto o contrato con el sujeto pasivo del tributo. Legitimación para instar la rectificación de la autoliquidación tributaria y la devolución del eventual ingreso indebido. Derecho del recurrente a la devolución de lo ingresado más intereses.
Resumen: En un caso como el examinado, en que la liquidación tributaria ha sido impugnada tempestivamente, no cabe calificar de una situación consolidada que impida la aplicación de los efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL. Es por ello que la liquidación tributaria por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana impugnada es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de su normas legales de cobertura. Cabe constatar que la denegación de rectificación de la autoliquidación cuestionada, por el IIIVTNU, es inválida y carece de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura, lo que determina la estimación del recurso de casación, con anulación de la sentencia recurrida. Situados en la posición de la Sala de instancia, debe ser estimado el recurso de apelación interpuesto por la mercantil Comercial Mirasierra, en el sentido patrocinado en esta sentencia, declarando la nulidad de las resoluciones administrativas que denegaron la rectificación de la autoliquidación, y proclamando el derecho de la actora y hoy recurrente a que le sean devueltas las cantidades abonadas por el concepto de IIVTNU.
Resumen: IIVTNU. La sentencia reitera la doctrina fijada en la STS de 26 de junio de 2022 (rec. 7928/2020) y otras posteriores, en virtud de la cual, en aquellos casos en los que la liquidación tributaria del IIVTNU ha sido impugnada tempestivamente, no cabe calificar de una situación consolidada que impida la aplicación de los efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL. Es por ello que la denegación de la rectificación de las autoliquidaciones tributarias por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana impugnada es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de sus normas legales de cobertura. En consecuencia, se estima el recurso y, revocando la sentencia de apelación, se desestima el recurso de apelación interpuesto en su momento por el Ayuntamiento contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y se confirma el derecho a la devolución de las sumas ingresadas.
Resumen: a) La anulación de una ordenanza -como cualquier disposición general- causa efectos erga omnes (desde la publicación en el boletín correspondiente). Obviamente, también para los recurrentes que la impugnaron en la instancia. b) La extensión del fallo a los actos de aplicación consentidos afecta a las partes, pues la regla general (art. 73 LJCA) es que las sentencias firmes no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos firmes sobre actos de aplicación. c) El contenido extensivo de la sentencia y la posibilidad de reabrir procedimientos o procesos finalizados con sentencia firme permitiría, en su caso, promover a los destinatarios de la norma, fueran o no parte en este litigio, la acción de nulidad radical del art. 217 LGT o, en su caso, la revocación del art. 219 LGT o, en fin, las iniciativas impugnatorias previstas en el ordenamiento jurídico para los actos firmes, sin que en este asunto pudiera ser opuesta, por sí misma, esa firmeza como obstáculo para la anulación de tales actos, ni tampoco ser declarados nulos eventuales liquidaciones, ajenas por completo al ámbito objetivo de este recurso.
